En las investigaciones de la FGR por contrabando de combustible, hay dos menciones en referencia al «hijo del Presidente» y «Andy».
Las personas que lo refieren en esos términos son dos marinos de alto rango que ocuparon cargos de dirección o subdirección en las Aduanas; uno después se convirtió en testigo protegido y otro rindió sus testimonios en calidad de testigo.
Estas menciones y contrario a lo que considera la FGR,sí son suficientes para exigir lo mínimo en una fiscalía seria: verificar, contrastar, citar a quien tenga conocimiento directo y documentar si la hipótesis se sostiene o se cae.
El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) obliga al Ministerio Público a investigar cuando conoce hechos con apariencia delictiva; no a esperar una sentencia empaquetada para siquiera mover un dedo.
En una Fiscalía que no se arrodilla ante los apellidos, Andrés Manuel López Beltrán ya habría sido citado. No imputado. No condenado. Citado. Porque citar no es fabricar culpables; es hacer preguntas bajo registro ministerial cuando dos testimonios dentro de una carpeta federal repiten una referencia que, por lo menos, amerita ser despejada.
La FGR pretende resolver el asunto con una frase de burocracia defensiva: “no existe ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria”.
El problema es que nadie está pidiendo una condena por boletín ni una orden de aprehensión por rumor. Se exige una investigación mínima, objetiva y técnicamente obligada: establecer qué quiso decir “El Capitán Sol” cuando, según los testimonios difundidos, habló de “un tema de Andy” y del “hijo del Presidente”; identificar a los presentes, recuperar comunicaciones, verificar registros de llamadas, bitácoras, movimientos aduanales, autorizaciones, maniobras portuarias y cadenas de mando.
Porque una cosa es reconocer que una frase atribuida a un tercero no acredita responsabilidad penal; y otra, muy distinta, es convertir esa debilidad probatoria inicial en coartada para no investigar. Una declaración indirecta puede no alcanzar para imputar, pero sí puede servir como línea de investigación. Y si la Fiscalía ya tiene una carpeta abierta por presunto contrabando de combustible y posibles redes de protección institucional, esa línea no se puede archivar con un comunicado de X.
El Código Nacional de Procedimientos Penales es bastante menos complaciente que la FGR: el Ministerio Público y la Policía deben investigar los hechos que revistan características de delito sin exigir “mayores requisitos”, dirigir la indagatoria y ordenar medidas para preservar indicios. La pregunta jurídica no es si dos referencias bastan para declarar culpable a López Beltrán —no bastan—, sino si bastan para preguntar, corroborar y descartar con diligencias verificables. La respuesta es sí.
La defensa institucional dirá que los testigos no señalan una instrucción directa de Andrés Manuel López Beltrán, que lo dicho proviene de Miguel Ángel Solano Ruiz y que no hay evidencia independiente.
Perfecto: ésa es precisamente la razón para investigar. Se toma declaración a Solano, se confrontan versiones, se revisan los teléfonos y mensajes que correspondan con control judicial cuando sea necesario, se analiza quién autorizó descargas, quién retiró pipas, quién intervino para frenar o permitir maniobras y quién se benefició. Si no hay nada, la investigación lo acreditará. Si lo hay, el Estado no podrá decir que no vio lo que tenía enfrente.
La FGR ha negado oficialmente contar con datos de prueba con fuerza legal para abrir una indagatoria contra López Beltrán y rechaza que existan testigos protegidos que lo hayan señalado. Eso debe tomarse en serio: hoy no existe una imputación pública ni prueba verificable que permita afirmar que él participó en contrabando de combustible. Pero también debe tomarse en serio el estándar inverso: la ausencia de imputación no es una licencia para la omisión.
Si Andy fuera un ciudadano sin el apellido López, sin parentesco con el expresidente y sin el blindaje político que genera esa cercanía, ya le habrían girado un citatorio para comparecer como testigo o para aclarar cualquier posible referencia a su nombre. No porque sea culpable, sino porque así funciona —o debería funcionar— una fiscalía federal: no persigue apellidos; sigue datos, conexiones, comunicaciones y dinero.
Y si después de agotar esas diligencias no aparece un solo elemento objetivo, se cierra esa línea con una determinación fundada, verificable y pública en sus razones esenciales. Pero negarse siquiera a tocar la puerta no es prudencia jurídica. Es una forma muy elegante de decir que, en México, la justicia todavía pregunta primero de quién eres hijo antes de decidir a quién cita.
Con información: ELNORTE/
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