La impunidad no siempre se presenta con capucha, fusil o maletines repletos de efectivo. A veces llega perfumada de institucionalidad, arropada por comunicados oficiales y escoltada por la solemnidad de un partido que se proclama distinto mientras administra los mismos vicios —o peores— que juró combatir.
El regreso de Rubén Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa, luego de un breve retiro obligado por señalamientos ligados al narcotráfico, no es un simple episodio de descoordinación política.
Es una radiografía brutal de un poder que ha perdido pudor. Mientras el Gobierno presume capturas en la trama de huachicol fiscal, con marinos, empresarios y funcionarios de aduanas bajo investigación, una de sus figuras más incómodas vuelve a sentarse en la silla de gobernador como quien retorna de vacaciones.
La contradicción es obscena: se anuncia una cruzada contra la corrupción al mismo tiempo que se normaliza el regreso político de un mandatario investigado. Se exhiben esposados a operadores secundarios, mientras los personajes con capital político, redes de protección y vínculos de alto nivel parecen conservar el privilegio de la presunción no de inocencia, sino de intocabilidad.
Porque ése es el problema de fondo: no se trata solamente de individuos presuntamente involucrados en delitos. Se trata de una estructura política que ha aprendido a sobrevivir a los escándalos mediante una fórmula eficaz: negar, dilatar, desacreditar y cerrar filas. Cuando los señalamientos vienen de Estados Unidos, son injerencia. Cuando proceden de testimonios, son campañas negras. Cuando hay investigaciones, se pide esperar. Y cuando el sospechoso tiene peso electoral, vuelve al cargo envuelto en la retórica de la autonomía y la “decisión personal”.
La coartada del deslinde
Morena y el Gobierno federal pueden decir que se deslindan de Rocha Moya. Pero deslindarse mediante un boletín no equivale a combatir la impunidad. Un comunicado no sustituye una investigación transparente; una frase de distancia no reemplaza una suspensión del cargo, ni mucho menos una rendición de cuentas verificable.
El partido oficialista quiere vender la idea de que el retorno del gobernador fue una decisión individual. Pero nadie gobierna un estado como Sinaloa desde una burbuja personal. Nadie vuelve a una posición de poder en medio de acusaciones tan graves sin que ese regreso produzca efectos políticos, institucionales y criminales. Presentarlo como un asunto privado es, en el mejor de los casos, una evasión; en el peor, una forma de lavarse las manos sin soltar el poder.
La Marina y el agujero
El caso del huachicol fiscal desnudó una realidad que el obradorismo se resistió a reconocer: entregar funciones civiles, aduaneras y económicas a las Fuerzas Armadas no convirtió automáticamente al Estado en una maquinaria incorruptible. Simplemente desplazó controles, concentró poder y amplió las zonas de opacidad que incluye a gobernadores como Americo Villarreal de Tamaulipas,traficandolo abierta e impunemente.
La red que involucra a mandos navales, funcionarios aduanales y empresarios no puede explicarse como la travesura aislada de unas cuantas manzanas podridas. Un contrabando de combustible que deja pérdidas multimillonarias al erario necesita permisos, omisiones, logística, protección y silencios. Es decir: necesita sistema.
Y cuando los testimonios alcanzan nombres de primer nivel, parentescos políticos y figuras centrales del sexenio anterior, la investigación deja de ser una operación anticorrupción y se convierte en una prueba de estrés para el régimen. La pregunta ya no es cuántos detenidos puede mostrar el Gobierno; la pregunta es hasta dónde está dispuesto a investigar cuando el hilo conduce hacia arriba.
El partido que acusa a todos
Morena nació prometiendo una ruptura moral con el viejo régimen. Hoy corre el riesgo de convertirse en su versión más eficaz: una organización con mayoría legislativa, control territorial, narrativa permanente y una capacidad extraordinaria para convertir cualquier cuestionamiento en complot.
No es una acusación menor, ni debe formularse a la ligera:cuando una organización política de tintes criminales protege sistemáticamente a sus cuadros, relativiza denuncias graves, desacredita a quien investiga y convierte el acceso al poder en blindaje frente a la justicia, empieza a comportarse menos como un partido democrático y más como una red de protección mutua.
El problema no es que existan políticos bajo sospecha; eso ocurre en cualquier democracia. El problema es que la sospecha parece tener dos velocidades: una rápida, implacable y televisable para los operadores sin poder; otra lenta, nebulosa y convenientemente burocrática para quienes pertenecen al círculo correcto.
La impunidad no consiste sólo en que no haya detenidos. También consiste en que los poderosos puedan seguir gobernando mientras se investiga su posible relación con delitos graves; en que los escándalos se administren como crisis de comunicación; en que la justicia llegue siempre tarde, selectiva y con una puntería que rara vez toca al corazón del poder.
Y así, entre conferencias canceladas, comunicados contradictorios y regresos políticos inexplicables, el oficialismo intenta sostener una ficción cada vez más difícil de defender: que combate la corrupción sin tocar a quienes podrían explicar cómo funcionó.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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