La llegada del turbio exjefe policiaco Rodolfo León a Morena —hoy repudiado por el mismo partido que le abrió la puerta— no fue un accidente administrativo ni un error de captura. Tuvo padrino: el senador oaxaqueño Antonino “Nino” Morales Toledo.
El caso retrata con nitidez incómoda el ecosistema donde la política presume transformación mientras recicla personajes, lealtades y sospechas que huelen más a gasolinera clandestina que a renovación pública. Rodolfo León no aterrizó solo: fue empujado por una estructura política que, según denuncias y testimonios, ha convivido durante años con acusaciones de vínculos con narcotráfico, huachicol y operadores de reputación francamente tóxica.
Morales, cercano al gobernador Salomón Jara y mencionado como aspirante a la gubernatura de dos años, carga una historia que no desaparece por decreto, foto de campaña o discurso de plaza.
En agosto de 2024, José Antonio López Ríos —entonces señalado como su secretario particular— fue detenido con 500 mil pesos en efectivo, bidones de gasolina y una pistola. El episodio sobrevivió apenas en reportes locales; después vino el clásico final mexicano: liberación rápida, explicaciones escasas y una nube de dudas que nadie pareció interesado en disipar.
López Ríos, lejos de esfumarse de la escena pública, ha seguido presumiendo actividades políticas encargadas por su “líder y amigo”. En el Senado, según consultas realizadas, el secretario particular de Morales sería ahora Fernando Otáñez. Pero el cambio de nombre en la oficina no borra la pregunta central: ¿qué clase de filtros operan alrededor de un senador que aspira a gobernar Oaxaca ?
No es un hecho aislado. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera suspendió temporalmente las cuentas bancarias de Morales, entonces alcalde de San Blas Atempa, dentro de una indagatoria por presuntos vínculos con el CJNG. Un año antes, la FGR abrió la carpeta FED-OAX-SC-0001-48-2019 por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. Posteriormente, la autoridad determinó que no ejercería acción penal en su contra.
También está el antecedente de 2018: César Morales, hermano del político, fue detenido en San Blas Atempa por portar armas de uso exclusivo del Ejército y llevar 250 mil pesos en efectivo. Fue liberado. Otra vez: dinero, armas, liberaciones y expedientes que no terminan de ofrecer una explicación pública proporcional al tamaño de las sospechas.
Y como si el retrato no fuera lo bastante oscuro, el periodista Alejandro Leyva Aguilar —asesinado el 22 de julio— acusó este año al senador de encabezar el robo de combustible en la región y de obtener ganancias superiores a 2 millones de pesos diarios. Es una acusación grave que debe investigarse con rigor, independencia y garantías; no puede tratarse como munición de coyuntura ni como un dato incómodo que se barre bajo la alfombra.
La política como lavandería de reputaciones
El problema no es sólo Rodolfo León. El problema es el mecanismo: personajes cuestionados entran, reciben respaldo, se acomodan en las estructuras partidistas y sólo son rechazados cuando el escándalo deja de ser administrable. No es depuración; es control de daños.
Morena debería explicar quién promovió el ingreso del exjefe policiaco, bajo qué criterios y con qué información disponible. Y Nino Morales debe responder, con documentos y no con consignas, por qué su trayectoria política aparece una y otra vez rodeada de dinero en efectivo, combustible, armas, investigaciones y colaboradores bajo sospecha.
Porque Oaxaca no necesita otra candidatura construida sobre silencios convenientes. Necesita autoridades que entiendan que la presunción de inocencia no equivale a la obligación ciudadana de cerrar los ojos.
Con información: ELNORTE/
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