La frontera entre el narco y la política mexicana no siempre se pinta con sangre: a veces se firma con un acta de cabildo, se presume en una campaña y se protege detrás de un apellido. La radiografía expone 18 líderes criminales con vínculos familiares o de pareja con 27 políticos; no es un accidente genealógico, sino el retrato de una clase política que, demasiadas veces, convive demasiado cómodamente con el poder criminal.
Los nombres incómodos
El caso más reciente es el de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, identificado como líder regional del CJNG en el norte de Michoacán y acusado de los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de la influencer Valeria Márquez.
“El R1” es hermano de Roldán Álvarez Ayala, político que fue alcalde de Apatzingán entre 2002 y 2005, militó durante años en el PRD —cercano a Leonel Godoy y Cuauhtémoc Cárdenas— y después migró a Morena, donde siguió activo e intentó llegar a diputado plurinominal.
No es que la sangre dicte una sentencia automática, pero sí que el caso obliga a una pregunta incómoda: ¿cómo es que los partidos reciben, arropan y promueven perfiles con este tipo de conexiones sin activar controles de integridad serios? Porque una cosa es tener un pariente descarriado; otra, convivir políticamente con indicios que ameritan revisión y hacer como si el árbol familiar no tuviera ramas armadas.
En Tepalcatepec, Michoacán, el apellido también reparte poder. Juan José Álvarez, “El Abuelo”, señalado como líder de Cárteles Unidos, tiene en su familia a Uriel Álvarez, su hermano, y a Martha Mendoza, su cuñada, ambos exalcaldes del municipio: él bajo las siglas del PRI y ella bajo Morena. El crimen cambia de uniforme; la familia, al parecer, sabe jugar en todas las boletas.
Cacicazgos de familia
En Guerrero aparecen los Ortega, una familia con presencia en Chilapa, Tixtla y Quechultenango. Mientras una parte del clan ha tenido presencia política como alcaldes y diputados locales bajo las siglas del PRD, el caso ilustra cómo ciertas regiones pueden quedar atrapadas entre redes familiares, control electoral y poder territorial.
Morelos tampoco se queda atrás. Los clanes Miranda y Romeroconsolidaron una especie de cacicazgo en Amacuzac y Temoac: alcaldías para parientes, familiares en nómina y estructuras locales que parecen funcionar más como patrimonio de apellido que como instituciones públicas.
Y Nuevo León tiene su propio recordatorio de que los vínculos familiares con el narco pueden llegar hasta la gubernatura: Samuel García es sobrino segundo de Gilberto García Mena, “El June”, antiguo capo del Cártel del Golfo.
Existe una fotografía de Samuel cuando era niño junto a “El June”, aunque no se ha establecido una relación del gobernador con los negocios criminales de su tío segundo. El punto no es fabricar culpables por parentesco; es exigir que los vínculos se investiguen con seriedad, sin excepciones para quien tenga fuero, reflectores o millones de seguidores.
No hay partido inocente
La podredumbre no porta un solo color: los casos documentados salpican a Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Partido Verde y candidaturas independientes. Cuando se trata de ganar municipios, votos y territorios, la ética partidista suele ser ese folleto que todos citan y nadie lee.
El artículo advierte que la cooptación criminal puede abarcar decenas —o incluso cientos— de municipios. Es decir: el problema no es solamente que el narco infiltre la política; es que en algunas zonas la política se vuelve la oficina administrativa del narco, con presupuesto público, policías municipales y programas sociales incluidos.
La coartada institucional
El Operativo Enjambre ha actuado de manera sesgada y selectiva contra 17 alcaldes y ha derivado en el arresto de 14 de ellos,mientras deja impunes al resto, han actuado parcialmente casi obligados, pero no por convicción moral, una vulgar pose en vez de actitud del gobierno.
Es una señal de que el problema existe y tiene nombre, cargo y firma, pero resulta insuficiente frente a una red nacional de captura territorial.
México no necesita asumir que todo familiar de un criminal es delincuente. Necesita impedir que los partidos conviertan la presunción de inocencia en una licencia para no revisar nada. Porque entre “no hay pruebas” y “nadie quiso buscar” suele esconderse el verdadero pacto de impunidad.
Con información: DR.VICTOR MANUEL SANCHEZ VALDEZ/GRUPO ANIMAL/
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