Luego de que el Gobernador de Nuevo León Samuel García y el Alcalde Adrián de la Garza se aventaran la bolita —una con estadísticas, otra con mapas de vigilancia y ambas con cadáveres de por medio—, los jefes policiacos decidieron ponerle hielo al asunto. Y no precisamente en el enfriador de cuerpos.
Porque, según Gerardo Escamilla y Eduardo Sánchez Quiroz, la seguridad no está politizada. No, cómo creen. Que el Gobernador haya acusado a Monterrey del repunte delictivo y que el Municipio respondiera que la mayoría de los homicidios ocurre en zonas bajo custodia estatal fue, al parecer, pura coincidencia administrativa. Una casualidad con saldo rojo.
Escamilla salió de la mesa para la Construcción de la Paz a explicar que ahí se reúnen los tres niveles de Gobierno, corporaciones policiales y, sobre todo, la buena voluntad institucional. Nada de pleitos, nada de culpas, nada de grilla. Aunque afuera parezca que cada asesinato viene con etiqueta de “responsabilidad ajena”.
Del otro lado, Sánchez Quiroz también sacó el extintor discursivo: aseguró que existe una “excelente relación institucional” con el Estado, Fuerza Civil, Fiscalía y fuerzas federales. Una relación tan excelente que tuvieron que aclarar públicamente quién vigila dónde y quién carga con qué homicidios.
El Secretario regio puso los números sobre la mesa: 12 homicidios en 28 días; cuatro en territorio municipal y ocho en zonas vigiladas por Fuerza Civil. Pero, tranquilos todos: Monterrey no está alarmado, no necesita refuerzos y, si algún día los requiere, los pedirá. Como quien dice: aquí no hay emergencia, sólo muertos contabilizados con precisión burocrática.
Así que asunto resuelto: nadie politiza la seguridad. Simplemente hay gobernantes discutiendo, en pleno agosto violento, de quién es el territorio donde ocurren los homicidios. Pero no es pleito. Es coordinación. Con hielo, discursos y un enfriador de por medio.
Con información: ELNORTE/
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