Al general Gerardo Mérida Sánchez, que decidió entregarse a la justicia gringa, y a los otros nueve personajes sentados en el banquillo de la acusación contra Rubén Rocha Moya y su equipo, les puede tocar una pesadilla con nombre, apodo y expediente: Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini.
El exjefe de seguridad de los Chapitos fue detenido el 22 de noviembre de 2023 en Culiacán y hoy es procesado en el Distrito Sur de Nueva York, exactamente el mismo tribunal donde corre la acusación contra Rocha y sus colaboradores. En ese expediente, divulgado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 29 de abril, el Nini aparece una y otra vez, aunque no lo mencionen por su nombre. Es el fantasma que ronda la acusación.
En los puntos 33, 39, 41 y 44 de la sección de cargos, el presidente del Gran Jurado —cuya identidad se reserva por razones bastante obvias— y el fiscal Jay Clayton, actual director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, sostienen que los diez coacusados y “dos o más personas”, incluyendo al menos una presentada por primera vez ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se asociaron para cometer los delitos imputados.
Uno de esos sinaloenses juzgados ahí es el Nini. Y, para completar la coincidencia incómoda, la jueza es Katherine Polk Failla, la misma que lleva la acusación múltiple que ha puesto a hacer maromas al gobierno federal y al de Sinaloa.
Muchos apuntan a Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López como los posibles surtidores de información para los fiscales estadounidenses a cambio de beneficios. Después de que Joaquín llevó al Mayo Zambada a manos de Estados Unidos, la sospecha dejó de ser precisamente descabellada. Pero ni siquiera haría falta tanto: el testimonio del Nini podría alcanzar para poner nervioso a un jurado que ya dio luz verde a la acusación. No era un halconcito de esquina: era una pieza de primer nivel dentro de la maquinaria de los Chapitos.
Su captura también tuvo aroma de abandono. Cuando Guardia Nacional y Ejército llegaron a la casa en la que se escondía, el Nini pidió refuerzos por radio. Nadie fue. Ni una camioneta, ni un sicario, ni un alma caritativa. Intentó escapar por la azotea, salió en calzones y unos dos o tres disparos de advertencia bastaron para que entendiera que la función había terminado. Se entregó. Así acabó, por lo pronto, el hombre que había mandado seguridad para los hijos del Chapo.
Tres semanas antes, Tamazula había dado una muestra del horror: seis cuerpos aparecieron en el centro de la ciudad y otros dos a la orilla de la carretera. Entre las víctimas, todas con huellas de tortura, estaban un niño de 13 años y Alexander Meza León, quien más adelante sería identificado como informante de la DEA. En los corrillos policiales comenzó a circular que el Nini encabezó el secuestro y asesinato de esas ocho personas. La versión tomó más fuerza cuando su detención pareció una entrega con moño.
Después llegó la acusación estadounidense y el asunto dejó de parecer mero radio pasillo. El documento relaciona los asesinatos de Tamazula con el informante de la DEA y acusa a Juan Valenzuela Millán, el Comandante Juanito y mando de la Policía Municipal de Culiacán, de operar directamente el levantón de las ocho víctimas para entregarlas a comandos del Nini. El desenlace ya se conocía: tortura, cadáveres y una historia que nadie en el poder parece tener ganas de explicar con demasiada claridad.
Por eso no suena remoto que el Nini, junto con Joaquín Guzmán López —quien ni siquiera aparece mencionado en el indictment—, termine convertido en testigo de oro si la fiscalía estadounidense necesita poner contra las cuerdas a alguno de los acusados. Se incorporó con los Chapitos desde 2012 y ocupó una posición de alto rango, al menos, durante los ocho años previos a su captura. Conocía la sala de máquinas, no solamente el ruido de afuera.
En esa misma corte neoyorquina también están Kevin Gil Acosta, el 200; Martín Zazueta Pérez, el Piyi; y Leobardo García Corrales, Don Leo. Pero ninguno habría tenido el acceso ni la cercanía del Nini con los hijos del Chapo. Don Leo, en todo caso, era más cercano al viejo Joaquín Guzmán que a sus herederos. Los tres fueron “expulsados” de México sin pasar por el incómodo trámite de una extradición formal. Porque a veces la legalidad también tiene salidas de emergencia.
Bola y cadena
En el expediente aparece Dámaso Castro Saavedra, entonces vicefiscal de Sinaloa, señalado como la pieza de los Chapitos para tener bajo control la Fiscalía estatal. Según la acusación, recibía 11 mil dólares al mes para pasarles información sobre operativos de la DEA contra ellos y contra sus laboratorios de droga.
La acusación encaja, además, con una pregunta inevitable: si la Fiscalía estatal armó un montaje alrededor del asesinato de Héctor Melesio Cuen con apoyo de los Chapitos, ¿cuántas instituciones estaban trabajando para investigar delitos y cuántas para administrar versiones convenientes?
Con información: RIO DOCE/ISMAEL BOJORQUEZ/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: