Mientras el Gobierno federal, con una estrategia sesgada y selectiva en el combate al tráfico de huachicol —decidiendo a quién toca y a quién mantiene intocable—, afina el discurso para vender como trofeo la eventual llegada a México del contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por su presunta participación en la trama de huachicol fiscal, la realidad acaba de meterle un torpedo por la línea de flotación al caso: un juez federal invalidó la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, exmando de la Marina y ex-mando de la PGR, pieza central de la misma red.
La postal es difícil de maquillar. De las 13 personas con órdenes de captura por el expediente, 11 están detenidas; Farías Laguna sigue en Argentina y apenas comenzará su juicio de extradición el 27 de agosto; y Solano, el único prófugo, ahora además está sin orden de captura vigente. Todo un éxito institucional: el presunto intermediario de una red de sobornos y contrabando se les escapa no por falta de pistas, sino porque la Fiscalía hizo mal el trámite básico para detenerlo.
“El Capitán Sol” no es un personaje secundario. La FGR lo identifica como enlace de los hermanos Farías Laguna en la presunta operación de corrupción dentro de las aduanas marítimas.
Un testigo protegido y otro declarante lo señalan como el hombre que articulaba la operación y que, según sus dichos, mencionaba a “Andy” o “el hijo del Presidente” entre las personas enteradas de lo que ocurría. Una acusación de ese calibre debería exigir una investigación impecable, sólida y blindada. Pero la Fiscalía parece haber preferido el atajo burocrático.
El juez Juan Aguilar Rodríguez determinó que la orden de captura, librada el 19 de agosto de 2025, nació viciada: fue emitida por escrito sin que antes se celebrara la audiencia oral correspondiente con el Ministerio Público. Es decir, en pleno sistema penal acusatorio, la orden se procesó como si la oralidad fuera un detalle decorativo. Por ello, instruyó a la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez a dejar sin efectos la orden y convocar una nueva audiencia para decidir, ahora sí conforme a la ley, si procede la detención.
Mientras tanto, desde Palacio Nacional se habla de la próxima repatriación de Fernando Farías Laguna. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su traslado desde Argentina “todo parece indicar” que ocurrirá, aunque admitió que no hay fecha definida. La defensa del contraalmirante, sin embargo, sostiene que el juicio de extradición ni siquiera inicia formalmente hasta el 27 de agosto y que todavía no existe una resolución que permita entregarlo a México. En otras palabras: el Gobierno ya está celebrando un traslado que aún no tiene calendario, ni autorización final, ni certeza procesal.
Farías fue detenido en Argentina el 23 de abril, se negó a una extradición voluntaria y anunció que solicitaría asilo político alegando riesgo para su vida. Es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ya detenido en México, y ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. La trama, por tanto, no sólo toca presuntos sobornos y contrabando de combustible: también alcanza a una familia con conexiones de alto nivel dentro de la estructura naval.
Según la acusación federal, Solano Ruiz habría enviado sobornos de 1 millón 750 mil pesos a funcionarios de la Aduana de Tampico por cada embarcación de huachicol autorizada para descargar. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, al menos 31 buques habrían desembarcado combustibles de contrabando en Altamira y Tampico. A eso se suma que la Unidad de Inteligencia Financiera documentó gastos por 52.1 millones de pesos entre 2015 y 2023 en el hipódromo y una casa de apuestas.
La narrativa oficial intenta exhibir la eventual extradición de Farías como un golpe decisivo contra el huachicol fiscal. Pero, por ahora, el expediente parece contar otra historia: uno está detenido fuera del país y pelea por no regresar; otro ya cayó en México; y el presunto operador clave de la red sigue prófugo, ahora con la orden de aprehensión anulada porque la Fiscalía no cumplió el procedimiento elemental que exige la ley.
No es una victoria contra la impunidad. Es una operación que presume músculo en conferencia, pero que en tribunales se tropieza con sus propios papeles.
Con información: ELNORTE/
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