La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, militante de Morena, salió a informar que no cuenta con “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria” para abrir siquiera una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal; es decir, por el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, una práctica que, según diversas acusaciones, ha sido recurrente durante el gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas.
Traducido del español de la procuración selectiva: hay referencias, testimonios y nombres que ameritarían una indagatoria, pero la Fiscalía decidió que nada cuenta mientras no llegue empacado, certificado y con moño jurídico.
La FGR no anunció una novedad; confirmó su especialidad: convertir la inacción en comunicado.
Ante los señalamientos surgidos dentro de la propia investigación por contrabando de combustible —donde aparecen dos referencias al “hijo del presidente” y a “Andy”, atribuidas a marinos vinculados con operaciones aduaneras—, la institución encabezada por Ernestina Godoy respondió con su fórmula favorita: no hay “datos de prueba con fuerza legal” para abrir una investigación.
La frase merece traducción. No dice que no existan testimonios. No dice que nadie haya mencionado a “Andy”. No dice que los hechos relatados sean falsos. Dice, más bien, que para la FGR esos elementos no tienen todavía la potencia suficiente para justificar que la FGR haga aquello para lo que fue creada: investigar.
Es una comodidad institucional admirable. Cuando se trata de ciudadanos comunes, una llamada anónima, una fotografía borrosa o el criterio expansivo de algún ministerio público suelen alcanzar para incomodar, citar, catear o abrir carpetas. Pero si el aludido pertenece al círculo correcto, entonces la Fiscalía exige evidencia con “fuerza legal”, quizá acompañada de notario, sello apostillado, certificado de pureza y una confesión firmada frente a cámaras.
Y no, la ausencia de una prueba plenamente consolidada no prueba que no existan pruebas; prueba, en todo caso, que falta investigar. Pero ése parece ser justamente el paso que la FGR quiere saltarse: no investiga porque no tiene prueba suficiente y no consigue prueba suficiente porque no investiga. Un círculo perfecto para la impunidad, aunque fatal para la justicia.
La precariedad de esa lógica se entiende mejor con cifras. Según la ENVIPE 2025, en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en México y 93.2% no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. Sólo 9.6% se denunció y, aun así, el Ministerio Público abrió carpeta en apenas 70.5% de esos casos. De las denuncias presentadas, 79.9% no tuvo conclusión.
Es decir: en el país donde nueve de cada diez delitos se pierden antes de investigarse, la FGR presume prudencia procesal cuando decide no abrir una indagatoria frente a menciones que, por sí solas, no condenan a nadie, pero sí deberían obligar a verificar. No se pide fabricar culpables ni sustituir el debido proceso por linchamiento mediático. Se pide algo mucho más elemental: que una Fiscalía investigue antes de decretar, en los hechos, que no hay nada que investigar.
La propia FGR tiene entre sus fines institucionales esclarecer hechos, procurar justicia eficaz y evitar que el culpable quede impune. Sin embargo, su respuesta en este caso parece condensar una política criminal de mínima incomodidad: si el expediente todavía no trae una sentencia anticipada, mejor ni tocarlo.
Porque en México la Fiscalía suele tener dos velocidades: una para perseguir y otra para mirar hacia otro lado. Y cuando el apellido pesa, la segunda parece alcanzar una eficiencia sorprendente.
Con información: ELNORTE/
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