La carta no es una explicación: es una rendición administrativa. Rubén Rocha Moya convierte la gubernatura de Sinaloa en una puerta giratoria: reasume el cargo y, casi de inmediato, vuelve a pedir licencia “indefinida”. Eso no es una decisión de Estado; es la prueba documental de que su retorno fue una operación política-criminal mal calculada, sin sustento público y considerando lasrabietas de la presidenta, gobernadores y partido,desautorizada desde arriba.
El texto, frase por frase
“Me dirijo a usted con fundamento en el artículo 50, fracción VIII…”
El gobernador abre con el blindaje ritual: citar una norma antes de explicar el motivo. La legalidad invocada funciona aquí como coartada, no como argumento. Que una Constitución permita solicitar licencia no vuelve seria cualquier licencia, ni moralmente defendible la improvisación en el ejercicio del poder.
La pregunta elemental no es si puede pedirla. Es por qué reasumió el cargo si, al día siguiente, ya debía abandonarlo de nuevo. El derecho no está para cubrir el ridículo político ni para convertir el mandato popular en sala de espera.
“…para efecto de exponer lo siguiente:”
Y no expone nada.
No hay causa política, administrativa, personal, institucional o sanitaria. No hay información para las y los sinaloenses. No hay una sola línea que explique qué cambió entre su regreso y su nueva salida. Esa omisión no es un detalle de estilo: es el corazón del escándalo.
Un gobernador no se manda a sí mismo una licencia. Ejerce una responsabilidad delegada por el voto. Por eso, cuando se separa de su cargo —otra vez— tiene el deber democrático de decir por qué. Rocha pide permiso al Congreso, pero se niega a rendir cuentas a la sociedad.
“Por así considerarlo pertinente…”
Esta es probablemente la frase más ofensiva del documento.
“Por así considerarlo pertinente” equivale a: porque le dio la gana, porque puede, porque nadie tiene por qué saber. Es una fórmula de suficiencia personal para justificar una decisión que trastoca la continuidad del Poder Ejecutivo de un estado.
La gubernatura queda reducida a una propiedad temporal del titular: entro cuando quiero, salgo cuando quiero y, si acaso, presento un papel de tres párrafos.
No. Un gobernador no administra un permiso laboral cualquiera. Administra seguridad, presupuesto, hospitales, escuelas, obras, relación con municipios, protección civil y conducción política de una entidad atravesada por una crisis de violencia y gobernabilidad. La “pertinencia” tendría que ser pública, verificable y explicada, no íntima ni caprichosa.
“…solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días…”
La frase es una pequeña obra maestra de la evasión.
“Temporal” e “indefinida” pueden convivir formalmente, pero políticamente exhiben una contradicción brutal: se va, pero no dice hasta cuándo; conserva el título, pero abandona el despacho; pide que el Congreso active un mecanismo constitucional, pero evita asumir el costo de una decisión definitiva.
Y “por más de treinta días” es la guinda burocrática. No establece una fecha de retorno ni un horizonte institucional. Es una licencia abierta, presentada como si tuviera contornos. No es claridad: es neblina jurídica administrada.
Si el gobernador sabe que no está en condiciones políticas, legales,personales o institucionales de ejercer el cargo, lo responsable no es una licencia indefinida. Lo responsable es la renuncia. La licencia sirve para una ausencia excepcional y delimitada; no para encubrir una incapacidad política de sostener el gobierno.
“…al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.”
Aquí aparece la dimensión más grave: el puesto no es un encargo ornamental ni una credencial que se guarda en el bolsillo mientras se resuelven conflictos internos.
Rocha reasumió el 21 de agosto y pidió otra licencia apenas un día después, sin dar una explicación sustantiva. Esa secuencia exhibe que el regreso no fue resultado de una decisión madura de gobierno, sino de una lectura equivocada del poder, de una pulseada mal medida o de una instrucción incompleta. En cualquiera de las tres hipótesis, Sinaloa queda subordinado al desorden de una élite.
“En virtud de lo anterior, solicito se proceda conforme a lo establecido por el artículo 58…”
“El anterior” no existe: no hay una razón expuesta que justifique la petición. El párrafo concluye como si el texto hubiera cumplido con explicar algo, cuando apenas dejó constancia de una voluntad personal.
El artículo 58 puede marcar el procedimiento que debe seguir el Congreso ante la falta temporal o absoluta de la persona titular del Ejecutivo. Pero un procedimiento constitucional no cura una decisión irresponsable. La ley puede ordenar quién sustituye, cuánto tiempo y bajo qué figura; no puede devolver seriedad a quien decidió jugar con la continuidad del gobierno estatal.
Lo jurídico: licencia no equivale a absolución
El oficio se apoya en el artículo 50, fracción VIII, de la Constitución de Sinaloa y pide al Congreso actuar conforme al artículo 58. Es decir: Rocha reconoce que la separación del Ejecutivo no depende de su sola voluntad y requiere intervención legislativa.
Pero el punto jurídico-político es más incómodo:
- Una facultad constitucional no es un cheque en blanco.
- Una licencia temporal debe responder a una causa concreta y ser compatible con la continuidad institucional.
- Una licencia “indefinida” luego de reasumir por apenas un día es un fraude a la idea de temporalidad, aunque se vista de lenguaje constitucional.
- La ausencia de motivos priva al Congreso y a la ciudadanía de elementos para valorar si procede una ausencia temporal o si, en realidad, se está ante una renuncia política disfrazada.
- Si no hay voluntad ni condiciones para gobernar de manera estable, mantener el cargo mediante licencias sucesivas permite retener el poder formal sin asumir el deber material de ejercerlo.
El Congreso no debería limitarse a estampar un recibido y tramitar. Debe exigir explicaciones públicas, precisar duración, condiciones, suplencia, consecuencias administrativas y el estado de las decisiones tomadas durante el fugaz regreso. Su obligación no es facilitarle una salida elegante al gobernador: es defender la continuidad del Estado.
La presidencia se enteró tarde
La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó públicamente del regreso de Rocha y sostuvo que ningún interés personal debe ponerse por encima del pueblo y de la nación; los reportes señalan que esa postura llegó después de la reincorporación del gobernador y que la presión política precedió a la nueva solicitud de licencia.
Eso deja dos lecturas, ambas devastadoras para el oficialismo.
Primera: si Sheinbaum realmente se enteró o reaccionó por X, el gobierno federal exhibe una falla de coordinación e inteligencia política elemental. Un gobernador de Morena, bajo una crisis de alto impacto, no puede regresar al cargo sin que Palacio Nacional tenga previsión, información y una ruta clara. Si nadie alertó, los canales de control político son deficientes.
Segunda: si sí sabían y dejaron correr la operación hasta que estalló públicamente, entonces no hubo desconocimiento sino cálculo torpe. Esperaron el costo mediático, midieron el rechazo y ordenaron la rectificación. Peor aún: en ese caso, la presidencia trató a Sinaloa como tablero de daños reputacionales, no como una entidad que merece estabilidad.
El poder presidencial queda exhibido en su doble falla: o no controla la información estratégica de su propio movimiento, o la controla mal y reacciona cuando el escándalo ya está servido. El “todo poderoso” aparato político-criminal no evitó que un gobernador de morena entrara, saliera, regresara y volviera a salir en cuestión de días. Eso no es fuerza; es descoordinación con uniforme de disciplina.
La renuncia que evita
Rocha escribió después que “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. La frase sería respetable si estuviera acompañada por el acto consecuente: renunciar.
Porque si Sinaloa está por encima de todo, no se le somete a un gobierno intermitente.
Si la nación está por encima de todo, no se fabrica otro episodio de incertidumbre institucional.
Y si el movimiento está por encima de todo, no se obliga a la presidenta a desmarcarse públicamente de un regreso que, por lo visto, nadie quiso defender.
Una licencia indefinida no resuelve el problema: lo patea. Permite a Rocha abandonar la función sin abandonar completamente el poder; le deja una puerta entreabierta para volver cuando cambie el clima, mientras Sinaloa paga la factura de su vaivén.
Lo honesto era renunciar. Lo demás es burocracia para no pronunciar la palabra que describe lo obvio: ya no puede, no debe o no quiere gobernar.
Con información: Redes
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