Rafael Marín Mollinedo,ex-director de las corruptas aduanas, descubrió —con la puntualidad política de quien llega cuando ya apagaron las luces— que en su equipo había un voluntario bajo la sombra de la mafia rumana. Y entonces, claro: lo separó. No antes de que el asunto reventara en la prensa, no cuando la UIF bloqueó cuentas, no cuando los vínculos comenzaron a dibujarse con la sutileza de un anuncio espectacular; hasta que el costo reputacional tocó la puerta.
Marín dice que él no es Ministerio Público y tiene razón: no tiene por qué investigar delitos. Pero sí tendría que saber quién le carga las cajas, le organiza la campaña y se presenta como parte de su círculo. Sobre todo si aspira a gobernar Quintana Roo, una entidad donde la política y los intereses criminales suelen intentar sentarse en la misma mesa, aunque luego todos juren que sólo coincidieron “de manera voluntaria”.
La defensa fue de antología: “se acercó ahí y nos ayudaba, hasta ahí”. Como si Alejandro Enrique Arcos Romero hubiese aparecido espontáneamente entre los templetes, repartiendo abrazos, propaganda y sospechas. Un ciudadano solidario, digamos, con cuentas congeladas como detalle administrativo y presuntos nexos como accesorio de campaña.
Ahora, Marín se deslinda con la velocidad que no mostró para detectar el problema. El mismo político que parece no dormir —salvo cuando se trata de vigilar a quienes lo rodean— ya despertó de golpe ante el escándalo. Y es comprensible: el sueño de ser gobernador exige mucha resistencia, muchas giras y, sobre todo, una memoria selectiva capaz de convertir a un colaborador en un desconocido apenas las investigaciones lo vuelven incómodo.
Porque en la política mexicana hay amistades que duran años, sociedades que cruzan fronteras y contratos que mueven millones; pero, cuando llega la prensa, todos terminan siendo voluntarios que “se acercaron ahí”.
Con información: ELNORTE/
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