La FGR finalmente decidió mirar hacia Fausto Corrales Rodríguez, el hombre que acompañó a Héctor Melesio Cuén el 25 de julio de 2024 y que después respaldó una historia hoy profundamente erosionada: una supuesta reunión con abogados que nunca ocurrió y un presunto asalto en una gasolinera que la investigación federal terminó por tratar como montaje. La Fiscalía no lo procesa por ser un testigo incómodo, ni —jurídicamente hablando— por saber demasiado: lo vincula por encubrimiento y falsedad de declaraciones. Y esa precisión importa.
La vinculación a proceso no equivale a una sentencia ni convierte a Corrales, por decreto judicial, en culpable. Su estándar es menor: la Fiscalía debe aportar datos de prueba que permitan establecer, de forma razonable, que ocurrió un hecho con apariencia de delito y quienes son el resto de involucrados.
En un caso en el que la declaración habría apuntalado una coartada artificial, ocultado el sitio real de los hechos y desviado la investigación del asesinato de Cuén, bajo directrices criminales de Los Chapitos y con la participación del gobierno de Rocha Moya, el umbral para vincularlo a proceso parece, en principio, jurídicamente defendible.
La FGR sostiene precisamente que las contradicciones y omisiones de Corrales habrían buscado engañar a la autoridad y obstaculizar el esclarecimiento del caso, pero claramente no es el autor del montaje.
El artículo 247 del Código Penal Federal sanciona a quien, interrogado por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, falta a la verdad; y el artículo 400 castiga determinadas conductas posteriores al delito dirigidas a ocultarlo o favorecer que sus responsables eludan sus consecuencias. Es decir: Corrales mintió a sabiendas y esa mentira ayudó a ocultar el homicidio y la imputación tiene un andamiaje normativo serio.
Pero la FGR debe probar la eventual responsabilidad del gobernador Rubén Rocha Moya en este montaje. No basta con que la versión de Corrales resulte falsa a la luz de nuevas pruebas; debe demostrarse que él conocía la falsedad de lo que afirmó y que su conducta tuvo la finalidad de encubrir, desviar o frustrar la investigación por órdenes del gobernador y en beneficio de intereses criminales.
La ironía institucional
Hay una ironía difícil de ignorar: mientras la FGR busca procesar al hombre que habría repetido una versión falsa, también debe explicar por qué tardó tanto en desarmarla, quién operó el supuesto montaje de la gasolinera y qué responsabilidades existen fuera del eslabón más accesible de la cadena.
La investigación federal sostiene que Corrales declaró una versión que no correspondía con los hechos y que eso entorpeció el caso; el juez le impuso tres meses de investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva justificada.
Procesar a Corrales puede ser legalmente correcto. Convertirlo en el expediente completo sería una farsa. Porque si hubo un montaje institucional, una operación criminal y una red de silencios alrededor del asesinato de Cuén y del secuestro de Zambada, la justicia no puede conformarse con castigar al narrador de la coartada mientras deja intactos a sus autores, beneficiarios y protectores.
La FGR tiene derecho a perseguir la mentira que obstruye. Lo que no tiene derecho es a usar esa mentira como coartada para no investigar el resto.
Con información: ELNORTE/
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