Antes que el país supiera que el exsecretario Salvador Cienfuegos sería exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cualquier nexo con el crimen organizado, la cúpula del Ejército ya festejaba la absolución del general en retiro.
Desde diciembre pasado, un alto funcionario de la Fiscalía le informó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que la investigación que pendía sobre su antecesor Salvador Cienfuegos terminaría en la presentación de cero cargos criminales.
En un principio, la cita entre el representante del equipo del fiscal Gertz Manero y el secretario Luis Cresencio Sandoval se llevó a cabo en completo sigilo, alejada de las agendas oficiales de ambas dependencias.
Pero la información no tardó en convertirse en un secreto a voces, pues el objetivo de esa “cortesía” de comunicación era que el mensaje se difundiera hasta llegar al “Sindicato”, un club de militares de alto rango que maneja los hilos de la Secretaría de la Defensa Nacional y que se movilizó para salvar al general Cienfuegos de una celda en Estados Unidos.
EL DESCORCHE DE CHAMPAÑA
Dos fuentes consultadas por EMEEQUIS, que han seguido muy de cerca el rol de “El Sindicato” en el caso Salvador Cienfuegos, confirmaron que para finales de diciembre, especialmente durante las fiestas de fin de año, ya varios mayores, tenientes, coroneles y generales descorcharon las champañas y adelantaban en sus brindis que el general en retiro estaba fuera de todo peligro.
A todos les había llegado el rumor de que el secretario Luis Cresencio Sandoval había recibido, en persona, la escueta noticia de que las pruebas enviadas por la agencia antidrogas DEA al gobierno mexicano serían consideradas no concluyentes por la Fiscalía General de la República.
También se le había informado al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional que el gobierno mexicano estaba listo para asegurar, públicamente, que la DEA había “fabricado” un expediente contra el general Salvador Cienfuegos y que el trabajo de dos años del fiscal Richard Donoghue persiguiendo al militar mexicano sería puesto en duda.
El tema era encontrar el momento exacto para que la acusación de que un gobierno extranjero había inventado delitos a un alto militar no desencadenara un lío diplomático con el vecino del norte y mayor socio comercial de México.
ENCONTRAR EL MOMENTO PERFECTO
Ese momento fue la noche del 14 de enero, a sólo seis días de que termine la administración del presidente Donald Trump, cuya atención y discurso político ya no está en México, sino en cómo sobrevivir al segundo intento de desafuero en su contra.
Las dos fuentes consultadas por EMEEQUIS reconocen que se trató de una jugada “magistral” del gobierno mexicano: por un lado, desacredita el trabajo de inteligencia de un gobierno saliente que está concentrado en blindar la transición de poderes y, por el otro, remueve del camino un asunto espinoso para iniciar una nueva relación con el gobierno entrante del demócrata Joe Biden.
Además, mantiene felices a los poderosos miembros del “Sindicato”, quienes son el verdadero poder detrás del escritorio del secretario Luis Cresencio Sandoval.
Antes de ser informados en diciembre que la investigación terminaría en buenas noticias para su querido general en retiro, al menos cinco integrantes de esa cofradía secreta mantuvieron comunicación constante con personal de la Fiscalía General de la República para conocer cómo se desarrollaba la investigación. Y aunque no es claro si esos intercambios influyeron en el resultado, sí hicieron sentir vigilados a los investigadores.
EL PODER DEL “SINDICATO”
En noviembre de 2020, EMEEQUIS dio a conocer que ese club exclusivo de militares de alto rango se había movilizado en bloque apenas supo que general Salvador Cienfuegos Zepeda había sido arrestado en California, Estados Unidos, por una orden de aprehensión con cuatro cargos criminales que lo relacionaban con un capo apodado “El H-2”, lugarteniente del cártel de los hermanos Beltrán-Leyva.
Horas después de que la noticia sorprendió al país, “El Sindicato” envió a un representante hasta el despacho del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y comunicó que la plana mayor del Ejército mexicano no se quedaría quieta mientras un gobierno extranjero acusaba a uno de los suyos de colaborar con el crimen organizado.
La advertencia incluía la posibilidad de que una silenciosa rebelión entre tenientes, coroneles y generales, que rápidamente fue aplacada cuando se les comunicó que el gobierno mexicano había instruido a la Secretaría de Relaciones Exteriores traer de vuelta, a toda costa, al general Salvador Cienfuegos.
La carta de negociación de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue negarse a seguir compartiendo información vital sobre los cárteles de las drogas y sus actividades ilícitas en Estados Unidos, si el exsecretario de la Defensa Nacional con el exmandatario Enrique Peña Nieto no volvía al país.
UN ANUNCIO CASI DE MEDIANOCHE
Finalmente, el acuerdo fue que el general Salvador Cienfuegos regresaría a México como un hombre libre, pero no porque las pruebas en su contra no fueran sólidas, sino porque se corría el riesgo de un enfrentamiento binacional. En contraste, el gobierno mexicano se comprometió a iniciar una investigación imparcial y objetiva con base en las pruebas recopiladas por la justicia estadounidense.
Esa investigación, al mes de haber llegado a las oficinas de la Fiscalía General de la República, ya tenía un desenlace esperado: con una rapidez inusitada, los investigadores federales aseguraron al Ejército mexicano que el hijo pródigo de “El Sindicato” estaría libre de toda culpa.
Sólo había que esperar a enero para el anuncio oficial. Y así ocurrió: dos horas antes de la medianoche, la Fiscalía General de la República anunció en un tuit de 275 caracteres lo que ya se sabía entre las filas de la playa mayor Ejército mexicano.
“Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral Salvador Cienfuegos; la #FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal”.
Para cuando el país se enteró, “El Sindicato” hace mucho tiempo que se había bebido la champaña.
Margarita López se emociona al contemplar la imagen de su hija Yahaira, fallecida en 2011, y trata de hacer justicia por las atrocidades a las que le sometieron sus asesinos. Con un perenne coraje, reúne fuerzas para devolver a muchas personas los restos de sus familiares a través del colectivo "Buscando Cuerpos".
"México entero es una fosa común. Donde quiera que tú camines vas a caminar sobre los cuerpos de los miles y miles de desaparecidos", expresa López en entrevista con Efe desde el campamento de familiares de desaparecidos erigido a las puertas de la Secretaría de Gobernación, en Ciudad de México.
Yahaira Bahena fue secuestrada en 2011 por el único hecho de ser del estado de Michoacán, en el oeste del país, y haberse mudado al sureño Oaxaca, además de moverse en un buen coche que su madre le había regalado.
Entre varias personas, se la llevaron de su casa de Oaxaca, donde vivía con su marido militar, y la torturaron y violaron durante 10 días en los que no le dieron ni agua ni comida para después decapitarla y enterrar sus restos en la sierra.
"El general de la zona me dijo que buscara yo por mis propios medios y me enfoqué a ello: a buscar a mi hija y a los responsables, colocando mantas (lonas) solicitando si querían remuneración económica o que yo me intercambiaba por ella, pero solo me quitaban las mantas", cuenta.
ENCUENTRO CON ASESINOS
Pero López no cesó en su empeño e investigó hasta llegar a varios de los implicados, entre los que encontró, dijo, autoridades municipales, estatales y federales, además de criminales del cártel Los Zetas.
Y con alguno de los delincuentes llegó a encontrarse haciéndose pasar por funcionaria, para lograr saber con todo lujo de detalles lo que le habían hecho a su hija y dónde habían dejado su cuerpo.
"Me narraron cómo la habían violado, vejado, torturado y finalmente ejecutado. Hasta imitaban la voz de mi hija. Él (uno de los criminales) se volteó a fumar un cigarro de marihuana cuando los otros compañeros la decapitaron y jugaron con la cabeza de mi hija. Le daban besos en los labios y se aventaban (lanzaban) la cabeza de un lado para otro para finalmente sepultarla", explica.
Además de sus indagaciones, Margarita hizo varias huelgas de hambre en Ciudad de México y se presentó ante todas las autoridades que pudo para encontrar a su hija.
Fue entonces cuando recibió una llamada del Ejército para decirle que habían encontrado el cuerpo de Yahaira. Pronto descubrió que las autoridades habían desenterrado los restos de la sierra de Oaxaca y los habían colocado en otra fosa más cercana a la ciudad, asegura, para presentárselos y que dejase de indagar.
Pero por fin tenía a su hija con ella, después de seis meses recibiendo cuerpos que le decían que pertenecía a Yahaira. Y, una vez reunidas, transformó todo su dolor en coraje para ayudar a las familias a encontrar a sus hijos, nietos, primos o sobrinos.
"Soy una mamá rastreadora desde hace ya 10 años, desde que desapareció mi niña, y me enfoco en la búsqueda de desaparecidos y recuperación de cuerpos por todo el país por mi propia cuenta", relata.
LA LABOR QUE NADIE HACE
Junto a muchos otros familiares de desaparecidos y voluntarios, Margarita busca cuerpos en todo México, con pico y pala y sus propias manos. Recorre cerros, campos y montañas para encontrarse frente a frente con la muerte en la peor de sus expresiones.
"Ya estamos locas... Nos da un gusto enorme cuando vemos que aquella fosa dio positivo. Luego cuando vemos el rictus de dolor, el tiro de gracia, que lo descuartizaron, que lo mataron de la manera más horrorosa que te puedas imaginar, y uno dice '¿por qué tanta saña?' Te entra esa rabia, porque hemos llegado a perder incluso la noción del asombro", revela con frustración.
Pero son esas sensaciones colectivas las que hacen que no pueda dejar de cavar en todo el país, buscando justicia y haciendo el trabajo que, reprocha, no hacen las autoridades, a pesar de no poder dormir por las noches, olvidarse de comer y hasta de beber agua.
"No tenemos miedo. No nos podemos quedar en casa. (...) En los últimos meses hemos estado yendo a recuperar cuerpos que se van a entregar este mes y en el que entra, y son cuerpos que sacamos con nuestras manos, estamos haciendo su trabajo. Si les dejamos a ellos, no lo van a hacer jamás", defiende.
UN HARTAZGO DESGARRADOR
Junto a sus compañeras, en 2020 acampó en varias ocasiones frente a la Secretaría de Gobernación, en Ciudad de México, y ahora, de nuevo allí asegura que no se van a levantar hasta que no haya una ley que las proteja y se les asigne un presupuesto transparente que les garantice poder seguir buscando.
"Si tenemos que sacarnos medio litro de sangre cada una de las mamás lo vamos a tener que hacer, porque nuestra sangre es la de nuestros hijos, derramada ante la inoperancia de las autoridades y de todos los presidentes que han estado pasando. No lo vamos a permitir más", sentencia.
Desde que asesinaron a Yahaira hace casi 10 años, Margarita ha visto pasar a tres presidentes: Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ahora Andrés Manuel López Obrador, en quien depositaron muchas esperanzas pero, asegura, les ha defraudado profundamente al dejar sin apoyos a víctimas y defensores de derechos humanos.
"En este sexenio, con este presidente y con estas autoridades me queda claro que jamás vamos a lograr tener paz en nuestro país. (...) No les importa, son indolentes porque creen que jamás lo van a pasar pero aquí, en todo el país, nadie está exento de que le desaparezcan o de que le ejecuten un hijo", termina Margarita.
A casi dos meses del anuncio de la liberación de Salvador Cienfuegos el 17 de noviembre de 2021, siguen las mismas preguntas sin respuesta, igual de impactante que el arresto, la liberación y ahora su exoneración por la Fiscalía General de la República (FGR) nos obliga a considerar múltiples variables y retomar diversas hipótesis que se han mencionado, para encontrar una explicación apegada a la racionalidad y al pensamiento crítico por el cambio del escenario y por tanto, del análisis.
Tradicionalmente, para el estudio de las relaciones civil-militares, México siempre fue considerado un caso atípico toda vez que se transitó del presidencialismo militar hacia el presidencialismo civil, bajo el famoso “pacto no escrito civil-militar” de subordinación al poder civil bajo ciertas concesiones, como la autonomía (Art. 123 Fracción XIII), su propia seguridad social que incluye un sistema de pensiones (ISSFAM), su propia banca (BANJERCITO), etc. y fue gracias a este pacto, que cuando estaban en auge las dictaduras militares en Latinoamérica, México era la excepción.
Samuel Finer, un autor clásico en materia de relaciones civil-militares, escribió en 1962 en su libro “The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics” una tipología sobre las modalidades de presión militar bajo las cuales puede llevarse un golpe de Estado (coup d’État):
Presión sobre el gobierno o el congreso, para influir a favor de los intereses militares;
Extorsión ilegítima, basada en reclamos al gobierno o el congreso bajo la amenaza de que, en caso de no ser aceptados, procederán a acciones dañinas, denominadas golpe de Estado tácito, en la que el gobernante toma las decisiones que le imponen los militares como grupo de presión.
Amenaza o uso de la violencia para reemplazar al gobierno civil por otro gobierno civil.
Amenaza o uso de la violencia para reemplazar al gobierno civil por un gobierno militar.
Si nos basamos en Finer para evaluar la coyuntura en la cual se llevó a cabo la liberación del general Cienfuegos, México sigue siendo un caso atípico bajo otros los siguientes elementos:
Primero, política exterior: En este momento no existe duda de que se trató de un acuerdo político producto de una negociación diplomática bilateral cuya carta principal se basó en recurrir a la presión bajo amenaza de expulsión de los agentes de la DEA, hecho ante el cual el gobierno de México nunca había aceptado oficialmente, hasta ahora.
El cambio de postura del Ejecutivo mexicano, que pasó del pronunciamiento inicial de un logro para el gobierno actual frente a los gobiernos anteriores y terminó con una amenaza de terminar cualquier tipo de cooperación en materia de seguridad, como la expulsión de los agentes de las instancias de seguridad de Estados Unidos (Hamilton en Vice.com, 18 de noviembre de 2020, https://rb.gy/ghycea) o el finiquito de la Iniciativa Mérida (ElUniversal, 15 de enero de 2021).
Después de todo, el gobierno mexicano dejó la impresión internacional de “saber jugar rudo con USA”, cuando se trata de intereses estratégicos, como en el caso Cienfuergos, y a los mexicanos nos demostró que si existen mecanismos efectivos de negociación bilateral: para los generales si, para los migrantes no.
El resultado de la liberación también fue la súbita transferencia de la frustración de los miembros del Ejército Mexicano hacia los agentes de la DEA y que puede considerarse como el tercer episodio de desencuentros, junto a los casos de Enrique Camarena y de Ovidio Guzmán y que definitivamente tendrán una influencia determinada en grado variable en la cooperación binacional con el gobierno presidente Biden, sobre todo frente a la más reciente declaración del presidente López Obrador sobre la supuesta fabricación de pruebas por parte de la DEA (ElPaís.com, 15 de enero de 2021, https://rb.gy/dbdlfk).
La cuestión crítica en este punto es que, si bien la decisión del retiro de los cargos por fiscal Barr, el cual era un funcionario político que tenía los días contados en el cargo, será muy diferente a la opinión de los agentes operativos que construyeron el caso durante más de 10 años y que como funcionarios de carrera seguirán en la agencia antinarcóticos y que, en mayor o menor grado, seguirán conduciendo la cooperación con México, ya sentenciada por las declaraciones de un ex agente de la DEA al periódico Wall Street Journal: “Quedamos como tontos, perdimos credibilidad…Es una vergüenza.” (Gurman en TheWallStreetJournal.com, 18 de noviembre de 2020, https://rb.gy/hrcnkj).
Si nos apegamos al texto en inglés tanto del comunicado como el documento judicial hecho público, así como a las palabras de la juez Bagley en la audiencia final en la Corte de Brooklyn, se dejó muy en claro que la liberación fue producto de una negociación de alto nivel de ambos gobiernos, así como de la confianza del gobierno estadounidense de que en México se continuaría el caso, tal confianza se vería en menos de dos meses traicionada.
Lo anterior cuestiona al hecho de que la movilización del aparato diplomático se hizo en aras de proteger la soberanía nacional, bajo el argumento de que ante la presunción de que los delitos imputados al general Cienfuegos tuvieron lugar en territorio nacional, debe ser la Fiscalía General de la República llevara a cabo la investigación y un tribunal mexicano quien lleve a cabo el juicio.
Aquí la duda desde el anuncio de su liberación en Estados Unidos siempre fue sobre cómo podrían “traducirse” los cargos para enmarcarlos en las leyes y códigos de México, cuando la finalidad de los supuestos delitos afectaba directamente a la seguridad Estados Unidos y la salud de la población estadounidense: ¿La soberanía nacional reside en Cienfuegos?, ¿La exoneración de Cienfuegos es producto de la justicia o de la impunidad?
Desde su concepción, el Ejército Mexicano ha considerado en su doctrina de guerra la hipótesis de conflicto con Estados Unidos. Si consideramos que además del resultado de la negociación política, el país del norte dio a México una señal de confianza con la liberación del general Cienfuegos además de reconocer el valor para sus intereses estratégicos, de la relación en materia de seguridad con nuestro país: ¿Podemos esperar un rediseño de dicha hipótesis, así como las implicaciones geopolíticas que esta acción conlleva?
Si otra de las hipótesis giraba en torno a un intento del gobierno estadounidense por desestabilizar a México -como si no lo hiciera el gobierno mexicano por sí mismo-, ¿Cómo contrastaría la hipótesis de un golpe de Estado tácito con la idea generalizada de que en una época no muy lejana los golpes de Estado en Latinoamérica eran auspiciados por los gobiernos estadounidenses?
Segundo, política interior: Otra de las cuestiones es cómo podríamos explicarnos el cambio de postura del presidente López Obrador que transitó de la sorpresa, a la posterior adjudicación triunfal de la aprehensión y terminó por vincular el arresto como un “asunto de soberanía nacional” (Editorial, La Jornada.com.mx, 19 de noviembre de 2020, https://rb.gy/nyrw2j), hecho muy parecido al repentino cambio del discurso antimilitarista del candidato AMLO inmediatamente después de su primera reunión como presidente electo con las Fuerzas Armadas y que no puede ser más que atribuida a la información de inteligencia que le fue revelada.
Al mismo tiempo el cambio de actitud sobre el arresto del general Cienfuegos, se dio a partir de los escenarios que académicos respetados por las Fuerzas Armadas mexicanas y con acceso a fuentes de primera mano, apuntaban hacia una posible investigación y arresto de López Obrador al final de su gobierno (S/A en ContrapesoCiudadano.com, 16 de octubre de 2020, https://rb.gy/rhsuue).
La evolución ¿o involución? del presidente mexicano de ser un líder opositor de izquierda, el cual incluso ya como presidente fue objeto de mensajes públicos de cuestionamiento militar después de la Liberación de Ovidio Guzmán (Versiones.com.mx, 3 de noviembre de 2019, https://rb.gy/dyplhx) y que un año después, se está convirtiendo en el presidente más militarista de la historia contemporánea de México, casi al grado de que la percepción pública interpreta sus acciones como una subordinación del comandante supremo hacia el Ejército.
Tercero, Al interior del Ejército: Si consideramos que desde hace décadas, una de las principales objeciones que los militares mexicanos anteponen a la inefectividad de sus acciones contra el narcotráfico radica precisamente en la “puerta giratoria” y en una impunidad de más del 90% en México (Arvizu en ElUniversal.com, 22 de junio de 2019 https://rb.gy/nawrpf), entonces bajo la premisa de un proceso legal de primer mundo en el cual México se demostraría no sólo a Estados Unidos, sino al mundo, que cuenta con un aparato judicial eficaz: ¿Podemos considerar que casi dos meses de investigación y “análisis” de la FGR son suficientes para derrumbar un expediente de más de 700 páginas y más de 10 años de investigación de la DEA y pueden sustituir a un juicio?, ¿Los militares seguirán argumentando la justificación de impunidad para responder por qué a pesar de sus 14 años ininterrumpidos de operaciones, los indicadores de inseguridad y violencia siguen siendo una amenaza a la seguridad nacional de México?
La información publicada por medios nacionales e internacionales separaban a dos tipos de narrativas en torno al caso Cienfuegos, a favor de la inocencia y una a favor de la culpabilidad. Ambas retoman en primer lugar, la premisa nacionalista recurrente del Ejército Mexicano del hard power estadounidense, desde la supuesta debilidad con la que los agentes de la DEA construyeron el caso, hasta el extremo de un intento de desestabilización de México a través de mecanismos judiciales y de política exterior.
En segundo lugar, el cálculo racional de las declaraciones de los testigos protegidos (dilema del prisionero) y tercero, el argumento de quiebra de la empresa canadiense Blackberry confrontado con el hecho de que incluso en su peor su peor momento, en 2013, todavía contaba con 56 millones de usuarios a nivel mundial y a finales de 2019 seguía vendiendo teléfonos (Ramírez en LaInformacion.com, 31 de diciembre de 2019).
Ambas narrativas (inocencia/culpabilidad) sustentaron la validez/invalidez de las pruebas que no se han hecho públicas y de las cuales sólo fueron señaladas en la orden de arresto, por tanto, ambas narrativas poseen un equilibrio entre certeza e incertidumbre y no podemos incluirlas en el análisis mientras dicho expediente no sea público o sea sujeto a filtraciones.
En todo caso el predominio de una narrativa sobre otra fue basada en la confrontación de pruebas de culpabilidad del expediente de más de 700 páginas enviado por la DEA versus la evidencia documental de las decisiones, directivas, planes y órdenes de la administración del general Cienfuegos como Secretario de Defensa y de los subordinados designados bajo su influencia, que actualmente se encuentran en los archivos de SEDENA.
Si partimos de la idea de que efectivamente existan documentos físicos o digitales que los sustenten y que según la FGR fueron presentadas pruebas por el “señor general” (como menciona el comunicado de la FGR), lo cual nos indica que los exsecretarios de Defensa después de su administración, mantienen en su poder información clasificada de Seguridad Nacional. En este punto se tendría la cuestión es si la FGR posee la facultad de tener conocimiento sobre documentación clasificada de Seguridad Nacional perteneciente a SEDENA o si los exfuncionarios pueden retenerla en sus archivos personales.
Será interesante de igual forma, si Salvador Cienfuegos emprenderá acciones legales o públicas para limpiar su nombre, que en el fondo también implica la imagen del Ejército Mexicano como institución.
Si nos apegamos a la teoría de Finer, entonces estamos presenciando un golpe de Estado tácito en México, esa modalidad de golpe de Estado que es tan especial y única, que no necesita del ejercicio de la violencia cuando se está ejerciendo el poder. El actual secretario de Defensa general Luis Cresencio Sandoval, en su discurso con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, dijo con toda razón:
“Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque el poder supremo de la federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, perfectamente definidos en nuestra carta magna. Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque dependemos del ejecutivo, a cuya autoridad nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México, pero, sobre todo, por convicción.” (Sandoval en sedena.gob.mx, 20 de noviembre de 2020, https://rb.gy/wudgbj)
En efecto general Sandoval, pero por definición de uno de los más grandes estudiosos del poder, Michel Foucault: el poder no se posee, el poder se ejerce y en ese sentido general, ustedes como grupo de poder fáctico han dado una muestra magistral de que saben perfectamente cómo y cuándo ejercerlo.
A final de cuentas el General Cienfuegos es ahora persona libre y, de acuerdo a la FGR es inocente, de igual forma nosotros podemos presumir que creemos su inocencia, aunque la racionalidad sobre el desarrollo de los hechos concretos de su arresto así como de la coyuntura de su liberación y exoneración podría conducirnos hacia otra lógica, nos reservamos el derecho de pensarlo, a fin de cuentas lo más preocupante es el trasfondo y las implicaciones de este caso para el futuro de la democracia en México.
Tal vez los historiadores deberían recordarle al presidente López Obrador que así como el presidente Madero omitió el pequeño detalle de que estaba gobernando con el mismo ejército porfirista, él está gobernando con la misma institución castrense que comandaron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
Profesora, investigadora y consultora. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública UNAM, Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos UNAM, Doctora en Estudios Organizacionales UAM. Es egresada del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, CHDS National Defense University, NDU; Washington, D.C así como del ITESM, CIDE y el INACIPE. Ha sido profesora en el Heroico Colegio Militar HCM, de la Escuela de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, CEEFA, la Comisión Nacional de Seguridad CNS, entre otros. Paloma Mendoza ha sido conferencista invitada del Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAV y la Asociación de Egresados del Colegio de Defensa Nacional. Paloma Mendoza ha publicado diversos artículos científicos en publicaciones indexadas internacionales y forma parte de una nueva generación de mujeres analistas de seguridad, se especializa en temas de seguridad nacional, Fuerzas Armadas Mexicanas, inteligencia, hibridación de los conflictos bélicos y empresas de militares privados.
Más de 266 mil millones de pesos en contratos por adjudicación directa para construcción y administración de nueve reclusorios privados fueron otorgados por el gobierno de Felipe Calderón, por un periodo de 20 años, al término de los cuales las empresas mantendrían el control de los centros penitenciarios, con o sin personas privadas de su libertad, denunció la secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez.
Explicó que, en los últimos 9 años, el gobierno ha pagado más de 75 mil 665 millones de pesos, que representan el 36 por ciento del monto pactado entre el gobierno calderonista y particulares por levantar los reclusorios en Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Chiapas y Morelos. Es decir, hay un pendiente de 190 mil 658 millones de pesos, con un costo final proyectado de 266 mil 300 millones de pesos a pagar al año 2035.
Los contratos para pagar los penales privados del país se concretaron en la época del presidente Felipe Calderón, cuando el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna, afirmó la funcionaria en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Sus declaraciones fueron acompañadas con la proyección de un documento con los nombres de las empresas beneficiadas y “sus” penales que se pagan con el erario: Exi Quiantium, SA de CV (Sonora y Guanajuato); Gia, SA de CV (Oaxaca); DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria SA de CV (Durango); Capital Inbursa, SA de CV (Chiapas y Femenil Morelos); Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacan SA de CV (Michoacán), y Black Rock, SA de CV (Guanajuato).
Dijo que los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones de la misma dependencia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se trata de “atrocidades” y corruptelas cometidas en cárceles de máxima seguridad en México durante el gobierno de Felipe Calderón y donde cada interno cuesta al país 3 mil 819 pesos diarios, 114 mil 588 al mes y 1 millón 375 al año.
Expresó que estos gastos representan lo de un hospedaje en hotel de “Gran Turismo” en los puertos turísticos más importantes del mundo, lo que significa un robo a la nación. Indicó que en este negocio están metidos personajes muy cercanos al poder en los pasados sexenios y hasta un conductor de televisión que diario ataca a su gobierno.
López Obrador dijo que ya hay una denuncia presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene que ver con García Luna. Dijo que dio instrucciones al consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, para que se llegue a un acuerdo con los proveedores de estos servicios. “Es un abuso y si tienen voluntad, se debe lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública, destacó”.
Señaló que en los próximos días habrá más información de cómo se asignaron los contratos y si se modificarán o cancelarán, y que instruyó a la Consejería Jurídica de la presidencia para contactar con los empresarios beneficiarios para dar por terminado esos contratos en buenos términos.
Advirtió que, en caso de que no haya conciliación, se iniciará una denuncia civil para la cancelarlos, y afirmó que son muy conocidos los beneficiarios de los contratos –entre los que se encuentra un conductor de un programa noticioso–, cuyos nombres se reservó “salvo que me los pida” el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
Casi al mismo tiempo en que la REVISTA PROCESO exhibía la podredumbre personal y familiar del aun Gobernador Panista de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,con informacion de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que habria presentado ya ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por lavado de dinero contra el y su familia, ahora es publicitada una encuesta de @AriasCons,que dice lo posiciona en el "Cuarto lugar" mejor evaluado de los Gobernadores del pais, eso si, con un "reprobatorio 47.7%.
Que dijo Proceso en Diciembre:
De acuerdo con el semanario, en poder de un documento presentado en julio pasado, los denunciados han incurrido en delitos relacionados con operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude.
Los integrantes del círculo familiar de García Cabeza de Vaca que habrían incurrido en actividades constitutivas de delitos son: su esposa, Mariana Gómez Leal; sus hermanos, Ismael (actual Senador), y José Manuel; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.
Según la UIF, de abril a agosto de 2019, el Gobernador recibió depósitos en una cuenta por 679 mil 607 pesos, de los cuales 205 mil pesos fueron de Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, empresa de la que es accionista junto a su esposa, su madre, su hermano Ismael y la esposa de éste, Evelyn Aimee Rodríguez Garza.
Adicionalmente, la UIF señala que en el periodo de diciembre de 2014 a abril de 2019, García Cabeza de Vaca recibió recursos de Desarrolladora Cava, SA de CV, por 2 millones de pesos, empresa de la que son accionistas su hermano José Manuel y su madre.
La dependencia a cargo de Santiago Nieto destaca también que en 2019 el Mandatario recibió 33 millones 400 mil 213 pesos de la razón social T Seis Doce, SA de CV., propiedad de Juan Francisco Tamez Arellano, quien también está incluido en la denuncia de la UIF y además está relacionado con Baltazar Higinio Reséndez, contratista del Gobierno tamaulipeco.
En la acusación de la UIF -a la que Proceso tuvo acceso- se señala que el Gobernador y su esposa adquirieron en diciembre de 2013 un inmueble ubicado en una zona exclusiva de la Ciudad de México por un monto de 14 millones 380 mil pesos.
La compra de ese departamento, de acuerdo con la UIF, no se puede presumir lícita, porque de los ingresos declarados por ambos no se puede adquirir una propiedad de ese valor.
Por lo pronto, la UIF, de acuerdo con el semanario, solicitó a la FGR ordenar el aseguramiento de 14 cuentas bancarias del Gobernador, cuatro de su esposa, cuatro de su hermano y senador Ismael García, seis de su hermano José Manuel, 11 de su madre y 20 de su suegro.
El vocero de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe De la Cruz, se registró aspirante a diputado federal plurinominal por Morena.
Los padres y madres de los 43 se deslindaron de las intenciones políticas del vocero y advirtieron que “no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales”.
Este viernes, el vocero de los papás y mamás de los 43 se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones en las instalaciones del Deportivo Reynosa, en Azcapotzalco, Ciudad de México, para registrarse como aspirante a una candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal.
“Tomé la decisión de registrarme para participar por una candidatura de una diputación federal por la vía de representación proporcional, para poder seguir con nuestra lucha desde dentro y se haga escuchar la voz de los movimientos sociales en el lugar indicado (sic)”, escribió en sus redes sociales.
Horas más tardes, los papás y mamás se deslindaron: “Hoy nos hemos enterado por los medios de comunicación y redes sociales que Felipe de la Cruz que acompañaba nuestra lucha se ha registrado como candidato para diputado federal por elEstado de Guerrero, por la vía plurinominal […] está en su pleno derecho de ejercer sus derechos políticos y la forma de participación política; sin embargo, es importante clarificar que es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros, como padres y madres de los 43. Por lo tanto, no representa nuestro movimiento por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales”, precisaron en un comunicado.
Reiteraron que continuarán exigiendo al gobierno la presentación con vida de sus hijos y castigo a los responsables materiales e intelectuales de ese crimen.
“Nuestra lucha no está guiada y motivada por razones partidistas o de otra índole que no sea encontrar a nuestros 43 hijos, así como obtener verdad y justicia. Enfatizamos nuestro compromiso de seguir por la lucha desde abajo por la presentación con vida de nuestros hijos y no por cargos públicos y en esa línea nos mantendremos. Nos deslindamos de cualquier acción partidista que alguna persona en lo personal realice”.
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) lanzaron un operativo, en conjunto con elementos catrenses y policiacos, para detectar la presencia de extranjeros sin su documentación en regla o realizando actividades remuneradas sin autorización para ello, en el centro de esta ciudad, con saldo de al menos un detenido.
Los vehículos de esta institución federal recorrieron las calles de la Supermanzana 24, en compañía del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Ministerial y Policía Quintana Roo, empezando por la avenida Yaxchilán, conocida por tener un alto número de ciudadanos cubanos, continuando luego por otras supermanzanas céntricas, por las avenidas Uxmal y Tulum.
Los agentes ingresaron a distintos comercios a solicitar documentos, además de interceptar a personas que caminaban en la vía pública.
Hasta el momento, se sabe de una persona detenida, por no poder presentar su identificación, siendo ingresado en una van traída para este propósito.
Cancún es hogar de personas de múltiples nacionalidades, muchos de los cuales ingresaron como turistas y que ya no regresaron. Para poder trabajar, deben solicitar un permiso a la autoridad migratoria, pero el trámite, que incluye ingresar el acta constitutiva de la empresa del patrón, que además debe estar al día en sus impuestos, es complicado, por lo que aquellos que laboran en locales pequeños no pueden realizarlo.
El operativo fue breve, sin que las autoridades informaran del total de personas.
Considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como "faraónico", "un exceso", "un derroche", "un lujo" y "un insulto" heredado por gobiernos pasados, el avión presidencial sigue generándole gastos a la actual administración. A un año de que el propio mandatario propuso rifarlo, rentarlo, venderlo o intercambiarlo, el TP01 José María Morelos y Pavón permanece en territorio mexicano, y su conservación hasta ahora ha costado al erario más de 400 millones de pesos.
Desde el inicio de este sexenio en 2018, el gobierno de López Obrador ha pagado 33 millones de pesos para el mantenimiento del vehículo en Estados Unidos, 286 millones de pesos para la organización de la rifa alusiva realizada en 2020 y alrededor de 83 millones de pesos desde que la aeronave volvió a México. Esto significa que la presente administración le ha destinado 402 millones de pesos.
Una historia con turbulencia
Desde antes de ganar la presidencia en 2018, López Obrador criticó el uso del avión y prometió venderlo. En cuanto inició su gobierno, envió la aeronave al aeropuerto de California, en Estados Unidos, para que se le diera mantenimiento por 19 meses.
Durante dos años, López Obrador ha buscado vender el Boeing Dreamliner que la gestión de Felipe Calderón adquirió y que tuvo sus primeros vuelos con Enrique Peña Nieto, para lo cual incluso elaboró un folleto para promocionarlo como "orgullo de la nación", "la aeronave más emblemática del continente" y "de avión presidencial a pináculo de la aviación empresarial del mundo".
La más emblemática del Continente
El presidente López Obrador anunció el regreso de la aeronave a México e informó que se realizó un folleto en donde están las opciones de compra y se califica al avión como "la más emblemática del Continente".
avión presidencial
El avión presidencial tiene capacidad para 80 pasajeros; la baja cantidad de ocupantes ha afectado las ofertas de compra, según informó el presidente.
En total, la aeronave se usó durante dos años y 10 meses para realizar 214 viajes.
El costo total del avión fue de 218,7 millones de dólares.
Sin embargo, la venta no se ha concretado, y para el mantenimiento de la aeronave durante 19 meses la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acordó una orden de servicio con la compañía Boeing, cuyo fin era que se brindara mantenimiento al vehículo. El costo anual de esto fue de 719,321 dólares, que a un tipo de cambio aproximado de 20 pesos se tradujeron en 14 millones 386,420 pesos, según se detalló a Expansión Política a través de una solicitud de información.
La siguiente tabla especifica el servicio acordado con Boeing.
Aún sin comprador, en enero pasado López Obrador propuso cinco opciones para deshacerse del avión mientras llegaba una oferta que pagara su valor de 2,500 millones de pesos.
Entre las posibilidades, planteó venderlo, rifarlo, un trueque por equipo médico, rentarlo por hora o que 12 interesados adquirieran en partes iguales la aeronave.
Días después, su gobierno decidió rifarlo, pero aclaró que solo sería un sorteo simbólico, pues el premio no sería el TP01 como tal, sino 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.
Mientras en México se vendían los boletos para la rifa, el gobierno determinó que el avión volvería a volar, pero solo de regreso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con la Sedena, en Estados Unidos se pagaron 1.7 millones de dólares por el mantenimiento de la aeronave durante 19 meses, que al tipo de cambio correspondiente representan alrededor de 33 millones 657,000 pesos.
De acuerdo con la Sedena, el costo anual de operación y mantenimiento del avión presidencial en México, lo que incluye 800 horas de vuelo, es de 199 millones 998,400 pesos. Este es el desglose:
Combustible: 70 millones 046,400 pesos.
Sueldos de la tripulación (ocho miembros): 4 millones 047,200 pesos.
Póliza de seguro: 50 millones de pesos.
Mantenimiento anual de la aeronave: 57 millones 600,000 pesos.
Adiestramiento de la tripulación (un año): 304,800 pesos.
Actualización de software: 18 millones de pesos.
En promedio, para la operación y el mantenimiento del avión, el gobierno federal debe pagar cada mes 16 millones 666,533. Por ello, si se toma esa cantidad como base, desde que la aeronave regresó a México se han pagado 83 millones 332,666 pesos.
Otro gasto que realizó el Ejecutivo en torno al avión fue la realización de la rifa del pasado 15 de septiembre.
A cargo de la Lotería Nacional, el gobierno erogó 286 millones de pesos para el "El gran sorteo especial 235" , que tuvo 2,000 millones de pesos en premios.
La Lotería Nacional reportó a Expansión Política, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, que en comisiones a vendedores de 'cachitos' se pagaron 50 millones 054,700 pesos; en sueldos, prestaciones y seguridad social de todo el personal que intervino en el sorteo, 24 millones 931,790 pesos, y en el costo de la impresión de 'cachitos', 1 millón 131,000 pesos.
Mientras tanto, para ayudas, subsidios y transferencias, que se refieren a los costos asociados a los servicios que otorgan los vendedores de los billetes, como atención médica y actividades culturales, se destinaron 29 millones 533,892 pesos.
Hoy, a más de dos años de iniciado este gobierno, el avión aún no tiene un comprador, y aunque según el presidente se realizó un anticipo desde mediados del año pasado, la operación no se ha concretado.
¿Cuánto se debe?
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó a mediados del año pasado que entre 2021 y 2027 el gobierno de México aún debe pagar alrededor 4,000 millones de pesos.
"En noviembre del 2012 se suscribió un contrato de arrendamiento financiero entre la Secretaría de la Defensa Nacional y Banobras por el término de 15 años. Este arrendamiento tenía un costo de 6,094 millones de pesos", afirmó el general Sandoval tras la llegada del vehículo al país.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, las violaciones a derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada, los abusos contra migrantes, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques a periodistas independientes, han continuado.
El informe sobre la situación de los derechos humanos de Human Rights Watch (HRW), acusa que la impunidad en México “sigue siendo la norma”.
En su capítulo dedicado a nuestro país, y que corresponde al segundo año de Gobierno de López Obrador, el documento señala que se amplió considerablemente la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones que anteriormente eran exclusivas de las autoridades civiles como tareas de orden público y control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operaciones de megaproyectos.
“México ha utilizado activamente a las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo cual ha propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre 2014 y 2019, la CNDH recibió aproximadamente tres mil denuncias relacionadas con presuntos abusos militares”, dice el informe.
Y agrega: “El Presidente López Obrador ha intensificado el uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, ampliando considerablemente el ámbito de sus actividades y reemplazando a autoridades civiles”.
Los casos de tortura por agentes del Ministerio Público también han ido al alza, pasando de 13 investigaciones en 2006 a más de siete mil en 2019.
Respecto a la movilidad migrante, HRW señala que el Gobierno mexicano no ha brindado el apoyo o la protección adecuada a 66 mil personas que buscan asilo en los Estados Unidos y que han sido asignadas al programa Quédate en México, incluyendo migrantes con alto riesgo de marginación, personas con discapacidades y enfermedades crónicas, adultos mayores, niñas y niños.
Sobre el tema de desapariciones forzadas perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas y grupos delictivos, la organización indica que sigue siendo un problema generalizado.
El Gobierno reportó más de 75 mil personas desaparecidas hasta noviembre de 2020, la gran mayoría del año 2006 en adelante.
HRW reconoce que la administración de López Obrador ha adoptado medidas orientadas a determinar y publicar la cantidad real de personas desaparecidas.
