A poco más de dos años de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como Presidente de México, el crimen organizado y su expresión más violenta –el narcotráfico– sigue imparable; la mayor parte de las policías municipales están cooptadas por los grupos delictivos y, a lo largo y ancho del país, un total de 19 cárteles controlan los territorios, asesinan, secuestran, cobran derecho de piso con abierta impunidad, pues ninguna autoridad federal ni local ha podido poner freno a este flagelo perturbador.
En total son 20 los estados donde se concentra más de 60 por ciento de la violencia criminal; los territorios más críticos son Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo y Baja California.
En estas entidades dominan tres cárteles, los cuales han afianzado su poder en los dos años que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se trata del cártel de Sinaloa –el más poderoso del planeta– el cártel de Jalisco, cuya expansión sigue imparable, así como el cártel del Golfo y Los Zetas, éstos últimos ahora se autodenominan cártel del Noreste. Todos ellos siembran terror y violencia por todas partes, a pesar de que el Gobierno de López Obrador ha desplegado a elementos de la Guardia Nacional en toda la República y entregó el control de la seguridad del país a las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando más militarizado está el territorio mayor es la violencia criminal.
Y es que cuando han transcurrido más de dos años del llamado “Gobierno del cambio”, el de la “Cuarta Transformación”, la situación en materia de seguridad sigue siendo una asignatura pendiente.
Hasta ahora no existe una política criminal definida, lo que ha generado fuertes críticas al Presidente López Obrador, pues en dos años sólo dos capos menores han sido detenidos: Santiago Mazari, “El Carrete”, quien era jefe del cártel de Los Rojos, y José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del cártel Santa Rosa de Lima, a quien le atribuían la violencia que azotó por varios meses del estado de Guanajuato.
Sin embargo, la caída de Yépez Ortiz no pacificó el territorio, por el contrario, la crisis de inseguridad se agudizó con la incursión a sangre y fuego del CJNG, cuyos operadores tomaron el control del estado, del negocio del huachicol, los secuestros y el cobro de piso, azote de empresarios y comerciantes.
Los cárteles
En los últimos 10 años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado: Ahora y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes– y su estructura también presenta modificaciones, pues los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.
Y es que después de la guerra fallida implementada entre 2006 y 2012 por Felipe Calderón, así como la corrupción desastrosa que prohijó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de ser combatido el crimen se extendió a lo largo y ancho del país e incluso se internacionalizó: muchos cárteles ahora operan en Argentina, Uruguay, Brasil , Chile, Costa Rica y Guatemala, según establecen informes oficiales.
No es todo: Los cárteles cuentan con amplios ramajes en Europa, particularmente en España, Italia y Reino Unido, y desde esos países operan el tráfico de drogas hacia los mercados de Asia y África, por citar sólo esos continentes.
Un ejemplo de la expansión y de que la guerra contra el narcotráfico no ha dado resultados en los últimos tres sexenios es la expansión del cártel de Sinaloa, el grupo criminal más boyante del mundo, de acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera –sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos–, dicha organización criminal se dividió en cuatro frentes y cambió sus operaciones: ahora es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país.
De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, entre otros grupos criminales poderosos.
El control político del narco
En los últimos 20 años, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país: un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados en buena parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos.
Hasta antes del año 2000, cuando el PRI era hegemónico, el crimen cooptaba a los políticos en turno. Las negociaciones se concretaban con un poder único –el Presidente de la República–, pero tras la derrota del PRI ocurrida después de que gobernó durante 70 años consecutivos, trajo consigo la dispersión de las redes criminales.
Ahora el narcotráfico impone a sus candidatos, financia campañas y en varios estados y municipios ha colocado a los funcionarios municipales y controla también las comandancias de la policías en los más de 2 mil municipios que existen en toda la República.
De acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República (FGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por 14 cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más contaminadas del país– y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.
Esos mismos informes establecen, además, que el estado de Tamaulipas –donde dos exgobernadores (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) están presos por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos– es la entidad con mayor número de grupos criminales asociados.
En esa entidad, el narcotráfico tiene una poderosa hegemonía, a tal grado que el actual mandatario –Francisco Daniel García Cabeza de Vaca– es investigado dentro y fuera del país por sus vínculos con el narcotráfico: Se afirma que recibió dinero del cártel de Los Zetas para financiar su campaña a la gubernatura.
Según las denuncias que pesan en su contra, ha invertido más de 100 millones de pesos en propiedades –casas, ranchos y departamentos– que rebasan por mucho sus ingresos como funcionario público. Es por ello que se han encendido los reflectores en su entorno, pues se sospecha que ha lavado dinero proveniente del crimen y de la corrupción institucional.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo investiga por blanqueo de activos; según el titular de esta dependencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se interpondrá una denuncia ante la FGR para que se ahonde en las investigaciones y el mandatario panista sea enjuiciado por narcotráfico y lavado de dinero. De hecho, el mandatario tamaulipeco ya es investigado.
Los grupos criminales
A lo largo de dos décadas, los cárteles se han transformado. También han surgido nuevos grupos que se caracterizan por ser más violentos.
En Tamaulipas, por ejemplo, han surgido El Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos –Los Zetas y al Cártel del Golfo– cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más sangrientos.
Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –dos de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza, poder, impunidad y ligas con el narcotráfico– el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan hacia Estados Unidos con el apoyo de la policía del estado.
En Tamaulipas este escenario de total control criminal minimizó la figura del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo Gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio.
Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra– la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.
Los informes oficiales señalan también que después de Tamaulipas en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe del Cisen titulado Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero, elaborado en 2019, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales y cuyas cabezas son personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.
En sus partes medulares, el informe sostiene que la crisis de inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.
Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”, los que convirtieron al estado de Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad.
Justamente a estos dos cárteles que se disputan el control del estado son señalados como los responsables de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Ambos grupos criminales operan desde entonces con protección oficial, policiaca y militar, según ha quedado en evidencia en las investigaciones federales implementadas tras la desaparición de los estudiantes.
El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese estado: sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control territorial –uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico– al enfrentarse a los hombres del cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados.
Tras la muerte de Arturo Beltrán, en 2009, durante un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como “Los Pelones” continuaron al servicio de Héctor Beltrán, “El H”, quien se enfrentó a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” –detenido en México debido a un percance de tránsito– quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar 192 millones de dólares.
Pero cuando los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero sobrevino una avalancha de células criminales. Surgieron “Los Rojos” y el CCrtel de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del cártel de Los Beltrán, quienes están confrontados con La Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.
La caída y extradición de “La Barbie” no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el grupo “Cida”, uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, “El Melón”, Benjamín Flores Reyes, llamado “El Padrino” (capturado por agentes en 2010) y Moisés Montero, “El Coreano”, quien fue identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.
El segundo grupo se le conoce como “La Barredora” y lo encabezan Cristán Tarín, “El Cris” y Eder Yair Sosa, “El Cremas”. Estas dos células, de acuerdo con el informe oficial, se aliaron al cártel de Sinaloa.
Dicha alianza tiene razones de peso: “El Cris”, según los reportes policiacos, es hijo de Arturo González Hernández, “El Chaky”, quien fuera lugarteniente de Amado y Vicente Carrillo Fuentes en la Comarca Lagunera, que abarca los estados de Coahuila y Durango, respectivamente, una zona con una alta incidencia delictiva.
De acuerdo con su ficha criminal, González Hernández operó por varios años en la Comarca Lagunera, siempre al servicio de Vicente Carrillo; luego fue detenido y recientemente fue puesto en libertad. Actualmente opera en la zona conurbada Torreón, Coahuila-Gómez Palacio, Durango, considerado un territorio de muerte.
El diagnóstico del Cisen señala que en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera el cártel de la Sierra y lo encabezan José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico.
Y en la ciudad de Chilapa, de acuerdo con el informe referido, opera Zenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del hampa como “El Chaparro”, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuye la ola de ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos cinco años.
No es todo: En el municipio de Quechualtenango están afincados “Los Ardillos”, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega –su hijo– quien fue Diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Después de la guerra fallida de Felipe Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, los cárteles mexicanos se han fortalecido y hasta han tenido tiempo de reorganizarse.
A pesar de que el Presidente López Obrador aceleró la puesta en marcha de los programas sociales –él asegura que se deben atacar las causas y no actuar con represión para combatir al crimen organizado– y echó a andar a la Guardia Nacional, el crimen organizado sigue en ascenso, generando violencia e inestabilidad.
Es el caso del cártel de Sinaloa: tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el cártel entró en una disputa interna, al parecer ya zanjada. Y ahora ese grupo criminal se dividió en cuatro frentes: Los hijos de “El Chapo” –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán– encabezan un bloque; otro lo opera Aureliano Guzmán, hermano de Guzmán Loera, quien se enfrentó con sus sobrinos por el liderazgo de la organización hasta que tomó su parte.
De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, dado a conocer por la DEA, Rafael Caro Quintero estaría al frente de otra pieza del cártel de Sinaloa y con ello, se dijo tras su liberación hace cinco años, habría retomado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y una cuarta posición –para muchos la más importante– es la que mantiene Ismael “El Mayo” Zambada, quien se ha mantenido más de cinco décadas en el negocio del narcotráfico sin ser detenido ni molestado.
Empleado de una mueblería en Culiacán antes de engancharse en el narco, Zambada es tan viejo en el negocio del narcotráfico como Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, el mejor negociador que ha tenido el crimen organizado. Se asegura que Esparragoza murió hace cinco años, presuntamente debido a un infarto, pero las autoridades federales nunca confirmaron su muerte. Hábil en el arte de la mentira, “El Azul” pasó a formar parte del misterio, igual que Amado Carrillo, pues de ambos se afirma que no están muertos:
Del primero se ha dicho que se autodesapareció, mientras que de “El Señor de los Cielos” se dice que opera en Rusia y que su muerte pudo ser parte de un acuerdo con el Gobierno federal. Lo que sí fue un hecho es que antes de morir –presuntamente– Carrillo Fuentes entabló negociaciones con el Gobierno federal, en particular con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con los informes oficiales, el cártel que más creció durante los dos últimos sexenios fue el de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera. Actualmente tiene presencia en doce entidades federativas y su principal feudo es Jalisco.
La lista que organizaciones que se mantienen de pie y que sobrevivieron a la guerra de Felipe Calderón es larga; muchos de estos grupos han sobrevivido mediante la alianza y han extendido sus redes hacia Centro y Sudamérica. Es el caso del cártel de Tijuana, actualmente encabezado por Enedina Arellano Félix, “La Jefa”, quien controla toda la estructura financiera del cártel.
En 2014 se pensaba que Fernando Sánchez Arellano –hijo de Enedina– sería el heredero del narcoimperio construido por sus tíos Ramón y Benjamín Arellano, pero ese año fue detenido mientras veía un partido de fútbol entre México y Brasil.
Tras el vacío que dejó su captura, el cártel de Jalisco irrumpió con fuerza en Baja California. Lo hizo colocando narcomantas mediante las cuales anunció su aparición y también por medio de la violencia.
Enedina Arellano, “La Jefa”
Para la DEA, la jefa del cártel de Tijuana es Enedina Arellano Félix, impune hasta la fecha. En el año 2002 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser incluida en la lista de líderes de organizaciones criminales y prohibir hacer negocios con ella. Por ello, sus cuentas fueron congeladas y varias empresas suspendieron sus actividades, al menos por un tiempo.
En julio de 2015, la revista Time se ocupó de su perfil. Al describir su forma de ser, la prestigiada publicación indicó que “es menos asidua a las fiestas, sin conducta de asesino sádico (a diferencia) de sus hermanos” y en ella se destaca “un perfil de negocios que pudiera ser la clave de su éxito”.
El texto de Time refiere una cita de Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien al referirse a Enedina Arellano dijo que ayudó a reducir la violencia al traer de vuelta el esquema tradicional de traficar drogas de México hacia Estados Unidos.
Explicó: “Ella no está interesada en provocar guerras, como sus hermanos lo hicieron en sus tiempos. (Ella) realiza alianzas y genera dinero. Su belleza quizá la ayudó a realizar pactos con poderosos narcotraficantes, como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”.
Tras su arribo al poder 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador encontró un escenario nacional plagado de criminalidad y violencia generada por quince cárteles bien cimentados en todo el territorio.
De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la entonces PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los cárteles del “Golfo” y “Zetas”; “Tijuana”, “Juárez”, “Sinaloa”, “Cártel de Jalisco Nueva Generación”, Cártel de “Los Rojos”, “Guerreros Unidos”, “Los Ardillos” y “El Cártel de la Sierra”; organización “Beltrán Leyva”, familia “Díaz Parada” (traficantes de marihuana en Oaxaca), Los hermanos “Valencia”, “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios”.
De todas estas organizaciones derivan decenas de ramificaciones que, por separado, controlan amplias extensiones de territorios y han establecido alianzas –políticas y criminales– con autoridades municipales y estatales para mantenerse impunes y en constante expansión.
Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las autoridades estadounidenses las describen como “más violentas y sanguinarias”, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos que ocurren por todas partes.
Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.
En suma, el narco mexicano ya es internacional y por ello difícil de erradicar. De ahí que a López Obrador parece no quedarle otra salida más que la negociación con el crimen organizado, pues el Estado mexicano carece de estrategia y no tiene instrumentos de combate.
De hecho, el Gobierno de López Obrador ya empezó a negociar con el crimen organizado y grupos armados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con una declaración que la semana pasada hizo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, el Presidente López Obrador desmintió a Sánchez Cordero y dijo que su Gobierno no negocie ni pacta con criminales.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la tranquilidad del país”, dijo el Presidente.
Sin embargo, el territorio sigue violentado por el crimen organizado, pues López Obrador no quiere usar la represión como vía para enfrentar a los cárteles: su política se basa, dice, en atender las causas que originan la criminalidad, pero pese a la puesta en marcha de los programas sociales –una medida que según el frenará la violencia– el país sigue incendiado por la violencia criminal.
Así, el crimen organizado no sólo sigue intocado en los dos años de Gobierno de López Obrador sino que, al no ser combatido, los cárteles continúan en abierta expansión.
El mandatario, quien se comprometió a “pacificar el país” tras tomar posesión como Presidente, en diciembre de 2018, no ha podido poner fin a la violencia que azota al país, por el contrario, las matanzas continúan por todas partes.
En resumen, no hay autoridad ante el crimen.
Fuente.-Ricardo Ravelo/(imagen/web)
