Fuentes del gobierno del estado confirmaron a EL UNIVERSALque Roberto Sandoval está ubicado en un penthouse de San Pedro Garca García, Nuevo León.
En mayo de 2019, el exgobernador de Nayarit junto con el magistrado de Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez, fueron incluidos en la “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber recibido sobornos del narcotráfico, por lo que le fueron congeladas sus cuentas.
La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro precisó que Sandoval Castañeda participó en una amplia gama de actos de corrupción, incluyendo el desvío de activos estatales, así como la aceptación de sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis y Los Beltrán Leyva.
En la trama de presunta corrupción de Sandoval Castañeda también están su esposa, Ana Lilia López Torres, y sus dos hijos, Pablo Roberto y Lidy Alejandra Sandoval López, quienes son señalados de ser prestanombres del exmandatario priista.
El exgobernador nayarita se encuentra en la lista de los exmandatario que han sido acusados de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito e incluso estar vinculados con el narcotráfico.
El 1 de diciembre de 2012, dichos gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, e incluso de otros partidos, aprovecharon que Enrique Peña Nieto asumía la Presidencia de la República para retratarse con el nuevo mandatario.
A continuación, EL UNIVERSAL hace un recuento de los gobernadores que acompañaron a Peña Nieto en aquella ocasión y que hoy enfrentan la justicia.
César Duarte
El exgobernador de Chihuahua, quien tras permanecer prófugo desde 2017, fue detenido el pasado 8 de julio en Miami, Florida, acto que coincidió con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos.
César Duarte, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, es acusado por los delitos de peculado, peculado agravado y enriquecimiento ilícito.
El pasado miércoles 11 de noviembre, un juez federal accedió al pedido del exgobernador y le concedió tiempo para responder una carta diplomática presentada como sustento al pedido de extradición a México.
La audiencia final de extradición ha sido fijada para el 14 de enero, pero mientras tanto Duarte intenta que la jueza descarte su repatriación.
Roberto Borge Angulo
Fue el 4 de junio de 2017 cuando elementos de la Interpol y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron al exgobernador de Quintana Roo.
El exmandatario fue detenido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Panamá y hasta el momento se le han imputado cinco delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprovechamiento ilícito del poder, ejercicio indebido del servicio público, peculado y delincuencia organizada; aunque este último requiere de la autorización del gobierno de Panamá, para ampliar los términos del convenio de extradición.
Actualmente se encuentra preso en el Centro federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos.
Este año, el gobierno mexicano sumó un quinto delito, esta vez por delincuencia organizada, a la lista de agravios que imputa al exgobernador.
La Fiscalía General de la República (FGR), cuenta ya con una orden de presentación, expedida por un juez de control, para imputar el delito a Borge; sin embargo, requiere de la autorización del gobierno de Panamá, en donde fue detenido, para ampliar los términos del convenio de extradición, conforme al principio de especialidad de dicho instrumento bilateral y poder enjuiciarlo por ese nuevo delito.
Javier Duarte
A dos semanas de concluir su gobierno, Duarte solicitó licencia al cargo y huyó del país a bordo de un helicóptero, el cual era propiedad del estado de Veracruz, sin embargo seis meses después, el 15 de abril de 2017, fue detenido en un hotel de lujo ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala.
El 17 de julio de 2017, el exgobernador de Veracruz fue extraditado y posteriormente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde cumple una condena de nueve años, de los cuales ha purgado tres por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
El pasado 5 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, el exgobernador realizó acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto en el caso Obredecht, mismas que fueron calificadas por el presidente Andrés Manuel López Obradorcomo “canallesco” y “un espectáculo desagradable”.
El titular del Ejecutivo aseguró que estos actos cumplen el dicho de que “cuando se reparte mal el botín, hay motín”.
Fausto Vallejo
El exgobernador de Michoacán estuvo bajo la lupa, luego de que su administración se viera marcada por corrupción y nexos con la organización criminal Los Caballeros Templarios.
En 2013 el exmandatario se vio obligado a pedir licencia por motivos de salud, en su lugar quedó Jesús Reyna, exsecretario de gobierno, quien un año después fue acusado de tener contactos con Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. Al regreso de Vallejo en 2014, Alfredo Castillo fue nombrado Comisionado de Seguridad en Michoacán. Ese mismo año, el priista anunció un permiso más para una revisión médica. En ese lapso, se revelaron dos videos donde su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, aparece bebiendo cerveza y charlando con La Tuta.
El hijo del exgobernador de Michoacán fue detenido en enero de 2019 por delincuencia organizada y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 en Guanajuato. Por su parte La Tuta purga una sentencia de 55 años por el delito de un secuestro cometido en Uruapan, Michoacán; se encuentra recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
Rodrigo Medina
En agosto de 2016, Medina fue acusado de otorgar estímulos indebidos por 3 mil 128 millones de pesos a la armadora coreana Kia Motors. El 26 de enero de 2017 fue encarcelado, pero sólo 19 horas, porque una juez de Distrito ordenó su libertad inmediata, al señalar que se violó un amparo que impedía la prisión preventiva como medida cautelar.
El 1 de marzo de este año, Medina fue exonerado del delito de ejercicio indebido de funciones por un juez de Control, quien consideró que la fiscalía anticorrupción no dio a conocer en forma exacta, en modo, tiempo y lugar, cuál era la conducta delictiva que le estaba imputando.
También fue absuelto por los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado, el juez estimó que la Fiscalía Anticorrupción del gobierno estatal no precisó los ilícitos que le imputaba y le impidió una adecuada defensa con relación a las acusaciones de otorgar apoyos indebidos a la armadora coreana Kia Motors, por 3 mil 128 millones de pesos.
Andrés Granier
El exgobernador de Tabasco fue detenido en junio de 2013. Estuvo cinco años en el Reclusorio de Tepepan, en la Ciudad de México, y desde enero de 2019 se encontraba en arraigo domiciliario por tener 70 años de edad.
El 1 de marzo de 2018 fue condenado por el delito de peculado a casi 11 años de prisión y al pago de 196 millones de pesos por la reparación del daño contra el erario en el sector de Salud durante su administración (2007-2012).
Además un juez federal le quitó una acusación por defraudación fiscal equiparada calificada por un monto de 2 millones 156 mil 489 pesos, al no encontrar pruebas suficientes para poderlo mantener procesado por este delito.
En mayo de 2019, Granier Melo obtuvo una sentencia absolutoria y su libertad absoluta, quedando sin efecto la acusación de peculado por un monto de 196 millones de pesos, delito por el que había sido condenado a 11 años de prisión.
Mario Anguiano
A mediados de 2016, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y el Congreso de Colima denunciaron al exgobernador ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por el mal uso de recursos públicos. En total se interpusieron tres denuncias: una por el presunto desvío de mil 867 millones de pesos, otra por la presunta compra irregular de un software que costó 66 millones de pesos y una más por la contratación y uso indebido de un crédito por 638 millones de pesos.
En febrero de este año el exgobernador de Colima se “entregó” a la Fiscalía del estado al asegurar que no cuenta con los recursos para pagar la sanción de 515 millones de pesos que le impuso el Congreso local por la contratación irregular, en 2015, de un crédito de más de 638 millones de pesos que además fue utilizado para dar liquidez a las finanzas estatales y no para los fines establecidos.
Acompañado de medio millar de personas y ante una agente del Ministerio Público afirmó que estaba a disposición de la autoridad.
La representante social le pidió al exmandatario que le explicara mejor el caso y cuando éste dijo que el Congreso había pedido a la Secretaría de Planeación y Finanzas que le cobrara los 515 millones 174 mil 928 pesos de la sanción, la agente ministerial desarticuló el acto mediático de Anguiano Moreno: “entonces le pediría que vaya a la Secretaría de Planeación y Finanzas a explicar esto mismo, que es la encargada de cobrarle”.
Ante la declaración del exgobernador, diputados locales solicitaron a la UIF investigarlo.
El pasado 14 de septiembre, el gobierno de Colima confirmó que se abrió ya un crédito fiscal para asegurar el pago de la sanción de 515 millones de pesos impuesta por el Congreso local al exgobernador.
“La información y/o documentación que integra el citado expediente del crédito fiscal abierto a nombre del exgobernador Mario Anguiano Moreno, con motivo de la mencionada sanción económica, se encuentra clasificada como confidencial”, señala la respuesta a una petición realizada a través del portal de Transparencia del estado
Rubén Moreira
En 2018, el exmandatario de Coahuila fue acusado por la diputada panista María Eugenia Cázares de desviar durante su administración más de 390 millones de pesos de participaciones federales que le correspondían a municipios de la entidad. Hasta ahora no se tiene más información si es que el ahora diputado es investigado.
Egidio Torre
Se encuentra bajo la lupa luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas iniciara investigaciones a empresas factureras, en las que se encuentran implicados funcionarios de la administración del exgobernador de Tamaulipas.
¿Y Peña Nieto?
Para la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en el caso Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral.
Según la orden de aprehensión que la FGR solicitó contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y que después retiró de un juzgado federal para afinarla, Peña Nieto contó con su “propio aparato de poder criminal”, a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética, mediante la obtención de dinero, principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores.
“Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas”, indicó la Fiscalía.
La FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada “teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado", según la cual, el hombre de atrás (Enrique Peña Nieto) dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, mediante un aparato de poder organizado, "que en el caso concreto lo era el gobierno federal”.
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