Los niveles de violencia en Guerrero no cesan y tienen en jaque al gobierno de Héctor Astudillo. Por ejemplo, la confrontación entre dos grupos de autodefensa ya causó 28 muertes. Sin embargo, el gobernador priista se enfoca en resolver las complicaciones que implica cubrir anomalías presupuestales de los exgobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, y le deja el creciente problema de la inseguridad a una autoridad federal que no se ve por ningún lado.
CHILPANCINGO, GRO.- Desde finales de octubre pasado, los grupos de autodefensa Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) sostienen un conflicto armado por el control de los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero.
Esos grupos proliferaron durante la gubernatura de Ángel Aguirre y ahora tienen presencia en cinco de las siete regiones del estado, donde ya desplazaron a las autoridades de los tres niveles para asumir funciones de seguridad.
Otros grupos de autodefensa y otras bandas criminales operan en cinco municipios de la Zona Norte y la región de Tierra Caliente: Cocula, Apaxtla, Teloloapan, San Miguel Totolapan y Arcelia.
Cerca de este último municipio, con rumbo a Teloloapan, el pasado sábado 12 los integrantes de la autodefensa La Tecampanera liberaron, después de más de 30 horas de bloqueo, la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano tras pactar un acuerdo con el gobierno del priista Héctor Astudillo para que se investigue al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, por presuntos nexos con el narco.
El gobierno estatal, en voz del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, también se comprometió con la guardia comunitaria a detener a los hermanos Johnny El Mojarro y José La Fresa Hurtado Olascoaga, así como a Ramiro Bahena Urieta, El Güero Pelayo, señalados como los líderes del grupo delictivo La Familia, afincado en Arcelia.
Ellos también son proveedores de la empresa minera canadiense Torex Gold, asentada en Cocula, y socios del empresario de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz, dueño de la minera Beneficiadora de Minerales Temixco.
Ese territorio forma parte del llamado “Cinturón de Oro”, donde Astudillo promueve proyectos de inversión minera en zonas controladas por la delincuencia y marcadas por el desplazamiento masivo de personas, ejecuciones, secuestros y extorsiones, que ya causaron el cierre de minas como la de Campo Morado, de inversión belga, en Arcelia.
El martes 15, al comparecer ante diputados locales, Salazar Adame –quien fue embajador en Colombia durante el sexenio de Felipe Calderón– calificó de ilegales a la mayoría de las autodefensas de Guerrero.
Dijo que para resolver este conflicto propuso que las guardias comunitarias se integren a la Policía Rural que administra el Ejército, “pero no quieren”.
En marzo del presente año, este semanario dio a conocer que, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, Astudillo se declaró incompetente para combatir a las bandas criminales que mantienen la entidad en una prolongada crisis de inseguridad. En ese documento también señaló que algunos grupos de autodefensa “tienen reconocimiento legal y apoyo gubernamental pero otros son ilegales”. No especificó cuáles.
Así, en general, el gobernador afirmó que frecuentemente las autodefensas “son cooptadas por el narco” y que sus prácticas “atentan contra los derechos humanos” de presuntos responsables de algún delito porque realizan “detenciones arbitrarias, aplican la justicia por mano propia, incurren en tortura y hasta homicidios”.
Pacto de impunidad
En medio de la difícil situación social y económica que atraviesa el estado, a finales de octubre Astudillo envió al Congreso local el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, donde privilegia el gasto corriente burocrático y contempla un donativo de 47 millones de pesos para la Fundación Teletón, de Televisa.
También plantea solventar el presunto desvío de 6 mil millones de pesos atribuido a sus antecesores, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, mediante recortes a las participaciones federales. El quebranto señalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proviene de la retención irregular del Impuesto Sobre la Renta y un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria desde 2013.
El proyecto, cuya copia tiene Proceso, advierte que para enfrentar el problema de los créditos fiscales que exige la federación, Astudillo está “concertando una estrategia” con el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de Hacienda con el fin de “establecer convenios para liquidar de forma diferida, incluso con quitas (recorte a las participaciones federales), el nivel del saldo deudor”.
Además, Astudillo y los diputados de la LXI legislatura local exentaron del pago del impuesto por el ejercicio de la profesión a los médicos y, de manera irregular, condonaron el impuesto sobre tenencia y emplacamiento de autobuses a la empresa de Coordinadora del Acabus, S.A. de C.V., monto que este año ascendió a 1 millón 345 mil pesos, indica el informe anual de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Para el próximo año, según el mismo documento, el mandatario pretende otorgar la exención de impuestos a los arrendadores de casas.
Todo esto, pese a que el artículo 28 de la Constitución federal estipula que “quedan prohibidas las exenciones de impuestos” para evitar favorecer a un sector, pues de lo contrario se establece “un verdadero privilegio”.
Enfrentamiento entre autodefensas
La mañana del 24 de octubre los grupos de autodefensa UPOEG y FUSDEG se enfrentaron a balazos en las inmediaciones del poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, en la región Centro; murieron siete personas y otras dos quedaron heridas.
Este hecho, que no se ha resuelto judicialmente, provocó un bloqueo carretero de más de 12 horas. Líderes del FUSDEG acusaron al gobernador de actuar en contubernio con el narco y los dirigentes de la UPOEG para recuperar el valle de El Ocotito, plaza estratégica en el corredor de producción de heroína y trasiego de drogas que abarca la ruta Acapulco-Cuernavaca.
A su vez el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, quien tiene una escolta de policías estatales, acusó al gobierno federal de pactar con “paramilitares” al servicio del FUSDEG para frenar la expansión de su grupo armado, el cual, dijo, está cercado por el Ejército en la Costa Chica.
Agregó que el conflicto es político y deriva de un acuerdo del FUSDEG con el gobierno federal para no militarizar el corredor de narcotráfico. “Este monstruo creció tanto que las autoridades no pueden poner orden”, aseguró el líder, quien ya había advertido que tomaría la plaza.
En poco más de un año la disputa entre ambos grupos de autodefensa ha dejado 28 personas asesinadas, dos de la UPOEG y 26 del FUSDEG, que surgió al escindirse aquélla. Ningún crimen ha sido esclarecido.
Pueblo fantasma
El pasado lunes 7, al menos 500 miembros del grupo de autodefensa La Tecampanera, apoyados por guardias comunitarios de Apaxtla y Cuetzala, salieron de Teloloapan en una treintena de vehículos rumbo a la cabecera municipal de Arcelia para rescatar a tres herreros secuestrados el viernes 4 en el poblado de Totoltepec.
Los comunitarios responsabilizan de este crimen al grupo delictivo La Familia, afincado en Arcelia, y denunciaron que los secuestradores pidieron 3 millones para liberar a sus víctimas, que realizaban trabajos de reparación en una escuela.
En su trayecto hacia Arcelia, el convoy de comunitarios fue emboscado a la altura de Los Brasiles y se desató un enfrentamiento que dejó una decena de heridos y varios detenidos.
Al día siguiente, martes 8, el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, acusó al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, de utilizar al sector transportista como grupo de choque, pues según él Torales ordenó a unos 300 choferes bloquear la vía federal con unidades ligeras y pesadas para impedir que los autodefensas llegaran a la Zona Norte.
La Tecampanera emplazó a las autoridades a garantizar la seguridad en esta región y detener a Torales por contubernio con el crimen organizado.
Por su parte, La Familia utilizó las redes sociales para acusar a los líderes de las autodefensas de municipios de la Zona Norte de estar coludidos con la banda Guerreros Unidos y afirmó que las autoridades estatales y federales conocen bien la situación, pero no hacen nada porque existe una red de complicidades.
El jueves 10, en Teloloapan, hombres armados, mujeres y niños participaron en una marcha. Después de realizar un mitin en la plaza central, decidieron bloquear la carretera federal para impedir el paso hacia Iguala y Ciudad Altamirano. El bloqueo concluyó dos días después.
Durante esos días, la cabecera municipal de Teloloapan se convirtió en un pueblo fantasma porque, desde el miércoles 9, permanecieron cerrados al menos 2 mil comercios, así como las oficinas gubernamentales y las escuelas. La gente se quedó en sus casas ante el riesgo de más enfrentamientos armados entre la autodefensa y sicarios de La Familia.
Esos días fue más evidente la ausencia del gobierno estatal en la Zona Norte y la Costa Chica. Entre los habitantes se comenta que mientras algunos grupos de autodefensa son auspiciados por el gobierno estatal, otros cuentan con respaldo del Ejército o de la Marina. Ninguna de esas instituciones parece apoyar a los civiles desarmados, sean pobladores o turistas.
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