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viernes, 2 de octubre de 2015

"MARTIN el TORTURADO",un "CAPO" hecho a la "FUERZA" por "TORTURA de ELITE".


Para conocer a su única hija, Martín González Moreno tuvo que fraguar un plan para evadir las políticas del penal de máxima seguridad de Perote, Veracuz, a donde llegó después de ser torturado por elementos de la Fiscalía de Jalisco y acusado de ordenar homicidios, robar combustible, distribuir droga, portar armas; de ser el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación en la región de Tala.

Martín fue arrestado por un grupo de policías de la Fuerza Única de Jalisco el 18 de septiembre de 2014 en su propia casa. Cuando abrió la puerta, los policías lo sometieron y bajaron a un sujeto de una patrulla, quien supuestamente lo identificó como su jefe, entonces se lo llevaron; un mes después nació su hija.
Edna Vega Ramos es la esposa de Martín y desde aquel día ha tenido que aprender a mirar la vida de otra forma: “Fue como si me sacaran de la burbuja en la que estaba. Siempre pensé que no me podía ir mejor en la vida, tenía todo: un esposo que me quiere, trabajo, una vida tranquila y estábamos a punto de tener a nuestra hija. (…) Me enteraba de las cosas que pasaban, pero las veía lejanas”, dice mientras recorre de nuevo la historia que ha contado una y otra vez en distintas partes desde hace un año.
Cuando lo llevaban en la patrulla, Martín creyó que los policías se darían cuenta de su error y lo soltarían, sin embargo, comenzaron los golpes, los choques eléctricos, la asfixia con bolsas de plástico, la humillación, la tortura para intentar obligarlo a firmar una declaración preparada; Edna se detiene un poco en el relato cuando recuerda una confesión que le hizo su esposo: tirado en el piso con los ojos vendados y desnudo, se movió hacia atrás y sintió una descarga eléctrica, se dio cuenta que ahí estaba uno de los cables con los que lo torturaban y se lanzó sobre él para intentar electrocutarse, prefería acabar con todo ahí que pasar el resto de sus días en la cárcel… pero uno de los policías se dio cuenta y lo separó de la corriente eléctrica, “aquí tú no decides, cabrón”, le dijo.
Durante dos días, los policías mantuvieron a Martín y a otros seis hombres sin agua y sin alimento. A él lo querían hacer confesar que era el “jefe de plaza”, a los otros seis los azuzaban para que lo señalaran como su jefe; Martín insistía en que se trataba de un error, que él tenía un negocio de celulares en Tala (a 50 kilómetros de Guadalajara) y traía carros usados de Estados Unidos para legalizarlos y venderlos; pedía que preguntaran a la gente que lo conocía.
La fabricación de un criminal
El viernes 18 de septiembre de 2014, Martín llevó a Edna al trabajo y por la tarde ella viajó con su familia a la ciudad de Guadalajara a comprar ropa para su bebé; en la noche intentó llamar a su esposo para preguntarle si quería que le llevara algo de cenar, pero no contestó, ella insistió por el whatsapp y corroboró que alguien leía los mensajes, pero tampoco hubo respuesta.
A las 21:30 horas Edna llegó a su casa, una cabaña ubicada a pie de carretera a unos kilómetros de la cabecera municipal de Tala; vio las luces prendidas, la puerta abierta y todo revuelto en el interior. “Pensé que lo habían secuestrado”, recuerda.
Lo buscó durante dos días sin saber nada de él hasta que el domingo por la noche recibió una llamada desde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la ciudad de México: “Ednita, estoy en la SEIDO, trame un abogado; estoy bien”.
A pesar de la tortura, Martín no firmó ninguna declaración y fue presentado ante el Ministerio Público federal, y de ahí trasladado al penal de máxima seguridad en Perote, Veracruz; fue hasta entonces que Edna pudo verlo y se enteró de lo que había ocurrido: “Estaba aterrada, decían que él era responsable de desapariciones, muertes, robo de gasolina y no sé cuántas cosas más”.
En el expediente 193/2014 las declaraciones de los policías que detuvieron a Martín son similares; aseguran que lo detuvieron en flagrancia, que circulaba en una camioneta BMW 2007 de color blanco (la de Edna) sobre la carretera a Mascota y que en ella había armas y droga en envoltorios con la leyenda “Zona Valles”, se le acusaba de ser el líder del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG) en la región. Nada mencionaron sobre la irrupción en su casa a pesar de que hay cuatro testigos que aseguraron haber visto las patrullas ahí.
Un dato relevante: apenas el pasado martes 22 de septiembre, las fuerzas federales se enfrentaron a tiros con un grupo armado en el municipio de Ameca (contiguo a Tala) y lograron la captura de Yhovany Castro Urbano, El Duende, uno de los principales objetivos de la Operación Jalisco y a quien —según el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales— se identifica como el operador del CJNG en la región Valles, donde se encuentra Tala.
A Martín y a los otros seis sujetos los consignaron el 29 de septiembre bajo los cargos de portación de arma de fuego, cartuchos y 20 gramos de cristal.
Mantenerse vivo
Iniciada la lucha legal para liberar a Martín, Edna tuvo que mantenerse fuerte para darle esperanza a su esposo, por eso idearon una forma para que él pudiera conocer a su hija recién nacida: ella tomaba fotos de la pequeña que después imprimía en las camisetas que usaba para entrar al penal los días de visita.
“Me ponía un suéter encima y en la revisión me alzaba la camiseta y el suéter al mismo tiempo para que no se dieran cuenta, ya en la visita con Martín me levantaba el suéter para que viera las fotos; después a él se le ocurrió que las imágenes fueran calcomanías pegadas para que él las pudiera despegar de la playera durante los dos únicos abrazos que nos dejaban darnos”, explica Edna.
La defensa de Martín logró que en mayo pasado fuera trasladado del penal de Perote al de Puente Grande, en Jalisco, pues ahí es donde está radicado su proceso, y tras hacer una revisión minuciosa del expediente, se percató de que varias firmas estaban falsificadas.
Tanto las pruebas periciales de la defensa como las realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron que varias rúbricas del expediente eran falsas, pero el juez que lleva el caso argumentó que ya no era momento de desahogar esas pruebas y se negó a emitir un auto de libertad.
Hoy Martín y Edna esperan que el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito emita una resolución sobre la apelación que interpusieron ante la negativa del juez a tomar en cuenta que se integró un expediente de forma irregular: “Me han dicho que a principios de octubre se resuelve; me he cansado tanto de esperar que decidí ir con la magistrada y para mi sorpresa me atendió y me escuchó; me dijo que tuviera la certeza de que se acataría la ley”.
EL UNIVERSAL buscó la postura de la Fiscalía General de Jalisco sobre este caso, pues son elementos de esa corporación los acusados de torturar y fabricar pruebas en contra de González Moreno; al respecto, en el área de Comunicación Social se informó que el fiscal general, Eduardo Almaguer, está enterado y dispuesto a hacer una revisión del caso.
Se indicó que tras su llegada al cargo, en julio pasado, el fiscal ha reconocido que los señalamientos contra elementos de la fiscalía que presuntamente han incurrido en tortura son graves y por ello entrará de lleno en el tema.
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¿PORQUE el "68 NO se OLVIDA" ?,fue mas que una "REPRESION MILITAR".


Con el transcurso de los años -47 ya- el que originalmente fuera un grito de denuncia y rebeldía se convirtió primero en reclamo terco, luego en consigna, después en estribillo para llegar a nuestros días como una frase hueca. Seguramente serán miles los manifestantes que en diversas partes del país y sobre todo en la capital salgan a las calles para gritar a coro, una y otra y otra vez, que el dos de octubre no se olvida.


Me temo que la inmensa mayoría de ellos no tiene una idea cabal, acaso ni siquiera una referencia lejana, de lo que significaron los hechos ocurridos en Tlatelolco al anochecer de aquel lejano jueves de 1968. Pocos tendrán claro que aquel episodio fue algo mucho más complicado, grave y cruel que una represión militar violenta contra un grupo de manifestantes (en la que el número oficial de muertos, en increíble coincidencia, fue de 43): se trató en  realidad de una maniobra planeada y orquestada desde el poder. Un crimen de Estado, cuyo autor principal, Luis Echeverría Álvarez, disfruta hoy de su plácida vejez luego de haber sido exonerado del delito de genocidio por un tribunal federal en 2009, después de tres años de prisión domiciliaria. Por supuesto, tampoco hubiera ocurrido en San Cosme una nueva matanza de estudiantes indefensos el Jueves de Corpus de 1971, de la que no fue ajeno el propio Echeverría Álvarez.
Lamentablemente no puedo compartir la afirmación de que el dos de octubre no se olvida. De ser así, este país sería otro y la impunidad no sería la característica principal de un sistema político anquilosado y corrupto. Perverso, pues. Ocurre que la memoria de los mexicanos es más delgada y endeble que un espagueti.  Si efectivamente el dos de octubre no se hubiera olvidado habría sido imposible el regreso del PRI a los Pinos y la restauración de un aparato de control absoluto de la vida nacional, que incluye por supuesto a los partidos de oposición. Sería impensable, por ejemplo, que alguien como Manlio Fabio Beltrones, actual dirigente nacional del tricolor, ocupara la presidencia del Congreso Mexicano. Beltrones es un miembro distinguido de la nomenclatura priista. En ella inscribí hace más de un año a otros notables del sistema como Gustavo Díaz Ordaz, Fidel Velázquez, Joaquín Hernández, “La Quina”; José Díaz de León,  Carlos Salinas de Gortari, Alfonso Martínez Domínguez, Raymundo Abarca Calderón, Alfonso Corona del Rosal, Jorge Rojo Lugo, Gonzalo N. Santos, Carlos Sansores Pérez, Víctor Cervera Pacheco, Carlos Jonguitud Barrios, Arturo Durazo Moreno, Rubén Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer; Oscar Flores Tapia, Antonio Toledo Corro, Carlos Hank González, Manuel Bartlett Díaz (hoy adalid de la democracia);  Arturo Montiel Rojas, Mario Villanueva Madrid, Emilio Gamboa Patrón. Habría que sumar a nuevos miembros como los dos Duarte, desgobernadores uno (César) de Chihuahua y otro (Javier) de Veracruz, o el ex gobernador coahuilense  y exdirigente nacional priista Humberto Moreira, entre muchos otros.
Supongo que no habrían ocurrido los fraudes electorales estatales sucesivos de Baja California, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Puebla en los ochenta y noventa; la proliferación y protección durante décadas del corporativismo, el charrismo sindical, los acarreos, la compra y coacción de votos; el saqueo ostentoso  y los despilfarros presidenciales sexenio tras sexenio, los negocios millonarios privados a costa de los cargos públicos, la “caída del sistema” en 1988, el endeudamiento externo ilimitado, las devaluaciones (que ya vivimos de nuevo), la inflación galopante, las grandes mansiones, los yates y los aviones de los integrantes de la clase política, el crecimiento incontenible de la miseria extrema y de la brecha entre ricos y pobres; el deterioro de la educación pública, el establecimiento de una cultura de la simulación y de la ilegalidad; el control y la sumisión voluntaria o impuesta de los medios de comunicación, la persecución y asesinato de críticos y opositores.
Seguramente olvidamos también que el infierno que hoy vive Guerrero tiene su explicación en esa realidad de impunidad y en una historia de  autoritarismo, represión y crimen. Es tal vez el mejor ejemplo de lo que el PRI ha representado para México a lo largo de la historia. El último antecedente conocido del escalofriante episodio de Iguala, donde 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron levantados y desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, ocurrió 19 años atrás, el 28 de junio de 1995. La masacre de Aguas Blancas fue un crimen perpetrado por la policía estatal de Guerrero y planeado por Rubén Figueroa Alcocer, el hijo, en el vado de ese nombre, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez de la Costa Grande. Hubo 17 campesinos muertos. La matazón le costó a Figueroa Alcocer la gubernatura, pero no la cárcel, como debió ocurrir.
Por eso y mucho más pienso que la conmemoración del Dos de Octubre perdió ya todo sentido. A la vez que repetir el desgastado estribillo, convertido en consigna mitotera, los manifestantes que este viernes saldrán a la calle caerán seguramente en la paradoja de evocar una fecha que según ellos no se olvida y pedir la renuncia del presidente de la República, como ocurre ya en todas las manifestaciones callejeras. Habría que aclararle que si efectivamente el dos de octubre no se hubiera olvidado, Enrique Peña Nieto –el cachorro predilecto del Grupo Atlacomulco, ahijado y protector de Arturo Montiel— no sería Presidente de este país. Válgame.


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"SOY INOCENTE" dice el "COSS" en ESTADOS UNIDOS, comparece en CORTE FEDERAL de TEXAS.


El narcotraficante mexicano Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias “El Coss” y exlíder del Cártel del Golfo, se declaró inocente en una corte federal de Brownsville, Texas, de los múltiples cargos que le imputa la justicia estadunidense.   

Costilla Sánchez compareció ante el juez federal Ronald G. Morgan para ser instruido de cargos, un día después de su extradición desde México en un grupo de 13 reos.   LEER MÁS |  ‘La Barbie’ y ‘El Coss’, extraditados a EU   “El Coss”, de 44 años, enfrenta 16 cargos que incluyen posesión y distribución de cocaína, lavado de dinero, asalto a agentes federales e intimidación y represalias hacia policías federales mediante amenazas a sus familiares.   
En la audiencia, Costilla Sánchez renunció con la ayuda de un traductor a que se le leyera la acusación. Asesorado por su abogado Edmund K. Cyganiewicz, pidió que se le declare inocente.   
El juez le negó el derecho de libertad bajo fianza y dispuso que permanezca detenido bajo custodia hasta que se fije una nueva fecha de audiencia para determinar su situación.   Estados Unidos monitoreó por más de una década su carrera a la sombra de Osiel Cárdenas Guillen, el exlíder del Cártel del Golfo.   

En marzo de 2000 fue presentada la primera de dos acusaciones en su contra ante una corte federal en Brownsville y en abril de 2002 se emitió una orden de aprehensión, misma que dio pie a su extradición. 

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jueves, 1 de octubre de 2015

LA DEA y PGR, "PERDIDOS en el MAPA del NARCO"...dos "visiones distintas" de un mismo problema.


La PGR y la DEA tienen una visión muy distinta sobre los cárteles que operan en México. Mientras la Agencia Antidrogas de Estados Unidos reporta como poderosas a ciertas organizaciones, en el país la fiscalía ni siquiera reconoce su existencia.

La investigación sobre la delincuencia organizada en México es como el precio de la droga: no es el mismo en el sur que en el norte.
Mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) ubica nueve organizaciones criminales, en las que operan 37 células en diferentes puntos del país, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) solo registra ocho cárteles que trafican drogas hacia Estados Unidos.
Además, ni siquiera son los mismos cárteles.  La DEA señala dos que México no reconoce, dos que sí ve, pero los llama distinto y dos más que los norteamericanos dan por muertos y para México representan todavía un peligro.
Lo que para la PGR es el Cártel del Pacífico, para la DEA es el de Sinaloa.
El de los Carrillo Fuentes la Agencia norteamericana lo ubica como el Cártel de Juárez y para nombrar a las organizaciones de los Beltrán Leyva, Los Zetas, del Golfo y Los Caballeros Templarios no tienen diferenciación.
La operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la DEA no la concibe sin la célula delincuencial de Los Cuinis, a quienes ubican como socios en todos sus envíos de drogas.
A Los Cuinis, la DEA los describe como el cártel más rico del mundo, sin embargo, la PGR nunca menciona tal organización en sus informes públicos.
Es el mismo caso de Los Moicas, uno de los ocho cárteles que la DEA ubica y del que en México no existen registros... al menos en la información pública.
Asimismo, la DEA jamás menciona al Cártel de los Arellano Félix –también conocido alguna vez como el Cártel de Tijuana– ni a La Familia Michoacana, organización de la que se identifica pertenecen los Guerreros Unidos, que operan en Guerrero, Morelos y el Estado de México, y a quienes se les atribuye la desaparición y presunta muerte de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Las 37 células del crimen organizado
Aunque para la agencia Antidrogas de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis operan de la mano, la PGR no identifica a Los Cuinis y en el mapa criminal actualizado afirma que en el caso del CJNG “no se identifican grupos, células o pandillas vinculadas con la organización”.
Según la fiscalía mexicana el CJNG tiene presencia, además de Jalisco, en Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.
En el caso de Los Caballeros Templarios, la PGR reconoce dos células delictivas al interior de la organización, una encabezada por Fernando Cruz Mendoza, alias “El Tena”, con operaciones en Aquila, Coahuayana y Coalcomán de Vázquez Pallares; y otra liderada por Homero González y/o Gonzalo González alias ‘El Gallito’, con operación en Tumbiscatío y Apatzingán.
El cártel del Pacífico (Sinaloa, como le llama la DEA) tiene diez células delictivas: Gente Nueva (Chihuahua y Sinaloa), Los Cabrera (Durango y Chihuahua), el Cártel del Poniente o de La Laguna o Los Bardales (Durango y Coahuila), El Aquiles (Baja California), El Tigre (Baja California), Del 28 (Baja California Sur), Los Artistas Asesinos o AA (Chihuahua), Los Mexicles (una pandilla de Chihuahua, Los Salazar (Sonora) y Los Memos (Sonora).
En el cártel de los Arellano Félix, la PGR identifica tres escisiones: El Chan, El Jorquera y El Kieto, todas con presencia en Baja California.
La Familia Michoacana –cuya extinción ya había sido declarada por el Gobierno Federal– oficialmente tiene dos subgrupos, una es Guerreros Unidos, un “grupo desertor” al que también ubica como La Nueva Empresa y una más a la que le dice La Empresa (Estado de México y Morelos).
De acuerdo con la información entregada a Reporte Indigo a través de una solicitud de acceso a la información, Guerreros Unidos opera en Morelos, Guerrero y Estado de México.
Es a Guerreros Unidos a quien la autoridad ubica como autores del ataque que derivó en la desaparición y presunta muerte de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
Esa célula delictiva mantiene una disputa con Los Rojos, que es un grupo al mando de los Beltrán Leyva con operaciones en la región norte y centro de Guerrero y Morelos. Los Rojos son sólo una de las siete suborganizaciones de los Beltrán Leyva.
El mapa del crimen de la PGR actualizado hasta principios de septiembre indica que el cártel está compuesto por Los Mazatlecos (Sinaloa y Baja California Sur), una escisión llamada “El 2 mil”, que también pudiera ser conocida como “El Panchillo” o “El Panchillo Huevos”, y tiene presencia en Sonora.
Los Granados se ubican en la región de la Tierra Caliente guerrerense, La Oficina en Aguascalientes y Baja California Sur, Los Ardillos en la región Centro y Montaña de Guerrero, así como el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), con presencia únicamente en Guerrero.
La organización de los Carrillo Fuentes –que la DEA ubica como Cártel de Juárez– tiene dos células delictivas que operan sólo en Chihuahua: La Línea y una pandilla conocida como Los Aztecas.
De acuerdo con PGR, Los Zetas tienen tres organizaciones delictivas: Grupo Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas. Todas con presencia únicamente en Tamaulipas.
El Cártel del Golfo, que de acuerdo con la narrativa oficial escindió de Los Zetas luego de que se desempeñó como un brazo armado de esta organización, hoy opera con siete suborganizaciones en puntos de Tamaulipas y en Cancún, Quintana Roo: Metros (Reynosa), Rojos (Matamoros), Grupo Dragones (Tampico), Los Fresitas y Ciclones (cuya zona de influencia en Tamaulipas no se delimita) y Los Pelones y Talibanes (ambas en Cancún).
La merma de Los Zetas
Los Zetas y el cártel del Golfo son las organizaciones que más han resentido el reacomodo de sus grupos en este último año, de acuerdo con la información de la Fiscalía.
El cártel de Los Zetas pasó de tener nueve células criminales a sólo tres. En septiembre del 2014 la PGR informó que estaban constituidos por Sangre Zeta (Coahuila y Nuevo León), Grupo Operativo Zetas (El Mante, Soto La Marina y Ciudad Victoria, Tamaulipas), Comando Zetas (Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Álemán, Gustavo Díaz Ordaz y Ciudad Mier, Tamaulipas), El Círculo y el Extranjero (Jiménez, Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Abasolo), Unidad Zetas (Nuevo Laredo), Néctar Lima (Nuevo Laredo), Grupo Delta Zeta (Valle Hermoso, Tamaulipas), Los Negros (Irapuato, Guanajuato) y Fuerzas Especiales Zetas (Cárdenas, Huimanguillo, Teapa y Centro, en Tabas; y Cancún, Quintana Roo).
Hoy, Los Zetas quedaron reducido a tres grupos con acción solo en Tamaulipas, de acuerdo con la PGR.
Por el lado del Cártel del Golfo, en un año disminuyeron de 12 a siete el número de sus organizaciones criminales. En 2014 estaba integrado por Metros (Reynosa), Rojos (Matamoros), Dragones (Tampico), Grupo Bravo (Aldama), Grupo Pumas (El Mante), Grupo de Apoyo Ceros o M3 (Reynosa), Los Pelones (Quintana Roo) y otras cinco células cuya acción en Tamaulipas no está delimitada en el informe: Grupo Lacoste, Los Fresitas, Los Sierra, Los Pantera y Ciclones.
En la actualización del informe en 2015 ya no hay datos de Grupo Lacoste, Grupo Bravo, Grupo de Apoyo Ceros o M3, Los Sierra ni Los Pantera. Además, en la nueva lista se incluye a una organización conocida como Talibanes, con operación en Cancún, Quintana Roo.
Hace un año el Cártel del Pacífico tenía ocho grupos, hoy tiene 10. Desapareció La Barredora y se crearon Los Mexicles, Los Salazar y Los Memos. El cártel de La Laguna o del Poniente, ahora también es ubicado como Los Bardales.
En el mapa delictivo de la PGR entregado en septiembre de 2014, se perciben 45 células delictivas emanadas de estas nueve organizaciones y Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación eran las únicas organizaciones que carecían de subgrupos.
En la descomposición de Los Caballeros Templarios que derivó en la conformación de este en dos células (encabezadas por El Tena y El Gallito) también se aprecia una disminución de los territorios en que opera, ya que actualmente sólo se identifica su operación en la Tierra Caliente de Michoacán y hace un año operaba en nueve entidades: Guerrero, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Jalisco, Colima, Querétaro y Baja California, además de Michoacán, su estado de origen.
Las organizaciones de los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes y Beltrán Leyva se mantienen con el mismo número de células aliadas.

De la narrativa oficial a las contradicciones
En México se desconoce cómo es que el gobierno obtiene la información sobre la operación y control de los cárteles de la droga, mientras que en Estados Unidos es conocido que la DEA paga a los informantes.
“La cuestión de fondo tendrá que ver con las fuentes, es decir, cómo cada una de estas agencias gubernamentales ordena la información, la recoge, la organiza, la sistematiza, lo que podemos ver en el caso mexicano es que efectivamente ni los conocen (a Los Cuinis y Los Moicas) y si hacemos memoria vamos encontrando casos donde las autoridades mexicanas no tienen investigación alguna contra determinadas personas y en Estados Unidos hay expedientes muy amplios”, apunta en entrevista Édgar Morín, experto en temas de delincuencia organizada y autor del libro La Maña.
“Yo no estoy muy seguro hasta dónde es un asunto de ineptitud e incompetencia y hasta dónde puede haber una política de opacidad informativa, que es mucho más grave... Bueno, quizás igual de grave”.
Para Morín, las contradicciones apuntan a deficiencias muy serias en la investigación y recopilación de la información.
Más allá de las diferencias entre la DEA y la PGR, son notorias las contradicciones entre “la narrativa” de la delincuencia organizada a menudo citada por instancias oficiales y los datos duros entregados a través de las solicitudes de acceso a la información pública.
“Llama mucho la atención que en el discurso gubernamental como se ha decretado que La Familia Michoacana ya se desintegró y, sin embargo, en el anexo de 2015 todavía aparecen dos células, una que serían Los Guerreros Unidos o La Nueva Empresa y La Empresa. Cada detención de líderes o supuestos líderes se decreta la extinción de ciertos grupos, eso pasó con los Arellano Félix, pasó en el caso de la propia Familia Michoacana, el entonces secretario de Gobernación (Alejandro Poiré) y el propio Calderón dieron por muerto a un miembro de La Familia que resulta que no estaba muerto, después se supo, Nazario Moreno.
“Cada que hay una detención anuncian con bombo y platillo la desarticulación criminal tal, pero pues el dato oficial dice que no. Hay una contradicción interesante entre el discurso y la información oficial”, añade.
¿Débiles o poderosos?
De acuerdo con el mapeo de PGR, detrás del caso Iguala en que desaparecieron y supuestamente asesinaron a 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estaría La Familia Michoacana.
“Según esta narrativa oficial parece que es un cártel poderosísimo y según el dato oficial es justamente una contradicción, pues los tales Guerreros Unidos son una célula que pertenece a una organización mayor que sería La Familia Michoacana.
“Si seguimos la idea del discurso oficial, de pronto algunos grupos son peligrosísimos cuando en realidad el dato que ellos mismos producen dice que no es para tanto”, indica el especialista.
El hecho de que se perciba un reacomodo en las células de cárteles como el Pacífico y los Templarios y una reducción en los subgrupos de Los Zetas y del Golfo se relacionan con que las acciones gubernamentales, si bien a veces producen debilitamientos, también “agarran a uno y salen dos, agarran a esos dos y salen tres”.

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A "CAPOS" se los LLEVARON a E.U para "EVITAR otra "FUGA VERGONZOSA",dice el NYT


La extradición de 13 criminales a Estados Unidos, entre ellos los poderosos narcotraficantesEdgar Valdez Villarreal “La Barbie” y Jorge Eduardo Costilla Sánchez “El Coss”, exhibe el temor del gobierno de Enrique Pena Nieto a otra vergüenza por la posibilidad de una fuga más en los penales de alta seguridad, concluye el diario The New York Times (NYT).
En un artículo publicado en su sección de noticias internacionales, el periódico neoyorquino recuerda que desde que llegó a la presidencia, Peña Nieto optó por restringir la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Sin embargo, apunta el NYT, la fuga, el pasado mes de julio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, del penal de Alta Seguridad del Altiplano, doblegó la posición nacionalista y soberana del gobierno de Peña Nieto.
“En la inmediatez de su fuga, mientras el gobierno mexicano ponderaba una oferta de ayuda incondicional de parte de Estados Unidos, crecía la frustración entre los aliados”, destaca el NYT para luego agregar: “Sin embargo el cambio con la extradición de este miércoles, parece estar intencionado a demostrar una relación más cálida, y tal vez un temor por mas acontecimientos vergonzosos si escapa otro prisionero”.
Para el influyente rotativo estadunidense, está claro que la extradición de los 13 criminales involucrados en el tráfico internacional de narcóticos, fue la exhibición de la existencia de la narcocorrupción en su gobierno que demostró la fuga de El Chapo.
El NYT enfatiza que antes de que el líder del Cartel de Sinaloa escapara supuestamente por un túnel del penal del Altiplano, el gobierno de Peña Nieto se negaba a ceder el control a Estados Unidos de los narcotraficantes apresados en México bajo el procedimiento bilateral de la extradición.
Fuente.-NYT

LA "BARBIE" se quedara "SIN FORTUNA",en E.U "BUSCAN DECOMISARLA".


Luego de su extradición, la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia busca decomisar a Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, toda la fortuna que amasó producto de transportar y distribuir cocaína en Estados Unidos. El UNIVERSAL tuvo acceso a la acusación 1:09-cr-00551-WSD-JFK que se mantenía clasificada.
En ésta se detalla que Valdez y otros seis narcotraficantes conspiraron deliberadamente para delinquir desde el año 2004 en Estados Unidos. “La Barbie” comparte cargos con Carlos Montemayor “El Licenciado”; Rubén Hernández “Secre”; Juan Montemayor; Roberto López “Shrek” y Jesús Ramos el “C-1”.La 
Barbie.
En la acusación no se revela el monto total de droga que pudieron haber contrabandeado, sin embargo especifican que empezaron con al menos cinco kilogramos. Desde el 2004, Valdez Villarreal es acusado de adquirir fondos, derivados de la venta de sustancias controladas y luego transferir y entregar, a otros narcotraficantes, el dinero que más tarde sería transportado a México.
“Transportaron el dinero en camiones, tracto camiones a Texas, donde la moneda sería transportada a través de la frontera con Estados Unidos y México.
Aquí fue aceptada por otros conspiradores y subordinados”, detalla la acusación contra Valdez. Es por esto que el Gobierno irá por los bienes que adquirió “La Barbie”, producto del narcotráfico y toda propiedad derivada de los fondos obtenidos, directa o indirectamente de estas violaciones. Además deberá entregar una suma de dinero igual a la cantidad involucrada en los delitos por los que se le condenará.

Fuente.- 

"OTRA MATANZA" en E.U,13 MUERTOS y 20 HERIDOS por TIROTEO en "CAMPUS UNIVERSITARIO".


Al menos 13 personas murieron y 20 resultaron heridas en un tiroteo en el campus de la Universidad Técnica de Umpqua (UCC) en Roseburg, Oregón, según autoridades locales.

Esta nueva cifra de fallecidos fue confirmada por la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, en declaraciones a la cadena MSNBC. 

"Hay una situación en curso, pero no tenemos más información en el momento", declaró el oficial Dwes Hutson a CNN.

El ataque tuvo lugar a las 10:45 (hora local) en uno de los edificios de ciencias de la universidad.

El autor de los disparos está muerto, según informó el portavoz de la Policía del Estado de Oregón, Bill Fugate, a la cadena. El agresor habría dado a conocer su intención de cometer el ataque la noche de ayer a través de redes sociales, según CNN.

El campus fue cerrado por las autoridades, que buscan artefactos explosivos en la zona.

La UCC cuenta con 3 mil 300 estudiantes a tiempo completo y 16 mil a tiempo parcial.Un largo historial de violencia
El último tiroteo masivo en Estados Unidos con tantas víctimas fue el del pasado mes de junio en Charleston, Carolina del Sur, donde un joven supremacista blanco entró en una iglesia de la comunidad afroamericana y mató a tiros a nueve personas durante el rezo.

Sin embargo, las llamadas del Presidente Barack Obama a trabajar en una nueva regulación sobre la posesión de armas no han llevado a ningún avance.

"En algún momento, este país deberá enfrentarse al hecho de que este tipo de violencia masiva no ocurre en otros países avanzados", dijo entonces Obama. 

Estados Unidos tiene prácticamente un arma por habitante en circulación. El índice de muertos por armas de fuego es de 2.97 por cada 100 mil habitantes, más del triple que en Turquía o Italia, por ejemplo.

En diciembre de 2012, la matanza en una escuela infantil Sandy Hook, en Connecticut, acabó con la vida de una veintena de niños y seis de sus profesores. 

Desde entonces, ha habido otros 137 tiroteos en centros escolares y universidades estadounidenses.

Con información de EFE./El Norte.

"LOPEZ-DORIGA" y la "MANZANA de la DISCORDIA"...anda en malos pasos,por muy "buenos pesos".


La construcción de tres torres residenciales en Rubén Darío 225, en Polanco, llegó hasta el Tribunal de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en medio de acusaciones de corrupción, extorsión e ilegalidades en las que intervinieron abogados, empresarios, vecinos -divididos en dos bloques- y el gobierno capitalino.
La batalla entre la empresa Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, y el periodista Joaquín López-Dóriga, la ganó la constructora, con una resolución favorable de los permisos de parte del Tribunal de Justicia del DF.
Se trata de un desarrollo de más de 150 departamentos de un mínimo de 200 metros cuadrados cotizados en más de 2 millones de dólares cada uno, en tres torres de 30 pisos en un predio fusionado entre cinco propiedades (Rubén Dario, Tres Picos y Lord Byron), cuyos dueños se asociaron con la empresaria más poderosa y rica del país hace más de diez años.
El proyecto se fue cocinando hasta lograr un aval en el Programa Delegacional Territorial de Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2008, en el que se especificó que para levantar las torres de 30 pisos tendría que demostrarse la propiedad de un terreno de más de 10 mil metros cuadrados con frente –dirección oficial- en Rubén Darío.
Un año después, la dirección de Obras Públicas de la delegación Miguel Hidalgo, en ese entonces encabezada por Demetrio Sodi, avaló la fusión y estableció para el predio de 10 mil 700 metros cuadrados la dirección oficial de Rubén Darío 225. 
MÁS DE UNA DÉCADA DE LUCHA VECINAL 
Entre 2009 y 2015, la constructora concretó su proyecto residencial diseñado por el reconocido despacho Sordo Madaleno Arquitectos.
Residentes de torres de departamentos aledañas al predio, se movilizaron para evitar que se levantaran edificios de 30 pisos que afectaran sus construcciones, tanto por asuntos de suelo, como por calidad de vida, que incluía que los departamentos ya construidos perdieran la privilegiada vista al Bosque de Chapultepec.
Se organizaron vecinos de seis condominios de Tres Picos, Lord Byron y Rubén Darío, a quienes recibió el entonces delegado Demetrio Sodi.
Ahí estaban representantes de la constructora, quienes abiertamente les explicaron que el proyecto incluía casi 200 departamentos; en ese momento, los vecinos consideraron que la obra era ilegal, pues en Byron y Tres Picos sólo se podrían construir tres pisos y en Rubén Darío 12.
Durante un año y medio, los vecinos realizaron asambleas, y contrataron al abogado Luis Pérez de Acha, quien cobró dos millones de pesos, para garantizar la validez de los permisos de construcción.
Esos honorarios se dividirían entre todos los departamentos con una aportación de 5 mil pesos cada uno, pero tres de los condominios se negaron a pagarlos, por lo que  los otros tres  decidieron aportar 10 mil pesos por propiedad para seguir adelante.
Ahí apareció el nombre de Teresa Adriana Pérez, esposa del comunicador Joaquín López-Dóriga, quien, como propietaria de un departamento en la misma calle de Rubén Darío, al principio se involucró.
Sin embargo, según vecinos consultados, quienes pidieron anonimato, Adriana Pérez dijo que no aportaría dinero, pero que ofrecía otras cosas como influencia, poder o palancas en el proceso. Sin embargo, a la esposa de López-Dóriga no se le volvió a ver en las negociaciones, ni se le pidieron favores.
Los vecinos que sí aportaron recursos lograron un acuerdo de carácter privado con la constructora (después de que las demandas en Tribunales refirieran la legalidad de la obra), en el que se acordó que los departamentos fueran de mínimo 220 metros cuadrados –para conservar el estándar de lujo de la zona-, que en total no hubiera más de 178 departamentos, que afuera de la construcción no se permitiera  ambulantaje, que para ello se previeran todas las condiciones laborales favorables a los trabajadores, además de negociar con la delegación una vuelta en “u” al frente del predio para aminorar el tráfico que se generará.
El documento incluyó dos temas económicos: pagar los honorarios del abogado (dos millones de pesos) y prever una multa de 50 millones de pesos por incumplimiento. Todo se firmó y la mesa de negociación se levantó.
En 2015 se ejerció el permiso de construcción y se iniciaron las excavaciones. En ese momento apareció otro grupo de vecinos.
Se dice que eran residentes de las tres torres, quienes años atrás no quisieron dar la aportación económica.
Colocaron mantas contra el proyecto y amenazaron a representantes de Abilia de impedir la construcción, a menos de que se hicieran trabajos en sus condominios como: arreglo de elevadores, cambiar vidrios, implementar una zona para niños, entre otras cosas, supuestamente por cinco millones de dólares. Esos vecinos fueron a la Subsecretaría de Gobierno del DF, que aceptó instalar mesas de negociación. 
ACREDITAN AFECTACIONES 
Los colonos acreditaron afectaciones a terceros y en un lapso de siete meses participaron en por lo menos 13 reuniones en el GDF a las que asistían, además, representantes de Seduvi, autoridades de Miguel Hidalgo, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Consejería Jurídica.
Asistentes a esas reuniones, dijeron a la revista “Barrio”, que los encuentros duraban de hora y media a tres horas, que el interés estaba en revocar la interpretación legal de Seduvi sobre que la fusión del predio y que las especificaciones estaban equivocadas, por lo que no debía permitirse construir torres de 30 pisos.
La Consejería Jurídica coincidió con los vecinos en que Seduvi había cometido un error, y decidió interponer una demanda por lesividad ante el Tribunal de Justicia del DF.
Argumentó que la fusión, si bien era legal, no era suficiente para asegurar que el frente de Rubén Darío cumplía con los requisitos, pues del total de predios, el de esta calle es el más pequeño, de apenas mil 200 metros cuadrados. 
LAS ACUSACIONES DE MARIASUN 
La última reunión fue en mayo de este año, y en junio se interpuso la demanda, apenas siete días después de que Aramburuzabala diera a conocer un video en el que el abogado de la esposa de López Dóriga le pedía 5 millones de dólares a cambio de permitir que la obra se llevara a cabo, o de lo contrario, chantajeaba con hacer todo lo posible por suspenderla, con base en las relaciones del periodista y su cercanía con funcionarios del GDF.
Además de los videos, Aramburuzabala –miembro del Consejo de Administración de grupo Modelo- acusó a López Dóriga de haberla amenazado por teléfono. “Te voy a destruir”, le habría dicho el comunicador a la empresaria.
“Es un caso de cómo la corrupción puede inhibir la inversión en la Ciudad de México. Yo tengo más de mil millones de dólares de inversión en 14 desarrollos y me tratan como si fuera narcotraficante. Hay un enorme abuso del poder que se le da a un locutor al tener acceso a un medio. Ese poder es utilizado para enriquecerse, para extorsionar”, sostuvo Aramburuzabala en entrevista con la revista “Proceso”.
La empresaria también acusó directamente al jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, de dejarse presionar por López-Dóriga, al interponer la demanda de lesividad en contra del proyecto inmobiliario de su propiedad.







Dos meses después de la demanda de la Consejería Jurídica del DF contra la interpretación legal de la Seduvi, Aramburuzabala interpuso una denuncia penal –CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015-  en contra de Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de López-Dóriga, y de las vecinas de la zona, Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, quienes asistieron a todas las reuniones celebradas en las oficinas del GDF, y sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans, ésta última también asistente a los encuentros vecinales con el GDF.
“Realizaron diversas conductas en contra de mi mandante al haber solicitado en reiteradas ocasiones un beneficio económico en diversas formas, hasta llegar al absurdo de solicitar la cantidad de $5,000,000.00 (cinco millones de dólares) para que diversas autoridades del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente”, acusa el escrito, el cual fue presentado el 14 de agosto.
López-Dóriga respondió por dos vías a las acusaciones, una en Twitter, en la que negó los señalamientos y acusó a Aramburuzabala de mentir, y otra en su columna publicada en un medio impreso, en la que llamó a la empresaria una “niña rica”.
“Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma (periódico): No he ‘litigado’ el problema vecinal con el negocio de la Sra. Aramburuzabala en Polanco”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.
Para ese momento, la demanda de la Consejería Jurídica provocó la suspensión de actividades de la obra. Pero el 22 de agosto pasado, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) retiró los sellos de suspensión de actividades al recibir la notificación del Tribunal de Justicia capitalino de que el proyecto es legal.
El consejero presidente del Invea, Meyer Klip, indicó que desconoce el detalle de la sentencia emitida por el Tribunal de la Contencioso Administrativo del DF, pero la constructora podrá reanudar la obra.

fuente.-LaSillaRota