La construcción de tres torres residenciales en Rubén Darío 225, en Polanco, llegó hasta el Tribunal de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en medio de acusaciones de corrupción, extorsión e ilegalidades en las que intervinieron abogados, empresarios, vecinos -divididos en dos bloques- y el gobierno capitalino.
La batalla entre la empresa Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, y el periodista Joaquín López-Dóriga, la ganó la constructora, con una resolución favorable de los permisos de parte del Tribunal de Justicia del DF.
Se trata de un desarrollo de más de 150 departamentos de un mínimo de 200 metros cuadrados cotizados en más de 2 millones de dólares cada uno, en tres torres de 30 pisos en un predio fusionado entre cinco propiedades (Rubén Dario, Tres Picos y Lord Byron), cuyos dueños se asociaron con la empresaria más poderosa y rica del país hace más de diez años.
El proyecto se fue cocinando hasta lograr un aval en el Programa Delegacional Territorial de Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2008, en el que se especificó que para levantar las torres de 30 pisos tendría que demostrarse la propiedad de un terreno de más de 10 mil metros cuadrados con frente –dirección oficial- en Rubén Darío.
Un año después, la dirección de Obras Públicas de la delegación Miguel Hidalgo, en ese entonces encabezada por Demetrio Sodi, avaló la fusión y estableció para el predio de 10 mil 700 metros cuadrados la dirección oficial de Rubén Darío 225.
MÁS DE UNA DÉCADA DE LUCHA VECINAL
Entre 2009 y 2015, la constructora concretó su proyecto residencial diseñado por el reconocido despacho Sordo Madaleno Arquitectos.
Residentes de torres de departamentos aledañas al predio, se movilizaron para evitar que se levantaran edificios de 30 pisos que afectaran sus construcciones, tanto por asuntos de suelo, como por calidad de vida, que incluía que los departamentos ya construidos perdieran la privilegiada vista al Bosque de Chapultepec.
Se organizaron vecinos de seis condominios de Tres Picos, Lord Byron y Rubén Darío, a quienes recibió el entonces delegado Demetrio Sodi.
Ahí estaban representantes de la constructora, quienes abiertamente les explicaron que el proyecto incluía casi 200 departamentos; en ese momento, los vecinos consideraron que la obra era ilegal, pues en Byron y Tres Picos sólo se podrían construir tres pisos y en Rubén Darío 12.
Durante un año y medio, los vecinos realizaron asambleas, y contrataron al abogado Luis Pérez de Acha, quien cobró dos millones de pesos, para garantizar la validez de los permisos de construcción.
Esos honorarios se dividirían entre todos los departamentos con una aportación de 5 mil pesos cada uno, pero tres de los condominios se negaron a pagarlos, por lo que los otros tres decidieron aportar 10 mil pesos por propiedad para seguir adelante.
Ahí apareció el nombre de Teresa Adriana Pérez, esposa del comunicador Joaquín López-Dóriga, quien, como propietaria de un departamento en la misma calle de Rubén Darío, al principio se involucró.
Sin embargo, según vecinos consultados, quienes pidieron anonimato, Adriana Pérez dijo que no aportaría dinero, pero que ofrecía otras cosas como influencia, poder o palancas en el proceso. Sin embargo, a la esposa de López-Dóriga no se le volvió a ver en las negociaciones, ni se le pidieron favores.
Los vecinos que sí aportaron recursos lograron un acuerdo de carácter privado con la constructora (después de que las demandas en Tribunales refirieran la legalidad de la obra), en el que se acordó que los departamentos fueran de mínimo 220 metros cuadrados –para conservar el estándar de lujo de la zona-, que en total no hubiera más de 178 departamentos, que afuera de la construcción no se permitiera ambulantaje, que para ello se previeran todas las condiciones laborales favorables a los trabajadores, además de negociar con la delegación una vuelta en “u” al frente del predio para aminorar el tráfico que se generará.
El documento incluyó dos temas económicos: pagar los honorarios del abogado (dos millones de pesos) y prever una multa de 50 millones de pesos por incumplimiento. Todo se firmó y la mesa de negociación se levantó.
En 2015 se ejerció el permiso de construcción y se iniciaron las excavaciones. En ese momento apareció otro grupo de vecinos.
Se dice que eran residentes de las tres torres, quienes años atrás no quisieron dar la aportación económica.
Colocaron mantas contra el proyecto y amenazaron a representantes de Abilia de impedir la construcción, a menos de que se hicieran trabajos en sus condominios como: arreglo de elevadores, cambiar vidrios, implementar una zona para niños, entre otras cosas, supuestamente por cinco millones de dólares. Esos vecinos fueron a la Subsecretaría de Gobierno del DF, que aceptó instalar mesas de negociación.
ACREDITAN AFECTACIONES
Los colonos acreditaron afectaciones a terceros y en un lapso de siete meses participaron en por lo menos 13 reuniones en el GDF a las que asistían, además, representantes de Seduvi, autoridades de Miguel Hidalgo, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Consejería Jurídica.
Asistentes a esas reuniones, dijeron a la revista “Barrio”, que los encuentros duraban de hora y media a tres horas, que el interés estaba en revocar la interpretación legal de Seduvi sobre que la fusión del predio y que las especificaciones estaban equivocadas, por lo que no debía permitirse construir torres de 30 pisos.
La Consejería Jurídica coincidió con los vecinos en que Seduvi había cometido un error, y decidió interponer una demanda por lesividad ante el Tribunal de Justicia del DF.
Argumentó que la fusión, si bien era legal, no era suficiente para asegurar que el frente de Rubén Darío cumplía con los requisitos, pues del total de predios, el de esta calle es el más pequeño, de apenas mil 200 metros cuadrados.
LAS ACUSACIONES DE MARIASUN
La última reunión fue en mayo de este año, y en junio se interpuso la demanda, apenas siete días después de que Aramburuzabala diera a conocer un video en el que el abogado de la esposa de López Dóriga le pedía 5 millones de dólares a cambio de permitir que la obra se llevara a cabo, o de lo contrario, chantajeaba con hacer todo lo posible por suspenderla, con base en las relaciones del periodista y su cercanía con funcionarios del GDF.
Además de los videos, Aramburuzabala –miembro del Consejo de Administración de grupo Modelo- acusó a López Dóriga de haberla amenazado por teléfono. “Te voy a destruir”, le habría dicho el comunicador a la empresaria.
“Es un caso de cómo la corrupción puede inhibir la inversión en la Ciudad de México. Yo tengo más de mil millones de dólares de inversión en 14 desarrollos y me tratan como si fuera narcotraficante. Hay un enorme abuso del poder que se le da a un locutor al tener acceso a un medio. Ese poder es utilizado para enriquecerse, para extorsionar”, sostuvo Aramburuzabala en entrevista con la revista “Proceso”.
La empresaria también acusó directamente al jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, de dejarse presionar por López-Dóriga, al interponer la demanda de lesividad en contra del proyecto inmobiliario de su propiedad.
Dos meses después de la demanda de la Consejería Jurídica del DF contra la interpretación legal de la Seduvi, Aramburuzabala interpuso una denuncia penal –CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015- en contra de Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de López-Dóriga, y de las vecinas de la zona, Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, quienes asistieron a todas las reuniones celebradas en las oficinas del GDF, y sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans, ésta última también asistente a los encuentros vecinales con el GDF.
“Realizaron diversas conductas en contra de mi mandante al haber solicitado en reiteradas ocasiones un beneficio económico en diversas formas, hasta llegar al absurdo de solicitar la cantidad de $5,000,000.00 (cinco millones de dólares) para que diversas autoridades del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente”, acusa el escrito, el cual fue presentado el 14 de agosto.
López-Dóriga respondió por dos vías a las acusaciones, una en Twitter, en la que negó los señalamientos y acusó a Aramburuzabala de mentir, y otra en su columna publicada en un medio impreso, en la que llamó a la empresaria una “niña rica”.
“Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma (periódico): No he ‘litigado’ el problema vecinal con el negocio de la Sra. Aramburuzabala en Polanco”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.
Para ese momento, la demanda de la Consejería Jurídica provocó la suspensión de actividades de la obra. Pero el 22 de agosto pasado, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) retiró los sellos de suspensión de actividades al recibir la notificación del Tribunal de Justicia capitalino de que el proyecto es legal.
El consejero presidente del Invea, Meyer Klip, indicó que desconoce el detalle de la sentencia emitida por el Tribunal de la Contencioso Administrativo del DF, pero la constructora podrá reanudar la obra.
fuente.-LaSillaRota
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