Hay demandas que nacen muertas, y hay otras que rugen como locomotoras judiciales: esta es de las segundas. Este lunes 5 de enero, los sobrevivientes del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca no solo acudirán a la FGR con sus heridas aún frescas —van también con un expediente que huele a pólvora legal. Un documento cargado de irregularidades técnicas, omisiones dolosas y nombres con apellidos navales que aun visten uniforme de gala.
Porque sí, detrás del siniestro que cobró 14 vidas y dejó decenas de heridos, hay más que durmientes podridos y trenes reciclados de los años 70: hay decisiones políticas con uniforme blanco y charreteras doradas manchadas por la transa.
Raymundo Pedro Morales, hoy Secretario de Marina y ayer encargado de esta joya ferroviaria, aseguró que “los rieles estaban en buen estado”. Pero los vagones no opinan lo mismo. Ni los cuerpos. Ni los peritos que, de seguro, tendrán que leer su propio parte técnica con un nudo en la garganta (y otro legal en el cuello).
El despacho Vega Mac Gregor Arellano, debutante con pedigrí penalero, encabeza la ofensiva con precisión quirúrgica. Fundado por abogados que se movieron entre firmas con historia de pólvora y poder —Regino, Coello Trejo, Ruiz Durán—, parece haber encontrado su primer caso grande: un tren cargado no de pasajeros, sino de evidencias. Los nombres sobran, pero los contratos faltan… o peor aún, aparecen firmados por personal que jamás pisó las vías.
La FGR ya abrió carpeta; la Presidenta Sheinbaum, mientras tanto, improvisó un soldador de emergencia con 30 mil pesos de “apoyo inicial” para las víctimas, como si el dolor pudiera pagarse con un cheque breve. La cifra, simbólica y ofensiva a la vez, revela una prisa política por tapar los huecos… de las vías y del relato.
Lo que viene es una avalancha jurídica que apunta al corazón de un proyecto concebido como emblema sexenal: un tren que debía unir océanos, pero que hoy divide responsabilidades. Y si este caso llega a juicio —como parece—, habrá que recordar que nada pesa más que la negligencia cuando lleva uniforme oficial. Ahí donde el acero se torció, también lo hizo la cadena de mando.
Y en esa curvatura fatal, los abogados huelen la victoria: no por venganza, sino porque la ley, por una vez, va en el mismo sentido que el sentido común.
Un deslinde que nadie quiere firmar
En este punto, el escenario se bifurca: o el Estado se aferra a su narrativa de impecabilidad técnica —y arrastra el proceso entre amparos, peritajes y silencios administrativos—, o da un giro inédito en la historia reciente y asume su responsabilidad. Porque si el gobierno, en voz de la Secretaría de Marina o la Presidencia misma, reconociera los yerros en la ejecución, supervisión o rehabilitación de la Línea Z, el juicio no tendría por qué prolongarse. La admisión de culpa allanaría el camino hacia una reparación integral en favor de las víctimas, sin que la justicia tenga que avanzar a paso de vía muerta.
Sería un acto jurídico histórico y, paradójicamente, rentable políticamente: abreviar el proceso, evitar el desgaste institucional y reparar a los afectados con legitimidad moral y no con dádivas de emergencia. Pero claro, eso implicaría desmontar la defensa más vieja del poder: la de que todo fue “un lamentable accidente”.
Y en un país donde hasta los trenes descentralizados terminan descarrilando por decisiones centralizadas, reconocer la culpa podría ser el primer acto de gobierno verdaderamente revolucionario,humanista y transformador.
Con informacion: ELNORTE/
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