El proceso penal contra funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), por un presunto laudo fraudulento que ocasionó un daño de 16.7 millones de pesos al ISSSTE, no debe interpretarse como un caso de corrupción del Gobierno federal, sino como una muestra de su combate, afirmó el instituto.
“Este caso constituye una muestra del combate a la corrupción que impulsa el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, y de ninguna manera debe interpretarse como un caso de corrupción dentro de la 4T”.
Vamos a darle ese giro que desenmascare el maquillaje institucional
Para desmontar la narrativa oficial que intenta presentar este caso como “ejemplo de combate a la corrupción” cuando, en realidad, evidencia que la corrupción ocurre dentro de las propias instituciones del Estado.
El chiste se cuenta solo: funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) armaron un laudo de mentiritas que le costó 16.7 millones de pesos al ISSSTE, y ahora el Instituto quiere convencernos de que esto no es un caso de corrupción, sino un triunfo en la lucha contra ella.
Es como si el ladrón gritara: no me juzguen por robar, mejor felicítenme por dejar huellas tan claras que cualquiera puede seguirme.
El comunicado oficial suena a guion de relaciones públicas más que a rendición de cuentas: “no vean corrupción en el Gobierno, vean a un Gobierno combatiendo la corrupción”. El detalle incómodo es que los acusados eran parte de la maquinaria que se supone debía impartir justicia laboral. Gente con nombramiento, nómina y cargo público que, según la Fiscalía, fabricó notificaciones falsas, omitió avisos al Instituto y condenó con leyes derogadas. ¿Eso qué es, si no corrupción? ¿Un mal entendido administrativo? ¿Un performance del Segundo Piso de la Cuarta Transformación?
Lo verdaderamente corrosivo no es solo el fraude, sino la narrativa que intenta deformar el espejo: cuando el desfalco brota desde dentro, lo convierten en un “logro” de autodepuración. Como si el incendio en la cocina se presentara como evidencia del buen funcionamiento de los bomberos… aunque los bomberos sean los que dejaron la estufa encendida.
Mientras tanto, varios de los procesados siguen despachando en la JFCA. Y el ISSSTE, a decir de su propio boletín, se enteró del hurto casi de rebote, cuando le congelaron una cuenta bancaria y el dinero ya estaba en tránsito. Vaya “ejemplo de combate a la corrupción”: una estafa completada, millones entregados y un Instituto que corre detrás de los hechos.
Si esto no se nombra “corrupción”, ¿entonces qué es? ¿Creatividad burocrática? ¿Ingeniería del saqueo? ¿Glorioso acto de transparencia retroactiva?
El discurso quiere blanquear lo oscuro: decir que la podredumbre interna es sinónimo de limpieza institucional. Pero los hechos son claros: el Estado no está exhibiendo músculo anticorrupción, sino cicatrices de un sistema laboral y judicial que se presta a fabricar ficciones jurídicas para saquear recursos públicos.
Y todavía tienen el descaro de pedir que no lo interpretemos mal.
La imputación
Según información del caso, el 21 de junio de 2022 la Junta Número 4 de la JFCA admitió una demanda en la que los trabajadores Olga Juana Cortez Ramírez, Christian Ibarra Martínez y Ana Gabriela Rodríguez Margarito reclamaron distintas plazas y el reajuste salarial.
La FEMCC afirma que prácticamente todas las actuaciones de este procedimiento fueron fraudulentas.
De inicio, Ibarra nunca le dio una carta poder al abogado para que lo representara y aun así se dio trámite a la demanda, cuando la Junta debió requerir al trabajador o desechar su recurso por falta de representación.
El ISSSTE tampoco fue notificado de la demanda y, de hecho, tuvo conocimiento de ella hasta que Banca Afirme le informó que una de sus cuentas bancarias había sido embargada y el caso ya estaba perdido.
El 6 de octubre de 2022 los apoderados legales de Ibarra y Rodríguez ampliaron la demanda y cambiaron la plaza originalmente solicitada, reclamando otra que implicaba un reajuste más alto de salario, aguinaldo, prima vacacional y horas extras.
En esta ocasión, en nombre de ambos trabajadores, también demandaron la pensión de invalidez por enfermedades profesionales, alegando que el 6 de julio de 2021 sufrieron un accidente vial en Parque Lira, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Lo extraño es que ambos reportaron exactamente los mismos daños: secuelas postraumáticas de la columna lumbar y cervicales que requerían el uso de aparatos ortopédicos para caminar y pérdida del 60 por ciento de la vista.
El 21 de junio de 2023 la Junta Número 4 firmó sentencia o laudo que condenó al ISSSTE a pagar 13 millones 181 mil 339.81 pesos por concepto de nivelación salarial y prestaciones, más 3 millones 550 mil 600 pesos por concepto de pensiones, en favor de Ibarra y Rodríguez. Al mismo tiempo, absolvió al Instituto de pagarle a Olga Juana Cortez.
Debido a que no fue notificado, el instituto no pudo impugnar el fallo y quedó en favor de los demandantes, a quienes el 8 y 13 de diciembre del mismo año les entregaron sus cheques.
La Fiscalía imputó a los funcionarios de la JFCA de presuntamente falsificar notificaciones y asentar en actas que los apoderados del ISSSTE comparecieron en la demanda y participaron en los actos procesales, cuando en realidad nunca estuvieron presentes.
También, de haber condenado al Instituto con una norma derogada, es decir, la Ley del ISSSTE de 2007 y no la del 2012, a pesar de la fecha del juicio laboral y de que los demandantes entraron a trabajar en 2016 y 2017.
La indagatoria arrojó que no existe el formato o aviso de accidente de trabajo que expide el ISSSTE (RT 09), necesario para reclamar una prestación de este tipo.
Y lo que puso aún más en duda el percance es que, cuando se presentaron ante el presidente de la Junta Número 4 para la comparecencia de pago, ninguno usaba lentes ni llegaron asistidos por persona alguna, dada su supuesta insuficiencia visual.
Autoridades consultada dijeron que la Fiscalía ahora continúa su investigación contra los trabajadores, sus apoderados y legales.
Con informacion: ELNORTE/
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