El texto en Opinión Pública, del periodista Felipe Martínez Chávez, puede leerse como una pieza de control de daños: no aborda de frente el más reciente escándaloque involucra a la senadora de Morena Olga Sosa, sino que lo reduce a la condición de un “muerto incómodo”, lo diluye con el paso del tiempo y convierte una trama de posibles responsabilidades penales en una postal de fatalidad política.
La notarecupera el asesinato de Sergio Carmona Angulo, ocurrido poco después de las cinco de la tarde del 22 de noviembre de 2021. El aludido, amigo personal de Américo Villarreal —como él mismo lo reconoce en una videoentrevista—, se encontraba sentado en uno de los sillones giratorios de la Barbería de San Pedro, cubierto con la capa de corte y confiado en el personal que habitualmente lo atendía.
De acuerdo con las cronicas,Carmona había llegado solo al local, pero un compadre suyo le telefoneó y lo alcanzó en el lugar acompañado de su hijo de 10 años.
Y es que hay muertos que no descansan en paz, sobre todo cuando su asesinato amenaza con despertar a los vivos que preferirían seguir fingiendo que no saben nada. Entonces aparece el periodismo de casco, chaleco y extintor: no para alumbrar el incendio, sino para administrar el humo.
La fórmula es conocida. Primero, se convierte un caso explosivo en una historia triste, casi literaria: un “muerto que no descansa”, una sombra del pasado, una tragedia que vuelve de vez en cuando a incomodar la sobremesa política.
Después se le quita el filo: ya no se habla de presuntas redes, beneficiarios, silencios convenientes ni responsabilidades pendientes; se habla de “ruido”, “golpeteo”, “versiones” o “fantasmas”.
El objetivo no siempre es mentir de forma burda. A veces basta con minimizar. Con insinuar que insistir en el caso es necrofilia mediática, revancha partidista o simple obsesión de quienes no entienden que, para ciertos personajes, la impunidad también necesita descanso.
Así opera el sesgo de control de daños: no desmiente el escándalo porque no puede; lo empequeñece. No enfrenta los datos; los rodea con niebla. No exige respuestas; reclama “prudencia”. Y cuando el expediente amenaza con tocar a alguien importante, el reportero deja de ser perro guardián y se vuelve paramédico de reputaciones.
El asesinato de Sergio Carmona Angulo no debería funcionar como metáfora decorativa ni como insumo para administrar incomodidades políticas.
Si hay preguntas sin responder, vínculos por esclarecer y responsabilidades que investigar, el oficio periodístico no consiste en bajar el volumen para que nadie se altere. Consiste en subirlo hasta que alguien responda.
Porque un escándalo no desaparece cuando la prensa lo llama “tema superado”. Sólo cambia de maquillaje. Y el cadáver, por cierto, sigue ahí.
El último corte mas reciente del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNOL) no es una medalla, aunque Tamaulipas,Morena y Americo Villarreal la porten como si lo fuera: con 13,781 personas desaparecidas y no localizadas (…hasta las 23:29 horas de ayer), la entidad encabeza el país en esta dolorosa clasificación.
No son puntos en un marcador ni cifras para una diapositiva contada en una mañanera arguendera; son 13,781 historias suspendidas, familias atrapadas en una sala de espera sin puertas y un Estado que, bajo el gobierno del medico que iba sanar Tamaulipas, sigue sin demostrar que puede recuperar el control de una parte esencial de su territorio.
Tamaulipas ya tiene campeonato nacional. No es de empleo, salud, justicia ni paz pública. Es el de la ausencia: el estado aparece en la cima del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con 13,781 personas que siguen sin volver a casa.
Una cifra que debería incendiar oficinas, vaciar agendas oficiales y obligar a gobernantes a dar explicaciones diarias se administra, en cambio, como se administra la humedad en una pared pública: con pintura, boletines y la esperanza de que nadie mire demasiado cerca.
Tamaulipas no encabeza una tabla: encabeza un catálogo de vacíos. Cada registro es alguien arrancado del mapa y una familia condenada a hacer el trabajo que le toca al gobierno: buscar, excavar, pegar fichas, perseguir llamadas, revisar fosas, enfrentar ministerios públicos y aprender de golpe la geografía del horror.
El RNPDNO dice, en castellano llano, que en Tamaulipas hay miles de personas cuyo paradero el Estado no ha podido esclarecer. No afirma automáticamente que todos los casos tengan el mismo responsable ni que cada desaparición constituya jurídicamente una desaparición forzada. Pero sí deja una verdad brutal: en la entidad hay 13,781 personas que entraron a una zona de niebla y el aparato público no ha sido capaz de sacarlas de ahí.
El mapa del poder real
Una desaparición masiva e impune no ocurre en el vacío.Requiere caminos, reclutadores, casas de seguridad, halcones, teléfonos, armas, silencios, miedo, corrupción, omisiones o incapacidad institucional. Requiere, sobre todo, que alguien pueda imponer reglas de facto en barrios, carreteras, cruces fronterizos y municipios.
Dicho sin maquillaje: cuando miles desaparecen durante años, el problema no es sólo que operen cárteles; es que los grupos criminales han logrado construir, en fragmentos del territorio, una especie de franquicia clandestina de gobierno que ha sido capaz de convertir el levanton en una industria que opera a sus anchas 24/7/365.
Ellos deciden quién circula y quién no.
Ellos cobran, reclutan, castigan y desaparecen.
Ellos convierten trayectos cotidianos en ruletas rusas.
Y el Estado llega tarde cuando llega, llega mal o llega únicamente a levantar el acta e incluso alejar sospechas que apunten al crimen organizado y nunca llegar a ningúna conclusión en lo que se presenta el nuevo escándalo que sustituya al primero.
Es como si Tamaulipas tuviera dos administraciones: la oficial, que despacha desde los edificios públicos, y la subterránea, que administra el miedo desde las carreteras, los municipios capturados y las redes criminales. La primera presume gobernabilidad; la segunda demuestra capacidad cotidiana para producir desapariciones e impunidad.
Aun y con cautela estadística no se absuelve a nadie. Al contrario: subraya el tamaño del fracaso. Si el primer lugar nacional lo ocupa Tamaulipas, la discusión ya no puede reducirse a si son 13,781, 13,778 o unos cuantos expedientes más. La discusión es por qué el gobierno estatal no ha alterado de manera visible una maquinaria de desaparición que sigue dejando familias sin respuestas.
La crisis forense donde Tamaulipas también ocupa el podium de los cadaveres embodegados, la falta de infraestructura para localizar e identificar personas son, además, obstáculos reconocidos en la propia agenda local: madres buscadoras han exigido la operación de un centro forense al gobierno de Villarreal. Es decir, ni siquiera después de la desaparición termina el abandono: también falla el Estado cuando toca identificar restos y devolver nombres.
La postal del escándalo
Tamaulipas parece un hospital donde la alarma lleva años sonando y la administración responde cambiando el volumen del timbre. O un edificio en llamas cuyo gobernador se concentra en explicar que la pintura exterior todavía luce bien.
La barbarie no consiste sólo en que desaparezcan personas. Consiste en que el país se acostumbre a que desaparezcan por miles; en que el poder político discuta narrativas mientras las madres buscadoras hacen trabajo de policía, fiscalía, peritos y Estado entero con una pala, una fotografía y una obstinación que debería avergonzar a cualquier gobierno.
Aunque al final, Tamaulipas no es campeón de nada. Es el primer lugar de una emergencia humanitaria. Y que el gobierno de Morena encabezado por Américo Villarreal no pueda explicar una ruta verificable para revertirla no es un problema de comunicación: es una confesión de vacío de autoridad.
Jesús Carlos, de 38 años, desapareció el 10 de septiembre en Culiacán. Nueve días después, su familia —porque en México las familias hacen el trabajo que el Estado administra en comunicados— lo encontró sin vida en una zona de terracería, al pie de un cerro en la comunidad de San Román.
Su caso no es una estadística aislada: es otra evidencia de un país donde primero se desaparece a las personas y, cuando aparecen, rara vez entran a la cuenta diaria de los muertos.
El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. La Fiscalía trasladó los restos al Servicio Médico Forense y dijo que esperará los peritajes para establecer la causa de muerte. Formalmente, aún no se determina si fue homicidio. En la realidad, otra familia pasó de pegar fichas de búsqueda a esperar una necropsia.
No es un detalle menor. En Sinaloa, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumula 7 mil 386 víctimas, de acuerdo con la cifra citada en el contexto del reciente secuestro y liberación de un empresario en Culiacán.
Tamaulipas, con alrededor de 14 mil 771 casos bajo ese mismo cálculo, conserva el nada envidiable subcampeonato nacional de la barbarie. Pero Sinaloa ya no puede venderse como excepción: comparte la misma maquinaria nacional de ausencia, miedo, fosas y familias convertidas en brigadas de búsqueda.
A escala nacional, el problema suma 131 mil 329 víctimas desaparecidas. No son números para una lámina de PowerPoint ni una estadística incómoda que se barre debajo de la conferencia mañanera: son 131 mil 329 personas arrancadas de su casa, de una calle, de un negocio o de una rutina; y 131 mil 329 expedientes que revelan la incapacidad —o la resignación— del Estado para impedir que el país siga funcionando como una fábrica de ausencias.
La aritmética del horror
El caso de Jesús Carlos exhibe, además, la trampa más cómoda de las cifras oficiales: un desaparecido no necesariamente cuenta como homicidio el día que desaparece; y si lo hallan muerto después, tampoco se convierte automáticamente en parte de la estadística de homicidios de ese día.
Es decir, la violencia puede bajar en el papel o depurados los registros sin que haya bajado en las calles. Basta con que el cadáver no aparezca de inmediato.
Primero se registra una desaparición. Después, si hay suerte —una palabra miserable en este contexto—, la familia encuentra el cuerpo. Y entonces llega el expediente forense, la clasificación pendiente, la espera ministerial y la burocracia que convierte una muerte probable en un dato aplazado. Mientras tanto, el conteo cotidiano presume “menos homicidios”.
La fórmula es obscena pero eficaz para el discurso:
Cadaver oculto=homicidio que no estorba hoy las cifras de. muertos del dia que presumen menos muertos.
No se trata de afirmar sin peritajes que cada persona desaparecida fue asesinada. Eso sería irresponsable. Pero tampoco puede soslayarse que en una gran cantidad de entidades del pais,como Tamaulipas o Sinaloa, desparecer equivale casi a morir.
Las desapariciones tienen relación con la violencia homicida, el control criminal del territorio y la capacidad de grupos armados para llevarse personas sin dejarles siquiera el derecho inmediato a ser contadas.
El hallazgo no es cierre
Jesús Carlos ya no está desaparecido. Eso, en el lenguaje administrativo, podrá cerrar una ficha. Pero para su familia no hay cierre: hay una muerte por esclarecer, una ausencia definitiva y la certeza de que tuvieron que buscar donde las autoridades no llegaron a tiempo.
México ha perfeccionado una especie de contabilidad funeraria: si el cuerpo no aparece, no pesa igual; si aparece tarde, se archiva como hallazgo; si el homicidio no puede acreditarse de inmediato, se difiere la cifra. Y así, entre desaparecidos, restos localizados y carpetas pendientes, la narrativa de una violencia en descenso puede sobrevivir incluso cuando la realidad sigue oliendo a tierra removida.
Jesús Carlos no es solamente un caso de Culiacán. Es el retrato de un país donde desaparecer puede ser el paso previo a morir; donde las familias buscan con palas lo que el Estado no encuentra con presupuestos, uniformes y fiscalías; y donde demasiados muertos no cuentan como muertos… al menos no cuando toca presumir la estadística del día.
En Reynosa, Tamaulipas, donde aún gobiernan Morena y Américo Villarreal —mencionado en investigaciones de agencias federales estadounidenses de aplicación de la ley—, el 86.6% de la población manifestó sentirse insegura durante el segundo trimestre de la ENSU 2026 del INEGI. La cifra representa un alza frente al trimestre anterior y respecto del 74.1% registrado en marzo de 2025; además, se ubica muy por encima del promedio nacional reportado. En ese contexto, la promesa oficial de seguridad ya no suena a política pública: parece propaganda de Protección Civil para un incendio que nadie quiere apagar y por lo visto, complican cada vez mas.
Las redes desbaratan otras redes
Ahí, en una ciudad donde el miedo dejó de ser una impresión y se volvió rutina, las redes sociales ajenas a la censura oficial cumplen una tarea incómoda pero imprescindible: exhibir denuncias, conservar fotografías y videos, abrir preguntas que las instituciones tendrían que responder con expedientes, peritajes y sanciones, no con mutismo, ruedas de prensa y el acostumbrado “se investigará”.
Una denuncia trascendida con la petición de hacerla publicada dirigida al General del Ejercito en funciones de Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, que atribuye a mandos de la Guardia Estatal en Reynosa —el delegado regional José Luis Martínez Mata y el coordinador identificado como suboficial Joel Mosqueda Martínez— arreglos económicos con integrantes del crimen organizado.
La acusación que coincide con el estado del caos, describe pagos para tolerar operaciones criminales, omisiones ante vehículos armados, liberación de detenidos, apagones de cámaras de monitoreo, filtración de movimientos policiales y hasta la entrega de radios de comunicación y ubicaciones de unidades oficiales.
Son señalamientos de extrema gravedad. Por eso mismo no caben ni el linchamiento automático ni el carpetazo burocrático. Las publicaciones, imágenes y videos referidos deben ser preservados, autenticados y sometidos a una investigación independiente: revisión de bitácoras operativas, geolocalización de patrullas, registros de radio, videovigilancia, reportes de detenciones, puestas a disposición ante Ministerio Público, movimientos financieros y comunicaciones institucionales. Si existen pruebas, que hablen los peritos. Si no las hay, que lo demuestren las autoridades con transparencia verificable, no con indignación de utilería.
Porque el problema no es que haya ciudadanos denunciando desde las redes; el problema es que, en una ciudad asfixiada por la percepción de inseguridad, los ciudadanos tengan que hacer de reporteros, vigilantes, archivistas y testigos de aquello que la estructura de seguridad debería prevenir e investigar.
Lo que exige la denuncia
«Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas Maestro Carlos Arturo Pancardo Escudero, Basta de Tanta Corrupción! El delegado regional de la Guardia Estatal de Reynosa Policía Primero “A” José Luis Martínez Mata y coordinador de Reynosa Sub-Oficial Mosqueda Martínez Joel están recibiendo la cantidad de 1.5 MDP con tal de dejar tranquilos al C.O.
De ahí le dan 10mil conductor y 15 mil al encargado de cada unidad, por eso no hay apoyo por parte de las unidades de Reynosa, en días atrás mandaron apagar las cámaras de monitoreo de la carretera R ibereña y dejaron pasar dos vehículos blindados del C.O.
De igual manera Detuvo huachicol y les dieron dinero por no ponerlos a disposición ante el M.P. Ademas Levantaron al contador en la Plaza Norberto Treviño y se metieron a 7 casas del C.O esto realizado por grupo FEGE y la unidad del coordinador de Reynosa,(hay fotos y videos) en donde tenían efectivo y armas las cuales sustrajeron de los domicilios a los que ingresaron , además la cantidad de un millón de pesos que le quitaron al contador.
La última noticia! El delegado y el coordinador ya están recibiendo oferta del C.O foráneo con tal de dejarlos pasar y tomar el control de Reynosa, el C.O dio 3 millones de pesos con el fin de quitar de Reynosa al Operativo de Frontera Grande ya que estaban dando golpes continuos al C.O lo que estaba afectado el ingreso del delegado José Luis Martínez Mata.
Señor Secretario ya basta de los elementos que se venden con el C.O dejando expuesto al pueblo esto debido a que el arreglo es puntear a las unidades, hay imágenes de la unidad del coordinador sacando dinero de la casa del contador del C.O el mismo al que golpearon desnudaron y dejaron tirado, también hay imágenes donde se les está entregando el pago del acuerdo además de proporcionarles un radio de comunicación (Radio Matra) para que estén escuchando los movimientos de las unidades así cómo proporcionar la ubicación en tiempo real de cada unidad en servicio, hay pruebas también, la comunicación que tiene el delegado y el cordinador con el C.O la tienen mediante la aplicación “Silent Phone” del dinero recibido del C.O le dan su parte al Subsecretario con el fin de que les mueva a los elementos que les están dando golpes al C.O como lo hicieron con el Grupo Operativo Frontera Grande, la semana pasada una unidad de cordinacion en una brecha que enlaza con la del berrendo una unidad detuvo un vehículo el cual traía armas y efectivo el conductor refirió que estaba arreglado con el cordinador “ Mosqueda” y le marcó, llegó rápidamente otorgándole a los elementos 10 mil pesos para que se retiraran del lugar diciéndoles “ no se metan en pedos”.
En días pasados monitoreo reportó un vehículo con personas armadas el vehículo estaba a un lado de la unidad 1994 en la cual viajaba Mosquedae y reportó que no tenía nada el vehículo. Al cual nunca revisó y lo dejó ir»
Nada de eso debe tratarse como hecho consumado sin corroboración. Pero tampoco como chisme prescindible cuando la denuncia identifica personas, cargos, montos, lugares, mecanismos y posibles evidencias audiovisuales. La especificidad obliga a investigar; no a hacerse el desentendido como lo hace el gobernador Americo Villarreal.
Preguntas al secretario
Señor secretario Pancardo Escudero: una corporación no recupera autoridad con frases de compromiso, fotografías de convoyes ni estadísticas acomodadas para la conferencia. La recupera investigando a los suyos cuando existen acusaciones concretas; separando preventivamente del cargo a quien pueda interferir; protegiendo denunciantes; auditando comunicaciones, patrullajes y detenciones; y entregando resultados verificables.
Si las acusaciones que ya son muchas son falsas, los señalados merecen una investigación que despeje sus nombres con evidencia.
Y si son ciertas, Reynosa no enfrenta simples “malas prácticas”: enfrenta el hecho recurrente de que agentes pagados para proteger a la población hayan convertido uniforme, patrulla y radio institucional en franquicia de renta criminal como ha quedado demostrado un dia si y otro también, en esta ciudad campeona del levanton,en una entidad subcampeona nacional.
Si el ciudadano debe enterarse por redes de que presuntamente se apagaron cámaras para dejar pasar blindados, de que patrullas habrían sido “punteadas” o de que operativos habrían sido removidos por incomodar a intereses delictivos, entonces la falla no está en la red social que publica. Está en el aparato que debió impedirlo, detectarlo y castigarlo.
El contexto que no se borra
El dato de inseguridad no es adorno: 86.6% de los habitantes de Reynosa dijo sentirse inseguro en junio de 2026, según el reporte citado a partir de la ENSU 2026. Es casi nueve de cada diez personas viviendo con la idea de que la calle, el trayecto y hasta la institución encargada de cuidarlos pueden ser territorio de riesgo.
Reynosa no necesita otra ceremonia de “coordinación”, ni una mesa de paz donde todos posen muy serios mientras la gente sigue preguntándose quién vigila a quienes deberían vigilar. Necesita investigaciones con autonomía, controles externos, expedientes públicos en lo posible, sanciones cuando corresponda y protección real para quien denuncia.
Porque cuando la autoridad no aclara, las redes documentan. Y cuando las redes documentan lo que la autoridad calla, el escándalo no es la publicación: es el silencio que la volvió necesaria
