Michoacán ya tenía más de 10 mil elementos del llamado Plan Michoacán, pero al parecer la fórmula federal para enfrentar la extorsión, el control criminal y la inseguridad es muy sencilla: cuando algo no funciona, se le agregan otros mil 557 uniformados y se anuncia como si acabaran de descubrir la pólvora.
Ahora mandan 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 del Ejército para custodiar huertas, empacadoras y rutas de exportación de aguacate. Porque, claro, después de años de cobro de piso, amenazas y dominio criminal sobre productores y transportistas, lo que faltaba era una nueva fotografía del despliegue militar. No resultados: más botas.
La verdadera alarma no la encendió el sufrimiento cotidiano de los michoacanos ni la asfixia de los productores mexicanos. Se activó cuando Estados Unidos suspendió inspecciones para la exportación. Ahí sí apareció la urgencia institucional: había que blindar el aguacate, proteger la cadena comercial y garantizar que el fruto verde siguiera cruzando la frontera sin sobresaltos. Para el ciudadano común, en cambio, queda el consuelo de saber que vive en un estado “reforzado” por enésima ocasión.
La pregunta es elemental: si con más de 10 mil efectivos no se logró frenar la extorsión ni recuperar el control de rutas y regiones enteras, ¿qué cambiarán exactamente mil 557 más? ¿Habrá una estrategia distinta, inteligencia financiera, detenciones de mandos criminales y desmantelamiento de redes de complicidad? ¿O sólo se trata de aumentar la cifra para que el boletín parezca contundente ?
Porque Michoacán no necesita una calculadora militar para sumar tropas; necesita una política de seguridad que reste impunidad. Mientras el gobierno siga confundiendo despliegue con solución, el crimen seguirá cobrando cuotas y el Estado seguirá cobrando aplausos por mandar refuerzos a una guerra que, con tanto uniforme y tan pocos resultados, parece administrada para no terminar nunca.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el entonces Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, encabezó una operación para ocultar videograbaciones que podían aportar información sobre el paradero de los estudiantes.
La Fiscal General, Ernestina Godoy, informó que, tras un nuevo análisis de la investigación, la dependencia reunió elementos para sostener que el ex Mandatario estatal habría participado en la destrucción y ocultamiento de evidencia relacionada con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
«La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces Gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel», dijo en un mensaje subido a sus redes sociales.
Como resultado de esas indagatorias, detalló, un juez libró una orden de aprehensión contra Aguirre por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, la cual fue cumplimentada este miércoles en el Estado de México.
Godoy sostuvo que las nuevas líneas de investigación permitieron acreditar que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, cuando era detenido por policías municipales y estatales.
Recordó que, en la investigación original, las autoridades afirmaron que esas grabaciones no existían debido a presuntas fallas técnicas del sistema, versión que, dijo, fue desmentida por diligencias posteriores.
La Fiscal explicó que en enero de este año, una persona colaboradora declaró que las videograbaciones sí existían y que fueron sustraídas para entregarlas directamente al entonces Gobernador, además de señalar que había permanecido en silencio por amenazas.
Añadió que un segundo testigo protegido, en mayo pasado, declaró que Aguirre ordenó en una reunión con altos funcionarios de su administración desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
«La investigación permite sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal», afirmó.
Godoy aseguró que las familias de los 43 estudiantes han sido informadas de los avances conforme lo permite el debido proceso y que la investigación continuará hasta esclarecer el paradero de los normalistas y fincar responsabilidades a todos los involucrados.
«ESTRELLA de ORO 1531: el AUTOBUS que el ESTADO quiso «DESAPARECER»....Publicado/31/Octubre/2015
El 26 de septiembre de 2014, a las 20:35, Bernardo Flores, titular de la Cartera de Lucha de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, recibió una llamada de auxilio. Diez de los normalistas que habían tomado un camión en el entronque de Huitzuco fueron secuestrados dentro de la terminal de Iguala.
El Estrella de Oro 1568 en el que habían salido Bernardo y entre 40 y 50 estudiantes partió de los alrededores de la caseta de Iguala donde se hallaban boteando para ir a liberar a sus compañeros. El Estrella de Oro 1531, el segundo de los autobuses que salieron de Ayotzinapa transportando a otros 40 a 50 normalistas en el crucero de Huitzuco, hizo lo mismo.
Contrario a la tesis de la telenovela oficial La noche de Iguala y a la versión impuesta por la PGR como “verdad histórica”, el objetivo de los casi 100 normalistas jamás fue entrar a Iguala. De hecho, lo evitaron a toda costa y consensuaron no hacerlo desde un día antes, durante una reunión de bases en el auditorio de la normal. Sólo la emergencia de la detención de sus 10 compañeros por un chofer que le echó llave al autobús que los transportaba, los obligó a correr el enorme riesgo de adentrarse a aquel narcomunicipio.
Minutos después de las 21:00, los estudiantes se cubrieron las cabezas con sus camisetas y bajaron a toda prisa en los andenes de la terminal. Liberaron a los 10 estudiantes detenidos por el chofer y decidieron que, ya que estaban en el nido de las líneas de autobuses, no se irían con las manos vacías. Como ya se sabe, requerían tomar al menos 25 autobuses para transportar a los representantes de la FECSM hasta la marcha del 2 de octubre en la capital del país.
Fue así que los casi 100 muchachos se repartieron a toda prisa por los andenes de la terminal. Fueron tres los nuevos autobuses que tomaron temporalmente los normalistas. Dos de la línea Costa Line, con números económicos 2510 y 2012. Y, entre las prisas y el caos, 14 muchachos se apropiaron de un último Estrella Roja adicional, con número 3278, ya enfilado hacia la salida y con el motor en marcha.
Ese Estrella Roja 3278 fue el único de los cinco autobuses que tomó la salida correcta, la del arco sur por la calle de Altamirano, con la intención de alcanzar la carretera a Chilpancingo. Y los muchachos pudieron abordarlo sin contratiempos. La versión de la PGR —conocida ahora como la “mentira histórica”— y la de algunos periodistas de medios orgánicos —que incluso se atrevieron a publicar libros al respecto— borraron sospechosamente a este quinto autobús Estrella Roja del mapa. ¿Por qué? Temerían quizá que fuera hallado el eslabón perdido que conecta al cártel de los Guerreros Unidos con el operativo letal montado por el Estado mexicano para impedir que esa noche los normalistas salieran de Iguala.
No obstante, hace meses que muchos de los que escribimos al respecto desde Ayotzinapa, entre ellos periodistas serios e independientes como John Gibler, ya hablábamos de este quinto camión.
A diferencia de los otros cuatro conductores que, o bien no conocían la ciudad o simplemente se negaban a transportar a los normalistas, el comportamiento del operador de la unidad Estrella Roja para llevar la unidad a Ayotzinapa fue inmejorable, según me narraron varios de los 14 estudiantes que lo abordaron. El chofer sólo pidió una cosa a cambio: que le dieran cinco minutos para que su esposa le llevara unos documentos antes de dejar Iguala. Los normalistas aceptaron con mucha desconfianza. La manera tan extraña en que el operador se comunicó por celular los hizo recelar y al fin lo obligaron a que reanudara la marcha.
El periodista José Reveles ha escrito sobre cómo la agencia antidrogas de Estados Unidos —Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés— llevaba un año espiando a la conexión del cártel de los Guerreros Unidos en la ciudad de Chicago y sus almacenes en suburbios como Batavia y Aurora. Afirma que es de lo más usual el transporte de goma de opio o dinero en autobuses de línea comercial por medio de clavos (“compartimientos secretos fabricados exprofeso, que, en la mayoría de las ocasiones, logran cruzar retenes, aduanas y todo tipo de controles electrónicos, rayos láser, arcos detectores, binomios caninos, […] cargas ocultas en el aire acondicionado, adosadas a la caja de velocidades, aparejadas al depósito de combustible, bajo el camastro en que suelen descansar los choferes detrás del asiento del conductor, o simplemente en maletas dentro del compartimiento del equipaje”).
El método de trasiego para Guerreros Unidos ha sido tan próspero que han fundado ya sus dos propias líneas de ómnibus. Pero lo más revelador del texto de Reveles es el código que descifró la agencia estadunidense y mediante el cual se suelen comunicar los miembros del cártel con los operadores. Tía, por ejemplo, se usa para referirse al autobús. Los paquetes de droga son llamados niños. Los compartimentos ocultos o clavos son llamados carteras. Y, para el dinero que viaja en los autobuses, documentos.
Durante las muchas entrevistas que realicé para mi libro Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos a lo largo de este año con varios de los 14 normalistas que viajaban en el Estrella Roja, había una constante. Todos ellos, sin falta, hacían referencia a esos cinco minutos en que el conductor del Estrella Roja se detuvo a realizar la inusual llamada telefónica. Todos ellos remarcaban la extrañeza de su lenguaje: un monólogo donde palabras como esposa y documentos se repetían con mucha insistencia.
Inexplicablemente, ese autobús Estrella Roja fue el único que sobrevivió intacto al operativo coordinado por el Estado mexicano y el crimen organizado la noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014. Los 14 muchachos que viajaban en él resultaron ilesos en ese operativo sanguinario montado por los distintos niveles de policía y el Ejército mexicano para impedir que los normalistas salieran de la ciudad a bordo de esos cinco autobuses.
Al llegar a las inmediaciones del puente elevado frente al Palacio de Justicia, el chofer del Estrella Roja se apeó, dialogó algo con los policías federales que les habían cerrado el paso. Los normalistas intentaron hacerse pasar por pasajeros comunes y corrientes, pero cuando descendieron al arcén fueron encañonados. Sin embargo, tuvieron el tiempo justo para huir y ocultarse en una colonia cercana, donde permanecieron un buen rato antes de animarse a volver. Una distracción de sus captores que no tuvieron, en definitiva, los que levantaron a los 43 estudiantes hasta hoy desaparecidos.
La versión en el expediente publicado por la PGR afirma, falsamente, que ese autobús Estrella Roja fue destruido por los normalistas poco después de salir de la terminal de Iguala: “Logrando sacar 3 camiones de la empresa 2 Costa Line dos con placas 854HS1 y 227HY9 y el tercer camión el cual fue destrozado y dejado a las afueras de la Central Camionera”.
Tal como lo asienta el informe del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la invisibilización de este autobús tuvo serias consecuencias para la investigación ya que no se indagó la posible presencia de Policía Federal en la escena del crimen del Palacio de Justicia. El hecho de que el autobús no apareciera registrado en la investigación y se hubiera narrado sobre el mismo un suceso que no ocurrió (que fue destruido a la salida de la estación) es en sí mismo un elemento de sospecha. ¿Por qué se omitió? ¿Por qué no se procesó, por qué no se tomaron evidencias? ¿Por qué no se identificó hasta que el GIEI señaló su existencia?”.
Y más aún. En julio de este año, el GIEI realizó una inspección ocultar del supuesto autobús Estrella Roja. Los expertos de la CIDH hallaron serias diferencias entre el autobús almacenado como evidencia y el que originalmente había trasportado a los normalistas la noche del 26 de septiembre. Había sido cambiado por otro.
¿Qué lodazal de corrupción se esconde detrás del intento de desaparición de ese quinto autobús en la narrativa y en la práctica, así como en la insistencia de periodistas fieles al régimen por borrar su existencia en sus reportajes, libros y películas?
Cada vez parece haber menos dudas de que en el caso Ayotzinapa el culpable fue el Estado.
Las notas periodísticas difundidas esta semana sobre Puente Grande ofrecen una imagen que permite formular una pregunta que rebasa los muros de cualquier cárcel: ¿qué sucede cuando el Estado conserva formalmente un territorio, pero las reglas cotidianas son impuestas por alguien más?
En Puente Grande existe una pequeña república clandestina, con autoridades, mercados, privilegios y castigos propios. El Estado ha construido muros y conservado las llaves, pero en su interior el poder real se ejerce desde otro sitio.
Lo llamamos autogobierno, aunque la palabra resulta demasiado benévola. Evoca comunidades que se organizan libremente cuando en el ámbito penitenciario suele describir la sustitución de la autoridad por grupos que imponen sus decisiones mediante el dinero, la fuerza o el miedo. No es gobierno de uno mismo, sino gobierno del más fuerte.
Hobbes imaginó al Estado como un gran Leviatán creado para impedir que la vida quedara sometida a la violencia de todos contra todos. La prisión es una de sus expresiones más intensas: en pocos espacios se concentra tanto poder público sobre las personas. Por eso, perder el control dentro de una cárcel no sería una falla administrativa menor. Si el Leviatán no puede gobernar detrás de sus propios muros, algo más profundo está fallando.
La Constitución dispone que el sistema penitenciario debe organizarse con base en el respeto a los derechos humanos y orientarse hacia la reinserción social mediante el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Nada de eso puede conseguirse cuando la vida cotidiana depende de reglas clandestinas. Una prisión sometida a poderes informales no reinserta: reproduce las mismas desigualdades y violencias que el Estado debería contener.
Aquí aparece una falsa disyuntiva. Para algunas personas, hablar de derechos humanos en las cárceles significa ser indulgente con quienes cometieron delitos; para otras, recuperar el control estatal conduce necesariamente a la represión. Ambas ideas confunden autoridad con violencia. Los derechos humanos no debilitan al Estado: permiten distinguir su fuerza legítima de la simple imposición del más poderoso.
La cárcel muestra con particular crudeza una verdad que fuera de ella suele pasar inadvertida: cuando la autoridad se retira, el espacio no permanece vacío. Surgen reglas alternativas, intermediarios, cuotas y formas privadas de protección. El Estado puede seguir presente en los edificios, los uniformes y los documentos, pero ausente de la experiencia diaria de las personas.
Por eso Puente Grande puede leerse como una miniatura del país. No porque todo México sea una prisión ni porque en todas partes mande la delincuencia, sino porque en muchos lugares conviven dos órdenes: el de las leyes escritas y el de las reglas que realmente permiten abrir un negocio, transitar por una carretera, acceder a un servicio o vivir sin ser molestado. La distancia entre ambos revela la dimensión auténtica de nuestra debilidad institucional.
Recuperar la autoridad no significa solamente desplegar más fuerza o destituir a directivos. Supone conseguir que las reglas vuelvan a ser creíbles y que ninguna persona tenga que negociar privadamente aquello que la ley debería garantizarle. La autoridad más sólida no es la que irrumpe con mayor estruendo, sino aquella cuya presencia vuelve innecesario el dominio de otros.
Una república se reconoce porque dentro de su territorio rigen leyes comunes y nadie puede imponer tributos o castigos por su cuenta. Los reportes sobre Puente Grande inquietan porque invierten esta idea: muestran la posibilidad de que el Estado conserve los muros, los sellos y los discursos, pero pierda aquello que verdaderamente lo convierte en Estado: la capacidad de hacer que la ley sea la misma para todos.
El Gobierno de la cuarta transformación juró que venía a abaratar la democracia, a ponerle dieta al INE, a recortar “privilegios” y a convertir cada elección en una especie de consulta popular con presupuesto de tianguis. Y, sin embargo, aquí estamos: sin elección presidencial, sin senadores, sin revocación de mandato… pero con la elección más cara de la historia en puerta. Qué hermoso es el milagro mexicano: se recorta para ahorrar… y se termina pagando más.
Porque no, no habrá boleta para elegir a la jefa del Estado ni para llenar el Senado de la República; será “solo” para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y un tsunami de cargos locales.
Pero el INE ya se apuntó una bolsa histórica: 36.119 millones de pesos para 2027, a los que habrá que sumar más de 10.000 millones para la maquinaria partidista, esas empresas políticas que viven del erario y juran que también ellas son víctimas del sistema.
Resultado: más de 47.000 millones de pesos para un proceso de medio sexenio que, según la propia presidenta, debería costar lo mismo que el de 2024… pero misteriosamente cuesta 15.000 millones más.
El chiste se cuenta solo: en 2024, año de elección presidencial, Senado, Cámara de Diputados y cargos locales en las 32 entidades, el gasto electoral fue de alrededor de 32.766 millones de pesos. Tres años después, con menos cargos en juego a nivel federal, el INE pretende que la fiesta democrática salga aún más cara. Es la primera vez que la “austeridad” se define como: hacer menos… y cobrar más.
El truco contable viene disfrazado de tecnicismo: 14.036 millonespara el “presupuesto base” (sueldos, oficinas, burocracia que nunca falta); 17.395 millones para la famosa “cartera institucional de proyectos”, el cajón donde cabe todo lo que huela a proceso electoral; y, por si fuera poco, una partida precautoria de 4.687 millones por si algún día se les ocurre convocar una Consulta Popular. Precautorio, dicen, como si la democracia fuera un seguro de gastos médicos mayores… solo que aquí la póliza la paga el contribuyente y el beneficio lo cobran los partidos.
Lo más pintoresco es escuchar cómo todos presumen el mismo dogma: “austeridad”. La presidenta del INE se declaró devota de la Cuarta Transformación y su credo de ahorro; la presidenta de la República repite que el incremento es “exagerado”; los legisladores oficialistas se rasgan las vestiduras por las cifras “desproporcionadas” y prometen revisar el proyecto con lupa. Mientras tanto, el instituto opera este año con 14.099 millones y ya sueña con saltar a 36.119 millones para el siguiente ejercicio. Si eso es disciplina presupuestaria, la inflación ya puede recibir el premio a la eficiencia.
La narrativa oficial es que se gasta más porque hay más ciudadanos, más casillas y más democracia. Que la Lista Nominal creció a más de 102 millones de electores, que se instalarán 176.741 casillas, 6.000 más que en 2024; que hay que empezar desde 2027 a preparar la elección judicial y la revocación de mandato de 2028. En resumen: no es que salga caro, es que usted no entiende lo sofisticado que es pagar por adelantado procesos futuros que todavía ni se convocan. La austeridad preventiva, versión 4T: se recorta hoy, se compensa mañana… y se justifica siempre.
Al final, la película es la misma de los últimos años: el INE pide, la Cámara recorta, el Gobierno presume el tijeretazo y los partidos se quejan de que no hay dinero… mientras siguen recibiendo miles de millones en “financiamiento público” para campañas, estructuras y propaganda. Se castiga el presupuesto en nombre del pueblo… pero se mantiene intacta la cuota para las marcas políticas que viven de convencerlo (o de saturarlo) en cada elección.
Entre el discurso de “reducir el costo de la democracia” y la realidad de la elección más cara de la historia, la única constante es que el contribuyente siempre paga la cuenta. Austeridad no es que el Gobierno se cuelgue la medalla de recortar a las instituciones y luego permita, muy sereno, que el sistema político armado a su medida se vuelva más caro, más opaco y más dependiente del presupuesto público. Austeridad, aquí, es la coartada perfecta: con ella se justifica el recorte… y también el exceso.
Así que no, no serán elecciones presidenciales, pero sí serán la prueba definitiva de que la “austeridad” salió por la culata: se disparó contra el INE, contra la democracia y contra el discurso de ahorro, y terminó convirtiendo el próximo proceso electoral en un monumento al derroche controlado. Democracia de bajo costo, dijeron; lo que no dijeron es que el costo bajo era solo en el discurso, no en el presupuesto.
Y si hacemos cuentas:
Tomando el proyecto de gasto del INE para 2027 (36.119 millones de pesos) y una lista nominal de 102 millones de personas, el costo promedio es de unos 354 pesos por cada elector. Si además sumas el dinero público a partidos (más de 11.700 millones), el costo total ronda los 47.800 millones y el costo promedio sube a unos 468 pesos por cabeza.
“No todos votan”
*El cálculo lo hicimos por persona en la lista nominal (potencial votante), justo como hacen varios estudios de costo electoral.
Si la participación termina siendo, digamos, del 60%, el número de votos efectivos bajaría a unos 61 millones y el costo por voto emitido se dispararía todavía más, arriba de los 750 pesos por voto con el gasto total considerado.
En 2004, Hugo Chávez estrena la Ley Resorte prometiendo “proteger a niños y adolescentes” y establecer “responsabilidades” para concesionarios. Traducción: el Estado decide qué se puede decir, a qué hora y en qué tono, y los medios obedecen o pierden la concesión.
La ley incluye “aclaraciones” y sanciones a contenidos “contrarios” a la norma. Nada dice quién define “contrario”, pero todos entendieron el mensaje: critica demasiado y te conviertes en ejemplo pedagógico de lo que no se debe hacer en televisión.
En 2010, la cosa se pone más alegre: reforman Resorte para alcanzar Internet y medios electrónicos. El ciberespacio deja de ser libre y se convierte en otra sucursal del Ministerio de la Verdad, con sanciones más duras para radio y TV.
Para 2017, ya sin disimulo, llega la Ley contra el Odio: hasta 20 años de cárcel, cierre de medios, bloqueos y multas por mensajes “ilícitos” o “de odio”. ONG y periodistas lo resumen mejor: un comodín legal para sancionar, callar, intimidar y forzar la autocensura en todo el ecosistema informativo.
México 2026: la copia “responsable”
En México, la 4T presenta en julio de 2026 la nueva Ley de Derechos de las Audiencias y la vende como si fuera un curso de alfabetización mediática: distinguir entre publicidad, información y opinión, “defender” al público de contenidos engañosos y garantizar códigos de ética y defensores de audiencias en los medios.
Suena noble: ¿quién podría oponerse a que la gente sepa qué es noticia y qué es anuncio? El problema es el mismo que en Venezuela: el árbitro de lo “engañoso”, lo “indebido” y lo “confuso” es el gobierno.
Y cuando el Gobierno se erige en tutor moral de las audiencias, la frontera entre protección y censura se vuelve tan fina como el rating de un noticiero incómodo.
El truco del lenguaje bonito
En Venezuela lo llamaron “responsabilidad social”, “convivencia pacífica y tolerancia”, “protección de niños y adolescentes”. En México, “derechos de las audiencias”, “defensor del radioescucha”, “distinción clara entre opinión y noticia”. El diccionario suena democrático; el subtexto, no tanto.
El patrón es el mismo:
Se invoca a los niños, la paz y la tolerancia como escudo emocional.
Se prometen derechos, pero se fortalecen las facultades del Estado para regular contenidos.
Se obliga a los medios a adoptar códigos y figuras de “defensa” que, casualmente, responden a lineamientos fijados desde el poder.
La moraleja incómoda
Cuando un gobierno te dice que viene a “defenderte” de lo que ves y escuchas, no está pensando en tu criterio, sino en su control. Venezuela ya probó el experimento: leyes de “responsabilidad”, después leyes “contra el odio”, y terminó con bloqueos, autocensura y periodistas con una amenaza permanente sobre la cabeza.
La 4T jura que su Ley de Audiencias solo quiere que distingas entre publicidad y opinión. Pero si la historia tiene memoria, sabemos cómo empieza: con buenas intenciones y mucha palabra bonita. Cómo termina, depende de cuánta crítica esté dispuesta a aguantar antes de convertir la “protección de audiencias” en la versión mexicana de la Resorte.
El Gobierno de la República, harto humanista y transformador, dice que no quiere censurar la libertad de expresión, solo ponerle subtítulos a la realidad: “esto es noticia”, “esto es opinión” y “esto es publicidad”, mientras él mismo sigue mezclando impunemente propaganda, verdades a medias y sermones presidenciales sin plecas ni cortinillas.
Gobierno semántico, país en llamas
En lugar de corregir el desastre del mal gobierno, la receta oficial es de lingüística aplicada: si el país está hecho un caos, no importa, siempre y cuando en la pantalla salga una leyenda que diga “este programa puede contener opinión e información de manera indistinta”. O sea: la realidad no se corrige, solo se rotula.
La Consejera Jurídica se indigna porque, según ella, nadie ha leído los lineamientos y hay una “ola de desinformación”. El detalle es que la desinformación la combate con una especie de tutorial de televisión por cable: pleca para opinión, mensaje para noticia, letra “P” para publicidad… pero ningún símbolo para “propaganda gubernamental” ni para “datos acomodados”. Eso, al parecer, va en paquete de gobierno.
Plecas contra la censura… dicen
El artículo 11 ordena que radio, TV y servicios de paga diferencien cuándo el conductor está informando y cuándo está opinando, usando plecas, cortinillas o mensajitos en pantalla. Traducido: el público es tan incapaz, que si no se le avisa con un rótulo, podría confundir una editorial con un boletín.
Ejemplo estrella del gobierno: “Hasta aquí las noticias, vamos ahora con nuestra mesa de análisis y opinión”. La genialidad consiste en creer que la libertad de expresión se defiende con frases de teleprompter y no con instituciones fuertes, medios libres y autoridades que no anden amenazando con exhibir quién sí y quién no les da derecho de réplica.
La letra “P” y la hipocresía
En publicidad la cosa es aún más cómica: quieren una “P” gigante en pantalla cinco segundos antes y cinco después de cualquier contenido pagado. Si un entrevistado está vendiendo un producto, P. Si en la telenovela aparecen marcas, P. Si el gobierno compra tiempos oficiales para presumir logros imaginarios… curiosamente ahí nadie habla de la “P” de propaganda.
Queda prohibido presentar publicidad como información periodística, dice el discurso oficial. Pero al mismo tiempo esa misma autoridad arma “conferencias” diarias donde mezcla cifras, opiniones, ataques a críticos y narrativa oficial como si todo fuera noticia pura y dura. Que los medios pongan plecas; el gobierno, en cambio, seguirá confundiendo mañanera con acto de campaña.
El derecho de réplica… versión gobierno ofendido
El remate es cuando anuncian que van a publicar la lista de medios que no responden las peticiones de derecho de réplica del Gobierno. No es protección de audiencias, es lista negra de quienes no se alinean al guion oficial. El mensaje es claro: si no me das el mismo espacio para corregirte como yo te pegué, te exhibo.
Todo está envuelto en la retórica del “derecho a recibir información veraz y oportuna”. La pregunta incómoda es quién decide qué es “veraz”, y por qué el gobierno que lleva años confundiendo datos, maquillando cifras y acusando “campañas de desinformación” pretende erigirse ahora en custodio semántico de la verdad.
Semántica de Estado
Desde 2013, 2017, 2022, 2025 y ahora 2026, la historia oficial es que todo se hace “por las audiencias”. Pero cada reforma trae de regalo un poquito más de control, un nuevo pretexto para intervenir, una nueva herramienta para señalar medios incómodos. Eso sí, siempre acompañado de la frase mágica: “no hay censura”.
Si el Gobierno tuviera el mismo empeño en combatir la corrupción, la inseguridad y la violencia exacerbada que en separar con plecas la opinión de la noticia, quizá no necesitaría tantas campañas de desinformación, códigos de ética obligatorios ni defensores de audiencia para blindarse de la crítica. Mientras tanto, México se sigue gobernando a fuerza de etiquetas: no hay buen gobierno, pero eso sí, perfectamente rotulado.
En Tamaulipas el diablo ya no se esconde en los detalles, se sienta en la silla del fiscal general y pide que le digan “licenciado”. Jesús Eduardo Govea Orozco, nuevo guardián de la legalidad morenista, carga un currículo que ningún departamento de Recursos Humanos se atrevería a admitir en voz alta: pasado de presidiario por servir al narco en Matamoros, siete meses en el penal federal de máxima seguridad de Almoloya, liberado pero nunca absuelto, según el propio reportaje de Fátima Monterrosa en NMás Noticias de Televisa.
Un expresidiario por delitos de delincuencia organizada que fungió de representante jurídico de Morena.luego reciclado por Américo Villarreal como Fiscal Anticorrupcion,ahora es el rostro pulcro de la “justicia” tamaulipeca.
La historia no es un chisme de cantina: en 2001 la Marina detuvo a Rogelio González Pizaña, “El Kelín” o Z2, operador del Cártel del Golfo en Matamoros; lo entregó a la PGR y ahí, en la carnicería institucional de siempre, lo cambiaron por otro detenido.
De ese episodio nació la averiguación previa PGR-UEDO-031-02; en febrero de 2002 un juez federal le dictó formal prisión a Govea por violaciones a la Ley Federal de Delincuencia Organizada y lo mandó al penal que solo pisaban los “peces gordos”. Siete meses después salió, bajo reserva de ley: en cristiano, lo dejaron ir, pero el expediente nunca se cerró con una absolución rotunda.
Hoy ese mismo personaje es el que se planta ante las cámaras para confirmar lo obvio: que el incendio de más de 50 camiones repartidores de Sabritas en Matamoros fue provocado, de acuerdo a imágenes de video.
Ahí sí, rigurosidad técnica; ahí sí, dictámenes de incendios y análisis de imágenes; ahí sí, estudio colegiado de criminalística. El fuego fue intencional, el ataque planeado, el daño calculado. Pero, milagrosamente, ahí no ve crimen organizado. No hay extorsión, no hay cobro de piso, no hay narco. El incendio, dice, está “en investigación”, pero el vínculo con el narco ya está descartado “por falta de elementos”.
Mientras el discurso oficial balbucea tecnicismos –focos de inicio, ausencia de solventes, siluetas borrosas en las cámaras–, las redes locales lo resumen sin anestesia: Sabritas no quiso pagar la cuota y los Escorpiones del Contador ya lo habían advertido, como en su momento le advirtieron a Julio Almanza.
La versión que circula en Matamoros es brutal y sencilla: hubo días para pagar, no pagaron y el aviso llegó en llamas, una fila de camionetas calcinadas dibujando la línea roja de la extorsión con gasolina.
En Valor Tamaulipeco,Breitbart o Código Magenta y muchos otros mas, lo hemos dicho sin maquillaje: la flota vehicular fue recado mafioso, fuego de advertencia por negarse a convertir las papitas en tributo al narco.
La escena tiene un aire de Nerón fronterizo: Escorpiones morenos del Cártel del Golfo con complejo de emperador romano, prendiendo fuego a la flota de Sabritas mientras el Estado morenista de Tamaulipas toca la lira de las explicaciones técnicas.
No es la primera señal: choferes secuestrados, golpeados, amenazados de desaparición por cobracuotas, comercios estrangulados a punta de “renta”, ciudades convertidas en cajero automático colectivo del narco con bendición política de facto.
Pero para el fiscal, formado en el viejo arte de la evasión de detenidos según los expedientes de PGR, la palabra “extorsión” es un fantasma que solo aparece en las leyes, no en sus carpetas de investigación.
Desde noviembre de 2025 la extorsión es delito grave en Tamaulipas, perseguible de oficio: basta una notitia criminis para que el Ministerio Público esté obligado a investigar, incluso si la víctima calla por miedo.
La misma ley establece de 10 a 20 años de cárcel para el servidor público que, teniendo atribuciones, se abstenga de denunciar e intervenir En papel suena duro; en la realidad, parece manual de supervivencia del narcoestado de baja intensidad: no ves, no oyes, no vinculas. El incendio es “provocado”, pero no por ellos. Las camionetas se vuelven chatarra, pero por causas misteriosas. La empresa se queda sin flota, pero sin enemigo claro al que señalar.
La ironía es demoledora: el hombre que fue detenido junto a todo el personal de la PGR en Matamoros por presuntos delitos contra la justicia en favor del CDG; el que compartió rejas con funcionarios acusados de ayudar a la fuga de un alto mando del Cártel del Golfo; el que obtuvo su libertad bajo reserva de ley, sin absolución definitiva, es hoy quien certifica que, en el incendio de PepSiCo en Matamoros, “no existen elementos que lo vinculen con el crimen organizado”. Si alguien conoce de primera mano cómo se borran los rastros del narco en los expedientes y se fabrican versiones oficiales sin sustento jurídico, es precisamente él.
Cuando se le preguntó por su pasado, Govea se despachó con una frase que hoy suena a confesión involuntaria: “Ese tipo de informaciones sesgadas en su mayoría realmente no me amerita ningún comentario”. Informaciones sesgadas: así llama al reportaje que recuerda que fue recluso federal por delincuencia organizada. Informaciones sesgadas: así podría etiquetar también a las denuncias de extorsión, a los testimonios de comerciantes, a las versiones locales que atribuyen el incendio a los Escorpiones del Contador por no pagar cuota.
Al final, todo lo que incomoda se reduce a “sesgo”. Lo único que no es sesgo, lo único que para él amerita comentario, es la narrativa impecable donde el fuego aparece sin narcos, sin extorsión, sin política criminalmente organizada.
Americo Villarreal y su fiscal expresidiario han decidido que la ley antiextorsión es decorado para el discurso, no herramienta para tocar intereses del Cártel del Golfo.
La frontera funciona como régimen de renta criminal, mientras el gobierno se limita a certificar que las llamas fueron intencionales pero socialmente asépticas. En Matamoros no habrá papitas por un rato con la misma rapidez: se quemaron 57 camiones repartidores.
Habrá, eso sí, más ruedas de prensa donde el guardián de la ley explique que el incendio fue provocado, minucioso, calculado… y completamente desvinculado de la delincuencia organizada.
El diablo se ríe en silencio: ya no tiene que esconderse detrás de los detalles, porque los detalles los firma, los redacta y los presenta un fiscal con pasado de narco y expediente abierto, convertido por Morena en símbolo de “justicia” para los próximos siete años.
