Al fiscal de Tamaulipas ,el expresidiario de penal de alta seguridadde Almoloya,hoy del Altiplano, Jesús Eduardo Govea Orozco, la periodista Azucena Uresti le pregunta por los policías y el fiscal le contesta por los proyectiles. Le pide nombres, ubicación y responsabilidades; él despliega la cortina de tecnicismos: “correlación”, “elementos balísticos”, “el elemento específico, el crucial”. Una pregunta entra a la Fiscalía y sale convertida en trabalenguas muy a pesar de que ya saben quien disparo.
La periodista pregunta quién; el fiscal explica cómo algún día podrán precisar quién. Y entre una cosa y otra instala su especialidad discursiva: el “vamos muy, muy avanzados”, esa fórmula elástica que anuncia movimiento sin comprometer una llegada.
El asunto tiene un límite bastante concreto: no están buscando a un pasajero extraviado entre las terminales de un aeropuerto. Según lo informado por el propio fiscal y recogido por Proceso, en el helicóptero viajaban cuatro integrantes de la Guardia Estatal (…no le caben mas): un piloto y tres policías.
El mismo reporte señala que ya se estableció que el proyectil que mató a Aranza salió de esa aeronave, aunque falta determinar quién accionó el arma. Cuatro personas a bordo: un universo delimitado, no una multitud anónima.
Pero en la retórica de Govea, el helicóptercito adquiere dimensiones de laberinto. Hay aeronave, hay ocupantes, hay armamento y hay registros por revisar; lo que no aparece en sus respuestas es una explicación igualmente concreta de qué falta, quién debe entregarlo y cuándo estará listo. En cambio, aparece la salivística: el arte de disparar subordinadas hasta dejar la pregunta original fuera de combate.
“Dependemos en gran medida de la cooperación de la Secretaría de Seguridad Pública”, dice. La frase merece detenerse: la Fiscalía presenta como dependencia lo que la ciudadanía espera que sea exigencia.
Si necesita documentos, armas, registros o comparecencias, que explique qué solicitó, cuándo lo pidió y qué sigue pendiente. Porque “estamos esperando cooperación” no puede convertirse en una cómoda sala de espera para la rendición de cuentas.
Desde luego que una investigación seria necesita balística. Desde luego que establecer de dónde salió una bala no equivale, por sí solo, a demostrar quién apretó el gatillo; esa responsabilidad individual todavía estaba pendiente de determinar, según la información publicada. Lo cuestionable no es que haya peritajes:es que el lenguaje de los peritajes termine funcionando como parapeto ante preguntas que también exigen respuestas administrativas y políticas.
¿Cuántas armas llevaban? ¿Quién tenía cada una bajo resguardo? ¿Quiénes dispararon? ¿Qué diligencias se han practicado con los ocupantes? ¿Qué medida se ha tomado respecto de los agentes? No son preguntas enemigas de la ciencia forense. Son preguntas enemigas de la vaguedad.
Azucena pone el dedo en la responsabilidad y Govea lo muda al laboratorio. Ella busca sujetos; él ofrece procedimientos. Ella pregunta por policías; él responde con la biografía del proyectil. Y así, entre correlaciones y avances “muy, muy” avanzados, la comparecencia corre el riesgo de convertirse en una demostración de cuánto puede hablar un funcionario sin despejar lo que le preguntan.
Aranza tenía siete años. La investigación sobre su muerte no necesita menos rigor, sino explicaciones a la altura de ese rigor y de esa pérdida. Nadie le está pidiendo al fiscal que sustituya las pruebas por una ocurrencia. Se le está exigiendo que no sustituya las respuestas por un glosario.
Porque una cosa es tomarse el tiempo necesario para acreditar responsabilidades y otra, muy distinta, hacer del “todavía falta” una forma de gobierno. La balística debe esclarecer el disparo, fiscal; no servirle de chaleco antibalas a su discurso.
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