La extorsión y el cobro de derecho de piso a los productores de aguacate mexicano cambió y se sofisticó tras las denuncias del gobierno de Estados Unidos que en febrero pasado acusó la injerencia del crimen organizado en la producción del aguacate mexicano. La suspensión por una semana de las importaciones mexicanas de aguacate, decretada por Washington el pasado 11 de febrero, ante amenazas criminales que recibió uno de sus inspectores fitosanitarios en el estado de Michoacán, modificó los cobros del Cártel Jalisco Nueva Generación a los productores y exportadores del aguacate mexicano y en lugar de cobrarles en el proceso de producción, ahora sólo les exige 1 peso por cada kilo de aguacate que es exportado.
Es decir, que si las exportaciones del aguacate michoacano son de 1.4 millones de toneladas cada año, el cobro del CJNG por extorsión alcanza los 1,400 millones de pesos anuales, una cifra mucho mayor que los impuestos que cobra el SAT a la producción del aguacate. De acuerdo con fuentes directas de la industria aguacatera de Michoacán, que revelaron a esta columna cómo opera actualmente el cobro de derecho de piso a los productores de ese estado, que es el principal productor de aguacate en el mundo y que dedica el 80% de su producción a la exportación al mercado de Estados Unidos, las encargadas de pagar la extorsión al crimen organizado son las 62 empacadoras del aguacate hass michoacano que tienen que reportarse mensualmente con los cobradores del cártel que hoy ha dominado la mayor parte del territorio aguacatero de Michoacán.
En razón de un peso por cada kilo de aguacate exportado, los productores y empacadores michoacanos le estarían pagando al crimen organizado, en este caso al CJNG, unos 140 millones de pesos cada mes, cifra que corresponde al promedio histórico de las exportaciones mensuales de aguacate de 2019 a la fecha, que oscilan entre las 156 mil toneladas alcanzadas en marzo de 2021 y las 84 toneladas reportas en abril de 2022. Y aunque las pérdidas las comparten entre todos los productores y empacadores, para cumplir con la cuota mensual y anual que le exige el cártel de Nemesio Oseguera “El Mencho”, al final lo que hacen los agricultores y exportadores es trasladarle ese peso que le pagan al crimen organizado a los consumidores en el precio final de cada aguacate exportado.
Es decir, que al final el costo de la extorsión criminal que pagan los aguacateros michoacanos, y de la que está perfectamente enterado el gobierno, lo pagamos los consumidores del aguacate tanto en México como en Estados Unidos, que terminanos siendo involuntariamente parte de una cadena criminal y de extorsión que ocurre en uno de los principales productos agropecuarios de exportación de México a los Estados Unidos.
En el año 2021, de acuerdo a las cifras oficiales, las exportaciones del aguacate michoacano a Estados Unidos, alcanzaron un valor de 2,900 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 24% en relación con el valor que tuvieron las exportaciones de 2018 del llamado “oro verde” mexicano. Dentro de ese valor, también está considerado el negocio multimillonario del crimen organizado, que se lleva una tajada de 1,400 millones de pesos anuales, equivalentes a 72.3 millones de dólares. Eso significa que en el narcotráfico en México se está quedando con entre un 3 y un 5% del valor de las exportaciones mexicanas del aguacate.
El pasado 11 de febrero de este año, tras una llamada telefónica de amenazas de narcotraficantes que recibió un inspector fitosanitario de la FDA de Estados Unidos que supervisa la producción aguacatera de Michoacán, la administración Biden ordenó el cierre total de las importaciones de aguacate mexicano a su territorio. Ante las pérdidas millonarias que sufrieron los productores mexicanos, que se estimaron en 20 millones de dólares diarios durante una semana, y la presión del gobierno estadounidense, el gobierno de México, junto con los productores, presentaron un “plan de seguridad” para la producción aguacatera michoacana, que consistía en crear “unidades de inteligencia” para cuidar a los inspectores estadounidenses de las amenazas de los cárteles de la droga.
El plan fue aceptado por Estados Unidos y validado por el embajador Ken Salazar y se reanudaron las importaciones de aguacate mexicano al país vecino el 18 de febrero. Lamentablemente en ese plan el gobierno federal no incluyó la protección y persecución del delito de extorsión, o cobro de derecho de piso, que realiza el CJNG a los productores y exportadores de aguacate en Michoacán, un negocio ilegal y multimillonario que representa un impuesto de facto para los agricultores y empacadores, pero también un costo adicional que pagamos los consumidores ante la complacencia e ineptitud del gobierno para combatir y erradicar esos cobros ilegales.
Tal vez no es casualidad que en las pasadas elecciones estatales de Michoacán, en las que se renovó la gubernatura, el narcotráfico haya operado para garantizar el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedollla, según la denuncia penal que realizó ante la FGR, ante instancias internacionales como la CIDH y públicamente, el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo. Al final, lo que haya invertido el crimen organizado en ayudar al triunfo del partido oficialista, se lo pagan con creces al dejarlo cobrar su multimillonaria extorsión al aguacate michoacano.
fuente.-Salvador Garcia Soto/
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