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domingo, 18 de octubre de 2026

«BRUTAL MATAZON de 281 MUJERES: GRAFICOS ARRUINAN el EXITO del DESPLIEGUE MILITAR y ELLAS siguen PAGANDO el COSTO de VIVIR en SINALOA»…la mayoria saldo de guerra de bandos de la misma banda.


En Escuinapa, una mujer fue asesinada a unas cuadras de Seguridad Pública. Después llegaron los militares con equipo antidron y pidieron a los vecinos encerrarse porque habían detectado drones en la zona. La escena resume una tragedia que ningún parte operativo debería maquillar: cuando apareció el despliegue, la víctima ya estaba muerta. La capacidad de reaccionar no alcanzó para protegerla.

Según la información siempre oportuna de Noroeste, que ademas combate el maquillaje del gobierno, el asesinato ocurrió la noche de ayer sábado 17 de octubre, en la colonia Centro. La víctima, identificada extraoficialmente como Reina, de poco más de 30 años, habría sido atacada desde una motocicleta. 

Los testimonios recogidos por el diario hablan de al menos diez detonaciones y de un agresor que descendió para seguir disparándole. No fue una muerte abstracta en una gráfica: fue una mujer asesinada en plena calle, cerca de las instalaciones de quienes debían garantizar seguridad.

El periódico la contabiliza como la mujer número 20 asesinada en Escuinapa desde junio y la tercera durante octubre. Entre las víctimas de estos meses menciona a estilistas, docentes y comerciantes. El recuento no demuestra que todas murieran por una misma causa ni identifica a los responsables de cada ataque; sí exhibe una sucesión de asesinatos que vuelve insostenible confundir presencia armada con protección efectiva.

El gráfico que le arruina el maquillaje al discurso

La gráfica original sin edicion,publicada por Noroeste sobre feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en Sinaloa, elaborada con datos de la Fiscalía estatal y trabajo periodístico, abarca de enero de 2024 al 15 de octubre de 2026. Y su lectura exige una precisión: la cifra superior corresponde a la suma de ambas categorías; no debe sumarse otra vez a las dos series interiores, porque eso duplicaría los casos.

Desmenuzado, el registro deja este balance:

PeriodoMujeres víctimas de feminicidio u homicidio doloso
Enero-diciembre de 202454
Enero-diciembre de 2025102
Enero-15 de octubre de 2026125
Total del periodo mostrado281

Los totales resultan de sumar los valores mensuales de la gráfica, no de un recuento independiente de expedientes. El dato central es suficientemente demoledor: con octubre todavía a la mitad, 2026 ya había superado las 102 víctimas registradas durante todo 2025.

Para comparar periodos equivalentes, sin hacer trampa con el calendario, de enero a septiembre se pasó de 62 víctimas en 2025 a 113 en 2026: un incremento de aproximadamente 82.3%. No es una fluctuación que pueda despacharse con una frase de optimismo institucional. Es un deterioro medible en los mismos nueve meses de cada año.

La escalada reciente también tiene nombres de mes:

  • Julio de 2026: 15 víctimas.
  • Agosto: 23.
  • Septiembre: 26, el máximo mensual de toda la gráfica.
  • Del 1 al 15 de octubre: 12.

Agosto y septiembre acumularon 49 mujeres asesinadas: casi tantas como las 54 registradas en todo 2024. Y las 12 de octubre no representan un mes completo. Compararlas sin advertir el corte con las 26 de septiembre sería vender como mejoría lo que, por ahora, es una diferencia de calendario.

El rosa no suaviza los asesinatos

La composición del gráfico también importa. En agosto de 2026 aparecen 20 feminicidios y tres homicidios dolosos de mujeres; en septiembre, 23 y tres, respectivamente. Para el corte de octubre, muestra 12 feminicidios y cero homicidios dolosos. Ese cero no significa que no hayan matado mujeres: significa que los 12 casos están contabilizados en la otra categoría. Cambiar de casilla no devuelve una sola vida.

El dato evita otra coartada: diluir a las mujeres dentro de una cifra general de violencia y luego tratarlas como un daño lateral sin rostro. La gráfica las cuenta por separado y muestra que su victimización crece. No permite establecer el móvil de cada crimen ni atribuirlos en bloque a una organización, pero tampoco permite borrarlas del balance de seguridad.

Mucho operativo; la protección sigue a deber

El análisis plantea una pregunta que atraviesa esta discusión: si los golpes contra los grupos criminales reducen sus capacidades, ¿por qué esa reducción no se traduce en una disminución sostenida de las muertes violentas ? 

Precisamente por eso, la crítica más sólida no necesita inventar omnipotencias criminales ni atribuciones sin expediente. Basta confrontar el discurso de seguridad con su resultado indispensable: preservar vidas. En el registro de mujeres de Noroeste, ese resultado empeora, no mejora. Los operativos pueden existir; la protección no se acredita por el simple hecho de desplegarlos.

Escuinapa ofrece una imagen particularmente amarga: una mujer asesinada, policías acordonando y militares llegando con equipo antidron mientras los vecinos reciben la instrucción de meterse a sus casas. El Estado interviene, sí; pero en ese episodio interviene después del ataque. La población se resguarda y la víctima ya no tiene posibilidad de hacerlo.

La impunidad no se combate con escenografía

Estos materiales no incluyen cifras de esclarecimiento, vinculaciones a proceso o sentencias; por tanto, no permiten calcular una tasa de impunidad que otra información presume deprimente.

Y ahí está la exigencia que ningún uniforme debería cancelar: informar quién mató, quién ordenó, qué se investigó, a quién se procesó y qué se hizo para impedir el siguiente ataque.

Porque la seguridad no consiste en que los vecinos sepan encerrarse cuando llegan los militares. Consiste en que puedan estar en la calle sin terminar convertidos en la siguiente cifra.

Con información: NOROESTE/ NOROESTE/

LA “PATRIA NO es PROPIEDAD del GOBIERNO: con SOBERANÍA de PECHO INFLADO y PATRIOTISMO de UTILERÍA,FGR ACUSA del MÁS GRAVE DELITO a EX-FISCAL por COMBATIR al NARCO”… la bandera no debe ser usada como cortina.


Hay una diferencia entre defender la soberanía y utilizarla como chaleco antibalas del discurso oficial. La primera exige instituciones capaces de perseguir criminales sin entregar sus facultades a otro país. La segunda permite envolverse en la bandera y dejar sin responder la pregunta incómoda: ¿cómo impedir que los controles sobre la cooperación internacional terminen protegiendo aquello que deberían ayudar a combatir?

Ernestina Godoy anunció la detención de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, y sostuvo que habría permitido la intervención no autorizada de extranjeros en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas. 

La FGR presenta esos hechos como posiblemente constitutivos de traición a la patria. Esa es la acusación; todavía no es una culpabilidad demostrada. Y la distancia entre ambas cosas no se cubre inflando el pecho frente a una cámara.

Porque la soberanía no es una contraseña que dispense al Ministerio Público de explicar su caso.

El primer deber de una fiscal no es conmover a la bandera: es acreditar el delito

La Ley de Seguridad Nacional establece controles expresos:acreditación de agentes, límites a sus actividades, autorización previa de reuniones e informes sobre los contactos con autoridades locales. También les prohíbe ejercer facultades reservadas a autoridades mexicanas y realizar o inducir detenciones, allanamientos y otras conductas contrarias al orden jurídico nacional.

Hasta ahí, el terreno normativo existe. Negarlo sería regalarle a la Fiscalía una refutación facilísima.

Lo que no existe es una escalera automática que convierta cualquier infracción a esas disposiciones en traición a la patria.

El artículo 70 de la propia ley dice que su inobservancia puede generar responsabilidad administrativa o penal «de conformidad con las leyes respectivas». No dice que toda reunión no autorizada, toda omisión de informe o toda colaboración irregular constituya, por sí misma, el delito más aparatoso del repertorio patriótico. La remisión obliga a identificar y acreditar el delito aplicable; no autoriza a escoger el de mayor rendimiento propagandístico.

Por eso, la pregunta para Godoy es concreta: ¿qué artículo, qué fracción y qué hechos sostienen la imputación?

Si la Fiscalía pretende utilizar la fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal, debe acreditar actos contra la independencia, soberanía o integridad nacional realizados «con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero». Esa finalidad no es un adorno que pueda omitirse porque estorba al discurso. Es parte de lo que la norma exige.

Si pretende utilizar la fracción VIII, relativa a ocultar o auxiliar a quien cometa espionaje, deberá acreditar tanto los actos de espionaje como el conocimiento de quien presuntamente los favoreció. 

La pertenencia de una persona a una agencia de inteligencia no sustituye la demostración de lo que hizo en el caso concreto. Si invoca otra hipótesis, tendrá que demostrar sus elementos, no pedir que el público los imagine.

El comunicado de la fiscal no identifica esa fracción. Eso impide evaluar la solidez completa de la imputación, pero también impide dar por demostrado, desde el atril, aquello que todavía requiere una explicación jurídica precisa.

Señora fiscal: la indignación puede acompañar una acusación. No puede hacer el trabajo de la prueba.

No fue una ley inventada por López Obrador; sí fue una reforma bajo su gobierno

La Ley de Seguridad Nacional no nació con Andrés Manuel López Obrador. Fue publicada el 31 de enero de 2005, durante la presidencia de Vicente Fox. 

Lo que se incorporó el 18 de diciembre de 2020 fue el título séptimo, relativo a la cooperación con gobiernos extranjeros en materia de seguridad, donde se encuentran los controles específicos sobre agentes extranjeros.

Un sistema que exige autorización previa de reuniones, presencia de un representante de Relaciones Exteriores e informes de contactos dentro de los tres días siguientes concentra en el aparato federal el control de los intercambios con autoridades locales. Es legítimo discutir si esos controles son proporcionados, si vuelven más eficaz la cooperación o si pueden utilizarse para asfixiarla.

No hace falta inventar una confesión legislativa para formular una pregunta devastadora: ¿los controles sirven para impedir abusos extranjeros o pueden convertirse en una ventanilla desde la cual el poder decide qué investigaciones avanzan y cuáles se quedan esperando permiso?

La propia ley contiene una incomodidad para el patriotismo de utilería

La Ley de Seguridad Nacional no solamente considera amenazas los actos de interferencia extranjera que puedan afectar al Estado mexicano. Su artículo 5, fracción III, incluye también los «actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada». Y su artículo 4 incorpora la coordinación y la cooperación entre los principios que deben regir la seguridad nacional.

Ahí está la tensión que ningún discurso debería esconder:proteger al país de injerencias indebidas y evitar que sus propias instituciones queden paralizadas frente al crimen son deberes que deben cumplirse al mismo tiempo.

Esto no vuelve lícito cualquier operativo ni convierte a sus participantes en inocentes por decreto. Pero sí desarma la comodidad de presentar la soberanía como un valor que solamente se lesiona cuando aparece un extranjero y nunca cuando la delincuencia organizada encuentra obstáculos institucionales a su persecución.

La bandera no debería funcionar como cortina.

Porque, si una regla concebida para controlar la cooperación termina aplicándose como instrumento para desalentar investigaciones legítimas, su existencia legal no cancela el examen de sus consecuencias. El membrete no santifica el resultado.

No todo lo legal es justo. Pero tampoco basta invocar una causa justa para volver legal cualquier medio. Precisamente por eso hacen falta controles para los agentes extranjeros y controles para quienes, desde el Gobierno, deciden cómo perseguir a quienes colaboran con ellos.

Federalismo no es división de poderes, aunque la frase luzca solemne

Godoy califica el operativo como un ataque «al pacto federal y a la división de poderes». Conviene no dejar pasar la mezcla: discutir si una autoridad estatal invadió atribuciones federales no equivale, sin explicación adicional, a demostrar una ruptura de la división de poderes. Son problemas constitucionales distintos, aunque puedan relacionarse en un caso concreto.

Si el reproche es competencial, que se identifiquen la facultad reservada, la conducta que la habría invadido y la consecuencia jurídica correspondiente.

Si hubo transferencia de potestades públicas a extranjeros, que se describa quién decidió, quién mandó y quién ejecutó.

Si hubo ejercicio ilícito de funciones, ocultamiento de información u otras conductas penalmente relevantes, que se acrediten conforme al delito que corresponda.

Lo que no resulta aceptable es amontonar «pacto federal», «división de poderes», «integridad nacional» y «traición» como si la acumulación de solemnidades reparara cualquier hueco de la imputación.

La Constitución no es una caja de efectos especiales.

Ni el laboratorio absuelve ni la bandera condena

Que el operativo estuviera dirigido contra instalaciones del narcotráfico no demuestra, por sí solo, que todo lo realizado fuera legal. Del mismo modo, la presunta falta de autorización para la intervención extranjera no demuestra, por sí sola, que Jáuregui quisiera someter al país a un poder externo. Son proposiciones distintas y exigen pruebas distintas

Y una crítica pública rigurosa debe preguntar también por la otra investigación: la del laboratorio, sus operadores, sus recursos y las posibles redes que lo hicieron funcionar. Perseguir eventuales irregularidades de la autoridad no debería desplazar la obligación de esclarecer la actividad criminal que motivó el operativo.

La soberanía merece algo mejor que romanticismo de pecho inflado. Merece una Fiscalía que explique con precisión dónde termina la cooperación irregular y dónde comienza el delito que asegura perseguir.

Porque la patria no es propiedad del Gobierno, ni la discrepancia equivale a deslealtad, ni un comunicado ministerial puede ocupar el lugar de una sentencia.

Y porque combatir al narco fuera de la ley exige rendir cuentas; utilizar la ley como coartada para estorbar su combate también merece el escrutinio más feroz.

Con información: ELNORTE/ LEY SEGURIDAD NACIONAL/

sábado, 17 de octubre de 2026

LOS «GOPES de AGUAS CALIENTES: ENTREGAN a POLICIAS de ELITE DOS BLACK MAMBA 2026″…y nos recuerda la historia fallida de la «Barredora» del CDV.


En Aguascalientes, buscan mantener la paz con carrocería blindada, torreta y un cargamento de balas. La gobernadora panista Tere Jiménez entregó dos vehículos tácticos Black Mamba modelo 2026 a la Policía Estatal, como parte de un paquete de equipamiento y armamento para la corporación y las policías de los 11 municipios. 

Todo bajo el paraguas del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia: nombre de escritorio para un despliegue que viene bastante más acorazado y que parece recordarnos la historia fallida del GOPES de Tamaulipas, que terminó como una temible «Barredora» del CDV, como advierte la evidencia.

El inventario del GOPES de Aguascalientes no es precisamente de utilería: 142 armas de fuego —cortas de 9 milímetros y largas de 7.62— y más de 927 mil municiones de distintos calibres. Jiménez sostuvo que preservar la paz social es una prioridad permanente y prometió mantener la inversión en herramientas para los policías. Esta vez, las herramientas incluyen dos máquinas con nombre de serpiente y espacio para montar ametralladoras calibre .50.

Mucho acero; las cuentas de seguridad, aparte

Los Black Mamba son fabricados en México por TPS Armouring sobre un chasis Ford F-250 Super Duty. Incorporan acero de 10 milímetros, cristales blindados, protección en las ruedas, aberturas para disparar desde el interior y una torreta superior. La descripción recogida por Infodefensa también les atribuye resistencia frente a granadas y explosiones bajo el vehículo. Eso sí: la afirmación de que el acero resistiría «todo tipo de munición» merece quedarse entre comillas, no convertirse por entusiasmo en certificado de invulnerabilidad.

El secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, acompañó la entrega con otro blindaje, esta vez discursivo: afirmó que la Policía Estatal tiene un 73.7% de confianza ciudadana, por encima de la media nacional. La nota no precisa la encuesta ni el periodo de referencia de ese porcentaje; el dato viene con declaración, pero sin ficha técnica a la vista.

Por parte de los agentes, Claudia Gabriela Díaz Herrera y Jesús Guadalupe Medina Gutiérrez, del Grupo de Operaciones Especiales, señalaron que el equipo les proporciona medios para cumplir sus funciones cotidianas. El reparto del material alcanza a la Policía Estatal y a las corporaciones de los 11 municipios, aunque los dos Black Mamba están destinados a la primera.

La entrega deja una fotografía contundente: blindados nuevos, armas y munición por montones. Lo que la información publicada no presenta son resultados de esta incorporación en reducción del delito. Porque una cosa es reforzar a la policía y otra dar por blindada la seguridad de los ciudadanos.

El blindaje tampoco vacuna contra la corrupción

Una policía mejor armada no es, por ese solo hecho, una policía más confiable. Sin controles, supervisión y rendición de cuentas, preparar mejor a los agentes también entraña un riesgo: que quienes crucen al lado criminal lo hagan con más entrenamiento, mejores armas y conocimiento de las entrañas del Estado. Porque si la placa termina al servicio del delito, el presupuesto público habrá financiado la profesionalización del verdugo.

Con información: INFODEFENSA/

"57 AÑOS DESPUÉS: la «MUERTE del HERMANO de AMLO es un ACCIDENTE que NO TERMINA de CUADRAR»…una pistola, dos lugares de impacto y una trayectoria incómoda.


Una investigación de Andrew Paxman contrasta la versión familiar con la prensa de 1969: cambian el lugar donde habría golpeado la pistola y la explicación no encaja, según el historiador, con la trayectoria del proyectil. Eso no demuestra que el expresidente disparara, pero deja preguntas que el expediente original ausente no permite resolver.

Cincuenta y siete años después, la explicación sigue teniendo piezas sueltas. El 8 de julio de 1969, José Ramón López Obrador, de 14 años, murió de un disparo en la cabeza dentro de Novedades Andrés, la tienda de su familia en Villahermosa. Andrés Manuel, entonces de 15 años, reconocería décadas después que estuvo presente. La versión familiar sostuvo que fue un accidente: José Ramón manipulaba una pistola, el arma cayó y se disparó. El problema es que, al revisar los relatos, no todos cuentan el mismo accidente.

El historiador Andrew Paxman vuelve sobre esas diferencias en Andrés Manuel. Una biografía en 50 episodios, publicado por Debate. En el cuarto capítulo, “José Ramón: la tragedia familiar”, contrasta las noticias que publicaron al día siguiente Presente, Rumbo Nuevo y Diario de Tabasco con las explicaciones posteriores de López Obrador y sus familiares. No ofrece una sentencia: exhibe contradicciones. Y conviene no confundir una cosa con la otra, por mucho apetito político que despierte el caso.

Una pistola, dos lugares de impacto y una trayectoria incómoda

La primera diferencia está en dónde habría golpeado el arma antes de dispararse. Una declaración atribuida a López Obrador en 1969 situaba el golpe en el mostrador; una reconstrucción familiar publicada décadas después lo colocó en el suelo. El mostrador no es el suelo, aunque ambos puedan terminar acomodados bajo la misma etiqueta de “accidente”.

La segunda discrepancia concierne a la trayectoria del proyectil. A partir de los hallazgos atribuidos a la primera inspección ministerial, Paxman la interpreta como descendente y la contrapone a la explicación de una pistola que cae y se acciona. Esa es la lectura del historiador sobre los indicios recogidos por la prensa de entonces: no debe presentarse como un nuevo dictamen pericial ni como prueba de quién disparó.

Aquí está el límite que ninguna redacción rigurosa debería saltarse: Paxman no establece que Andrés Manuel López Obrador accionara el arma, acusación que hicieron circular algunos adversarios políticos. Lo que identifica son diferencias entre los testimonios y los indicios descritos inmediatamente después de la muerte. Convertir esas inconsistencias en una culpabilidad demostrada sería sustituir la investigación por el linchamiento.

Los contactos aparecen; el expediente, no

La reconstrucción también recoge una versión sobre la intervención de Payambé López Falconi, notario, amigo de la familia y padre del futuro gobernador Adán Augusto López. Según esa versión citada por Paxman, habría ayudado a “enterrar el escándalo”. La frase es explosiva; su condición de versión, indispensable. No equivale a una intervención irregular acreditada.

El historiador retoma, además, testimonios reunidos por George W. Grayson sobre una presunta detención de Andrés Manuel después del disparo, posibles gestiones políticas para proteger a la familia y el supuesto extravío del informe policial durante una administración posterior. Son señalamientos recuperados por la investigación, no hechos que puedan darse por probados solo porque resulten políticamente jugosos

La muerte fue investigada inicialmente por el Ministerio Público de Tabasco. Pero la ausencia del expediente original deja sin resolver lo básico: qué declararon exactamente los testigos, cuáles fueron las conclusiones periciales y qué determinó formalmente la autoridad. Ahí está el agujero documental: sobran versiones para la disputa pública y faltan las actuaciones originales para contrastarlas. La ausencia, por sí misma, tampoco demuestra un encubrimiento.

De tragedia familiar a munición electoral

El caso reapareció como arma política durante las campañas de López Obrador en Tabasco y después, cuando disputó la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. En 2005, entrevistado por Jorge Ramos, reconoció que estaba presente cuando murió su hermano, rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que había sido un accidente.

La aportación de la reconstrucción de Paxman consiste en separar dos planos que la pelea partidista suele revolver a conveniencia: las acusaciones que circularon durante décadas y los indicios documentales publicados al día siguiente de la tragedia. Ni la reiteración de una acusación la vuelve prueba ni la repetición de una explicación familiar resuelve sus discrepancias. En este caso, el contraste vuelve a colocar sobre la mesa qué se dijo primero, qué cambió después y qué sigue sin respuesta.

Cincuenta episodios para mirar más allá del pedestal y la hoguera

El episodio forma parte de una biografía que recorre los orígenes familiares de López Obrador, sus primeros años de militancia, la fundación de Morena, sus relaciones con grandes empresarios, la militarización de la seguridad pública y la sucesión presidencial de 2024. Paxman, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, es autor de En busca del señor Jenkins. Dinero, poder y gringofobia en México y coautor de El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa.

El libro examina otras tensiones de la trayectoria del expresidente: combatir discursivamente a la “mafia del poder” mientras pactaba con integrantes de la élite empresarial; impulsar programas sociales y aumentos al salario mínimo sin emprender una reforma fiscal profunda; prometer justicia y ampliar, al mismo tiempo, la participación militar en tareas civiles. También revisa su relación con la prensa antes de llegar al gobierno y las alianzas y disputas que precedieron a su victoria de 2018 y a la consolidación de la 4T.

La propuesta de Paxman, según la reseña de Proceso, es examinar esa trayectoria sin reducirla a la admiración o la condena. En el caso de José Ramón, eso exige algo menos cómodo que repartir absoluciones o culpabilidades: confrontar las versiones, reconocer los vacíos y no hacer pasar una sospecha por una prueba.

Con información: PROCESO/