San Valentín en Puebla amaneció con balazos en lugar de flores: afuera (y, según otros, hasta dentro) del bar “Sala de Despecho” en Angelópolis donde motosicarios armaron la descarga contra una camioneta Mercedez Benz y el saldo preliminar es de tres muertos,2 hombres, una mujer y 5 lesionados, mientras la autoridad sigue en modo comunicado pendiente.
Al momento del ataque clientes y empleados se tiraron al piso, corrieron y se encerraron donde pudieron mientras las ráfagas sonaban y el “cupo limitado” se convirtió en “salida ilimitada».
Los agresores se dieron a la fuga como siempre: rápido, armados y sin que haya noticias de detenciones contundentes por parte de las autoridades en el momento del hecho.
La reacción oficial (de trámite)
La Secretaría de Seguridad Ciudadana llegó a acordonar la zona, montar operativo y “realizar recorridos”, mientras la Fiscalía abrió carpeta de investigación y levantó indicios como si no llevaran años levantando casquillos sin resultados visibles.
En el discurso extraoficial se habla de posible ajuste de cuentas, pero las autoridades no confirman nada, lo que deja el móvil flotando en el aire como si la violencia en Puebla fuera una especie de fenómeno meteorológico y no consecuencia de un Estado rebasado.
El cuento repetido de la Puebla “cool”
Angelópolis presume centros comerciales, bares “nice” y vida nocturna aspiracional, pero cada vez más seguido termina en escenas de crimen con camionetas de lujo agujereadas y cuerpos tirados.
En una semana balaceras en antros, ataques en bares del Centro Histórico y operativos que llegan siempre después, como si la prevención fuera opcional y la impunidad parte del paquete de la ciudad “moderna”.
Una reciente entrevista del periodista de Elefante Blanco, Carlos Manuel Juarez, al General Arturo Pancardo,Secretario de Seguridad Publica del gobierno de Morena de Americo Villarreal en Tamaulipas, nos deja ver otra vez ese toxico amasiato de prensa y gobierno, cuando ambos entes se ponen de acuerdo para dejar de ver y atender la evidencia de violencia e inseguridad de Tamaulipas, y que tuvieron su mas reciente episodio en las balaceras de Matamoros,presuntos topones,cuartel tiroteado, mero desafio del jefe narco donde no hubo absolutamente ningun detenido, pero quedo gravemente herida la credibilidad del gobierno detras del «berrinche armado de Alfredo Cardenas Martinez,lider de los «Escorpiones» de filiación «moreno-criminal», donde radica la explicación.
En la entrevista,el General Pancardo vende Tamaulipas como parque temático de la seguridad y el periodista mancebo lo compra entero: aquí hay una misa cívico-militar, no una entrevista sobre un estado con crisis crónica de violencia, extorsiones exacerbadas, gobernanza criminal,abusos policiales y desapariciones que terminan como materia prima de la incansable fabrica de no localizados en que esta convertida Tamaulipas,saldo de dos toxinas y permisivas palabras,humanismo y transformación.
1. “No estamos en guerra con el crimen”: eufemismo blindado nivel Mamba
El corazón retórico de Pancardo es su mantra: “no estamos en guerra con nadie, estamos fortaleciendo la ley”.
Declara que la violencia “bajó 80%” en homicidios desde 2018, sin aclarar fuente, metodología, ni si habla de averiguaciones previas, víctimas o simples “eventos”.
Atribuye la supuesta caída a “coordinación interinstitucional” y a un “tiempo de respuesta de 10 a 15 minutos” del C5, como si la reducción de homicidios se resolviera por call center.
Equipara ley con paz: si se aplica la ley, no hay guerra, así que quien hable de guerra está “distorsionando”.
El truco es viejo: si niegas la guerra, niegas también el carácter político y sistémico de la violencia. El crimen organizado pasa a ser solo “alguien que se salió del camino recto”, no estructuras que co-gobiernan territorios con ayuda del gobernador y su gobierno, capturando policías y operando con tolerancia estatal, mientras los «cobrones» recaudan impuestos.
Mientras él General habla de “estado seguro” y “atracción turística”, Tamaulipas ocupa los primeros lugares nacionales en percepción de corrupción de autoridades de seguridad, altísima cifra negra y clima de desconfianza hacia la policía. La entrevista jamás le contrapone que solo Tamaulipas es tercer lugar nacional en delitos que no se denuncian en el estado y que la gente, literalmente, no confía en la autoridad como vía de justicia.
2. Blindaje narrativo: Mambas, doctores y turistas felices
El arranque es casi infomercial: el secretario arriba literalmente montado en una Mamba, blindado sobre chasis Ford Super Duty, con el periodista jugando a vendedor de agencia.
Se presume que el vehículo soporta de 7.62 a .50, que da “confianza” y “motiva al personal”, y que ya tienen 32 unidades más 10 por adquirir, concentradas al norte, donde también se concentran grupos criminales y desapariciones.
Se repite como letanía el nombre del gobernador Américo Villarreal y su “orden de gobierno” y “cultura de proximidad”, en clave de propaganda institucional, no de rendición de cuentas.
El secretario liga disminución de homicidios con aumento de turismo y “pueblos mágicos”, como si llegar más visitantes a la playa cancelara automáticamente la crisis de desapariciones y las denuncias de abusos policiales.
No se escucha una sola cifra de uso de la fuerza, de quejas por abuso, de recomendaciones de organismos de derechos humanos, ni de ejecuciones extrajudiciales. Pero sí Mambas, uniformes nuevos y la promesa de llegar a 5 mil elementos de Guardia Estatal, sin discutir cómo se controla a esos 5 mil ni qué pasa cuando son ellos los que delinquen o se sitúan del lado del crimen organizado.
3. El elefante en el estudio: abuso policial y desapariciones
Mientras el programa se desliza entre la nostalgia biográfica del general que fue jefe de la Octava Zona Militar sin que se destacara ningun logro contra el Cartel del Golfo en Reynosa,que sigue vivito y coleando» abrazado del gobernador Americo Villarreal,el habla de turismo playero en medio de dos montañas de datos que jamás aparecen: abuso policial y desaparición de personas.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Publica (ENVIPE 2024) para Tamaulipas, muestra que más del 70% de la población considera corruptas a las autoridades de seguridad; la cifra negra es abrumadora, con solo 5.3% de los delitos denunciados y aún menos con carpeta de investigación.
Tamaulipas es segundo lugar con más desapariciones del país,tan solo después del Estado de México y ya desplazó a Jalisco,de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNLO)
En menores de edad, Tamaulipas es segundo lugar nacional en niños y adolescentes desaparecidos, con más de 1,500 casos históricos, un dato incompatible con el relato de “estado seguro” y “crisis controlada”,como cita Milenio.
El estudio mas reciente de la organización Causa en Comun,encuera a Tamaulipas como un paciente en coma y hace una diseccion con desmenuce puntual del estado que guardan las Policias,Fiscalias y los Penales Estatales.
El entrevistador nunca le suelta la pregunta obvia: ¿cómo puede un estado con podio en desapariciones y altísima percepción de corrupción policial venderse como “estado seguro” solo porque bajaron los homicidios,en medio de una gravísima e impresionante cifra de desaparecidos en una entidad donde desaparecer equivale a morir.
Tampoco aterriza en el terreno delicado: ¿por qué Tamaulipas aparece, una y otra vez, como un foco rojo de Alertas del máximo Nivel por parte de los EE.UU donde es lider nacional.
4. La retórica de la limpieza interna: 175 expedientes y nadie se mancha
Pancardo presume 175 expedientes internos abiertos contra policías, por ausentismo, indisciplina, fallos en controles de confianza y “malas prácticas”, con la promesa solemne de que “nadie se va a cubrir”.
No da tasas por cada 100 elementos ni compara con otros años; 175 suena a “estamos haciendo algo”, pero sin contexto puede ser más bien síntoma de podredumbre sistémica.
Las faltas graves se diluyen en la misma bolsa que ausencias y papeleo chueco; el abuso policial se despolitiza como “problema administrativo” que se resuelve en un consejo interno, lejos de las víctimas.
Solo si “hay evidencia concluyente” lo mandan al Ministerio Público; o sea, la institución investigada define si el caso merece salir de la casa, en un estado donde ya de por sí casi nadie denuncia y casi nada llega a proceso penal.
La entrevista deja pasar que de acuerdo a la mas reciente Encuesta de Percepción de Inseguridad publicada por el INEGI en enero de 2026,el 81.7% de los ciudadanos de Reynosa,donde operan los cobrones de piso consentidos del Gobernador,se sienten inseguros.
La escena es paradigmática: el general recita su manual de “autodepuración”, el periodista asiente y nadie menciona las víctimas de detenciones arbitrarias, tortura, cateos ilegales o desaparición forzada en la que participan cuerpos de seguridad.
Los mismos que se doblan cuando no se tuercen cuando se trata de Los Escorpiones del Cartel del Golfo de Matamoros,por cierto, de filiación Morena y a los que la misma SSP del General,aunque no fue el, sino su antecesor ,pero por ordenes del mismo gobernador les entregó las Fuerzas Especiales,antes «GOPES» para atizar una guerra interna.
5. El entrevistador: de Elefante Blanco a florero beige
La conducta del entrevistador es el hilo conductor del problema: no es solo que no cuestione, es que se acomoda para reforzar el relato del poder.
Presenta al secretario casi como personaje entrañable: de origen en el Golfo, destino marcado, “Tamaulipas en el corazón”, carrera ejemplar en Sedena, y lo sienta a “charlar” más que a rendir cuentas.
Formula preguntas-lanzadera: “¿Es un estado seguro?”, “¿ha cambiado la sociedad?”, “¿la gente ve que ya no hay tanta violencia?”, que solo sirven para que el general se autopromocione con cifras sin contraste.
Cuando toca temas duros (violencia familiar, migrantes, convoyes en ejidos), los aterriza en clave moralizante o asistencial (“hombres que golpean a sus esposas”, “vengan, aquí les damos trabajo”), no en clave de responsabilidad institucional ni de omisiones del Estado.
La omisión más grave es estructural:
No le pregunta por qué Tamaulipas se sostiene en la parte alta del ranking nacional de desapariciones.
No le confronta con percepciones de corrupción policial ni con la cifra negra brutal que reporta INEGI para el estado.
No le plantea el historial militar de Pancardo en contextos de alta letalidad (Reynosa, región noreste, Sinaloa) y los señalamientos regionales sobre uso excesivo de la fuerza.
La entrevista opera como pieza de “relaciones públicas de seguridad”: una pasarela de logros, Mambas, universidades de seguridad y planes de profesionalización, donde el periodista nuevamente se comporta más como maestro de ceremonias que como contrapoder.
En un estado que figura entre los que más concentran desapariciones, enfrentamientos con fuerzas federales y desconfianza hacia la policía, el mínimo ético profesional era reventar el globo discursivo de “no estamos en guerra” preguntando quiénes ponen los muertos, quiénes ponen a los desaparecidos y quiénes ponen las armas del otro lado de la patrulla.
Aquí, en cambio, lo que se blinda no es solo la Mamba cuya cantono inversión choca con el costo beneficio, pues suelen terminar incendiados por el mismo crimen organizado: es el relato oficial. Y el periodismo se queda afuera, desarmado.
La “honestidad valiente” terminó oliendo a drenaje: lo que Mauleón desnuda es que la 4T no era cruzada moral sino cantina de favores, moches y pactos con delincuentes de cuello percudido y de cuellos guindas manchados de huachicol.
El “Rey del Huachicol” como banquero de la esperanza
Según el testimonio recogido por Scherer, el dinero que aceitó campañas de Morena en varios estados no salió de rifas ni de cooperación voluntaria, sino de las entrañas del huachicol de Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, que habría financiado ilegalmente campañas en Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y otros estados. Y el presunto operador para abrirle la puerta al paraíso obradorista habría sido nada menos que el ex vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, el hombre que se llenaba la boca hablando de “pueblo bueno” mientras hacía de casero de los dineros más sucios. Por esa misma vía, sostiene el libro, Carmona habría llegado al entonces presidente López Obrador y al hoy cuestionado exdirigente de Morena, Mario Delgado. El final de la historia es de película de narco: Carmona es asesinado después de las intermedias de 2021, justo cuando empezaba a cantar con agencias de Estados Unidos sobre el rastro del dinero que bañó de efectivo ilegal a medio mapa morenista.
27 mil millones, el SME y la caja chica política
Mauleón recuerda que Scherer le atribuye a Ramírez Cuevas un presunto fraude por 27 mil millones de pesos, dinero destinado a una segunda indemnización de trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que habría acabado convertido en combustible político para controlar al Sindicato Mexicano de Electricistas. No se trataba de justicia laboral, sino de comprar dirigencias, voluntades y movilizaciones, usando a los trabajadores como coartada y a su tragedia como chequera. Parte de esa montaña de dinero, dice el libro, habría servido para apuntalar la campaña de Clara Brugada contra el delfín de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, porque ni en la “transformación” se resisten a las puñaladas entre familia. El resultado: un movimiento que juraba representar a los de abajo usando como escaleras los billetes que debían ser de ellos.
Propaganda, pseudo-periodistas y el negocio del linchamiento
La joya propagandística del obradorismo, el periódico Regeneración, aparece como otro hoyo negro: Scherer afirma que Ramírez Cuevas lo habría beneficiado con casi 3 mil millones de pesos del erario, financiando no periodismo sino un aparato de propaganda y desinformación dedicado a adorar al líder y destazar disidentes. Con “recursos ilimitados”, se habría montado una red de pseudo-periodistas cuya tarea no era investigar al poder, sino linchar a cualquiera que se atreviera a criticar al régimen. En el país donde se presume libertad de expresión en las mañaneras, el presupuesto se usó para financiar patíbulos mediáticos, no para iluminar zonas oscuras.
Scherer, la “justicia” a la carta y la traición desde Palacio
Cuando Ramírez intenta defenderse, repite el libreto de siempre: “pasquín inmundo”, “conservadores cuyo dios es el dinero”, acusando a Scherer de irse del gobierno manchado por tráfico de influencias y extorsión. Pero Mauleón recuerda que hay otro libro, Traición en Palacio, donde se detalla cómo Julio Scherer habría montado una red de despachos de abogados que ofrecían milagros judiciales a empresarios acorralados, a cambio de millones: jueces a modo, protección política y soluciones exprés, todo presuntamente en sociedad con figuras como Arturo Zaldívar y Santiago Nieto. El negocio de la justicia en la 4T, dice esa obra, era simple: pagar para que la ley dejara de ser pared y se volviera puerta giratoria al servicio de quien tuviera la chequera correcta. La supuesta mano limpia resultó ser un guante de seda para agarrar mejor las maletas de dinero.
Dos bandos, la misma podredumbre
Lo demoledor, subraya Mauleón, es que al cruzar las versiones —la de Scherer contra Ramírez y la de Ramírez contra Scherer— ambos terminan confirmando lo que el obradorismo juró negar hasta el cansancio: que en la cúpula se pactó con el crimen, se traficó con influencias, se extorsionó, y se usó la ley como instrumento para hacer negocios millonarios. No hay “buenos” en esta pelea de lodo, sólo facciones de una misma mafia peleándose por el botín y, en el pleito, ventilando la cloaca que habían tapado con discursos de pureza. El saldo es claro: detrás del sermón de la “honestidad” hay un mar de fango que no sólo los salpica a ellos, sino a toda la estructura que se cobijó bajo la marca 4T. La autoproclamada regeneración terminó retratada como lo que es en estos relatos cruzados: una borrachera de poder sin escrúpulos, que usó la palabra “pueblo” como etiqueta para vender una mercancía podrida.
El “humanismo mexicano” terminó siendo una vecindad venida a menos: la casa transformadora, la de la honestida_ valiente, la esperanza de Mexico, se está cayendo a pedazos y los mismo que la construyeron con tabiques de muy baja calidad moral,ahora se acusan entre ellos.
Lo de Marx Arriaga es la escena perfecta: el ideólogo estrella de los libros de texto “revolucionarios”, el gurú que convirtió la SEP en mañanera impresa, sale del edificio escoltado por policías mientras se autoproclama mártir y reta a que lo esposen, como si lo estuvieran sacando de Palacio Nacional en 1913 y no de una oficina con elevador descompuesto y pastel de cumpleaños.
El tipo recomendado por una tipa que arrastra sus propios escándalos y que llenó los libros de faltas de ortografía, fechas históricas erróneas, planetas en desorden y propaganda marxista disfrazada de “nueva escuela mexicana”, ahora acusa al propio gobierno de privatizador y traidor, como si no fuera parte del mismo club que tronó la instalación eléctrica de la educación pública a punta de ocurrencias ideológicas.
La escena en la SEP es puro realismo mágico burocrático: cuatro policías aburridos, un funcionario que solo quiere terminar el trámite, la chava de la fruta, la del pastel, el poli chateando y el despedido actuando como si fuera Mandela rumbo a Robben Island, mientras nadie en el elevador se inmuta porque, bueno, es viernes y hay que regresar al escritorio.
Ahí está el símbolo: el arquitecto de los libros “transformadores” mendigando hueso, amenazando con “traer a la Fuerza Armada para sacarlo” y exigiendo saber quién firmó su caída, mientras el régimen que lo encumbró hace como que pone orden en una casa que se construyó con ladrillos de lealtad ciega, varilla de fanatismo y aplanado de resentimiento, y ahora se sorprenden de que el edificio truene por su propio peso.
En el fondo, la carcajada no es solo contra Marx Arriaga, sino contra todo un sistema que confundió educación con catecismo político, mérito con obediencia y servicio público con teatro de victimismo; hoy, los mismos que aplaudieron la obra están sentados en primera fila viendo cómo se les desmorona el escenario encima.
El marxismo llegó al obradorato disfrazado de cuartilla didáctica, con tipografía socialista y olor a tinta de imprenta estatal. Se llama Marx Arriaga, un nombre perfecto para encabezar el manual de adoctrinamiento que nadie pidió, pero todos pagamos. Desde ahí, quiso hacer de la educación pública un laboratorio de redención ideológica, entre consignas, errores ortográficos y una cruzada contra el “neoliberalismo de las vocales y las consonantes”.
Pero el “marxismo de oficina” tiene fecha de caducidad, y cuando la hoguera ya se asoma por debajo del escritorio y la recomendación de la cónyuge del ex-presidente ya vale menos que nada, los mismos que repartían incienso te arrojan el extintor.
La SEP, en un acto de justicia poética, decidió ponerle fin al experimento: Marx Arriaga, despedido por la puerta trasera, alegando abuso de autoridad y violación de derechos, reclamando desde su trinchera el derecho divino a seguir deseducando al país.
El autoproclamado guardián de los “principios” —y verdugo de la sintaxis— montó su propio vía crucis: transmitió desde el escritorio asediado, retando a los agentes institucionales a esposarlo “por el crimen de hacer libros de texto”. Un performance digno de teatro universitario, con aroma a sudor revolucionario y dramaturgia de comité barrial.
Que nadie se equivoque: lo que Marx Arriaga deja no es un legado, sino un expediente. Su gestión fue un campo minado de errores “conceptuales, pedagógicos y políticos”, tanto que hasta los libros parecían mascullar su propia vergüenza. Si la alfabetización tuvo enemigos, él fue su caudillo involuntario.
Y así, cierro con la ironía que completa el círculo: el marxismo entró por la puerta del obradorismo como discurso redentor… y salió por la ventana del despido con la confesión tácita de que, en México, hasta las revoluciones terminan con oficio jurídico.
Ricardo Mizael López Cebreros tenía 15 años. Fue asesinado el miércoles a balazos por un grupo armado al norte de Culiacán, después de salir de su casa para comprar un biberón para unos gatitos que había rescatado de la calle. Ese día debía asistir a la preparatoria Emiliano Zapata y entrenar con el equipo de básquetbol Las Águilas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero antes de hacerlo tenía alimentar a sus mascotas. Tras el tiroteo, quedó tendido en la calle.
“¿Por qué fue caminando? Porque yo estaba trabajando. Se le hizo fácil salir a las 10.00 de la mañana un día miércoles, a plena luz del día”, cuenta Bertleny Higuera, padre de Ricardo Mizael sobre el ataque en el fraccionamiento Los Ángeles, al norte de la capital de Sinaloa. “Unos animales… Porque eso son; lo confundieron porque ellos mismos lo dijeron. Terminaron con la vida de un niño y la de una madre por dentro, porque le quitaron su corazón”, añadió a la prensa local.
El joven de 15 años dejó su casa en el fraccionamiento Benevento y minutos después fue atacado a balazos sobre la carretera a Imala, a la altura del Colegio Mar de Cortés, donde había terminado la secundaria un año antes. Varios testigos relataron que hombres armados, a bordo de una motocicleta en movimiento, abrieron fuego contra él. Dicen que intentó correr, pero las balas fueron más rápidas.
El crimen profundiza más la herida de violencia que se ha abierto en Culiacán desde septiembre de 2024, a raíz de la pugna entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. La guerra se ha llevado por delante al menos 92 niños, niñas y adolescentes a manos de hombres armados y hasta del Ejército.
El Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) establece que Sinaloa ha tenido un incremento sostenido en homicidios de este tipo, con una letalidad cada vez más atroz por el formato y el tipo de armas utilizadas. La organización documentó que en 2023 Sinaloa registró 58 homicidios de niñas, niños y adolescentes. En 2024, la cifra subió a 67. Y ya llegado en 2025, se superaron las 90 víctimas, lo que colocó a Sinaloa en el octavo lugar nacional. En 2026, van dos casos.
Bertleny Higuera, padre de Ricardo Mizael, y su esposa Berenice López supieron del ataque por transmisiones en vivo de medios de comunicación. Los primeros reportes decían que la víctima era un joven menor de edad asesinado en un ajuste de cuentas por algún asunto relacionado con una motocicleta. El punto del ataque coincidía con la ruta que Ricardo Mizael recorría esa mañana.
“Ahora entendemos el gran dolor que es pasar por una situación como las que se está viviendo en Culiacán. ¿Qué estaba haciendo el niño? Nada. Una hora más tarde entraba a la escuela, en la preparatoria Emiliano Zapata», defiende el padre, quejándose de las fuerzas del orden. “Todavía, los oficiales de la corporación Harfuch, que también son animales, me querían llevar detenido por preguntarles de qué sirven”, reprocha en referencia a uniformados encargados de ejecutar la política de seguridad que encabeza el secretario federal, Omar García Harfuch.
El hombre rechaza de plano las teorías de que su hijo murió en un ajuste de cuentas. Ricardo Mizael, insiste la familia, no sabía manejar en motocicleta y ni siquiera tenía una en casa. “Su mamá seguía tratándolo como su bebé porque sinceramente era una persona inocente y sin malicia”, sostiene Higuera, que exige justicia contra quienes dispararon desde la motocicleta y que se aclare la supuesta “confusión” de los atacantes como motivo del asesinato.
El caso de Ricardo Mizael se une a los de Gael y Alexander, que fueron asesinados el 19 de enero de 2025 por armados que abrieron fuego en un intento de robo de vehículo; o al de Danna Sofía, que murió el 24 de marzo del año pasado en medio de un fuego cruzado cuando caminaba hacia la secundaria; y al de Alexa y Leidy, asesinadas el 6 de mayo, también de 2025, por militares que dispararon contra la camioneta en la que viajaban desde Badiraguato de regreso a Culiacán para asistir a la escuela.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS/MARCOS VIZCARRA/
