En el kilómetro 19 de la carretera Nuevo Laredo–Piedras Negras, donde el Estado presume “presencia territorial” con soldados fracasando transexenalmente haciendole al «polecia», lo que apareció —según una denuncia formal ante la FGR— fue otra cosa: un convoy militar convertido, presuntamente, en escuadrón de cacería.
La víctima: una adolescente estadounidense de 16 años. El señalamiento: violación tumultuaria, golpes, robo y amenazas. Los acusados: al menos diez elementos del Ejército Mexicano. Sí, esos mismos que en el discurso oficial “protegen a la ciudadanía”,pero que en los hechos roban, matan,violan y extorsionan impunemente.
De acuerdo con la carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0000860/2026, la menor caminaba con una amiga cerca del rancho “El Coral” cuando vio aproximarse dos camionetas y un vehículo blindado. Huyeron. Solo una logró escapar.
“Me alcanzaron a mí”, declaró.
Lo que sigue ya no es operativo, es brutalidad: persecución entre el monte, sometimiento, golpes, despojo de su celular y 150 pesos, y luego la acusación más grave —agresión sexual múltiple— acompañada del clásico manual de impunidad: amenazas para callar.
El detalle casi grotesco en medio del horror: un nombre visible en uniforme, “Cabo Juan”. Porque ni siquiera la presunta comisión de un delito de esta magnitud obliga a todos a borrar huellas.
La denuncia no llegó sola. Llegó escoltada por el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, que tuvo que intervenir para garantizar algo que en teoría debería ser automático: acceso a la justicia. La madre lo dijo sin rodeos: sin apoyo consular, probablemente no habría denuncia.
Traducción: en territorio mexicano, la rendición de cuentas depende de quién respalde a la víctima.
La menor logró salir del monte y alcanzar la carretera, donde un automovilista la auxilió. Es decir, sobrevivió no por el Estado, sino a pesar de él.
Hasta ahora, silencio institucional. Ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la FGR han informado de detenidos, sanciones o siquiera avances. La maquinaria oficial, tan veloz para emitir comunicados triunfalistas, aquí aplica su protocolo favorito: desaparecer en cámara lenta.
Y mientras tanto, la pregunta incómoda sigue intacta: ¿cuántos casos más necesitan acompañamiento extranjero para que el sistema mexicano reaccione?
Porque cuando la justicia depende del pasaporte de la víctima, ya no hablamos de fallas. Hablamos de un patrón.
Tras el escándalo de Sinaloa,las acusaciones formales de EE.UU. contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios por nexos con el Cártel de Sinaloa/Chapitos, el 29 de abril de 2026, y las mas recientes entregas o detenciones de ayer de algunos imputados, en los foros de opinión, la mencion del aun gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal,ha sido vasta, profusa y abundante,como el mejor síntoma de la pudrición del mandatario que AVAnza a pasos agigantados para convertirse en el próximo imputado por EE.UU.
El reconocido periodista Oscar Balderas,en entrevista con Max Espejel en La Saga Noticias es tan solo uno mas de los espacios de opinión, en donde Américo Villarreal aparece como algo más que un gobernador incómodo: como una casilla intermedia en una pirámide criminal que, si uno sigue la lógica de Balderas y su interlocutor, va terminar inevitablemente en López Obrador, y eso encaja perfecto con el clima en redes y espacios de opinión que ya lo leen como “pieza sacrificable” de una narcopolítica más grande.
Todos los caminos pasan por Rocha Moya
En la entrevista de La Saga con Balderas ,Max arma una imagen de pirámide criminal donde “todos los caminos” pasan por Rocha Moya, se conectan con Américo Villarreal y pueden llegar hasta la “cúpula mayor” del expresidente López Obrador.
La frase de que “todos los negocios jugosos tienen el visto bueno del presidente” se convierte, en boca del entrevistador, en una especie de prueba de cargo moral que ahora AMLO tendría que “respaldar” cuando empiece a reventar el expediente de narcopolítica en EE.UU
El mensaje de fondo es demoledor: ni los gobernadores se mandaban solos ni llegaron al poder por méritos propios, sino montados en la ola lopezobradorista y, según las acusaciones, con dinero del crimen organizado, lo que deja a Villarreal más como beneficiario de un sistema que como actor aislado.
El lugar de Américo en la pirámide
En este rompecabezas, Villarreal es descrito como uno de los “posicionamientos” que se van a ir acomodando a medida que los testigos en EU suelten la sopa sobre Rocha Moya y los acuerdos con el narco. No es un caso nuevo: desde su elección en Tamaulipas ya se le había denunciado por presuntos apoyos del crimen organizado y por el financiamiento del empresario Sergio Carmona, “rey del huachicol”, tema que revivió recientemente con la ola de narcopolítica ligada a Morena.
Las investigaciones, denuncias y libros como el de Scherer Ibarra colocan a figuras como Villarreal dentro de un engranaje electoral aceitado con dinero ilegal, no como simples “malos amigos” circunstanciales, lo que hace que el vaticinio de Balderas suene menos a exageración televisiva y más a actualización en vivo de un expediente viejo.
Sentimiento en redes contra Américo
En redes sociales, sobre todo en X e Instagram, Américo Villarreal ya no es “el médico humanista” que vendía en campaña, sino el arquetipo del gobernador morenista bajo sospecha: encuestas de aprobación lo ponen con mayoría de desaprobación desde octubre de 2022, lo que indica un desgaste fuerte de su imagen pública.
Los clips donde se le menciona ligado a narcopolítica se llenan de comentarios que van del “que lo investiguen en EU” al “otro Duarte versión 4T”, reflejando un ánimo más de linchamiento político que de beneficio de la duda.
Además, cuando medios nacionales y columnas hablan del caso Rocha Moya, el nombre de Villarreal aparece cada vez más como parte de un “paquete” de gobernadores incómodos, lo que alimenta hilos donde usuarios empatan Tamaulipas, Sinaloa y otros estados para hablar de Morena como un partido “incapaz de ganar sin narco”.
Foros de opinión y ecos mediáticos
En columnas, podcasts y programas como los de Milenio o Aristegui, el tono ya no es si hay narcopolítica, sino hasta dónde llega, y allí Américo Villarreal opera como ejemplo recurrente de cómo la frontera entre campañas y crimen organizado se desdibujó en la 4T. El caso Rocha Moya se usa como catalizador para repasar viejas denuncias en Tamaulipas y presentar a Villarreal como un expediente que podría escalar si EU decide abrir el abanico de acusaciones.
En «X/Twitter» , se ha intensificado el discurso que posiciona al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya (Morena), como “el siguiente” o “próximo candidato del escándalo narco”.
De que lo acusa el tribunal digital:
Vínculos previos documentados o alegados: Villarreal coordinó la campaña de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. Testimonios y denuncias (como los de Jocelyn Hernández o reportes de financiamiento ilícito) lo ligan a las mismas fuentes presuntamente ilícitas (Chapo Isidro, Rey del Huachicol Sergio Carmona, etc.). Se mencionan reuniones, uso del mismo jet y supuestos aportes de campaña.
Acusaciones históricas contra Villarreal: Fotos con operadores financieros del Cártel del Noreste (como “El Gerry”), financiamiento de campaña vía huachicol (denunciado por oposición, e.g. Francisco Cabeza de Vaca), vínculos con el Cártel del Noreste y revocación de visa a su familia (reportada en 2025).
Contexto Morena: Se le incluye en listas de “narco-gobernadores Morena” junto a Rocha Moya, Marina del Pilar (Baja California) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán). Opositores y cuentas críticas lo señalan como “el que sigue” tras las entregas de exfuncionarios sinaloenses.
Numeralia y alcance en redes:
Aunque no existe un conteo global público de menciones en «X», las búsquedas por palabras clave (“Américo Villarreal” + “próximo/siguiente” + “escándalo/narco/Sinaloa”) y búsqueda semántica muestran un aumento claro desde finales de abril 2026.
Los posts más virales acumulan:
Vistas: Desde cientos hasta +95,000 en los más compartidos.
Likes: De decenas a miles (los top rondan 1,000-2,800+).
Reposts y replies: Cientos en los virales, con debates polarizados
Ejemplos concretos de publicaciones relevantes post-29 abril 2026:
Post semántico/viral con lista de “próximos imputados”: ~2,853 likes, 1,316 reposts, 95,316 vistas (11 mayo 2026). Incluye explícitamente a Villarreal junto a otros gobernadores Morena.
Post “El siguiente en la lista es Américo Villarreal”: 6 likes, 231 vistas (1 mayo), pero replicado en hilos.
Post “¿Quién será el próximo? … Américo Villarreal (Tamaulipas)”: 7 likes, 847 vistas (aunque de mayo 2025, resurgió en mayo 2026).
Posts con videos/imágenes de supuestos lazos (campaña Rocha + Villarreal): 200-1,400 likes y 10k-15k vistas en varios hilos recientes.
La tendencia es mayor en cuentas opositoras, periodistas críticos y usuarios anti-Morena. El volumen es moderado-alto en Trending político México.
Extractos representativos de lo dicho en X (textuales o parafraseados fieles)
“El siguiente en la lista es Américo Villarreal y López Obrador es el protector del narco.” (1 mayo 2026, @laverdadconsaul) – Directo, bajo engagement pero replicado.
“Mas bien denla larga lista de narco politicos de MORENA !!! Quien sera el próximo: Americo Villarreal ?” (2 mayo 2026, con videos) – Enfatiza la “lista larga” de Morena.
“Américo Villarreal sería el siguiente… Está empezando a correr el rumor de que el gobernador de Tamaulipas y excoordinador de campaña de Rocha Moya es el siguiente investigado por EE.UU.” (Instagram/X cross-post, mayo 2026) – Menciona explícitamente el rol de coordinador de campaña.
“Han sido señalados tres gobernadores más vinculados al crimen y narcotrafico. Américo Villarreal de Tamaulipas, Marina del Pilar de Baja California y Ramírez Bedolla de Michoacán. Se va a poner muy interesante.” (11 mayo 2026, alto engagement).
“Américo Villarreal, el narco-gobernador… narco-políticos operan de forma impune desde dentro de Morena.”(posts recientes con fotos o capturas).
Villarreal ha respondido públicamente y presume que sí tiene visa,aunque la evidencia indica todo lo contrario.
Resumen: Las menciones se alimentan de la crisis Sinaloa + acusaciones históricas contra Villarreal. Aunque au no hay acusación formal de EE.UU. contra él (hasta la fecha de los datos), en redes ya se le presenta como “el próximo” en el patrón Morena.
El tono es mayoritariamente crítico/opositor, con alto componente político.
l “Plan Michoacán por la paz y la justicia” ya hizo agua: bastó mover una base militar en Apatzingán para que el narco volviera a dictar quién se queda y quién hace maletas, con 668 personas desplazadas como saldo inmediato.
Del “sellar el estado” al “abran cancha”
El gobierno federal había prometido “sellar el estado para que delincuentes no entren ni salgan”, con más de 10–12 mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y Marina desplegados bajo el Plan Paricutín / Plan Michoacán, pura épica de power point. En los hechos, lo que sí sellaron fue la salida digna de cientos de familias que ahora huyen mientras los grupos armados se reparten los municipios a la vista de todos.
Quitas la base, regresa la guerra
En Apatzingán, el retiro de una base militar fue la señal de arranque para que los grupos delincuenciales retomaran la plaza como si fuera torneo pendiente: se reactivó la disputa y de inmediato llegaron amenazas, balaceras y desplazamiento forzado. El resultado: 668 personas desterradas de sus comunidades, porque cuando el Estado se retira, el que se queda a cobrar renta, imponer “reglas” y decidir quién vive ahí se llama crimen organizado.
Un plan de 10 mil elementos… y cero control territorial
Mientras desde la CDMX venden el operativo como una intervención de más de 10 mil agentes, con drones, patrullajes aéreos y operativos de “alta precisión”, en tierra caliente la precisa es otra: si se va la base, se acaba la ilusión de paz. El despliegue multimillonario presume tecnología, helicópteros y discursos; lo que no presume es por qué, con tanto uniformado, el narco sigue teniendo la capacidad de vaciar pueblos enteros en cuestión de días.
Michoacán: la plaza que “ya tiene dueño”
No es nuevo: en Michoacán los cárteles ya habían advertido que no piensan dejar los municipios donde están “sentados”, y que la plaza “tiene dueño”, mensaje que en los hechos se cumple cada vez que el Ejército se mueve un kilómetro para atrás. El desplazamiento masivo de familias no es un “daño colateral”: es la prueba de que la soberanía real la ejercen grupos armados que no necesitan elecciones para gobernar, sólo la venia tácita de un Estado que se hace a un lado.
Paz militarizada, población desterrada
El experimento de militarizar la paz termina en la misma ecuación de siempre: narco adentro, civiles afuera, gobierno a distancia y discursos en cadena nacional hablando de coordinación interinstitucional. Si el laboratorio Michoacán es el modelo, el mensaje para el resto del país es claro: donde el plan se presume como éxito, lo primero que se pierde no es al narco, sino a la población.
Tres veces la Presidenta Claudia Sheinbaum se negó a opinar sobre la entrega en Estados Unidos de dos colaboradores de Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa con licencia, acusados igual que el de cómplices del narcotráfico.
La negativa a responder de la presidenta nos plantea una advertencia jurídica de sesgo, opacidad y desviación de conducta en el ejercicio de la función pública y aunque automáticamente no constituya un delito, sí señala que la negativa reiterada a contestar preguntas de evidente interés público rompe con los deberes de rendición de cuentas, máxima publicidad, objetividad e imparcialidad que la Constitución y laLey General de Responsabilidades Administrativas imponen a toda persona servidora pública.
En el caso que se plantea, la omisión no ocurre sobre un chisme de pasillo, sino sobre la entrega en Estados Unidos de dos excolaboradores del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha —Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega— en un contexto de acusaciones por presunta complicidad con el narcotráfico, un asunto de interés público mayor y con impacto directo en la confianza institucional.
Cuando una Presidenta contesta sólo cuando le da «su chingada gana», no ejerce prudencia republicana: ejerce discrecionalidad política sobre un deber constitucional de rendición de cuentas. La Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a recibir información plural y oportuna, y ordena que en la interpretación de ese derecho prevalezca el principio de máxima publicidad.
De acuerdo con El Norte,tres veces la Presidenta Claudia Sheinbaum optó por el mutismo frente a preguntas directas sobre la entrega a autoridades de Estados Unidos de cercanos al círculo de Rubén Rocha. No se trataba de una ocurrencia de reportero ni de una provocación de sobremesa: se le pidió una postura sobre hechos que tocan presuntos vínculos criminales en la estructura estatal sinaloense y la posible responsabilidad política de un gobernador emanado de su propio partido.
Ahí está el punto incómodo: el silencio selectivo también comunica. Comunica que la jefa del Ejecutivo decide qué merece explicación y qué se archiva en el cajón de “gracias, gracias”, como si la obligación de informar fuera concesión graciosa y no mandato constitucional. En un régimen democrático, la información pública no se administra con humor presidencial, sino con criterios de legalidad, objetividad y transparencia.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) no le pide a las personas servidoras públicas que sean simpáticas ni que respondan con entusiasmo; les exige conducirse con legalidad, objetividad, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas. También les ordena satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares y dar a las personas el mismo trato, sin permitir que prejuicios, influencias o conveniencias políticas deformen el ejercicio de sus funciones
Por eso, cuando la Presidenta evade responder precisamente en un asunto que compromete a personajes vinculados con un gobernador de su mismo movimiento, la sospecha razonable no es jurídica ficción: es un problema de apariencia de imparcialidad. Nadie está obligado a prejuzgar culpabilidades, pero sí a ofrecer una posición institucional clara, fundada y consistente sobre hechos que involucran seguridad pública, cooperación internacional, narcotráfico y probable captura política del Estado.cnnespanol.
Negarse una vez puede venderse como cautela. Negarse dos veces ya huele a cálculo. Negarse tres veces frente al mismo tema empieza a parecer una forma de administración facciosa de la palabra pública: hablar mucho cuando conviene, esconder la lengua cuando el expediente salpica a los propios. Y eso, aunque no constituya por sí solo una falta administrativa automáticamente sancionable, sí activa una alerta legítima sobre posible desvío de conducta respecto de los principios que rigen el servicio público.
Porque el desvío no siempre entra pateando la puerta con maletas de dinero; a veces llega bien peinado, en camioneta oficial, sonriendo, cortando listones y esquivando preguntas sustantivas como si la investidura también incluyera derecho de admisión frente a la prensa. Pero no: el cargo no otorga patente para seleccionar arbitrariamente qué hechos de interés público merecen explicación y cuáles merecen silencio.
El artículo 6 constitucional es claro: toda la información en posesión de la autoridad es pública, debe documentarse todo acto derivado del ejercicio de facultades públicas y debe prevalecer la máxima publicidad.
Además, los sujetos obligados deben publicar información completa y actualizada sobre el ejercicio de recursos y resultados, y la inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información es sancionable en términos de ley. Aunque una pregunta hecha en vivo no equivale automáticamente a una solicitud formal de información, la evasión reiterada frente a hechos de altísimo interés público contradice el estándar constitucional de transparencia y erosiona la obligación política de rendir cuentas.
En castellano menos diplomático: si para defender a los suyos hay micrófono, conferencia y narrativa; pero para explicar entregas de exfuncionarios ligados a un gobernador aliado sólo hay vidrio arriba de la camioneta y un “gracias, gracias”, lo que aparece no es neutralidad institucional sino sesgo político. Y cuando el poder responde según la conveniencia del clan y no según la gravedad del asunto, la función pública deja de verse como servicio y empieza a oler a cofradía.
La advertencia jurídica, entonces, debe formularse con precisión: la negativa reiterada a responder preguntas incómodas sobre hechos relevantes para la probidad gubernamental puede constituir un indicio de incumplimiento a los principios de rendición de cuentas, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad, y revelar un ejercicio sesgado de la comunicación oficial incompatible con la buena administración pública. No es una sentencia; es una alarma constitucional.
Fundamento jurídico
Artículo 6 constitucional: reconoce el derecho a la información, el acceso a información plural y oportuna, y el principio de máxima publicidad.
Artículo 6, apartado A, fracción I: obliga a documentar todo acto derivado del ejercicio de facultades públicas.
Artículo 6, apartado A, fracción V: exige información completa y actualizada sobre resultados y ejercicio de recursos públicos.
Artículo 6, apartado A, fracción VII: la inobservancia en materia de acceso a la información puede ser sancionada.
LGRA, artículos 6 y 7: obligan a toda persona servidora pública a actuar con legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas, en el marco de la buena administración pública.
LGRA, artículo 7, fracciones III, IV, VII y VIII: mandan privilegiar el interés general, dar el mismo trato, garantizar derechos humanos y corresponder a la confianza social.
No, Presidenta: gobernar no es contestar cuando le da su chingada gana. Gobernar, en un Estado constitucional, es responder cuando el interés público lo exige, sobre todo cuando las preguntas apuntan al lodazal donde poder, partido y presunta complicidad criminal empiezan a confundirse.
Aqui claramente estamos ante “indicios de sesgo, opacidad o desviación de conducta administrativa”,que presumen una responsabilidad, aunque la determinación formal de faltas administrativas corresponde a las autoridades competentes y requiere procedimiento,casual y causalmente bajo sus ordenes.
El 21 de diciembre de 2025, Óscar Noé Medina González, alias ‘El Panu’, fue asesinado de doce disparos en el restaurante Luau de la Zona Rosa de la Ciudad de México. Tenía apenas dos días de haber aterrizado en la capital mexicana, procedente de Sinaloa. ‘El Panu’ era el comandante que coordinaba a los jefes de plaza de ‘Los Chapitos’, uno de los tres lugartenientes más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
De manera casi simultánea a este asesinato, Alan Gabriel Núñez Herrera, otro operador del Cártel de Sinaloa vinculado a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue ejecutado en Culiacán. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares por Medina González y de un millón de dólares por Núñez Herrera.
Hasta la fecha, ambos homicidios siguen sin ser esclarecidos por la Fiscalía General de la República. En los días posteriores a la doble e ecución, en la comunidad de inteligencia se hizo una observación: “Demasiada coincidencia, alguien está cantando y los gringos están ubicando gente”.
¿Se trató, entonces, de una ejecución extrajudicial operada por agencias de inteligencia de Estados Unidos?
Al momento del asesinato de Medina González y de Núñez Herrera, el Departamento de Justicia llevaba meses extrayendo información de cinco actores clave de la facción de ‘Los Chapitos’ que han sido extraditados o entregados al gobierno norteamericano: José Ángel Canobbio, alias ‘El Güerito, un operador fundamental en la transición del Cártel de Sinaloa al negocio de drogas sintéticas; Kevin Gil Acosta, alias ‘El 200’, uno de los jefes de seguridad del grupo; Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, comandante de un brazo armado de la facción; Ovidio Guzmán López, heredero de sangre del cártel; y su hermano, Joaquín Guzmán López, acusado de colaborar con Washington en el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
La acusación del Departamento del Distrito Sur de Nueva York contra ‘Los Chapitos’ identifica a esta organización criminal como el epicentro de la exportación de fentanilo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Donald Trump se ha planteado la destrucción total del cártel, sancionándolo como una organización terrorista internacional y declarando el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Stefano Ritondale, ex oficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos y fundador de la firma Artorias Tech, argumenta que la guerra civil del Cártel de Sinaloa fue manufacturada por el aparato de seguridad norteamericano con la finalidad de destruir la capacidad de operación del negocio de drogas sintéticas en la costa del Pacífico. La tesis no es descabellada: está confirmado que agentes de Homeland Security Investigations participaron en el operativo para entregar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada al gobierno de Estados Unidos, en un aeródromo del Paso, Texas. Este fue el evento que inauguró el conflicto fratricida que ha costado más de tres mil muertes y tres mil desapariciones en Sinaloa. Sin embargo, la pregunta esencial es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para implementar su política de declaración de guerra a los cárteles?
Este martes, Washington ofreció un panorama claro de cuáles son sus pretensiones en la relación de seguridad con México. En una comparecencia frente a la Cámara de Representantes, Pete Hegseth, secretario de la Defensa, exigió al gobierno mexicano a tomar acciones mucho más contundentes en la ofensiva contra los cárteles. En la misma audiencia, el congresista demócrata, Henry Cuéllar, dijo que existe preocupación porque las organizaciones criminales mexicanas están adaptando tecnología ucraniana de drones de última generación. El mismo día, Terry Cole, titular de la DEA, declaró que la acusación federal de Gran Jurado en contra de Rubén Rocha Moya es apenas el principio de una serie de investigaciones contra políticos mexicanos bajo sospecha de estar coludidos con el crimen organizado. Al mismo tiempo, agentes de inteligencia filtraron a la revista Proceso que el gobernador con licencia de Sinaloa está bajo vigilancia y que está siendo resguardado por las Fuerzas Armadas mexicanas, en el Palacio de Gobierno en Culiacán. Todas estas señales, sin excepción, son consistentes con la Estrategia Nacional Contra las Drogas y la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo publicadas por la Casa Blanca. En palabras del presidente Donald Trump dirigidas al gobierno de Claudia Sheinbaum: “Si ustedes no hacen el trabajo (contra los cárteles), lo haremos nosotros”.
No obstante, el elemento más contundente de los mensajes enviados por Washington fue la admisión implícita de que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a ejecutar a objetivos de los cárteles, en territorio mexicano, de manera unilateral y extrajudicial. En marzo de este año, Francisco Efraín Beltrán, alias ‘El Payín’, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles procedente de Sinaloa. Se trata de una figura conectada a Héctor Manuel ‘El Meño’ Avendaño Ojeda, la mano derecha de Ismael Zambada en el negocio internacional de la cocaína y quien resistió durante casi una década un juicio de extradición que acabó con su transferencia a Estados Unidos, en julio de 2016. ‘El Payín’ fue recogido por su chofer, Humberto Rangel Muñoz en el estacionamiento del AIFA, un recinto federal manejado por las Fuerzas Armadas. La camioneta estaba cargada con un dispositivo explosivo que fue detonado en la Carretera México-Pachuca. Los dos pasajeros murieron al instante. Durante meses, la Fiscalía del Estado de México guardó un silencio hermético sobre el caso. En algún punto, incluso se filtró la noción de que se había tratado de una “falla mecánica”. Dos meses más tarde, este martes 12 de mayo, la fuente de seguridad nacional del medio estadounidense CNN reportó que la explosión fue asistida por la CIA. The New York Times ratificó la información horas más tarde, agregando que ningún agente estadounidense estuvo en el terreno al momento de la detonación. La revelación marca un antes y un después en la relación bilateral.
Como era de esperarse, la CIA, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, negaron la versión de CNN y del New York Times. Todos fueron consultados antes de la publicación de la nota. Ninguna de las tres instancias comentó al respecto, sino hasta después de que se hizo pública la información. El hecho de que la CIA emprenda acciones letales en territorio mexicano colocan a Sheinbaum y a García Harfuch en una posición delicada. Si no tienen conocimiento de los operativos, significa que no tienen control de lo que está pasando en el país. Ante los ojos de Washington, son irrelevantes. Esto sería un golpe fatal a las aspiraciones políticas del secretario de Seguridad Ciudadana. Por otro lado, si en efecto sabían de los operativos de la CIA en Mexico, entonces el país está frente a una gran hipocresía. Implicaría que el discurso de soberanía del oficialismo es una bandera falsa, como lo sería también la intención de Morena de iniciar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por haber “permitido” el ingreso de dos agentes de la CIA a un operativo de desmantalemianto de un laboratorio de drogas sintéticas.
Cabe una tercera posibilidad: que la CIA haya utilizado a mercenarios, cárteles rivales o a operadores clandestinos del aparato de seguridad mexicano. Este parece ser el escenario de la intervención de dos agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas en Chihuahua. El funcionario que trabajó de cerca con la CIA fue el fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo. Ayer, el gobierno de Maru Campos hizo efectiva su renuncia. En cualquier caso, cualquier opción es latente cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, fue parte del ala paramilitar de la CIA que hoy es protagonista en la guerra contra los cárteles.
Las operaciones clandestinas de la CIA envían un mensaje a los capos, al gobierno mexicano y a su aparato de seguridad nacional: Washington está reconfigurando el mapa criminal del país. La administración de Donald Trump parece decir que, en esta guerra, el fin sí justifica los medios.
