El partido de reciente creación Somos México consideró «inadmisible» que la Sala Superior del Tribunal Electoral haya determinado que esa fuerza debía cambiar de nombre, emblema y colores que desde las redes se atribuye a una “triquiñuela” oficialista.
Aunque la Sala Superior puede confirmar un acto por razones distintas a las del INE, no puede convertir esa facultad en una fábrica de motivaciones nuevas que deje al partido sin oportunidad real de controvertirlas; y menos imponer un cambio integral de identidad con un plazo de cinco días.
El propio Tribunal admite que el INE no justificó adecuadamente su decisión, que su análisis del emblema fue insuficiente y que no estableció parámetros ciertos, objetivos y verificables para obligar a Somos México a cambiar nombre, colores y logotipo.
En un sistema mínimamente serio, esa conclusión tendría una consecuencia elemental: revocar el acto mal fundado y mal motivado para que la autoridad lo repusiera conforme a derecho. Pero no. La Sala decidió salvarle la plana al INE: donde éste no argumentó, el Tribunal argumentó; donde faltó estudio, el Tribunal lo fabricó; donde había deficiencia, apareció una nueva teoría para conservar la sanción.
La pirueta ahora se llama “individualización suficiente” y “separación conceptual” entre el partido y la comunidad nacional. Suena muy técnico, que es la manera elegante de vestir una intuición política con toga jurídica.
El problema es que el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos exige que la denominación permita identificar a cada partido, no que éste renuncie a toda palabra de alcance nacional ni que pase por un examen metafísico para demostrar que no “se apropia” simbólicamente del país.
Decir “Somos México” podrá gustar o disgustar, podrá parecer una marca ambiciosa, cursi o pretenciosa —como casi todos los lemas partidistas—, pero de allí a concluir que la ciudadanía confundirá a una organización política con la nación entera hay un brinco argumentativo digno de medalla olímpica.
Si el criterio es que un partido no puede emplear expresiones que remitan a lo nacional, habrá que ir preparando una policía semántica: prohibamos “nacional”, “popular”, “revolucionario”, “democrático”, “mexicano” y cualquier palabra que, Dios nos libre, sugiera pertenencia a una comunidad política.
El problema se agrava porque la Sala no sólo confirmó el cambio de denominación. También avaló modificar emblema y colores, aun cuando reconoció que ningún color ni elemento gráfico aislado pertenece en exclusiva a un partido y que la semejanza cromática, por sí sola, no basta para prohibir un emblema. Es decir: se reconoce que la prueba no alcanza, pero se conserva la consecuencia. Una sentencia que presume rigor jurídico mientras practica el “de todos modos, cámbialo”.
Y el remate es el plazo: hasta el 31 de agosto. Tras dos años de asambleas, afiliaciones, estructuras territoriales y construcción pública de una identidad, el partido debe reinventarse prácticamente de inmediato. No es una corrección administrativa menor: implica rehacer marca, documentación, propaganda, comunicación interna y reconocimiento ciudadano, justo antes de que arranque el proceso electoral. El principio de certeza, tan invocado cuando conviene disciplinar a alguien, aquí parece haber sido enviado de vacaciones.
No hace falta inventar una conspiración para advertir la desproporción. Basta leer la resolución: el INE falló en justificar; el Tribunal corrigió la justificación, pero no el resultado. Y cuando un órgano jurisdiccional sustituye las razones defectuosas de la autoridad por razones propias para preservar una restricción, el riesgo es evidente: que la revisión judicial deje de ser control de legalidad y se convierta en un servicio de reconstrucción argumentativa para el poder.
Si ésta es la nueva vara, que lo digan de frente: no se castiga una confusión demostrable, sino una identidad política que incomoda; no se protege a la ciudadanía de un engaño acreditado, sino que se administra, desde el escritorio, qué tan “México” puede sentirse un partido sin provocar alergia institucional.
Porque una cosa es exigir diferenciación partidista y otra muy distinta es imponer, con retórica de neutralidad y plazos de emergencia, una cirugía de identidad a la carta.
Con información: ELNORTE/ TRIBUNAL ELECTORAL/PJF
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