Sinaloa no enfrenta al crimen: lo mira desde una banca, con chaleco prestado y una patrulla que quizá no alcance ni para llegar al siguiente reporte. Mientras la violencia se prolonga y el discurso oficial insiste en que hay coordinación, estrategia y voluntad, los datos duros del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026dibujan una realidad bastante menos heroica: el estado tiene la menor tasa de policías estatales del país, con apenas 0.6 elementos por cada mil habitantes.
Al cierre de 2025, la institución estatal de seguridad reportó 1,584 personas adscritas. Pero una cosa es tener gente en nómina y otra contar con policías suficientes, capacitados, equipados y desplegados para enfrentar a organizaciones criminales que no operan con horarios de oficina ni con austeridad republicana.
La media nacional es de 1.0 policía por cada mil habitantes; Tabasco alcanza 2.1. Sinaloa, en cambio, comparte el sótano con Sonora y queda apenas por encima de Durango y Morelos, que registraron 0.5. Es decir: el estado donde la disputa criminal se volvió rutina pretende contenerla con una cobertura policial que parece diseñada para custodiar un municipio pequeño, no una entidad en emergencia.
La precariedad no se reduce al número de uniformados. De quienes sí cuentan con grado policial en Sinaloa, el 88.9 por ciento realiza tareas de prevención y 10.9 por ciento de reacción. En proximidad social e investigación, el registro es de cero. Cero. Ni una sola persona reportada formalmente en esas funciones. En otras palabras, la policía estatal tiene elementos para rondar y responder, pero no para construir confianza comunitaria ni para investigar de manera estructurada los delitos que desangran al estado. Mucha presencia, poca inteligencia; mucha prevención en el papel, pero sin músculo investigativo propio.
Y eso en un estado donde el crimen no se comporta como una travesura de barrio. El modelo queda reducido a patrullar, reaccionar tarde y esperar a que las fuerzas federales hagan el trabajo pesado. La propia explicación de los funcionarios apunta en esa dirección: las corporaciones locales son el eslabón débil de la cadena. No es una metáfora exagerada; es una admisión burocrática de que la seguridad estatal depende de que otros lleguen primero, lleguen mejor armados o, de plano, lleguen.
Una corporación a dieta
El presupuesto tampoco luce como el de una entidad que se asume en crisis. Durante 2025, Sinaloa ejerció 965.4 millones de pesos para su institución estatal de seguridad pública. Sonora, con una población comparable, ejerció 4 mil 546.3 millones; Coahuila, 2 mil 569.7 millones. Sinaloa operó con cerca de una quinta parte de lo destinado por Sonora. La comparación no es caprichosa: revela que la crisis de seguridad no sólo se mide por balaceras, homicidios o despliegues militares, sino por cuánto dinero se pone —o no se pone— para construir una policía que no sea decorativa.
Con ese presupuesto, tampoco sorprende que la infraestructura parezca más simbólica que operativa. En todo el estado se reportaron únicamente cinco instalaciones policiales en funcionamiento: una comandancia o estación y cuatro cuarteles. No hubo módulos ni casetas fijas, tampoco móviles. Para ponerlo en perspectiva, Nayarit reportó 44 unidades de infraestructura policial; Tamaulipas, 86; Yucatán, 112. Sinaloa, cinco. El estado no tiene una red de presencia territorial; tiene puntos aislados intentando parecer sistema.
La carencia llega incluso a especialidades indispensables. Aunque existen unidades de inteligencia, proximidad e investigación, la policía cibernética figura “en proceso de integración”. En pleno auge de extorsiones digitales, fraudes, reclutamiento criminal por redes sociales y circulación de información delictiva, la respuesta institucional todavía está en fase de armado. El delito ya usa teléfonos, plataformas y mensajería; la policía, según el censo, sigue esperando que termine el trámite administrativo.
Reclutar para el riesgo
El problema tampoco se resuelve solo con convocatorias. En 2024 ingresaron 407 personas a programas de formación inicial para policía preventiva o de proximidad; en 2025 fueron 313. La caída es de 94 aspirantes, aproximadamente 23 por ciento. Egresaron 290 y desertaron 23. Es un dato que merece leerse sin maquillaje: cuando ser policía implica enfrentar una guerra criminal, salarios limitados, prestaciones incompletas y protección cuestionable, el uniforme deja de ser una opción laboral atractiva y se convierte en una apuesta de alto riesgo.
Las prestaciones refuerzan el mensaje. Sinaloa ofrece seguro de vida, apoyo para familiares de personal fallecido y licencia por riesgo de trabajo. Sin embargo, no reportó créditos para vivienda, fondo de ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos mayores, becas escolares para hijas e hijos ni indemnización por incapacidad derivada de un riesgo laboral. Se pide a los agentes que enfrenten al crimen organizado, pero el Estado no les garantiza respaldo integral si una bala, una emboscada o una lesión les cambia la vida. El mensaje institucional parece sencillo: servicio sí; protección, a medias.
La certificación y los controles de confianza también exhiben una corporación incompleta. Solo 58.7 por ciento del personal de las corporaciones estatales en Sinaloa contaba con Certificado Único Policial, por debajo del promedio nacional de 61.4 por ciento. Además, 46.2 por ciento tenía evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes, mientras 38.2 por ciento aparecía sin evaluación. No se trata de señalar a los agentes, sino de preguntar por qué el Estado mantiene una institución con tantos pendientes en filtros, formación y acreditación profesional.
Mucha llamada, poca capacidad
Mientras la estructura policial se encoge, la demanda ciudadana no espera. En 2025, Sinaloa recibió 294,814 llamadas procedentes a los sistemas de emergencia; una cifra equivalente a cientos de solicitudes de atención cada día. Sin embargo, el desempeño operativo que aparece en el censo muestra una respuesta limitada: se realizaron 601 puestas a disposición de personas.
De ellas, 357 fueron ante autoridades de Justicia Cívica y 244 ante el Ministerio Público. Esas intervenciones derivaron en 357 presuntas faltas cívicas y 872 presuntos delitos. La diferencia entre el volumen de llamadas y la capacidad formal de respuesta no prueba por sí misma inacción en cada caso, pero sí revela la desproporción entre una población que pide auxilio y una corporación que opera con recursos estrechos, pocos elementos y cobertura territorial mínima.
La institución estatal también reportó el aseguramiento de 858 armas de fuego durante 2025. El dato revela actividad, sí, pero también la magnitud de un entorno armado que no se combate con discursos de “pacificación” ni con fotografías de operativos. Si la autoridad reconoce que necesita duplicar policías, elevar salarios, garantizar vivienda, mejorar capacitación y adquirir chalecos, vehículos y unidades blindadas, entonces el diagnóstico es claro: la fuerza actual no alcanza para la tarea que se le exige.
El problema no cabe en un boletín
La conclusión incómoda es que Sinaloa intenta enfrentar una crisis criminal de gran escala con una policía estatal pequeña, subfinanciada, dispersa y con tareas especializadas prácticamente inexistentes. No es sólo falta de patrullas o de reclutas: es un modelo institucional incapaz de sostener, por sí mismo, la seguridad cotidiana de la población.
La militarización puede contener temporalmente algunos incendios, pero no sustituye una policía local robusta, cercana, investigadora y profesional. Mientras el gobierno presuma coordinación, los números siguen contando otra historia: en Sinaloa la seguridad pública opera con menos policías, menos infraestructura, menos presupuesto comparativo y menos condiciones laborales de las que exigiría una entidad sometida a la presión permanente del crimen organizado. Y cuando el Estado deja vacante su función básica, alguien más suele ocupar el territorio.
Con información: RIO DOCE/
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