El huachicol fiscal —el contrabando de combustibles de Estados Unidos a México— no se explica con una pipa, una manguera y un “yo no fui”. Es una industria criminal transfronteriza que requiere papeles maquillados, empresas de utilería, aduanas militares con visión selectiva y una cadena de silencios tan aceitada como los motores que alimenta; todo ello, presuntamente, en asociación con cárteles como el del Golfo y los Zetas.
Francisco “Pancho” Cabeza de Vaca despotricó nuevamente ayer, luego de ser aludido por la presidenta Sheinbaum. Y, otra vez, el guinda “humanista” de Américo Villarreal Anaya salió manchado.
Aunque hay que decirlo de manera imparcial ,tanto Cabeza de Vaca como Americo no descubrieron el huachicol: lo administraron como paisaje. Durante años, el combustible robado dejó de ser únicamente un delito para convertirse, con deleite, en una economía paralela de trámites, rutas y logística, con —qué conveniente— demasiados ojos institucionales mirando hacia otro lado.
Qué sorpresa: el río Bravo no separaba dos países, sino que funcionaba como una aduana con doble discurso y una caja registradora clandestina.
El dato incómodo no es que haya criminales traficando petróleo. Criminales haciendo negocios criminales: novedad ninguna. Lo verdaderamente obsceno es que esa maquinaria no cruza fronteras a base de milagros. Para mover crudo robado de Mexico a EE.UU y luego de regreso como combustibles procesados, se requieren accesos, protección, información, omisiones y funcionarios que, por acción o por conveniente ceguera, conviertan al Estado en espectador de lujo del saqueo.
Por eso detener a un capo, sancionar a un empresario o congelar una cuenta no basta si se deja intacta la red gubernamental que hizo posible el negocio. El delincuente puede cambiar de nombre; el protector, de partido; y la pipa, de placas. Pero el sistema sigue circulando.
Tamaulipas ha tenido administraciones de distintos colores, PRI, PAN y Morena, y la frontera sigue apareciendo en los expedientes como zona de tránsito, cobro, contrabando y protección. A unos les toca negar, a otros deslindarse y a los demás decir que la corrupción empezó exactamente el día anterior a que ellos tomaran protesta. La coartada más reciclada de la política mexicana.
La pregunta no es quién va a capitalizar políticamente el escándalo. La pregunta es quién va a explicar cómo una red capaz de mover combustible robado hacia Estados Unidos operó con tanta soltura mientras los gobiernos juraban —mano en el pecho y otra en el presupuesto— velar por la seguridad y prosperidad de Tamaulipas.
Porque velar por la ciudadanía no consiste en hacer conferencias, posar junto a uniformes o repartir culpas en retrospectiva. Consiste en impedir que el territorio se vuelva una gasolinera del crimen con oficina de relaciones públicas en el poder.
Las sanciones del Tesoro estadounidense identificaron a César Morfín Morfín, alias “Primito”, como líder de una célula del CJNG en Tamaulipas y señalaron el contrabando de crudo robado, el cobro por rutas fronterizas y el uso de documentación falsificada.
Son señalamientos oficiales de Estados Unidos que alcanzan a Americo Villarreal, no sentencias judiciales mexicanas; precisamente por eso la obligación de investigar con seriedad corresponde a las autoridades competentes, sin guiones partidistas ni absoluciones adelantadas.
Con información: DAVID MARCIAL PEREZ/DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS
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