Lo de Héctor Cuén no parece una investigación criminal: parece el Estado mexicano con política guinda, cacicazgos locales y crimen organizado sentados a la misma mesa, cada cual con su cubierto y su coartada.
El caso Cuén retrata ese país donde el poder no se descompone porque el crimen lo corrompa desde afuera; se pudre porque demasiados intereses aprendieron a compartir la misma mesa.
Porque en Sinaloa ya ni siquiera hace falta distinguir dónde termina el gobierno y dónde empieza el cártel: basta revisar quién llega a la reunión, quién desaparece, quién recibe balazos, quién fabrica la versión oficial y quién —milagro de la justicia selectiva— termina detenido cuando conviene mover alguna ficha política.
El caso Héctor Cuén exhibe el menú completo de esa república de simulaciones. Un político rival del gobernador morenista Rubén Rocha llega a una finca de Culiacán, supuestamente para limar asperezas; también aparece Ismael El Mayo Zambada, convocado como si fuera mediador comunitario y no uno de los capos más buscados del planeta; entran Los Chapitos, secuestran a Zambada, Cuén termina baleado y, para rematar, el cadáver es paseado en camioneta hasta montar un asalto de gasolinera. Una escena tan grotesca que ni el guionista más pasado de presupuesto se habría atrevido a proponerla.
Pero lo verdaderamente escandaloso no es que los criminales hayan montado una mentira. Para eso se dedican: secuestran, matan y acomodan cadáveres.
Lo obsceno es que la Fiscalía de Sinaloa comprara la versión como quien compra tamales en una esquina: sin preguntar demasiado, sin revisar el video, sin notar que la historia hacía agua por todos lados.
Luego la FGR intervino, detectó indicios del montaje y señaló a trabajadores de la fiscalía estatal por haber validado la farsa. Qué sorpresa: en el México de la “transformación”, la verdad también necesita padrino para que la dejen entrar a una carpeta de investigación.
La postal es perfecta: un gobernador de Morena señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos; una reunión donde un capo aparece como árbitro entre políticos; un agente activo de la fiscalía estatal escoltando al propio Zambada; y un aparato de procuración de justicia que tarda lo necesario para descubrir lo que ya estaba gritando la evidencia.
No es una infiltración del crimen en el Estado. Es una convivencia con protocolo, agenda y probablemente café de cortesía.
Y cuando la fiscalía federal decide detener al testigo clave, Fausto Corrales, casi dos años después de que existieran elementos para cuestionar su relato, la coincidencia temporal con el regreso fugaz de Rocha al gobierno alimenta todas las sospechas. No porque haya prueba pública de una coordinación directa, sino porque en México la casualidad suele tener mejor operador político que la verdad.
La política guinda pone el discurso, los intereses cupulares administran los silencios y el crimen organizado aporta la logística. Luego todos fingen sorpresa cuando aparece un muerto, una mentira oficial o una fiscalía de la Republica convertida en departamento de relaciones públicas del desastre.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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