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sábado, 16 de mayo de 2026

«DEPARTAMENTO de JUSTICIA de EE.UU ORDENA a 93 FISCALIAS TRIPLICAR ACUSACIONES a FUNCIONARIOS MEXICANOS por NARCOTERRORISTAS»: NYTIMES…Mexico no solo tiene un problema de narcotrafico,tiene problemas de narcogobierno.


Estados Unidos decidió que ya se cansó de “sugerir” y ahora quiere que sus fiscales se lancen de lleno contra la narcopolítica mexicana usando nada menos que leyes antiterroristas, según reveló The New York Times.

Qué ordenó EU (traducido al cristiano)

El vicefiscal general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, instruyó a los fiscales federales a triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos corruptos que usan su poder para proteger a cárteles, a los que ya califican como “terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”. La idea no es sólo acusarlos por narcotráfico, sino colgarles cargos de terrorismo y “apoyo material al terrorismo”, como si hubieran decidido exportar el narcoestado en paquete premium.

Singh, según se filtró, básicamente dijo que si al gobierno mexicano le molesta, es su problema, y que si además quedan humillados en el proceso, “es la cereza del pastel” para Washington, porque la diplomacia fina ya no combina con las cifras de muertos por fentanilo.

Trump recarga: del narco al terrorismo

Este giro no salió de la nada: Donald Trump firmó una orden ejecutiva para clasificar a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a usar todo el arsenal legal del antiterrorismo contra narcos y sus políticos favoritos. Traducido: si eres funcionario mexicano y le haces favores a un cártel, ya no eres sólo corrupto; para EU eres parte de la misma maquinaria que mata estadounidenses con pastillas de colores.

Con esa etiqueta de “terrorismo”, la Casa Blanca puede justificar juicios más duros, sanciones financieras más agresivas y hasta operaciones extraterritoriales con el argumento de seguridad nacional, mientras en México siguen discutiendo si son suficientes las pruebas o quieren mas.

El contexto mexicano: la narcopolítica en vitrina

La nueva instrucción llega días después de que fiscales en Nueva York acusaron al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

A eso se suma que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya cayó en manos de autoridades estadounidenses tras cruzar la frontera por Arizona, como si confiara más en una corte de EU que en la justicia mexicana.

Para rematar el cuadro, las acusaciones vienen aderezadas con el antecedente de agentes de inteligencia estadounidenses muertos en territorio mexicano y una narrativa oficial mexicana llena de opacidad y cambios de versión, que hacen ver más serio un boletín de WhatsApp de barrio.

Sheinbaum, “soberanía” y la fiesta que no controla

Todo esto revienta en plena administración de Claudia Sheinbaum, que hereda una estructura política y gubernamental comprometida, mientras desde Washington le anuncian que ahora sus aliados incómodos en estados y municipios pueden terminar siendo tratados como socios del terrorismo internacional. 

La nota del NYT advierte que esta jugada de Trump va a tensar aún más la relación con el gobierno de Sheinbaum, pero en la práctica también le sirve a EU para decir: “si ustedes no limpian su casa, nosotros vamos a barrer pero con nuestras reglas”.

La burocracia mexicana responderá con comunicado indignado sobre “intervencionismo” y “respeto a la soberanía”, mientras sigue frenando investigaciones, archivando carpetas y posando para la foto con gobernadores que ahora tienen un pie en la Fiscalía gringa.

De socios comerciales a cómplices incómodos

El Departamento de Justicia instruyó a sus 93 fiscalías federales a elevar el número de casos contra funcionarios mexicanos relacionados con cárteles, lo que convierte a cualquier alcalde, diputado o gobernador “amigo del narco” en candidato a terminar en una corte de EU antes que en un juzgado mexicano. 

Para EU, el mensaje es simple: México ya no tiene sólo un problema de narcotráfico; tiene un problema de narco-gobiernoque impacta directamente la seguridad estadounidense.

Mientras tanto, la narrativa oficial mexicana seguirá afirmando que hay “plena cooperación binacional”, aunque esa “cooperación” cada vez se parezca más a que EU hace las investigaciones serias y México se entera por el periódico al día siguiente.

La cereza: humillar al gobierno mexicano

El tono del Vicefiscal Singh no es el de un aliado preocupado, sino el de un acreedor harto: “Si eso es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, dijo. “Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”.

Es el equivalente diplomático de decir: “sí, somos vecinos, pero tú ya eres el vecino que deja la basura en el pasillo y ahora la administración del edificio va a intervenir”.

En vez de negar lo obvio, el gobierno mexicano tendría que explicar cómo es que cada sexenio aparece una nueva camada de políticos “sorprendidos” por acusaciones en Estados Unidos, mientras aquí jamás pasó nada, ni un cateo, ni una carpeta, ni un citatorio decente.

Con informacion: THE NEW YORK TIMES/ Ernesto LondoñoAlan Feuer y Jack Nicas

EL «PRIMER DESERTOR de la 4T-MILITARIZADA: GENERAL se CONVIERTE en TESTIGO de EE.UU y se DECLARA DISPUESTO a NEGOCIAR su FUTURO en INGLES JURÍDICO»…deja a Sheinbaum con el mantra de las “pruebas” y Mexico en manos de Trump.


Mérida ya no es “el general de Rocha”: es el primer desertor oficial de la 4T militarizada que cruza la frontera con uniforme, expediente y memoria, directo a cantar en Manhattan para el Tío Sam,segun publica El Universal y deja a Mexico en las manos de Donald Trump,cita el diario español,El Pais.

El general que cruzó con todo y secretos

El 4 de septiembre de 2023 lo juramentaron en Culiacán como “garante de la seguridad”, con mangas largas, corbata roja y cara de pocos amigos; el 11 de mayo de 2026 ya estaba fichado en Arizona, en calidad de detenido federal de Estados Unidos.

La minuta de la Corte del Distrito de Arizona consigna que Gerardo Mérida Sánchez fue arrestado el 11 de mayo, presentado el 12 ante el juez Eric J. Markovich, con intérprete en español, abogado de oficio y estatus claro: bajo custodia, sin fianza y con orden de traslado al Distrito Sur de Nueva York.

Ahí mismo firmó la renuncia a la audiencia de traslado (waiver of removal hearing): reconoce el asunto, acepta que lo remitan a Nueva York y deja constancia de que el caso real es el del gran jurado que lo acusa junto a Rocha, Inzunza y el resto del elenco sinaloense.

El propio registro de la causa 1:23-cr-00180-KPF en Manhattan muestra que el 11 de mayo ingresa el arresto y que el 12 se anotan la comparecencia inicial y el compromiso “a otro distrito”, es decir: de Arizona al sur de Nueva York, donde lo espera la acusación de narcotráfico y armas con mínimo de 40 años de prisión.

“Los 10 de Sinaloa”: la narcopolítica ya tiene expediente

El Departamento de Justicia no se anduvo con rodeos: en abril destapó un pliego donde el gobernador Rubén Rocha Moya, su entonces secretario general de Gobierno y hoy senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega y otros funcionarios son descritos como parte de una red que habría usado al Estado de Sinaloa como servicio al cliente de los Chapitos.

La acusación habla de una “gobernanza criminal” que permitía el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo electoral, protección institucional y el clásico plus: impunidad garantizada a los jefes del cártel.

En ese reparto, Mérida aparece como el secretario de Seguridad que habría cobrado sobornos mensuales de al menos 100 mil dólares de la facción de los Chapitos, a cambio de información sobre operativos, rivales y filtraciones de investigaciones, todo mientras presumía “pacificación” y regañaba a la prensa por “amarillista”.

Rocha, por su parte, carga un señalamiento todavía más venenoso: que su elección de 2021 fue apuntalada por Los Chapitos mediante robo de urnas, intimidación y amenazas a rivales políticos, lo que convierte su triunfo en algo más cercano a un acta notariada por el narco que a la voluntad popular.

Sheinbaum, el mantra de las “pruebas” y el portazo en la cara

Mientras todo esto avanzaba en cortes gringas con número de causa, firmas de fiscales y sellos de la jueza Katherine Polk Failla, en Palacio Nacional la estrategia fue digna de coaching motivacional: repetir “pruebas, pruebas” como si las acusaciones fueran un meme malicioso y no un indictment de varias decenas de páginas.

Durante dos semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum se aferró al discurso de la soberanía ofendida y exigió a Washington que “mostrara evidencias” contra Rocha e Inzunza, al tiempo que la violencia en Sinaloa seguía exhibiendo que el Estado local no controlaba ni la calle de enfrente.

La caída política de Rocha, al pedir licencia junto con el alcalde de Culiacán, se vendió como una respuesta “responsable” pero en la práctica dejó a sus leales dentro del gobierno, mientras en Morena hasta consideraban que algunos de los imputados podían competir en 2027, porque la congruencia es para los comunicados, no para las candidaturas.

El problema para Sheinbaum es que la realidad no espera boletines: el primero de “los 10 de Sinaloa” ya está en manos de la justicia estadounidense, con registro carcelario y cronología procesal, y se llama Gerardo Mérida Sánchez; el argumento de que “no hay pruebas” se derrumba cuando el testigo las lleva puestas en uniforme verde olivo.

Trump, la línea dura y el general cantor

Del otro lado de la frontera, Donald Trump lleva meses usando la narrativa de los políticos mexicanos coludidos con carteles como munición de campaña y de gobierno, exigiendo extradiciones, etiquetando a los carteles como organizaciones terroristas y vendiendo mano dura a su base electoral.

Ya había tenido una “muy productiva” llamada con Sheinbaum para hablar de seguridad, frontera y drogas, en la que ambos salieron a declarar que todo iba “cordial” y “constructivo”, mientras en paralelo se cocinaba el expediente contra Rocha y compañía en el Distrito Sur de Nueva York.

Ahora el presidente de Estados Unidos puede presumir que su estrategia funciona: no solo consiguió la acusación contra un gobernador en activo y su círculo, algo sin precedentes, sino que ya tiene sentado al exsecretario de Seguridad de ese mismo gobierno, dispuesto a negociar su futuro en inglés jurídico.

En este tablero, cada palabra que suelte Mérida —sobre órdenes de arriba, flujos de dinero, arreglos electorales y protección militar— es más valiosa para Trump que cualquier comunicado diplomático de la Cancillería mexicana, porque construye el relato perfecto de un vecino capturado por el narco y administrado por políticos débiles.

El golpe al Ejército y el costo del silencio

Que el primer detenido de la red sea un general retirado exhibe el corazón del modelo obradorista: se militarizó la seguridad, se entregaron obras, concesiones y poder político a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora uno de esos cuadros termina diciendo “prefiero que me juzgue el gringo”.

La hoja de servicio de Mérida incluye haber sido jefe de inteligencia (Sección Segunda) de la Sedena en 2014, lo que convierte cualquier colaboración suya con fiscales estadounidenses en un misil directo al relato de que “el Ejército es el pilar moral de la transformación”.

Si declara que actuó por cuenta propia, la cúpula militar queda, al menos, como inepta; si sostiene que obedecía líneas políticas, la presidencia de López Obrador entra formalmente a escena, y con ella los años en que se juraba que “a un presidente no se le escapa algo así”.

En cualquier escenario, la Fiscalía General de la República —esa institución “autónoma” que solo reacciona cuando le gritan desde el norte— llega tarde y mal: apenas reabrió investigaciones sobre narco en elecciones de Sinaloa mientras sus protagonistas ya negocian penas, beneficios y delaciones del otro lado.

Mérida ya entregó algo más que su pasaporte: entregó la coartada de Sheinbaum y la ficción de que el Ejército podía ser árbitro neutral en un Estado infiltrado hasta la médula; lo único que falta saber es si la presidenta va a seguir repitiendo “pruebas, pruebas” o si al fin se atreverá a mirar el expediente que se armó sin ella, para juzgar a los suyos afuera, mientras adentro todo sigue oliendo a impunidad.

Con informacion: SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELUNIVERSAL

«QUIEN es el GENERAL del EJERCITO que DIRIGIA la ESCUELA de INTELIGENCIA MILITAR,SIRVIÓ a CHAPITOS y TERMINÓ por NO SERVIR»…estuvo en Tamaulipas y asi tienen todo el pais.


El general del ejercito mexicano, Gerardo Mérida Sánchez es la prueba viviente de que en México la “inteligencia militar” puede terminar subcontratada de manera premium al Cártel de Sinaloa, sección “Los Chapitos”. Un mando formado para combatir al enemigo acabó como gerente de logística del narco, cobrando como secretario de Seguridad pero sirviendo como secretario particular de Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López.

Del aula de inteligencia al call center de los Chapitos

Mérida no era un comandante de rancho ni un jefe policiaco de tercer turno: fue comandante de la XXI Zona Militar en Michoacán y director de la Escuela Militar de Inteligencia, la fábrica donde se supone que se entrenan los cerebros de la seguridad nacional. Es decir, el hombre que debía enseñar cómo infiltrar cárteles terminó infiltrado por uno de los cárteles hegemónicos de Sinaloa.

Con ese pedigrí castrense, Ruben Rocha Moya, ahora gobernador de Morena con licencia, acusado en EE.UU por narcotrafico , lo sube junto con la Secretaria de la Defensa Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, vendiéndolo como garante de orden y mano firme, como lo hacen con el resto de entidades del pais. En la práctica, resultó un activo estratégico… pero del lado equivocado: el de los herederos del emporio de “El Chapo”.

Seguridad “pública”: manual de uso para Los Chapitos

La acusación en Nueva York no se anda por las ramas: Mérida habría aceptado más de 100 mil dólares mensuales en efectivo de Los Chapitos, un sueldo de alto ejecutivo del crimen a cambio de convertir la secretaría en central de avisos anticipados, como advierte el EXPEDIENTE S9 23 CR. 180 (KPF)  del  TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS EE.UU., DISTRITO SUR DE NUEVA YORK  ·  CERTIFICADO: 23 DE ABRIL DE 2026.

Desde su cartera de seguridad estatal, les filtraba con tiempo de sobra las redadas y operativos que se preparaban contra laboratorios y casas de seguridad, permitiéndoles evacuar personal, drogas, armas y dinero antes de que llegaran las fuerzas federales.

No se quedó en el soplo por WhatsApp: les dio protección logística para mover precursores químicos que llegaban de Asia por Manzanillo y Lázaro Cárdenas hacia la sierra de Sinaloa, ajustando los tiempos del Estado a la agenda de embarques del cártel. Y como cereza del pastel, ejecutó la política de “no interferencia”: garantizar que policías estatales y municipales miraran hacia otro lado, adoptando un rol pasivo ante el tráfico de drogas en regiones como Badiraguato, Jesús María y otros santuarios del narco.

Soberanía made in Cártel, narrada en Palacio

Mientras la narrativa oficial del ex-presidente Andres Manuel López Obrador y luego de Claudia Sheinbaum se cuelgan la bandera de la “soberanía nacional”, “no al injerencismo” y demás frases de manual, en el territorio real la soberanía estaba concesionada por partes al crimen organizado. 

Montenegro lo pone sobre la mesa: hoy el crimen organizado influye en decisiones políticas, desarrollo económico y hasta en el tejido social, al grado de que el Estado depende de esas fuerzas y se comporta como entidad sumisa frente a ellas.

La paradoja es brutal: México saca pecho contra Washington cuando le “leen la cartilla”, pero entrega Sinaloa, Tamaulipas,Michoacán, Nayarit, Sonora, Estado de México y otros corredores turísticos a estructuras criminales que dictan reglas y horarios al aparato estatal. 

En la lectura provocadora de Montenegro, el mensaje de la presidencia se reduce a un berrinche encubierto: “no te metas con mis narcos ni con mis problemas de seguridad interna”, todo envuelto en un discurso hueco de Estado fuerte que no puede –ni quiere– combatir a sus propios cómplices.

Cuando el Estado se niega al harakiri

Históricamente, el Estado mexicano nunca se ha combatido a sí mismo, y hacerlo implicaría un harakiri político que nadie en la élite está dispuesto a ejecutar. El caso Mérida lo desnuda: ¿cómo va a destruir sus propias redes de protección si buena parte de su gobernabilidad real descansa en pactos, omisiones y negocios con los mismos grupos que dice combatir?

Por eso la “guerra” se libra selectivamente: se golpea a rivales incómodos o a piezas sacrificables, mientras se protege a quienes garantizan cierta paz territorial para las urnas, los negocios y los índices de popularidad. El general que debía desarticular narcolaboratorios terminó funcionando como garantía de continuidad operativa del negocio del fentanilo, la cocaína, la heroína y la metanfetamina rumbo a Estados Unidos.

La fila VIP para cruzar el charco

Montenegro enlista la nueva especialidad mexicana: las entregas pactadas al norte, ahora también adoptadas por narcopolíticos en huida. Serafín Zambada (2013), Lucero Guadalupe “la chapodiputada” Sánchez (2017), Dámaso López Serrano (2017) y, más reciente, Joaquín Guzmán López (2024), son parte de esa romería programada donde uno cruza la frontera, se entrega, negocia, coopera y deja sus delitos cometidos en México flotando en la impunidad.

Gerardo Mérida se suma al club en mayo, entregándose en el mismo cruce fronterizo que usó Serafín Zambada Ortiz, con la mira puesta en beneficios judiciales: acuerdos de culpabilidad laxos, condenas de 5 a 10 años y, según patrones previos, posibilidades de nueva identidad, casa, manutención e incluso nacionalidad estadounidense. Mientras tanto, todo el dinero acumulado en años de sobornos y protección al narco rara vez regresa a México; se recicla y se blanquea a la sombra de la doble moral de Washington y del fracaso estructural de la justicia mexicana.

Abrazos, no balazos… pero sí filtraciones

La política de “abrazos, no balazos” queda retratada como el eslogan perfecto de un sistema que no persigue estructuras de poder, sino que administra daños colaterales mientras protege pactos centrales. Según Montenegro, en los últimos dos sexenios la procuración de justicia solo alcanza para ocurrencias: o se repite el mantra de la soberanía nacional o se exigen “pruebas, pruebas y más pruebas”, mientras los acuerdos con cárteles y funcionarios como Mérida se manejan fuera de cualquier escrutinio público.

En ese contexto, Estados Unidos aprovecha el vacío: ahora impulsa usar figuras de terrorismo para amarrar a funcionarios y narcos mexicanos en su jurisdicción, condicionando desde Nueva York y Washington la agenda de “combate” al crimen organizado que México es incapaz de asumir sin romper su propia red de complicidades.

El militar que “sirvió” sin servir

El resultado es un mando con formación de alto nivel que deformó la seguridad pública: un general que conocía la arquitectura de inteligencia del Estado y la puso al servicio de una facción criminal. Mérida no es el típico policía corrupto que se vende por una bolsa de billetes; es la evidencia de que la élite de seguridad puede convertirse en proveedor premium del crimen organizado, mientras el discurso oficial sigue presumiendo lealtad, honor y patria.

En términos prácticos, su “servicio” al país fue nulo: lo que hizo fue blindar a Los Chapitos, enseñarles por adelantado dónde y cuándo pegaría el Estado, y garantizar que el resto de las corporaciones se quedaran quietas mientras corrían cargamentos, dinero y estructuras enteras del cártel. El general cumplió, sí, pero con el patrón equivocado: sirvió a Los Chapitos y, por hacerlo, dejó claro que a México no le sirvió en lo absoluto.

Con informacion: ARISTEGUI NOTICIAS/ JUSTICE.GOV /

viernes, 15 de mayo de 2026

«EPIDEMIA de ENTREGAS: EX-TESORERO de ROCHA MOYA IMITA GENERAL y CORRE a los BRAZOS de la JUSTICIA en EE.UU»…dejan sola a la presidenta con su «cantaleta de pruebas».


Enrique Díaz Vega, ex tesorero estrella del gobernador de Morena con licencia en Sinaloa, Ruben Rocha Moya, ya no está “desaparecido”: se cansó de jugar al hombre fuerte de la 4T y se entregó a las autoridades de Estados Unidos, donde lo esperaban, no con alfombra roja, sino con acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que en automático le ponen en la mesa una pena mínima de 40 años de prisión y la posibilidad de morir preso de por vida,terminos que podrian modificarse con la entrega.

El “amigo del gobernador” que acabó en suelo gringo

Durante casi tres años, Enrique Díaz Vega fue el financiero de confianza del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en Sinaloa, al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas, disfrutando del título no oficial de “amigo del gobernador”, ese eufemismo con el que se maquilla al operador de confianza que mueve dinero, voluntades y, al parecer, algo más que presupuesto público.

En septiembre de 2024 dejó el cargo por “motivos personales” y se refugió, según el guion oficial, en la iniciativa privada, como si regresar a sus empresas Housesin Desarrollos y DIGAX fuera una especie de retiro espiritual y no la coartada perfecta para seguir moviendo capitales, comprando propiedades y construyendo un patrimonio que no aguanta la más mínima prueba de lógica aritmética ni de ética pública.

Del despacho oficial al catálogo inmobiliario de lujo

En diciembre de 2021, cuando llegó formalmente al cargo, Díaz Vega declaró un patrimonio inmobiliario que, para septiembre de 2024, ya se había disparado en más de 18 millones de pesos, con al menos 10 nuevas propiedades liquidadas de contado, como si el salario de funcionario estatal viniera con botón secreto de “modo millonario” y la 4T fuera, en realidad, un programa de tiempo compartido en el paraíso de los desarrollos inmobiliarios.

Entre terrenos, locales comerciales, una casa de casi 3 millones de pesos y predios de miles de metros cuadrados, el financiero de Rocha fue engordando su lista de 44 bienes inmuebles por un valor declarado de 128.9 millones de pesos, muchos de ellos comprados a través o en coordinación con empresas donde él mismo funge como accionista o representante legal, como Housesin Desarrollos S.A. de C.V., en la que su participación subió cómodamente de 28 a 38 por ciento mientras la ciudadanía escuchaba discursos de austeridad y “no robar”.

El financiero que jugaba a empresario… y algo más

Las compras comenzaron en 2022 y siguieron con cadencia casi religiosa: terreno de 670 mil pesos, otro de más de un millón, dos locales por 3.6 millones, luego un terreno de más de 36 mil metros cuadrados por 1.65 millones, una casa de casi 2.9 millones, varios terrenos de medio millón cada uno y dos predios más por más de 7.7 millones vendidos por Kyara S.A. de C.V., todo dentro de un lapso en que, casualmente, también se consolidaba como el “cerebro” financiero de la administración estatal.

En cualquier país que simule mínimamente un estado de derecho, una curva de enriquecimiento así encendería todas las alarmas de la Unidad de Inteligencia Financiera; pero en la realidad morenista, la UIF se comporta como lo que el propio sitio que destapó su podredumbre llama un “remedo de inteligentes financieros”, que se vuelven ciegos y sordos en cuanto el implicado trae credencial del partido correcto y gargantones que le cubran la espalda.

De la narrativa oficial a la geografía del narco

Mientras en México la presidenta Sheinbaum sigue pidiendo pruebas provocando el atraso, mas no el fracaso” de Estados Unidos,la justica le arma un expediente que lo ubica directamente en la cadena logística del crimen organizado.

Que se entregue en suelo gringo, antes de enfrentar cualquier investigación seria en México, no es casualidad: allá lo procesan por delitos que sí tienen consecuencias, mientras acá todavía se discute si los desplantes de riqueza de un tesorero son “percepción” o si de verdad hay algo raro en que un servidor público multiplique propiedades como si estuviera jugando SimCity con dinero ajeno y protección institucional.

Rocha, sus tesoreros y la corrupción que “no se ve”

El caso de Díaz Vega no es un accidente aislado, sino un capítulo más de la saga sobre el “financiero” de Rocha Moya, el ex tesorero que aparece en investigaciones periodísticas exhibiendo una riqueza que huele a presupuesto desviado, contratos amañados y redes con el narco, mientras la UIF y las autoridades locales fingen demencia selectiva cada vez que el logotipo de Morena aparece en la ficha del investigado.

Las mismas manos que firmaban cheques, autorizaban pagos y controlaban la caja del gobierno estatal son las que, según Estados Unidos, se movían en un entorno donde los narcóticos, las armas de alto poder y los artefactos explosivos no eran conceptos abstractos, sino mercancía y herramienta de trabajo, lo que convierte a la Secretaría de Finanzas en un sospechoso puente entre presupuesto público y economía criminal.

Es la impunidad

Mientras desde el discurso oficial se insiste en que todo es una conspiración mediática y hasta política de EE.UU porque los críticos “no entienden” del proyecto de transformación, los datos duros cuentan otra historia: un tesorero enriquecido obscenamente en tres años, con docenas de propiedades, participación creciente en empresas inmobiliarias y ahora un expediente criminal en Estados Unidos que habla de narcotráfico y armas, con una posible condena que va de 40 años a cadena perpetua.

Si en México los órganos de control no vieron, no quisieron ver o se hicieron “cegatones” cuando se trataba de revisar a un morenista gargantón, en suelo gringo el mensaje es otro: el financiero de Rocha ya no es un funcionario intocable, sino un sospechoso de alto perfil dentro de la estructura criminal, que prefirió entregarse allá antes que seguir posando acá como ejemplo de honestidad republicana en conferencias y discursos huecos que siguen exigiendo pruebas.

Con informacion: ELNORTE/