El general del ejercito mexicano, Gerardo Mérida Sánchez es la prueba viviente de que en México la “inteligencia militar” puede terminar subcontratada de manera premium al Cártel de Sinaloa, sección “Los Chapitos”. Un mando formado para combatir al enemigo acabó como gerente de logística del narco, cobrando como secretario de Seguridad pero sirviendo como secretario particular de Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López.
Del aula de inteligencia al call center de los Chapitos
Mérida no era un comandante de rancho ni un jefe policiaco de tercer turno: fue comandante de la XXI Zona Militar en Michoacán y director de la Escuela Militar de Inteligencia, la fábrica donde se supone que se entrenan los cerebros de la seguridad nacional. Es decir, el hombre que debía enseñar cómo infiltrar cárteles terminó infiltrado por uno de los cárteles hegemónicos de Sinaloa.
Con ese pedigrí castrense, Ruben Rocha Moya, ahora gobernador de Morena con licencia, acusado en EE.UU por narcotrafico , lo sube junto con la Secretaria de la Defensa Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, vendiéndolo como garante de orden y mano firme, como lo hacen con el resto de entidades del pais. En la práctica, resultó un activo estratégico… pero del lado equivocado: el de los herederos del emporio de “El Chapo”.
Seguridad “pública”: manual de uso para Los Chapitos
La acusación en Nueva York no se anda por las ramas: Mérida habría aceptado más de 100 mil dólares mensuales en efectivo de Los Chapitos, un sueldo de alto ejecutivo del crimen a cambio de convertir la secretaría en central de avisos anticipados, como advierte el EXPEDIENTE S9 23 CR. 180 (KPF) del TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS EE.UU., DISTRITO SUR DE NUEVA YORK · CERTIFICADO: 23 DE ABRIL DE 2026.
Desde su cartera de seguridad estatal, les filtraba con tiempo de sobra las redadas y operativos que se preparaban contra laboratorios y casas de seguridad, permitiéndoles evacuar personal, drogas, armas y dinero antes de que llegaran las fuerzas federales.
No se quedó en el soplo por WhatsApp: les dio protección logística para mover precursores químicos que llegaban de Asia por Manzanillo y Lázaro Cárdenas hacia la sierra de Sinaloa, ajustando los tiempos del Estado a la agenda de embarques del cártel. Y como cereza del pastel, ejecutó la política de “no interferencia”: garantizar que policías estatales y municipales miraran hacia otro lado, adoptando un rol pasivo ante el tráfico de drogas en regiones como Badiraguato, Jesús María y otros santuarios del narco.
Soberanía made in Cártel, narrada en Palacio
Mientras la narrativa oficial del ex-presidente Andres Manuel López Obrador y luego de Claudia Sheinbaum se cuelgan la bandera de la “soberanía nacional”, “no al injerencismo” y demás frases de manual, en el territorio real la soberanía estaba concesionada por partes al crimen organizado.
Montenegro lo pone sobre la mesa: hoy el crimen organizado influye en decisiones políticas, desarrollo económico y hasta en el tejido social, al grado de que el Estado depende de esas fuerzas y se comporta como entidad sumisa frente a ellas.
La paradoja es brutal: México saca pecho contra Washington cuando le “leen la cartilla”, pero entrega Sinaloa, Tamaulipas,Michoacán, Nayarit, Sonora, Estado de México y otros corredores turísticos a estructuras criminales que dictan reglas y horarios al aparato estatal.
En la lectura provocadora de Montenegro, el mensaje de la presidencia se reduce a un berrinche encubierto: “no te metas con mis narcos ni con mis problemas de seguridad interna”, todo envuelto en un discurso hueco de Estado fuerte que no puede –ni quiere– combatir a sus propios cómplices.
Cuando el Estado se niega al harakiri
Históricamente, el Estado mexicano nunca se ha combatido a sí mismo, y hacerlo implicaría un harakiri político que nadie en la élite está dispuesto a ejecutar. El caso Mérida lo desnuda: ¿cómo va a destruir sus propias redes de protección si buena parte de su gobernabilidad real descansa en pactos, omisiones y negocios con los mismos grupos que dice combatir?
Por eso la “guerra” se libra selectivamente: se golpea a rivales incómodos o a piezas sacrificables, mientras se protege a quienes garantizan cierta paz territorial para las urnas, los negocios y los índices de popularidad. El general que debía desarticular narcolaboratorios terminó funcionando como garantía de continuidad operativa del negocio del fentanilo, la cocaína, la heroína y la metanfetamina rumbo a Estados Unidos.
La fila VIP para cruzar el charco
Montenegro enlista la nueva especialidad mexicana: las entregas pactadas al norte, ahora también adoptadas por narcopolíticos en huida. Serafín Zambada (2013), Lucero Guadalupe “la chapodiputada” Sánchez (2017), Dámaso López Serrano (2017) y, más reciente, Joaquín Guzmán López (2024), son parte de esa romería programada donde uno cruza la frontera, se entrega, negocia, coopera y deja sus delitos cometidos en México flotando en la impunidad.
Gerardo Mérida se suma al club en mayo, entregándose en el mismo cruce fronterizo que usó Serafín Zambada Ortiz, con la mira puesta en beneficios judiciales: acuerdos de culpabilidad laxos, condenas de 5 a 10 años y, según patrones previos, posibilidades de nueva identidad, casa, manutención e incluso nacionalidad estadounidense. Mientras tanto, todo el dinero acumulado en años de sobornos y protección al narco rara vez regresa a México; se recicla y se blanquea a la sombra de la doble moral de Washington y del fracaso estructural de la justicia mexicana.
Abrazos, no balazos… pero sí filtraciones
La política de “abrazos, no balazos” queda retratada como el eslogan perfecto de un sistema que no persigue estructuras de poder, sino que administra daños colaterales mientras protege pactos centrales. Según Montenegro, en los últimos dos sexenios la procuración de justicia solo alcanza para ocurrencias: o se repite el mantra de la soberanía nacional o se exigen “pruebas, pruebas y más pruebas”, mientras los acuerdos con cárteles y funcionarios como Mérida se manejan fuera de cualquier escrutinio público.
En ese contexto, Estados Unidos aprovecha el vacío: ahora impulsa usar figuras de terrorismo para amarrar a funcionarios y narcos mexicanos en su jurisdicción, condicionando desde Nueva York y Washington la agenda de “combate” al crimen organizado que México es incapaz de asumir sin romper su propia red de complicidades.
El militar que “sirvió” sin servir
El resultado es un mando con formación de alto nivel que deformó la seguridad pública: un general que conocía la arquitectura de inteligencia del Estado y la puso al servicio de una facción criminal. Mérida no es el típico policía corrupto que se vende por una bolsa de billetes; es la evidencia de que la élite de seguridad puede convertirse en proveedor premium del crimen organizado, mientras el discurso oficial sigue presumiendo lealtad, honor y patria.
En términos prácticos, su “servicio” al país fue nulo: lo que hizo fue blindar a Los Chapitos, enseñarles por adelantado dónde y cuándo pegaría el Estado, y garantizar que el resto de las corporaciones se quedaran quietas mientras corrían cargamentos, dinero y estructuras enteras del cártel. El general cumplió, sí, pero con el patrón equivocado: sirvió a Los Chapitos y, por hacerlo, dejó claro que a México no le sirvió en lo absoluto.
Con informacion: ARISTEGUI NOTICIAS/ JUSTICE.GOV /
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