Mérida ya no es “el general de Rocha”: es el primer desertor oficial de la 4T militarizada que cruza la frontera con uniforme, expediente y memoria, directo a cantar en Manhattan para el Tío Sam,segun publica El Universal y deja a Mexico en las manos de Donald Trump,cita el diario español,El Pais.
El general que cruzó con todo y secretos
El 4 de septiembre de 2023 lo juramentaron en Culiacán como “garante de la seguridad”, con mangas largas, corbata roja y cara de pocos amigos; el 11 de mayo de 2026 ya estaba fichado en Arizona, en calidad de detenido federal de Estados Unidos.
La minuta de la Corte del Distrito de Arizona consigna que Gerardo Mérida Sánchez fue arrestado el 11 de mayo, presentado el 12 ante el juez Eric J. Markovich, con intérprete en español, abogado de oficio y estatus claro: bajo custodia, sin fianza y con orden de traslado al Distrito Sur de Nueva York.
Ahí mismo firmó la renuncia a la audiencia de traslado (waiver of removal hearing): reconoce el asunto, acepta que lo remitan a Nueva York y deja constancia de que el caso real es el del gran jurado que lo acusa junto a Rocha, Inzunza y el resto del elenco sinaloense.
El propio registro de la causa 1:23-cr-00180-KPF en Manhattan muestra que el 11 de mayo ingresa el arresto y que el 12 se anotan la comparecencia inicial y el compromiso “a otro distrito”, es decir: de Arizona al sur de Nueva York, donde lo espera la acusación de narcotráfico y armas con mínimo de 40 años de prisión.
“Los 10 de Sinaloa”: la narcopolítica ya tiene expediente
El Departamento de Justicia no se anduvo con rodeos: en abril destapó un pliego donde el gobernador Rubén Rocha Moya, su entonces secretario general de Gobierno y hoy senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega y otros funcionarios son descritos como parte de una red que habría usado al Estado de Sinaloa como servicio al cliente de los Chapitos.
La acusación habla de una “gobernanza criminal” que permitía el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo electoral, protección institucional y el clásico plus: impunidad garantizada a los jefes del cártel.
En ese reparto, Mérida aparece como el secretario de Seguridad que habría cobrado sobornos mensuales de al menos 100 mil dólares de la facción de los Chapitos, a cambio de información sobre operativos, rivales y filtraciones de investigaciones, todo mientras presumía “pacificación” y regañaba a la prensa por “amarillista”.
Rocha, por su parte, carga un señalamiento todavía más venenoso: que su elección de 2021 fue apuntalada por Los Chapitos mediante robo de urnas, intimidación y amenazas a rivales políticos, lo que convierte su triunfo en algo más cercano a un acta notariada por el narco que a la voluntad popular.
Sheinbaum, el mantra de las “pruebas” y el portazo en la cara
Mientras todo esto avanzaba en cortes gringas con número de causa, firmas de fiscales y sellos de la jueza Katherine Polk Failla, en Palacio Nacional la estrategia fue digna de coaching motivacional: repetir “pruebas, pruebas” como si las acusaciones fueran un meme malicioso y no un indictment de varias decenas de páginas.
Durante dos semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum se aferró al discurso de la soberanía ofendida y exigió a Washington que “mostrara evidencias” contra Rocha e Inzunza, al tiempo que la violencia en Sinaloa seguía exhibiendo que el Estado local no controlaba ni la calle de enfrente.
La caída política de Rocha, al pedir licencia junto con el alcalde de Culiacán, se vendió como una respuesta “responsable” pero en la práctica dejó a sus leales dentro del gobierno, mientras en Morena hasta consideraban que algunos de los imputados podían competir en 2027, porque la congruencia es para los comunicados, no para las candidaturas.
El problema para Sheinbaum es que la realidad no espera boletines: el primero de “los 10 de Sinaloa” ya está en manos de la justicia estadounidense, con registro carcelario y cronología procesal, y se llama Gerardo Mérida Sánchez; el argumento de que “no hay pruebas” se derrumba cuando el testigo las lleva puestas en uniforme verde olivo.
Trump, la línea dura y el general cantor
Del otro lado de la frontera, Donald Trump lleva meses usando la narrativa de los políticos mexicanos coludidos con carteles como munición de campaña y de gobierno, exigiendo extradiciones, etiquetando a los carteles como organizaciones terroristas y vendiendo mano dura a su base electoral.
Ya había tenido una “muy productiva” llamada con Sheinbaum para hablar de seguridad, frontera y drogas, en la que ambos salieron a declarar que todo iba “cordial” y “constructivo”, mientras en paralelo se cocinaba el expediente contra Rocha y compañía en el Distrito Sur de Nueva York.
Ahora el presidente de Estados Unidos puede presumir que su estrategia funciona: no solo consiguió la acusación contra un gobernador en activo y su círculo, algo sin precedentes, sino que ya tiene sentado al exsecretario de Seguridad de ese mismo gobierno, dispuesto a negociar su futuro en inglés jurídico.
En este tablero, cada palabra que suelte Mérida —sobre órdenes de arriba, flujos de dinero, arreglos electorales y protección militar— es más valiosa para Trump que cualquier comunicado diplomático de la Cancillería mexicana, porque construye el relato perfecto de un vecino capturado por el narco y administrado por políticos débiles.
El golpe al Ejército y el costo del silencio
Que el primer detenido de la red sea un general retirado exhibe el corazón del modelo obradorista: se militarizó la seguridad, se entregaron obras, concesiones y poder político a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora uno de esos cuadros termina diciendo “prefiero que me juzgue el gringo”.
La hoja de servicio de Mérida incluye haber sido jefe de inteligencia (Sección Segunda) de la Sedena en 2014, lo que convierte cualquier colaboración suya con fiscales estadounidenses en un misil directo al relato de que “el Ejército es el pilar moral de la transformación”.
Si declara que actuó por cuenta propia, la cúpula militar queda, al menos, como inepta; si sostiene que obedecía líneas políticas, la presidencia de López Obrador entra formalmente a escena, y con ella los años en que se juraba que “a un presidente no se le escapa algo así”.
En cualquier escenario, la Fiscalía General de la República —esa institución “autónoma” que solo reacciona cuando le gritan desde el norte— llega tarde y mal: apenas reabrió investigaciones sobre narco en elecciones de Sinaloa mientras sus protagonistas ya negocian penas, beneficios y delaciones del otro lado.
Mérida ya entregó algo más que su pasaporte: entregó la coartada de Sheinbaum y la ficción de que el Ejército podía ser árbitro neutral en un Estado infiltrado hasta la médula; lo único que falta saber es si la presidenta va a seguir repitiendo “pruebas, pruebas” o si al fin se atreverá a mirar el expediente que se armó sin ella, para juzgar a los suyos afuera, mientras adentro todo sigue oliendo a impunidad.
Con informacion: SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELUNIVERSAL
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