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jueves, 16 de abril de 2026

«TODAS IMPUNES»: «CAMPAÑA de EXTERMINIO de POLICIAS del CARTEL de SINALOA MASACRA OTRO TRANSITO en CULIACAN entre MAS de 3,000 MASACRES-4T»…la cifra avanza vertiginosa al centenar de unifomados.


La estrategia federal en Sinaloa ya no se sostiene ni con boletines, ni con conferencias, ni con el viejo truco de anunciar operativos cada vez que el crimen le vuelve a poner la bota en el cuello al Estado. Mientras el discurso oficial insiste en que “no habrá impunidad”, la realidad sigue exhibiendo lo contrario: policías asesinados, expedientes dormidos y homicidas que siguen trabajando como si nada.

Ya vamos rozando una cifra indecente: casi un centenar de agentes caídos en la era Harfuch, y la respuesta institucional sigue pareciendo una mezcla de consuelo burocrático y propaganda de guerra perdida. Si el gobierno federal presume coordinación, en Sinaloa esa coordinación no ha servido para proteger ni a quienes portan uniforme, que son precisamente los primeros que el crimen elige para mandar el mensaje de que manda él.

El mensaje criminal

El asesinato del policía de Tránsito Jesús Felipe, de 43 años, ocurrido ayer cuando estaba franco en Culiacán, es otra prueba brutal de que las facciones del Cártel de Sinaloa no sólo siguen activas: siguen marcando territorio con impunidad quirúrgica. Lo mataron en plena calle, en su día de descanso, como quien ejecuta una advertencia pública para dejar claro que ni el uniforme ni la rutina diaria ofrecen refugio.

Y eso es lo peor: no estamos ante hechos aislados, sino ante una campaña sostenida de exterminio contra policías municipales, estatales y federales, mientras el Estado responde con el mismo libreto de siempre. Cada asesinato “se investiga”, cada operativo “se coordina” y cada agresor “será detenido”, pero en la práctica la cuenta de policías muertos sigue creciendo y la de resultados reales sigue en cero o casi cero.

Un Estado reactivo

El problema no es sólo la violencia del cártel; es la vocación reactiva del gobierno, que llega tarde, se mueve a trompicones y vende como avance cualquier despliegue que no impide el siguiente ataque. Sinaloa se convirtió en laboratorio del fracaso federal: demasiada retórica, demasiada presencia visible y demasiada incapacidad para desmantelar a las redes que siguen operando con logística, inteligencia y capacidad de fuego.

La versión oficial insiste en que la paz está en camino, pero los hechos dicen otra cosa: si un policía puede ser asesinado en su descanso y si los homicidios de agentes ya se cuentan por decenas, entonces la estrategia no está conteniendo nada, sólo está administrando la tragedia. El poder público actúa como si la violencia fuera un accidente meteorológico, cuando en realidad es una derrota de inteligencia, de prevención y de Estado.

Lo que debería decirse

La pregunta ya no es cuántos operativos anunciarán o cuantos son exitosos, sino por qué el Estado mexicano no ha podido proteger a su propia policía en una entidad donde el crimen organizado sigue marcando la agenda. Porque cuando los agresores disparan, huyen y repiten, lo que queda al descubierto no es la “valentía” del gobierno, sino su impotencia.

Y mientras no haya detenciones de impacto que si impacten, desarticulación financiera y golpes reales a las estructuras armadas de las dos facciones del Cártel de Sinaloa, todo lo demás será maquillaje. En Sinaloa ya no basta con decir que no habrá impunidad: hay que demostrarlo, y hasta ahora la evidencia más visible es la impunidad misma.

Con informacion: NOROESTE/

miércoles, 15 de abril de 2026

«YA SABE la DEA ?»: EL «CALABAZO ESTUVO en CASA de ARRAIGO del PIOJO TRAFICANTE de COCAINA en DIAZ ORDAZ antes de EJECUCION del PANOCHITAS»…el «Sierra» murió ejecutado tras entrevistarse con el.



El tuit aunque a nivel de «trascendido» , encaja perfecto en la zoológica moral del grupo: el «Piojo», el «Calabazo», el «Mofles» y «Panochitas» funcionan como catálogo vivo de cómo se borran las fronteras entre gabinete de gobierno morenista, gallero lugarteniente del primito, la plaza de Diaz Ordaz del CDG y otra vez una reunión de diciembre de 2025,en el preámbulo de una ejecución en enero de 2026.

Que dice el trascendido del nuevo tuit

La filtración advierte que el 17 de diciembre de 2025 el secretario de Américo, «el Calabazo», habría ido a la casa de arraigo de Beto Villarreal, con el «Piojo» en Díaz Ordaz y este le soltó 100 mil dólares antes de que «Mofles» y «Primo» mandaran matar a «Panochitas» y finaliza diciendo,»todos lo vieron».

Concatenando todo, el cuadro queda así: un capo histórico (Piojo) con vínculos viejos al poder panista, un secretario de gobierno morenista bautizado como Calabazo visitando un traficante de cocina bajo arraigo y solicitud de eXtradiciO2n a EE.UU y un Mofles que funge como secretario privado del crimen, todos orbitando alrededor del mismo sol: el «Primito» y el pacto CDG‑CJNG que decide quién vive, quién muere y cuánto cuesta cada perdón.

Quién es el «Piojo»

El «Piojo» es Gilberto Villarreal Arelis, viejo capo de la ribereña, exlíder de la organización «Los Piojos», operador logístico del trafico de cocaína por décadas entre Guatemala, Tamaulipas y media Unión Americana, con línea primero al Cártel del Golfo y luego a Los Zetas,ahora bajo arraigo en Diaz Ordaz tras captura de 2025 en San Pedro. 

Que dice la fiscalía de EE.UU tras reciente sentencia su hermano Raymundo:

«Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que el acusado era miembro de una importante familia de tráfico de cocaína del Valle del Río Grande conocida como “Los Piojos”, encabezada por los hermanos Gilberto Villarreal‑Arelis, Reymundo Villarreal‑Arelis y Juan Villarreal‑Arelis (alias “Juando”), junto con su sobrino José Luis Villarreal‑González (alias “Nune”).

A partir del año 2000, esta organización fue responsable de la importación y distribución de miles de kilogramos de cocaína, suministrada primero por el Cártel del Golfo y posteriormente por Los Zetas.

Esta organización mantuvo el control de rutas de contrabando que se extendían desde Guatemala hasta Díaz Ordaz, México, frente a McAllen, Texas.

La cocaína se introducía y almacenaba en “casas de seguridad” en McAllen antes de ser transportada a San Antonio, Houston, Dallas, Nueva York, Chicago, Atlanta, Oklahoma, Carolina del Norte y Florida.»

Texto original: 

«Evidence presented at trial revealed that the defendant was a member of a significant Rio Grande Valley cocaine trafficking family known as “Los Piojos” led by brothers Gilberto Villarreal-Arelis, Reymundo Villarreal-Arelis, and Juan Villarreal-Arelis (aka ”Juando”) along with their nephew, Jose Luis Villarreal-Gonzalez (aka “Nune”). Beginning in 2000, this organization was responsible for the importation and distribution of thousands of kilograms of cocaine supplied by the Gulf Cartel and subsequently by Los Zetas. This organization maintained control over smuggling routes stretching from Guatemala to Diaz Ordaz, Mexico, across from McAllen, TX. Cocaine was smuggled into and kept in stash houses in McAllen before being transported to San Antonio, Houston, Dallas, New York, Chicago, Atlanta, Oklahoma, North Carolina and Florida.»….Justice.gov

No era cualquier correteado: ya se le ubicaba en 2016 como socio del exasesor de Cabeza de Vaca, Sergio Adame Ochoa, que sonaba para Procurador, y compadre de Felix Arturo Rodrigeuz,quien luego se convertiría en jefe del GOPES, es decir, el narco con pase VIP a la fiscalía y al grupo «élite» del sexenio azul, ahora intimando con el segundo de a bordo de Americo Villarreal en el gobierno guinda.

La captura

Mientras a su gentes familia, la iban sentenciando en Texas, el «Piojo» se paseaba en San Pedro Garza García hasta que lo detienen por órdenes del Distrito Oeste de Texas; en México, literalmente ni carpeta tenían, porque la justicia aquí siempre llega sin balas cuando el cliente paga bien.

Quiénes son el «Calabazo» y el «Mofles»

El «Calabazo» es el alias con el que en los trascendidos se señala al secretario general de Gobierno de Américo Villarreal, Héctor Joel Villegas, descrito como «putrefacto» y acostumbrado a reuniones tête‑à‑tête con criminales,entre ellos el «Mofles» para alinear la agenda entre Palacio y plaza.

El «Mofles» no es mecánico ni licenciado de escritorio: se le perfila como operador del «Primito» en el saldo CDG‑CJNG, mensajero y verdugo que mata con la lengua, usando chats cifrados como si fueran oficios de una secretaría de ejecuciones.

En recientes filtraciones de «Silent» apareciócomo usuario «mcllen25», notario del crimen que avisa que «los gobiernos están con nosotros», reporta mandos que «jalan con el 1» y narra la orden para ejecutar al jefe de plaza «cien tres» como si levantarse gente fuera trámite administrativo.

Quién era «Panochitas»

«Panochitas» mencionado en el nuevo trascendido es Juan Francisco Garza Tamez, identificado como jefe de plaza de Díaz Ordaz, ligado también a la clave «cien tres» y al viejo control de Camargo; en redes lo describian como mando que ya había sido «mero mero» en la zona desde la época del M‑103.

Como ya se sabe y previo al trascendido del «Piojo», el «Primito» lo citó para matarlo y el «Mofles» lo entregó, porque el jefe de plaza se negó a «calentar el mundial en Monterrey» atacando el consulado por órdenes ligadas al Mencho, es decir, lo ejecutan por no querer convertir la fiesta FIFA en narco‑performance.

En el propio chat filtrado, el «Mofles» presume que fue «arreglado nomás con citarlo», mientras se queda con lo que puede rapiñar del caído, un ajuste interno disfrazado de depuración donde el que se resiste a la locura termina en nota roja y el traidor asciende un peldaño.

Mas calabaza del Calabazo: 

A nivel de trascendido, la moral del funcionario quedo2 clara otra vez: mientras Americo Villarreal habla de «humanismo» y «transformación» en medio de otros escándalos , el gabinete anda de visita en casas de arraigo, pasando charola en dólares a un clan que la DEA tiene documentado desde hace más de una década y coincidentemente enseguida matan a mando criminal ,la historia vuelve a repetirse.

Con informacion: Justice.gov/

LA "CONEXIÓN SAN PEDRO": "PENILLA se EMPARENTO con la CLASE SAMPETRINA y el DIA de su GLAMUROSA BODA le CANTARON los ANGELES AZULES"...ahora es el quien debe cantar en EE.UU.


La trama de Juan Pablo Penilla, el abogado tamaulipeco que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alcanza al municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo a la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés), Penilla brindó asistencia material al Cártel del Noreste, una entidad catalogada por el Departamento de Estado norteamericano como una organización terrorista internacional.

“Mientras representaba a Miguel Ángel ‘Z-40’ Treviño Morales, Penilla ha asistido a Miguel Treviño en prisión en México -pese a las sanciones de la OFAC en su contra- al fungir como su intermediario ante la dirigencia actual del CDN y otros asociados criminales. Esta facilitación ha permitido que Miguel Treviño mantenga su papel de liderazgo dentro del cártel a pesar de su encarcelamiento”, se lee en el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro.

Penilla está casado con Mónica Cantú, cuyo padre, Roberto Cantú Flores, es el director de Control y Servicios del municipio San Pedro Garza García, de acuerdo a registros del gobierno local. La relación puede tener implicaciones legales en Estados Unidos, dada la vinculación de Penilla con una organización terrorista internacional. El marco legal estadounidense estipula que podrán ser sujetos de sanción o investigación quienes tengan nexos en primer o segundo grado con figuras que aporten asistencia material a un cártel designado por el Departamento de Estado.

Recientemente, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, a cargo de José Luis David Kuri, cesó al director de Asuntos Internos de esa dependencia, Fernando Martínez Huizar. Tanto Kuri como Huizar fueron denunciados por extorsión ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Julio César Luna, el propietario de Tacos del Julio que fue asesinado el año pasado, fue el autor de la denuncia. Tras la salida de Fernando Martínez Huizar, quien fuera la mano derecha del secretario de Seguridad Pública municipal, Roberto Cantú Flores tomó el control de la negociación y operación de los permisos de venta de alcohol, de acuerdo a una persona con conocimiento del asunto consultada por Código Magenta.

Roberto Cantú Flores cuenta con una larga trayectoria en el servicio público municipal, particularmente en posiciones administrativas. Sin embargo, su relación familiar con Juan Pablo Penilla alimenta cuestionamientos sobre la integridad del equipo que dirige el municipio. La presencia criminal de operadores de blanqueo de capitales se ha elevado considerablemente en San Pedro Garza García en los últimos años. El lunes 13 de abril, fue asesinado en Arboleda, un enclave comercial de alto perfil, un joven de 26 años. El homicidio está vinculado a una disputa criminal del Cártel de Sinaloa, un grupo que ha incrementado su influencia en el municipio bajo las administraciones de Mauricio Fernández Garza y de Mauricio Farah.

Juan Pablo Penilla fue parte de la defensa legal de Miguel Treviño Morales (Z-40), Omar Treviño Morales (Z-42) e Ismael Zambada (El Mayo, líder histórico del Cártel de Sinaloa).

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, se pronunció sobre la sanción contra Penilla: “El Tesoro continuará enfocado en las diversas fuentes de ingreso de las que los cárteles dependen para sostener sus operaciones”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agregó: “Los cárteles no operan solos, dependen de redes que mueven y lavan su dinero ilícito. La acción de hoy del Departamento del Tesoro se dirige contra casinos y asociados vinculados al Cártel del Noreste, golpeando la estructura financiera que sostiene sus operaciones. Cortar el dinero equivale a debilitar al cártel. Vamos contra quienes lo facilitan, especialmente quienes manejan recursos ilícitos”.

Con infomrmacion: CODIGO MAGENTA/

«MEXICO BAJO la LUPA»: «LISTADO de INCIDENTES AISLADOS CONFORMAN y CONFIRMAN CERTIFICADO de DEFUNCION de DEMOCRACIA a la MEXICANA»…desapariciones a lo bestia,reforma judicial acordeonista, censura mediática y socavamiento de sociedad civil.


México, en 2026, ya no es solo un país con crisis graves: es un escenario de manual donde los supervisores internacionales señalan, uno por uno, cada tornillo que se desprendió. A la postre, el relato oficial —“nosotros no desaparecemos, son los cárteles”— colisiona con un sistema de justicia que se deshoja por los bordes, mientras el país se asoma, ya sin disfraz, a la categoría de autocracia electoral.Desapariciones forzadas: el primer “artículo 34” de la ONU para México

Por primera vez, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional y pidió al Secretario General, António Guterres, llevar a la Asamblea General el caso mexicano. En criollo: el propio sistema de Naciones Unidas trata a México como un país donde las desapariciones forzadas se han dado —y se siguen dando— de manera generalizada o sistemática, en ataques contra la población civil en distintas zonas y momentos.

El CED no se limitó a decir “hay problemas”: recordó que más de 4,500 fosas clandestinas han sido localizadas, con más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos identificables, además de unos 72,000 restos humanos sin identificar. Y marcó un punto clave: muchas de esas desapariciones no son solo obra de cárteles, sino que las fuerzas de seguridad saben o sospechan que un secuestro está por ocurrir y no actúan, lo que el propio Comité interpreta como complicidad u omisión.

Ante esto, el gobierno mexicano reaccionó como suele: sacó pecho, acusó al CED de “tendencioso”, señaló que el informe se basa sobre todo en el periodo 2009‑2017 y en solo cuatro estados, y apuntó a supuestos “conflictos de interés” de algunos miembros del Comité. Ignoró, claro, que el propio CED recalcó que el artículo 34 se activa precisamente cuando las desapariciones se dan con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades estatales, incluyendo grupos paramilitares o redes criminales que actúan con el visto bueno del Estado.

Autocracia electoral: cuando la izquierda se viste de poder absoluto

Mientras en Ginebra y Nueva York se habla de crímenes de lesa humanidad, en Suecia un instituto académico tilda a México de “autocracia electoral”. El Instituto V‑Dem, de la Universidad de Gotemburgo, lo ubica entre los 44 países del mundo más recientes en dar el salto a la autocracia, y destaca que el país se trouve en el club de las democracias que ya se han quebrado internamente.

El diagnóstico es cruel para el discurso oficial:

  • Morena controla el Ejecutivo, tiene mayoría en el Legislativo, y en 2024 reelecta a Claudia Sheinbaum, consolidando un ciclo de poder sin contrapesos reales.
  • Impulsa una reforma para elegir a jueces por voto popular, politizando el Poder Judicial y abriendo la puerta a cortes que responden a la militancia más que a la carrera técnica.

V‑Dem advierte que México ya no es democracia liberal, sino autocracia electoral, dentro de lo que llama “zona gris”: hay elecciones, pero también censuras, silenciamiento de medios, presión a la sociedad civil y deterioro de la libertad de expresión. El reporte señala que la táctica más común entre los regímenes autocráticos es justamente la censura mediática, y en México se ubica entre los principales infractores de la última década, junto con Hong Kong, Myanmar, Eslovenia y Togo.

Ataque a medios y sociedad civil: el combo perfecto

El informe de V‑Dem pinta un cuadro en el que el poder se refuerza doblegando dos columnas clave:

  • Medios: autocensura, sesgo pro‑gobierno, desaparición de voces críticas en radio, TV y prensa escrita, y un aumento del acoso a periodistas.
  • Organizaciones civiles: montones de OSC se ven asfixiadas por reglas burocráticas, presión fiscal, bloqueos de financiamiento y estigmatización de sus activistas.

El resultado es que México, con más de 120 millones de habitantes, aglutina alrededor de un 20% de la población mundial que vive en autocracias, entrando en el club de los países grandes que arrastran consigo a su región y a la política global. Y el sistema advierte con frialdad: una democracia que comienza a autocratizarse tiene más probabilidades de colapsar que de sobrevivir.

La reforma judicial: cuando el castillo se perfora por dentro

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa, atónita, cómo México se autolesiona desde la cúspide del Estado de Derecho. La reforma judicial de 2024, que marca el cese escalonado de más de 7,000 jueces y magistrados y abre el paso a una elección popular de todos los integrantes del Poder Judicial entre 2025 y 2027, es vista como un golpe directo a la independencia judicial.

La CIDH saluda que México quiera fortalecer la justicia, pero remarca que el proceso fue apresurado, poco participativo y carente de diagnóstico serio sobre los verdaderos problemas: impunidad, corrupción, falta de acceso. El Comité advierte que:

  • El fin de la carrera judicial meritocrática y el relevo masivo destruyen la imparcialidad y la estabilidad del cargo.
  • La elección popular abre la puerta a que los jueces se vuelvan dependientes de la política y del poder en turno, más que de la Constitución y los tratados internacionales.
  • El diseño del Tribunal de Disciplina Judicial y la celeridad de las reformas vulneran el debido proceso y la autonomía de la judicatura.

A meses de la reforma, 65 jueces y magistrados, representados por el abogado Zamir Fajardo, lograron que la CIDH abra procedimiento formal contra el Estado mexicano. Buscan que se declare violatoria la reforma en bloque, que se restaure la carrera judicial y que se revierta el desmantelamiento de la justicia técnica. Si el caso llega a la Corte Interamericana, el fallo será vinculante y México, como país gobernado por un discurso moralista, quedaría en el ridículo de tener que obedecer a organismos a los que públicamente califica de “interferencia extranjera”.

El país en el espejo: 400 fosas, 7 mil juzgadores y 120 millones de víctimas potenciales

Ponerlo todo en una sola frase: México es hoy un laboratorio de degradación institucional, donde:

  • El Estado insiste en que las desapariciones forzadas las hacen solo los cárteles, mientras la ONU documenta complicidad y omisión estatal y levanta la bandera roja internacional.
  • El mismo gobierno que se queja de “intervenciones” abraza una reforma judicial que entrega la justicia al populismo, mandando a la calle a 7,000 operadores del sistema que fueron ganando su lugar por concurso.
  • Y mientras tanto, el país se registra como autocracia electoral de “zona gris”, con más de 4,500 fosas, decenas de miles de restos sin identificar y una sociedad civil que se ahoga entre censura, estigmatización y represión.

En buena onda, el país no ha sido “pillado”: ha sido descrito por la propia comunidad internacional con un lenguaje técnico tan frío que duele más. Desapariciones masivas, reforma judicial insensata, censura mediática y socavamiento de la sociedad civil no son incidentes aislados: juntos conforman el certificado de defunción de la democracia mexicana que, desde 2024, ya no se puede firmar en secreto, sino bajo el sol de la Convención Interamericana y la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.

Con informacion: ELNORTE/

"104 en 2025 y 6 en ABRIL ?": "NI HARFUCH,NI el EJERCITO HAN PODIDO ATAJAR al CHAMUCO MATAMUJERES en SINALOA"...la muerte sigue trabajando triple turno 24/7/365.


El peso de las cifras de feminicidios en medio de la trilogía de violencia normalizada en la guerra de Sinaloa,cuyos números son saldo de la barbarie de levantón, muerte y despojo ,equivalen a una inatajable crisis humanitaria, si atendemos con seriedad el mas reciente balance publicado por Noroeste.

Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de abril de 2026 es de:

◉ 3,089 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 3,650 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)

◉ 10,627 vehículos robados (18.3 diarios)

◉ 3,438 personas detenidas (5.9 diarios)

◉ 183 personas abatidas

Como se advierte, Sinaloa ya no está viviendo una guerra: la está administrando a diario, como si el horror fuera trámite, como si la cuenta de mujeres asesinadas pudiera leerse en una libreta de oficina y no en una tragedia de Estado.

Mientras las autoridades siguen vendiendo discursos de contención, la realidad les revienta en la cara: en 2025 el estado acumuló decenas de feminicidios y homicidios de mujeres, un año que lo colocó en la cima nacional del espanto.

En 2025 mataron a 104 mujeres en Sinaloa, más que en cualquier año desde 2011, cuando el conteo cerró en 110 casos. No fue una racha, fue una forma de gobierno: asesinatos en todos los municipios, a cualquier hora, contra mujeres de cualquier edad y condición.

Y no es un episodio aislado ni una mala semana: es la continuidad de una rutina de muerte que ya lleva casi dos años desangrando al estado entre balaceras, desapariciones, “levantones” y despojos, como si el crimen hubiera asumido la administración territorial y la autoridad sólo hiciera el inventario del desastre.

Made with Flourish • Create a chart

La cifra que más debería avergonzar a cualquier gobierno es esta: las mujeres siguen cayendo en Sinaloa con una regularidad que ya no permite hablar de “casos” sino de una estructura de violencia sostenida, impune y profundamente misógina.

Cada feminicidio no sólo exhibe el fracaso de la prevención; también desnuda la precariedad de la reacción institucional, esa costumbre oficial de llegar tarde, explicar mal y no resolver nada.

Y mientras el parte de guerra suma homicidios, vehículos robados y privaciones de la libertad, la violencia contra las mujeres queda como el subrayado más brutal de un estado capturado por el miedo y por la incapacidad pública para proteger siquiera la vida de las más expuestas.

Si la guerra ya cumple casi dos años, el saldo no es sólo de muertos: es de territorios tomados, familias rotas y mujeres convertidas en el objetivo más castigado de una normalidad criminal que el gobierno sigue llamando “incidencia” para no decir fracaso.

En Sinaloa, la estadística ya no describe la violencia: la denuncia.

Con informacion: NOROESTE/

«NI se ATREVAN a MORIRSE en ACCIDENTES»: «INGENIERIA JURIDICA de CORTE del ACORDEON FALLA CONTRA VICTIMAS y en FAVOR de ASEGURADORAS y entes PUBLICOS»…ahora indemnización será menor.



La sentencia sí huele a “fallo caro” para las familias y muy barato para las aseguradoras y entes públicos, aunque la Corte lo disfrace de estricta obediencia constitucional a la UMA.

Qué decidió exactamente la Corte

  • El pleno de la SCJN resolvió por unanimidad que las indemnizaciones civiles por muerte deben calcularse en UMA y no en salario mínimo.
  • El criterio se fija como jurisprudencia derivada de una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Sala, es decir, se vuelve la regla a seguir en casos futuros.
  • El parámetro aplica a indemnizaciones por fallecimiento en accidentes, responsabilidad civil, y casos donde están implicadas aseguradoras, IMSS, ISSSTE y empresas del Estado.
  • El argumento formal: la Constitución prohíbe usar el salario mínimo como referencia para fines ajenos a su naturaleza laboral, y la UMA fue creada para esos otros cálculos.

Traducido del leguleyo al castellano: la Corte dice “no es que quiera pagar menos, es que la Constitución me obliga a usar UMA y no salario mínimo”, aunque el efecto práctico sea un recorte brutal de montos.

El tamaño real del tijeretazo

  • Para 2026, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos.
  • El salario mínimo general anda en 315 pesos diarios.
  • Eso significa que, por cada “día” usado como base de cálculo, la indemnización cae a un tercio de lo que hubiera sido con salario mínimo.
  • Varios medios calculan que el techo de indemnización por muerte baja de alrededor de 1.5 millones de pesos (con salario mínimo) a unos 585 mil pesos (con UMA).

O sea: el mismo muerto, el mismo dolor, la misma negligencia;lo único que cambia es la creatividad contable del Estado y las aseguradoras, y la SCJN les regaló una rebaja “jurisprudencial” del orden de más de la mitad.

A quién protege el fallo (y a quién no)

  • La propia Corte y la ponente Lenia Batres destacan que el criterio protege la “viabilidad financiera” de instituciones como el IMSS y otras entidades públicas.
  • También beneficia directamente a aseguradoras privadas, que ahora tienen un parámetro uniforme más bajo para calcular indemnizaciones en casos de muerte.
  • Se “homologan criterios” y se da certidumbre jurídica… a las instituciones obligadas a pagar, no a las familias que dependen de esas indemnizaciones para sobrevivir la pérdida del sostén económico.
  • La Corte se cura en salud diciendo que la reparación es “compensatoria, no salarial”, y que los jueces siguen teniendo margen para ajustar montos según el caso concreto.

La ironía: el discurso de “justicia” se centra en no presionar al salario mínimo y en cuidar las finanzas públicas, mientras la justicia material para las víctimas queda en el área chica de la “facultad discrecional” de los jueces, con un techo ya amarrado a una unidad de menor valor.

¿Es un fallo “caro” para la ciudadanía?

En términos estrictamente jurídicos, la Corte se parapeta en la reforma de desindexación del salario mínimo: hay mandato constitucional de no usar el mínimo para multas, créditos e indemnizaciones no laborales.

Pero en términos materiales, políticos y de justicia social, lo que hizo fue trasladar el costo de esa ortodoxia constitucional a las familias que pierden a alguien en un accidente o por negligencia del Estado o de particulares.

  • Para el ciudadano promedio, el mensaje es claro: tu vida vale jurídicamente menos de lo que creías si la medimos en UMA y no en salario mínimo.
  • Para el Estado y las aseguradoras, el mensaje también es clarísimo: hay un tope más manejable, previsible y financieramente cómodo para sus pasivos.
  • La supuesta “neutralidad” técnica de la UMA oculta que alguien paga la diferencia, y no es la SCJN ni las empresas aseguradoras: son las familias que ya están en la peor posición negociadora posible, porque están de luto.

El fallo no parece un resbalón técnico, sino una decisión consciente de amarrar a futuro las expectativas de reparación económica en favor de quienes pagan, no de quienes reclaman.

La envoltura discursiva y la cara política

  • La Corte vende el criterio como armonización con la reforma constitucional, defensa del salario mínimo y consolidación de la UMA como herramienta moderna de cálculo.
  • En la letra, el discurso es impecable: se desindexa el salario, se cumple la Constitución y se evita usar el mínimo para todo.
  • En la práctica, la Corte se alinea con un interés muy concreto: reducir el riesgo financiero de Estado y aseguradoras ante condenas por muerte, justo en un país con violencia, accidentes fatales y negligencias institucionales crónicas.

Así que sí: la sentencia tiene toda la cara de ser una pieza de ingeniería jurídica que le saldrá cara a la ciudadanía en cada juicio por muerte, pero muy barata y muy cómoda para el interés que la Corte, con mucha fineza técnica, decidió priorizar.

Con informacion: LA SILLA ROTA/