México, en 2026, ya no es solo un país con crisis graves: es un escenario de manual donde los supervisores internacionales señalan, uno por uno, cada tornillo que se desprendió. A la postre, el relato oficial —“nosotros no desaparecemos, son los cárteles”— colisiona con un sistema de justicia que se deshoja por los bordes, mientras el país se asoma, ya sin disfraz, a la categoría de autocracia electoral.Desapariciones forzadas: el primer “artículo 34” de la ONU para México
Por primera vez, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional y pidió al Secretario General, António Guterres, llevar a la Asamblea General el caso mexicano. En criollo: el propio sistema de Naciones Unidas trata a México como un país donde las desapariciones forzadas se han dado —y se siguen dando— de manera generalizada o sistemática, en ataques contra la población civil en distintas zonas y momentos.
El CED no se limitó a decir “hay problemas”: recordó que más de 4,500 fosas clandestinas han sido localizadas, con más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos identificables, además de unos 72,000 restos humanos sin identificar. Y marcó un punto clave: muchas de esas desapariciones no son solo obra de cárteles, sino que las fuerzas de seguridad saben o sospechan que un secuestro está por ocurrir y no actúan, lo que el propio Comité interpreta como complicidad u omisión.
Ante esto, el gobierno mexicano reaccionó como suele: sacó pecho, acusó al CED de “tendencioso”, señaló que el informe se basa sobre todo en el periodo 2009‑2017 y en solo cuatro estados, y apuntó a supuestos “conflictos de interés” de algunos miembros del Comité. Ignoró, claro, que el propio CED recalcó que el artículo 34 se activa precisamente cuando las desapariciones se dan con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades estatales, incluyendo grupos paramilitares o redes criminales que actúan con el visto bueno del Estado.
Autocracia electoral: cuando la izquierda se viste de poder absoluto
Mientras en Ginebra y Nueva York se habla de crímenes de lesa humanidad, en Suecia un instituto académico tilda a México de “autocracia electoral”. El Instituto V‑Dem, de la Universidad de Gotemburgo, lo ubica entre los 44 países del mundo más recientes en dar el salto a la autocracia, y destaca que el país se trouve en el club de las democracias que ya se han quebrado internamente.
El diagnóstico es cruel para el discurso oficial:
- Morena controla el Ejecutivo, tiene mayoría en el Legislativo, y en 2024 reelecta a Claudia Sheinbaum, consolidando un ciclo de poder sin contrapesos reales.
- Impulsa una reforma para elegir a jueces por voto popular, politizando el Poder Judicial y abriendo la puerta a cortes que responden a la militancia más que a la carrera técnica.
V‑Dem advierte que México ya no es democracia liberal, sino autocracia electoral, dentro de lo que llama “zona gris”: hay elecciones, pero también censuras, silenciamiento de medios, presión a la sociedad civil y deterioro de la libertad de expresión. El reporte señala que la táctica más común entre los regímenes autocráticos es justamente la censura mediática, y en México se ubica entre los principales infractores de la última década, junto con Hong Kong, Myanmar, Eslovenia y Togo.
Ataque a medios y sociedad civil: el combo perfecto
El informe de V‑Dem pinta un cuadro en el que el poder se refuerza doblegando dos columnas clave:
- Medios: autocensura, sesgo pro‑gobierno, desaparición de voces críticas en radio, TV y prensa escrita, y un aumento del acoso a periodistas.
- Organizaciones civiles: montones de OSC se ven asfixiadas por reglas burocráticas, presión fiscal, bloqueos de financiamiento y estigmatización de sus activistas.
El resultado es que México, con más de 120 millones de habitantes, aglutina alrededor de un 20% de la población mundial que vive en autocracias, entrando en el club de los países grandes que arrastran consigo a su región y a la política global. Y el sistema advierte con frialdad: una democracia que comienza a autocratizarse tiene más probabilidades de colapsar que de sobrevivir.
La reforma judicial: cuando el castillo se perfora por dentro
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa, atónita, cómo México se autolesiona desde la cúspide del Estado de Derecho. La reforma judicial de 2024, que marca el cese escalonado de más de 7,000 jueces y magistrados y abre el paso a una elección popular de todos los integrantes del Poder Judicial entre 2025 y 2027, es vista como un golpe directo a la independencia judicial.
La CIDH saluda que México quiera fortalecer la justicia, pero remarca que el proceso fue apresurado, poco participativo y carente de diagnóstico serio sobre los verdaderos problemas: impunidad, corrupción, falta de acceso. El Comité advierte que:
- El fin de la carrera judicial meritocrática y el relevo masivo destruyen la imparcialidad y la estabilidad del cargo.
- La elección popular abre la puerta a que los jueces se vuelvan dependientes de la política y del poder en turno, más que de la Constitución y los tratados internacionales.
- El diseño del Tribunal de Disciplina Judicial y la celeridad de las reformas vulneran el debido proceso y la autonomía de la judicatura.
A meses de la reforma, 65 jueces y magistrados, representados por el abogado Zamir Fajardo, lograron que la CIDH abra procedimiento formal contra el Estado mexicano. Buscan que se declare violatoria la reforma en bloque, que se restaure la carrera judicial y que se revierta el desmantelamiento de la justicia técnica. Si el caso llega a la Corte Interamericana, el fallo será vinculante y México, como país gobernado por un discurso moralista, quedaría en el ridículo de tener que obedecer a organismos a los que públicamente califica de “interferencia extranjera”.
El país en el espejo: 400 fosas, 7 mil juzgadores y 120 millones de víctimas potenciales
Ponerlo todo en una sola frase: México es hoy un laboratorio de degradación institucional, donde:
- El Estado insiste en que las desapariciones forzadas las hacen solo los cárteles, mientras la ONU documenta complicidad y omisión estatal y levanta la bandera roja internacional.
- El mismo gobierno que se queja de “intervenciones” abraza una reforma judicial que entrega la justicia al populismo, mandando a la calle a 7,000 operadores del sistema que fueron ganando su lugar por concurso.
- Y mientras tanto, el país se registra como autocracia electoral de “zona gris”, con más de 4,500 fosas, decenas de miles de restos sin identificar y una sociedad civil que se ahoga entre censura, estigmatización y represión.
En buena onda, el país no ha sido “pillado”: ha sido descrito por la propia comunidad internacional con un lenguaje técnico tan frío que duele más. Desapariciones masivas, reforma judicial insensata, censura mediática y socavamiento de la sociedad civil no son incidentes aislados: juntos conforman el certificado de defunción de la democracia mexicana que, desde 2024, ya no se puede firmar en secreto, sino bajo el sol de la Convención Interamericana y la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.
Con informacion: ELNORTE/
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