El jueves 1 de agosto, una de las 27 personas sobrevivientes del incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023, recibió un correo electrónico de la cuenta institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), firmado por su asesora jurídica, quien previamente se comunicó telefónicamente para alertarle del mensaje relacionado con una causa penal contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.
Ante un lenguaje técnico, difícil de comprender, el sobreviviente decidió esclarecer sus dudas con organizaciones civiles que representan a otras víctimas sobrevivientes, a familiares de algunas de las 40 personas fallecidas y a mujeres que estuvieron en riesgo de perecer en el incendio.
Y es que el sobreviviente no alcanzaba a entender cómo es que, sin que se hubiese concluido el juicio por la conflagración, la CEAV, una institución adscrita a la Secretaría de Gobernación, misma dependencia a la que pertenece el INM, responsable de la estancia incendiada, sostenía que el titular, Francisco Garduño Yáñez, merecía “contar con un beneficio”, ya que “no es el directamente responsable de los ilícitos, sino que existen otras personas vinculadas al proceso”.
La audiencia que se realizo el pasado lunes 12 de agosto, en la que Garduño Yáñez buscaba que el juez de distrito Víctor Manlio Hernández Calderón validara su propuesta de “solución alterna” para no enfrentar un proceso penal por su responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria del 27 de marzo en Ciudad Juárez,fue cancelada publica
Latinus.
Lo que la CEAV buscaba con el mensaje es obtener la aprobación de los sobrevivientes para que “no se opusieran a que el juez conceda dicha solución alterna”, denunciaron previamente las organizaciones sociales.
INM. Incendio el 27 de marzo de 2023. Juan Ortega/Cuartoscuro.
Cabe resaltar que la semana pasada decenas de organizaciones defensoras de los derechos de personas migrantes y activistas alertaron que en septiembre del año pasado, el Poder Judicial Federal le había negado a Garduño el beneficio de la “solución alterna” en la que propuso como reparación del daño sólo atender los desperfectos causados a las instalaciones de la estancia, omitiendo a los familiares de las 40 víctimas mortales, a los 27 sobrevivientes del incendio y a las 15 mujeres que estuvieron esa noche en las instalaciones del INM.
Las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Asylum Access México y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), compartieron a Proceso el correo electrónico que recibieron al menos seis de las víctimas sobrevivientes, de las que se reserva su identidad, así como de la asesora jurídica de la CEAV, “para solicitar que no se opusieran a que el juez conceda dicha solución alterna”.
En el mensaje, la CEAV informa a las víctimas de la audiencia, a realizarse en Ciudad Juárez este lunes 12 a las 15:30 horas de la Ciudad de México, a petición de Garduño, quien está imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, y quien solicitó el beneficio de la salida alterna.
Al sostener que “el bien jurídico tutelado” por el que se persigue a Garduño es “la correcta administración pública”, en el mensaje se asegura que lo que busca el funcionario “es contar con un beneficio, esto previo al cumplimiento de una serie de condiciones y desde luego cumpliendo con una reparación integral de los daños”.
Sin mencionar qué comprende la “serie de condiciones” y la “reparación integral de daños”, la CEAV agrega que existen cinco causas penales por los delitos de homicidio y lesiones, “aclarando que al menos por lo que hace al C. Francisco Garduño Yáñez, éste no es el directamente responsable de los ilícitos, sino que existen otras personas vinculadas al proceso”.
Juez y parte
Exculpando a priori al comisionado del INM, la CEAV sostiene que “el hecho de que éste acceda a esta salida alterna no implica que los directamente responsables estén absueltos de responsabilidad”.
La CEAV, creada para defender a las víctimas, insiste en que “la solicitud que hace el imputado es un derecho que le asiste y que únicamente se aprobará si éste cumple con garantizar o haber comprobado que ha cubierto la reparación integral de los daños, reparación que deberá ser presentada en un plan ante el juez y que los asesores jurídicos debemos analizar y manifestar si se garantiza o se cumple”.
En el mensaje a los sobrevivientes, la CEAV resalta que, efectivamente, de admitirse la solución alterna, se procede a la “suspensión condicional del proceso”, que implica “la extinción de la acción penal” contra el imputado, siempre y cuando se garantice “una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido”.
Para las organizaciones civiles, el mensaje por correo electrónico y la llamada a los sobrevivientes de la tragedia en Ciudad Juárez indican que la CEAV “está jugando en favor del comisionado del INM, Francisco Garduño, intentando manipular a través de la desinformación a las víctimas que acompaña” en el caso del incendio de la estancia migratoria.
Al referirse al deslinde de Garduño de los delitos de homicidio y lesiones que hace la institución, las organizaciones recuerdan que “la CEAV tiene como función primordial el apoyar y asesorar a las víctimas de algún delito”, por lo que “no está entre sus funciones establecer culpables de un proceso que está en curso y cuya investigación ni siquiera ha sido cerrada”.
Además, “no debería posicionarse respecto a los otros imputados, pues advierte en el mismo correo que los responsables de homicidio y lesiones son lo otros imputados”, que continúan sometidos a proceso, sin que hasta ahora un juez haya determinado su situación jurídica.
Estación migratoria en Ciudad Juárez. Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro.
“De los seis sobrevivientes con los que pudimos constatar que la CEAV mandó este correo, dos le confirmaron no tener oposición manifiesta de la solución alterna para Garduño”, contaron las organizaciones civiles.
Advierten que, “al hablar con ellos y explicarles la situación, nos expresaron que no habían comprendido del todo lo que la CEAV les había comunicado, pues usaron un lenguaje jurídico”, aunado a que “recibieron información insuficiente y poco clara en la llamada”.
De acuerdo con el intercambio que las organizaciones tuvieron con los migrantes sobrevivientes a los que representa la CEAV, para varios de ellos fue el primer contacto con la institución, “o si acaso, el segundo, lo que evidencia que desconocen cómo ha transcurrido el proceso penal”.
Agregan que ni en la llamada ni en el mensaje por correo electrónico les informaron que “era su derecho conectarse a la audiencia por videollamada y, en su caso, escuchar la propuesta de reparación que ofrecerá Garduño”.
Por todo ello es que las organizaciones civiles cuestionan que “si la CEAV está jugando en favor de Garduño Yáñez, entonces quién defiende a las víctimas?”.
No a la impunidad
El pasado 7 de agosto, decenas de organizaciones firmaron un pronunciamiento en el que llamaban a las autoridades a evitar la impunidad en el caso del incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, en el que 40 migrantes murieron y 27 más resultaron con lesiones de por vida.
En un comunicado hicieron un llamado “a las diferentes autoridades a no permitir la impunidad de la que goza Francisco Garduño y el INM ante las graves violaciones a derechos que han redundado en muertes al interior de las estaciones migratorias, incluso posterior al incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez”.
Al señalar que la FGR “debe terminar el proceso de investigación que culmine en un juicio justo para las víctimas”, resaltaron que Francisco Garduño Yáñez “se ha caracterizado por su falta de rendición de cuentas, como lo demuestran los 30 llamados y puntos de acuerdo que desde el Poder Legislativo le han hecho para que comparezca, los cuales ha ignorado”.
Para las organizaciones, “los operadores de justicia que protegen los derechos de las víctimas deben evitar dar el mensaje de que en México la impunidad impera sin importar la gravedad de los hechos”, sobre todo si se considera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó los hechos como graves violaciones a derechos humanos en su Recomendación 111VG/2023.
En julio pasado, en entrevista con Proceso, el abogado Marcos Zavala, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), destacó que las organizaciones sociales están exigiendo que en los procesos judiciales no sólo se considere a todas las víctimas, sino que no haya favoritismos para los involucrados.
“Pedimos que todos los involucrados sean procesados y enfrenten un juicio como cualquier persona, que no se concedan esos beneficios, como los que pide el comisionado, porque aún no sabemos si va a proponer reparar a las víctimas”, puntualizó.
