Catorce líderes del cártel de Guerreros Unidos, dos de sus familiares directos, dos integrantes de la facción Gente Nueva y siete testigos o personajes que tenían información sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, forman parte del grupo de 26 personas que fallecieron o fueron ejecutadas entre el 14 de octubre de 2014 y el 24 de mayo de este año, y, de acuerdo con el informe oficial del gobierno federal, estaban vinculadas a este caso.
Entre los asesinados están el reportero Pablo Morrugares, acaecido el 2 de agosto de 2020, quien hacía investigaciones sobre los grupos delictivos de la región y, con base en las indagatorias de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, era testigo de la masacre contra los normalistas.
También, el activista Miguel Ángel Jiménez Blanco, ultimado el 8 de agosto de 2015, quien pertenecía al colectivo "Los otros desaparecidos de Iguala", el cual recorría cerros en Guerrero en busca de cuerpos, osamentas y pistas de personas no localizadas.
Entre las causas de los fallecimientos está el asesinato como principal móvil, con víctimas privadas de la vida por ataques directos mientras se llevaban a cabo las indagatorias; no obstante, también está la muerte durante funciones, como la de un buzo en una operación en mar, o por la contingencia generada por el virus SARS-CoV2, como la del capo Mario Casarrubias, "El Sapo Guapo", líder de Guerreros Unidos, que negociaba acogerse al programa de testigo colaborador de la FGR para aportar datos para esclarecer el crimen.
EL SILENCIO DE LOS PRIMEROS “SEÑALADOS”
Benjamín Mondragón Pereda, conocido como El Benjamín o el Tío, presunto líder de Guerreros Unidos en Morelos, falleció el 14 de octubre de 2014 en el municipio de Jilotepec tras un enfrentamiento con fuerzas federales. Él es, según la Comisión para la Verdad, la primera persona ligada al caso Ayotzinapa que perdió la vida y poseía información acerca de los acontecimientos del 27 de septiembre de 2014, último registro público de los estudiantes.
De acuerdo con la versión difundida por el excomisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido, el Tío se suicidó, de un tiro en la cabeza con el arma que portaba, después de negociar que a su pareja sentimental, quien estaba embarazada, le permitieran salir de la propiedad en la que estaban atrincherados en el fraccionamiento San Gaspar en Juitepec.
Al momento en que la mujer se encontraba a salvo, El Benjamín se asomó por una ventana y se disparó en la cabeza, según el parte federal.
Él era una pieza clave de la posible colusión gubernamental con Guerreros Unidos, posible móvil de la desaparición de los normalistas.
La segunda muerte registrada en el expediente es la de un buzo de la Policía Federal, quien, no obstante, no pereció por asesinato, sino por un golpe durante las labores de búsqueda.
El 29 de octubre de 2014, el buzo Higinio Flores Cruz perdió la vida durante las labores de en el Río San Juan, municipio de Cocula, donde buscaban indicios que pudieran conducir a la localización de los 43 estudiantes.
Flores Cruz, de 27 años, murió cuando el equipo de buzos se preparaba para la undécima inmersión de la jornada de aquel día y la lancha volcó impactándose contra un árbol. Otros seis elementos más resultaron con golpes diversos.
El siguiente muerto, el 5 de agosto de 2015, fue Adrián Jaime Vences, El Faraón, ultimado en San Juan del Río, donde se hacía pasar como un empresario turístico inmobiliario, tras un operativo de fuerzas federales que buscaban capturarlo para que proporcionara información sobre los 43, pero fue herido de gravedad en el intercambio de disparos.
La Secretaría de Marina afirmó que El Faraón” operaba una célula de Guerreros Unidos en el Estado de México; en particular, en Valle de Bravo.
Otra pieza clave en el caso, Juan José Soroa Rodríguez, jefe de la plaza de Taxco, fue localizado, calcinado, el 24 de enero de 2015. Su cuerpo estaba en el fondo de una barranca en Maynalán. Unos metros más adelante estaban tres cuerpos más, irreconocibles por la descomposición ocasionada por el fuego, dentro de un vehículo Nissan.
Tras la identificación genética, las autoridades descubrieron que otro de los cadáveres correspondía a Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, quien, al igual que Soroa, era miembro de Guerreros Unidos, pero de mayor rango.
El primero era jefe de plaza también en Huitzuco, donde controlaba el trasiego de droga, el secuestro y el cobro de derecho de piso. Este es uno de los sitios donde, con base en las primeras indagatorias por la desaparición, los estudiantes pudieron ser llevados.
El Choky, según las primeras versiones del entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, fue quien ordenó la ejecución de los normalistas. Sus asesinatos, con base en las líneas de investigación oficiales, se debieron a venganzas al interior de Guerreros Unidos. Esas supuestas venganzas se llevaron a las tumbas información clave del caso Ayotzinapa.
EL TESTIGO DE LA “NUEVA VERDAD”
Un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), identificado por el nombre de “Juan” y exintegrante de Guerreros Unidos, aseguró que un líder criminal identificado como Jesús Pérez Lagunas, apodado ‘El Güero Mugres’, habría sido el que dio la orden de “matar a todos” los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.
Jesús Pérez Lagunas, el Güero Mugres, es uno de los capos de Guerreros Unidos que han sido asesinados, aunque el organismo responsable del caso lo ubica como “operador financiero”.
Juan, que había declarado en febrero de 2020, pero ahora, con el beneficio de testigo colaborador, amplió declaración en mayo de este año, afirmó que lo ocurrido aquellas horas se dio con el apoyo del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la municipal, que respondían a las órdenes de ‘El Güero Mugres’, acaecido el 28 de marzo de 2018.
Juan es clave en la nueva verdad porque asevera que, como el asunto de los 43 alcanzó proyección mediática, no alcanzaron a calcinar y disolver todos los cuerpos en ácido, por lo que algunos restos fueron dispersados en más lugares, no sólo el basurero de Cocula, donde se centra la denominada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre las piezas clave en lo ocurrido en Ayotzinapa también están Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE), asesinado el 16 de junio de 2021 por un comando que irrumpió en su negocio.
El comandante era mencionado en investigaciones como integrante de Guerreros Unidos, motivo por el cual los padres de los 43 pidieron que fuera localizado y se le requiriera para esclarecer la desaparición.
Como él, otros miembros de este cártel, con conocimiento de los hechos, fueron ultimados: Moisés Brito Bautista, el Bamdam, el 3 de agosto de 2021, a tiros en una plaza comercial de Cuernavaca; tenía orden de aprehensión por homicidio calificado y su relación con Guerreros Unidos y el grupo La Bandera, implicado en la masacre de Ayotzinapa.
Cuatro días después, el 7 de agosto, el cuerpo, en estado de descomposición, de Fabian Quevedo Arizmedi, otro integrante de Guerreros Unidos, fue localizado en la carretera Puente de Ixtla-Iguala. El 21 de septiembre, Juan Salgado Guzmán, el Indio y/o el Calderas, otro personaje clave en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, fue asesinado por agentes de la FGR que intentaban su captura, en Metepec, Estado de México.
LA PIEZA CLAVE QUE EL COVID SE LLEVÓ
Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, líder de Guerreros Unidos, falleció el 26 de julio de 2021 en el Hospital Central Militar ubicado en la Ciudad de México, a consecuencia del Covid-19.
Casarrubias, quien se encontraba privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano", negociaba con el actual gobierno proporcionar información del caso Ayotzinapa a cambio de beneficios en su proceso.
Según el expediente clínico de El Sapo Guapo, padecía diabetes tipo II e hipertensión arterial sistémica. Por el virus SARS-CoV-2 presentó una neumonía atípica e insuficiencia respiratoria aguda, cuadro que presentan pacientes COVID graves.
El 21 de julio, y debido al deterioro de su estado de salud, fue intubado, ya que presentaba una saturación de 72 por ciento de oxígeno. Así hasta su muerte cinco días después por un paro cardio respiratorio y neumonía.
El Sapo Guapo fue detenido en 2014 por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes. Junto con sus hermanos José Ángel, El Mochomo, y Sidronio, El Chino Casarrubias, era parte de la cúpula de Guerreros Unidos.
Los últimos dos presuntos miembros de esta organización criminal que fueron asesinados son Rigoberto Juárez Velázquez y Delfino González Rivera, ambos el 24 de mayo pasado. Dos hombres, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra ambos, que reparaban un vehículo en el barrio La Palma, en la comunidad del Tomatal, en Iguala.
PERIODISTA Y ACTIVISTA, VÍCTIMAS DIRECTAS
El reportero Pablo Morrugares y el activista Miguel Ángel Jiménez Blanco, asesinados en eventos diferentes, poseían información sobre el caso Ayotzinapa.
El 2 de agosto de 2020, el periodista y director del portal informativo PM Noticias Pablo Morrugares, quien había recibido amenazas desde 2015, fue asesinado en un restaurante de Iguala, junto con un policía municipal que había sido designado como escolta.
En ese momento, Morrugares era el segundo periodista asesinado en Guerrero en 2020, ya que su colega Víctor Fernando Álvarez Chávez había sido reportado desaparecido el 1 de abril de 2020 y la Fiscalía General confirmó que el reportero fue asesinado diez días después. Estos acontecimientos derivaron en un desplazamiento de comunicadores de esta entidad, ante amenazas directas y riesgo de ser atacados.
Las últimas publicaciones de impacto de Morrugares fueron un reportaje sobre la detención provisional de dos sospechosos de haber cometido un homicidio y otro reportaje sobre una emboscada a las fuerzas policiales organizada por un grupo delictivo.
La Comisión para la Verdad lo sitúa como testigo en la desaparición de los 43. Asimismo, incluye al activista Miguel Ángel Jiménez Blanco, quien denunció que el caso de los normalistas arrojó luz sobre la situación de otros miles de personas desaparecidas en este estado que, afirmó, estaba plagado por la violencia de bandas criminales.
Jiménez ayudó a organizar el colectivo "Los otros desaparecidos de Iguala", formado en su mayor parte por mujeres, que, hasta la fecha en la que fue asesinado, había encontrado 129 cuerpos, entregados a las autoridades para su identificación.
Para las bandas criminales y los grupos de interés que los protegen, el activista se volvió una amenaza, ya que, según lo que él mismo declaró, después del caso de Ayotzinapa 300 familias se acercaron para decir que tenían familiares desaparecidos. En la mayoría de los casos, las indagatorias no avanzaban y se presumía como móvil el ataque de cárteles, impunes.
Durante el tiempo que ha durado la investigación, que involucra a los dos últimos gobiernos, también fueron asesinados Nelson Chávez Landa, exsecretario particular del alcalde de Iguala en funciones Antonio Jaimes, en un ataque armado atribuido al grupo delictivo La bandera/Guerreros Unidos (8 de junio de 2021), Ricardo Martínez Chávez, entonces subprocurador de la fiscalía estatal de Guerrero, por un comando armado (4 de enero de 2017).
Martínez Chávez era un elemento clave para el esclarecimiento de la desaparición forzada en Ayotzinapa, ya que su actuación derivó en detenciones de policías de Iguala por su colusión con el cártel que es acusado de la masacre.
Horas después del asesinato del funcionario en Nuevo Laredo, donde había sido nombrado coordinador de la Procuraduría de Tamaulipas, fallecieron en un ‘accidente carretero’ en la autopista Monterrey – Nuevo Laredo, Sergio Licona Gómez, coordinador estatal de la Policía Federal en Tamaulipas de Manelich Castilla, junto con el delegado del CISEN Marco Francisco Meza y dos funcionarios más.
Los funcionarios, denunció entonces el Centro Prodh de Derechos Humanos, fueron convocados a una reunión urgente para investigar la muerte del coordinador de la PGJT pero no llegaron. Como antecedente, Ricardo Martínez fue Fiscal de Secuestros de la Unidad Especializada para la Delincuencia Organizada en la PGR de Rafael Macedo de la Concha, en el secuestro de la actriz Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi.
Igualmente fue ultimado el líder transportista Victorico Martínez López y su esposa, el 4 de mayo de 2016. Un grupo de sujetos armados los atacaron cuando estaban en el estacionamiento de un centro comercial en Iguala. El móvil investigado es la posible vinculación de Victorico con Guerreros Unidos. La Comisión para la Verdad asegura que él poseía información sobre lo que ocurrió en la noche negra de Iguala.
Fuente.-@emeequis/
