Mientras en Estados Unidos el Presidente Joe Biden presentó un plan de respuesta al virus, que incluye una colaboración más estrecha con los estados para ampliar la vacunación, el Gobierno federal en México centraliza la operación.
La nueva gestión federal en EU busca acelerar el ritmo de vacunación proporcionando más fondos a las administraciones estatales y creando más puntos de inoculación, incluidos estadios, centros de convenciones y farmacias.
Además, brindará a los estados proyecciones más claras sobre la disponibilidad de dosis para que planifiquen su implementación, y solicitará a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que reembolse a los estados el costo de usar sus Guardias Nacionales para establecer centros de vacunación.
Incluso, la farmacéutica Pfizer se dijo dispuesta a vender su vacuna directamente a los estados de EU.
En contraste, el Gobierno mexicano mantiene un control centralizado del programa de vacunación, en el que no participan las autoridades estatales, y decide dónde y cómo deben vacunarse los ciudadanos de cada entidad.
El Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, titular de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), reclamó al Gobierno central que decida de manera unilateral sobre la vacunación en el País.
"Hace 15 días nos dijeron que los estados sí íbamos a poder adquirir vacunas, que esperáramos los lineamientos del Insabi, y ahora nos dicen que no, pues contraviene el plan de vacunación a nivel nacional", explicó Vila.
Enrique Martínez, director del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (Inefam), demandó una mejor colaboración con los estados.
"Es evidente el manejo político detrás de todo esto y la centralización innecesaria. No se tiene una estrategia, son improvisaciones sobre la marcha", reprochó.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que si cada estado pone sus vacunas, el impacto del plan se diluiría.
"Desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar que eso no se haga, porque cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado, como si no fuéramos un País y simplemente fuéramos una comunidad desordenada, anárquica", externó.
"Qué tal si en un estado, ahora fueran los municipios los que quieren comprar la vacuna y cada uno la pone de la manera que quisiera. Experimentarían directamente la consecuencia de ese desorden en donde cada quien quisiera hacer su voluntad de acuerdo con distintos modelos de la salud pública", argumentó López-Gatell.
“La policía estatal secuestró a mi esposo. Lo sacó forzosamente de mi casa. Se lo llevaron y quiero justicia”. Nora Estefanía Noyola Fernández, de 22 años, lleva casi tres semanas sin saber nada de su esposo, Luis Alberto Herrera Ávalos, de 27. El pasado 6 de enero se encontraba en su casa de Ciudad Mier, Tamaulipas, cuando policías estatales irrumpieron al interior del domicilio y se lo llevaron.
Horas después supo que civiles armados se lo llevaron de las oficinas de Tránsito en Miguel Alemán, donde lo tenían encerrado. La última noticia que recibió fueron videos en los que su esposo aparece siendo torturado mismo día.
Su caso no es el único. Ese día fue detenido Jaime Santacruz, de 28 años, y los hermanos Mario Alexis García Bocanegra y Brian Eduardo García Bocanegra. Del primero tampoco se ha vuelto a saber nada mientras que los otros dos regresaron tras escapar de los agentes que los custodiaban.
“Quiero justicia. Que me lo regresen. Que ya no amenacen ni se lleven a gente inocente. Temo por mi vida, la de mi familia y la de la gente del pueblo”, explica Noyola Fernández.
Junto con varios integrantes de su comunidad, la mujer se desplazó hasta la Ciudad de México para interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y pedir medidas cautelares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, también solicitaron exponer su caso ante Presidencia y la Secretaría de Gobernación.
Una semana después de las desapariciones, vecinos de Ciudad Mier protestaron cortando la vía y fueron reprimidos por agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Seguridad Pública de Tamaulipas (GOPES). Los agentes disolvieron a balazos, según las denuncias presentadas por las víctimas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Animal Político quiso saber la versión de la secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Capturados en sede oficial
Los hechos se iniciaron el 6 de enero cuando agentes de la Policía estatal de Tamaulipas desarrollaron un operativo en Ciudad Mier. Ahí fueron capturadas cuatro personas: Luis Alberto Herrera Ávalos, Jaime Santacruz, Mario Alexis García Bocanegra y Brian Eduardo García Bocanegra.
Todos ellos fueron conducidos a Barandilla, que es como se conoce a las oficinas de Vialidad y Tránsito en Ciudad Miguel Alemán. Entre ambos municipios apenas hay 15 kilómetros de distancia en paralelo al Río Bravo, unos 20 minutos en coche. Sin embargo, ahí existe una frontera invisible. Ambas localidades marcan la división en el enfrentamiento entre dos de los cárteles que operan en Tamaulipas. Al este, del lado de Ciudad Mier, el Cártel del Noreste. Al oeste, hacia Ciudad Miguel Alemán, el Cártel del Golfo.
En el momento en el que los cuatro estaban bajo custodia policial sus familias comenzaron a recibir llamadas exigiéndoles el pago de un rescate.
“Me pidieron 50 mil pesos. Al yo decirles que no podía entregárselos me hablaron con palabras groseras, diciéndome que ya daba igual”, explica Anabel Bocanegra, de 39 años, madre de los dos jóvenes detenidos. Esa misma llamada recibió Nayala Fernández, solo que en su caso llegaron a negociar. “Me bajaron hasta los dos mil pesos”, afirma.
Pero algo ocurrió que cambió todo. Recibieron una llamada desde Ciudad Miguel Alemán en la que les informaban que un grupo de hombres armados se estaba llevando a sus familiares.
La realidad nos confirma el Estado criminal donde sobrevivimos, en el cual los líderes del crimen organizado son políticos, son criminales, son empresarios, son militares, son policias, que se han beneficiado del negocio de las drogas que han socavado al gobierno legalmente constituido y han creado un gobierno criminal paralelo dominante.
Ahi en donde una y otra vez,el gobierno encabezado por el panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca se "desgañita" gastando los impuestos de los contribuyentes para gritar que en Tamaulipas el flagelo de la delincuencia es cosa del pasado,un nuevo hecho macabro se da en esta entidad gobernada con "malos oficios" ,los cuerpos de 19 personas fueron hallados calcinados luego de un presunto enfrentamiento armado en el municipio de Camargo, en la llamada frontera chica que colinda con Nuevo León.
La Fiscalía tuvo que reconocer el hallazgo después de que la versión circuló durante el día en redes sociales sin recibir confirmación oficial ni de la autoridad estatal ni de la Fiscalía General de la República (FGR).
La llamada "frontera chica" es objeto de una cruenta disputa territorial encabezada desde Tamaulipas por Cesar Morfin Morfin alias "El primito",un líder delincuencial del Cartel del Golfo solapado y protegido por acción y omisión del gobernador y sus Grupos Especiales y policia estatal convertida en otro "Cartel Uniformado" que se "alquila por paga y compite con el crimen cometiendo crímenes ,la facción rival, los Zetas del Cártel del Noreste son apoyados desde Nuevo Laredo.
De acuerdo con la información oficial, policías estatales acudieron a la brecha tras un reporte ciudadano de camionetas incendiándose, una pick up y otra tipo suburban.
De los 19 cuerpos, 15 fueron encontrados en la caja de una camioneta pick up y el resto en la cabina y sus alrededores.
"De las primeras indagatorias" que no soslaya la posibilidad de que se trate de migrantes, "se tiene establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les prendió fuego".
25 CUERPOS en ENERO de 2019
El 10 de Enero de 2019,Policías Estatales de Tamaulipas y un grupo de militares se trasladaron a Refugio Hinojosa, en el municipio de Miguel Alemán. Eran cerca de las 16:45 cuando se internaron por una brecha solitaria, prácticamente sobre la línea fronteriza.
Ahí localizaron una camioneta incendiada. En su interior había un cuerpo calcinado.
Policías y soldados avanzaron, con las armas listas, por los alrededores. Hallaron una escena de barbarie indescriptible. Vieron primero cuatro camionetas y un sedán incinerados. Dispersos entre la hierba había varios cuerpos calcinados o semicalcinados. En algunos cadáveres se advertían chalecos antibalas, fornituras, atuendos de estilo militar.
Algunos de ellos tenían el rostro destrozado por balas de grueso calibre. En algunos otros había desaparecido la ropa: solo quedaban hilachos carbonizados que se adherían ahora a los restos negros.
Algunos cuerpos estaban como apilados. Podían haber perdido la vida juntos. O tal vez los asesinos los habían encimado al momento de hacer la pira.
En el lugar había cientos de casquillos de los calibres 7.62 y .50.
Apareció una camioneta abandonada, con logos de la Secretaría de Marina, pero con placas de Texas. Era una camioneta clonada.
Cuando comenzó a caer la noche se habían contabilizado entre 15 y 17 cuerpos. Pero la cifra fue subiendo al paso de las horas: 20, 21, 24, finalmente 25 cuerpos.
El jefe del Estado Mayor español, el general Miguel Ángel Villarroya, presentó este sábado su dimisión tras ser acusado de saltarse el protocolo para recibir la vacuna contra el coronavirus, anunció la cúpula militar en un comunicado.
«Con el objetivo de preservar la imagen de las Fuerzas Armadas, el General Villarroya ha presentado hoy a la Ministra de Defensa su solicitud de cese», indicó el Estado Mayor . Según una fuente consultada por AFP, su dimisión fue aceptada por la ministra titular, Margarita Robles.
La partida de este alto mando supone la primera dimisión de alto nivel en España desde el inicio de la pandemia, que se ha cobrado más de 55 mil muertos y suma 2.5 millones de casos confirmados según el balance oficial.
La dimisión se produce al día siguiente de que la ministra de Defensa encargara al propio general Villarroya un informe sobre las condiciones en que se vacunaron varios miembros de la cúpula militar.
Tras conocerse que estos recibieron la primera dosis de la vacuna, fueron acusados de saltarse los criterios de acceso fijados por el ministerio de Sanidad, que está privilegiando de momento al personal sanitario y a los ancianos en residencias.
Fuentes del Estado Mayor defendieron previamente la vacunación de los mandos, diciendo a AFP que estos estaban entre el personal prioritario, aunque con otros criterios añadidos como la edad.
Finalmente, el general del aire Villarroya, de 63 años, presentó su dimisión, afirmando no obstante que nunca pretendió «aprovecharse de privilegios no justificables».
Poco antes de conocerse esta partida, el ministro del Interior cesó la noche del viernes a un teniente coronel que ejercía de enlace de la Guardia Civil con el Estado Mayor, por vacunarse sin ser prioritario.
Luego de que el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, regresara de Alemania a Rusia donde convalecía tras haber sido envenenado y fuera arrestado,la publicación de un documental de dos horas sobre un majestuoso palacio a orillas del mar Negro, que asegura es propiedad del presidente Vladimir Putin y financiado por personas que lo rodean, desato una ola de protestas en las calles de Rusia y la detención de su esposa.
El reportaje
"No es una casa de campo, ni una cabaña, ni una residencia. Es una ciudad entera, o más bien un reino", asegura Navalny en el video publicado en su canal de YouTube, que alcanzó más 20 millones de visitas en un día y que ha causado una gran controversia en las redes sociales.
La investigación alega que la propiedad costó US$1.370 millones y fue construida con "el mayor soborno de la historia".
El Kremlin niega que la propiedad pertenezca al presidente.Al principio del filme, Navalny explica que concibió la investigación en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Berlín, mientras se recuperaba tras haber sido envenenado con un agente nervioso de tipo Novichok.
Pero decidió hacerla pública luego de que regresara a Rusia.
"No queremos que el protagonista de esta investigación piense que le tenemos miedo y que contaré su peor secreto (estando) en el extranjero", afirma Navalny.
Además del documental, la ONG Fundación Anticorrupción, fundada por el líder opositor, creó un sitio web donde se puede leer una versión escrita aún más detallada de la investigación.
La propiedad está ubicada en la ciudad turística de Gelendzhik, en la costa sur del mar Negro, y la investigación asegura que es 39 veces el tamaño de Mónaco.
Cuenta con casino, un complejo subterráneo de hockey sobre hielo, una sala de cine, otra para fumar narguile y un viñedo.
"Tiene vallas inexpugnables, su propio puerto, su propia seguridad, una iglesia, su propio sistema de permisos, una zona de exclusión aérea e incluso su propio puesto de control fronterizo", detalla Alexei Navalny en el video.
"Es un Estado separado dentro de Rusia", agrega. "Y en este Estado hay un solo zar insustituible: Putin".
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La investigación incluye reconstrucciones visuales de las lujosas habitaciones del palacio.
El reportaje fue publicado dos días después de que Navalny regresara de Alemania y fuera arrestado al aterrizar en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú.
El líder de oposición rusa y uno de los más grandes críticos de Putin fue puesto en prisión preventiva durante 30 días, se le acusa de violar las condiciones que se le impusieron tras una condena por malversación de fondos, por la que recibió una sentencia condicional.
Él siempre ha dicho que su sentencia se debe a motivos políticos.
El activista dice que las autoridades rusas estuvieron detrás del atentado contra su vida, al envenenarlo con Novichok, una acusación respaldada por periodistas de investigación pero negada por el Kremlin.
"No es realmente una sorpresa"
No es la primera vez que se habla del "palacio de Putin". La gigantesca construcción fue noticia en 2011, cuando el multimillonario chipriota-ruso Alexander Ponomarenko, que ha sido vinculado con el presidente ruso, lo compró por unos US$350 millones.
"Personalmente, no me sorprende mucho que Navalny haya decidido publicar esta historia. Yo ya había escuchado hablar sobre esta estructura, así que no es realmente una sorpresa", le dice a BBC Mundo Sergei Goryashko, corresponsal del servicio ruso de la BBC en Moscú.
"Hace 10 años, un exsocio de Putin, un viejo amigo de San Petersburgo, alertó a los medios occidentales de la construcción del palacio y aseguró que personas cercanas a Putin habían aportado dinero para hacerlo realidad".
Goryashko indica que, como él, muchos periodistas rusos sabían de la existencia del complejo, pero, según él, la publicación de Navalny da un valor agregado, más interactivo, ofreciendo modelos 3D del interior de la estructura y detallando cuánto costó erigirlo y quiénes están involucrados en su construcción.
Un túnel especial con acceso al mar
El informe afirma que la propiedad en la ciudad turística de Gelendzhik se construyó con fondos ilícitos proporcionados por miembros del círculo íntimo de Putin, incluidos jefes petroleros y multimillonarios.
"Construyeron un palacio para su jefe con este dinero", denuncia Navalny.
Además, afirma que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) posee unos 70 kilómetros cuadrados de terrenos que rodean la residencia privada.
Navalny lo describe como "el edificio residencial privado más grande de Rusia".
Según la investigación, a todos los visitantes se les prohíbe traer teléfonos celulares con cámara, y todos los autos que ingresan a la lujosa edificación son examinados en varios puntos de control.
Además del palacio en sí, el área cerrada tiene otro palacio de hielo cubierto, una iglesia, un invernadero de 2.5000 metros cuadrados, un puente de 80 metros y un anfiteatro.
Dado que el palacio está ubicado en una orilla empinada, se cavó un túnel especial para darle acceso al mar. Al final del túnel hay una sala de degustación con vista al mar, señala el texto.
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El informe afirma que la propiedad cuenta con un casino, una pista de hielo y un viñedo.
UN PALACIO CON UN COMPLEJO ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
La construcción del palacio, dicen los autores de la investigación, fue inicialmente realizada por la empresa Rosinvest, supuestamente controlada por Vladimir Putin.
En 2011, el empresario Alexander Ponomarenko anunció que le había comprado esta propiedad a uno de los copropietarios de Rosinvest, Nikolai Shamalov, y a dos de sus socios.
Ponomarenko aseguró en una entrevista con el diario ruso Kommersant que el acuerdo de US$350 millones era más o menos cierto.
Pero, según la Fundación Anticorrupción de Navalny -que toma como referencia a los estados financieros de la empresa offshore Kernicom Enterprises- el monto real de la transacción fue de poco más de US$356.000.
Documentos de la sociedad offshore indican que se trata de una inversión de la sociedad Rirus controlada por Kernicom. Rirus, según la información contenida en estos documentos, se dedica a transacciones inmobiliarias.
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Navalny publicó su trabajo de investigación dos días después de que fuera arrestado al aterrizar en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú.
La gestión de todos los trabajos de construcción en el palacio la habría llevado a cabo la compañía de una persona cercana, Asya Borisova. Sin embargo, su construcción se distribuyó entre varias firmas diferentes, de acuerdo con la Fundación Anticorrupción.
La ONG liderada por Navalny asegura que el propietario clave del palacio es la empresa Accept, que pertenece al primo de Putin, Mikhail Shelomov.
Los autores de la investigación citan un plan de financiación que menciona a varios antiguos socios de Putin: el presidente de Transneft, Nikolai Tokarev, y el jefe de Rosneft, Igor Sechin, entre otros.
El esquema también incluye a Svetlana Krivonogikh, a quien el periódico Proekt describió como una persona cercana a Putin, y a la gimnasta Alina Kabaeva, cuyas conexiones con Putin también han sido reportadas por diversos medios.
