En México, el gobierno humanista y transformador, el que se llena la boca hablando de transparencia acaba de hacer exactamente lo contrario: esconder, sellar y patear hacia el futuro la información que hoy incomoda. La Secretaría de Relaciones Exteriores decidió reservar por cinco años —sí, cinco— todo lo relacionado con las comunicaciones con Estados Unidos sobre las acusaciones de narcotráfico que salpican al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázares.
Cinco años no es un plazo administrativo: es una estrategia política. Es apostar a que la memoria pública se desgaste, que los responsables se reciclen y que el escándalo se diluya. Es gobernar con la calculadora en la mano, no con principios.
El argumento es un clásico del manual burocrático: “proteger la confianza”, “cuidar la confidencialidad”, “no afectar la relación bilateral”. Traducido al español de a pie: no queremos que se sepa qué tan comprometidos están nuestros funcionarios, ni qué tanto sabe Estados Unidos de ellos.
Porque aquí está el punto que el gobierno pretende enterrar: no se trata de rumores ni de chismes de pasillo. La Fiscalía de Nueva York ya puso sobre la mesa acusaciones contra exfuncionarios de Sinaloa vinculados con Los Chapitos. Entre los señalados aparecen nombres que hoy siguen orbitando el poder. Y mientras uno cobra su dieta legislativa por cheque tras el congelamiento de sus cuentas, la Cancillería decide que la ciudadanía no merece saber qué se está diciendo —ni qué se está negociando— en su nombre.
El mensaje es insultante: el gobierno actúa como si los ciudadanos fueran menores de edad, incapaces de procesar información incómoda. Como si la rendición de cuentas fuera un lujo opcional y no una obligación constitucional. Como si el derecho a saber pudiera suspenderse cuando toca a los cercanos al poder.
Hablan de “no afectar la cooperación internacional que con sus acciones cotidianas afectan, un dia si y otro también”, pero lo que realmente se protege es la opacidad interna. Porque la confianza entre países no se rompe por la transparencia; se rompe cuando un gobierno encubre a sus propios funcionarios bajo el pretexto de la diplomacia.
La pregunta es inevitable: ¿qué es exactamente lo que están ocultando que no pueda resistir la luz pública?
Reservar esta información no fortalece al Estado mexicano, lo debilita. No protege las relaciones exteriores, las contamina. Y no cuida a la ciudadanía: la desprecia.
Porque un gobierno que prohíbe saber no está gobernando; está administrando la ignorancia como herramienta de control.
Con información: REFORMA/
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