Elementos de Fuerza Civil detuvieron a cinco personas relacionadas con grupos del narcotráfico tras descubrir un cadáver semienterrado, en un rancho en el municipio de Villaldama en el estado fronterizo de NuevoLeón en México.
Entre los detenidos se encuentran dos hombres, dos mujeres y una menor de edad, a quienes entre sus pertenencias les encontraron bolsas con hierba verde, con las características de la marihuana.
Los hechos ocurrieron alrededor en el antiguo camino a Villaldama que conecta con el municipio de Bustamante, en el interior del rancho San José Hermanos Ayala, en el municipio de Villaldama.
Los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, Brandon “N”, Brayan “N”, Zayra “N” y María “N” de quienes no se detalló a qué grupo del narcotráfico pertenecían.
Las autoridades informaron que durante un recorrido de prevención y vigilancia por la zona, los policías detectaron a dos hombres acompañados por dos mujeres y la menor, y al momento de hacerles una revisión les encontraron la droga.
Se detalló a en el lugar, los elementos de Fuerza Civil se percataron que unos pasos más adelante había un cuerpo semienterrado, al que solo se le observaba un brazo por lo que al hacer una revisión más minuciosa, en el lugar encontraron una pala y más droga.
Hasta el lugar llegó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y Servicios Periciales, quienes realizan las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue local donde le realizaron los exámenes que dictan las leyes mexicanas para tratar de establecer las causas de la muerte así como su identidad.
Autoridades de la Ciudad de México investigan a un grupo de policías que cometieron abusos buscando dinero de Óscar Andrés “El Lunares” en un inmueble de Tepito sin una orden de cateo.
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en que agentes ingresaron a la vivienda portando pistolas y armas de grueso calibre, sin percatarse que eran video grabados.
La Fiscalía de la CDMX detalló en una tarjeta informativa que el operativo se realizó el viernes 31 de enero en la calle de Jesús Carranza 69, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Según las denuncias de los vecinos, los policías destruyeron paredes, puertas y muebles a pesar de que había niños y detuvieron a 8 personas, quienes fueron presentados a la Fiscalía de Narcomenudeo.
Sin embargo, el Ministerio Público decretó su libertad al considerar que fue ilegal la detención y presentaron de los videos como prueba.
Según fuentes de la Fiscalía, un agente identificado como Ricardo Sánchez, informó al director de la PDI, en la Fiscalía en Cuauhtémoc, Antonio Hermida que en la vecindad “El Lunares” había escondido un millón de dólares.
Por lo que decidieron hacer un operativo sin avisarle a sus superiores… Al menos 17 agentes entraron a la vecindad de manera ilegal.
La Fiscalía informó que el director de la PDI que encabezó el operativo fue removido de su cargo y junto con el agente que dio la información, están bajo investigación.
La alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz dio los primeros auxilios a un peatón que fue atropellado en el bulevar Hidalgo, de esta ciudad, sin embargo, el hombre falleció.
Al presenciar el hecho, Maki Ortiz solicitó a su chofer que parara el vehículo en el que viajaba para atender al hombre, quien fue embestido por una auto color blanco.
La alcaldesa aplicó al hombre reanimación cardiopulmonar, no obstante, pese a los esfuerzos de Ortiz, perdió la vida.
Testigos indicaron que, al ser atropellado, la víctima quedó debajo del automóvil. Personas que transitaban por el lugar señalaron que padecía de sus facultades mentales y se dedicaba a pedir dinero en el sitio en donde fue atropellado.
Los hechos fueron dados a conocer por la misma alcaldesa a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió:
“Hace unos minutos, fuí testigo de un Reynosense que perdió la vida atropellado bajo un puente peatonal en el Blvd Hidalgo.
Tratamos de salvarle la vida pero no fué posible, de verdad lamento mucho su partida y le doy mi más sentido pésame a la familia”.
Además de gobernar el municipio fronterizo de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz es médico cirujano, razón por la que vio viable brindarle los primeros auxilios a la víctima de este accidente. fuente.-
Una jueza vinculó ayer a proceso a la operadora financiera de Jesús Murillo Karam cuando fue titular de la PGR por la compra inflada e injustificada de un avión de casi 20 millones de dólares para uso personal.
La acusada es Judith Aracely Gómez Molano, quien fue Oficial Mayor de la PGR.
Según la denuncia de la FGR, en agosto de 2013, Murillo ordenó la compra de un avión Bombardier Challenger (CL 600) mediante un arrendamiento financiero con Banobras.
En el juicio también se implicó a Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, ex subdirector de Recursos Materiales de Banobras y actual subsecretario de Administración en Edomex.
Ayer durante la audiencia de 10 horas, el fiscal Carlos Palafox afirmó que el avión tenía un valor real de 16.4 millones de dólares, pero se pagaron 19.6 millones a la empresa Aviation Enterprise. Incluso, señaló que un perito de la FGR valuó el avión en 14 millones de dólares.
Palafox indicó que la adquisición fue injustificada, pues no se requería un avión con capacidad de realizar vuelos trasatlánticos para que la PGR cumpliera sus funciones constitucionales de perseguir los delitos federales en territorio nacional.
"No se requiere una aeronave con ese lujo y confort para la persecución de delitos. Únicamente se utilizó para el traslado del entonces titular de la PGR, así como de sus colaboradores cercanos", dijo Palafox durante la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente como parte de la causa penal 447/2019.
La Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR acusó a ambos ex funcionarios por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, que implica una pena de hasta 12 años de cárcel.
La jueza Beatriz Moguel Ancheita rechazó la petición de la FGR de ordenar prisión preventiva justificada para los imputados, y en cambio les impuso el pago de una garantía de 100 mil pesos y una restricción migratoria para no abandonar el país.
Al emitir el auto de vinculación a proceso, la jueza afirmó que no se tomó en cuenta el impacto de costo-beneficio de la adquisición de la aeronave, y señaló que el arrendamiento financiero comprometió durante cinco años las finanzas de la PGR.
"Se dijo que el avión tiene 11 asientos. Yo me pregunto si comprar 11 boletos en vuelo comercial no habría sido más barato que pagar más de 344 millones de pesos", comentó la juez.
La defensa de Gómez y Curioca explicó que ambos ex funcionarios sólo se limitaron a firmar los contratos, pero la compra fue avalada por otras dependencias, incluida Hacienda.
"Sería ilógico pensar que una persona que tiene el cargo de Oficial Mayor pueda firmar a ciegas los contratos y que pueda obligar a un subdirector (de Banobras) a firmar un contrato sin revisarlo", reviró la juez Moguel.
Alejandro Gertz, actual titular de la FGR, acusó en mayo pasado que Murillo Karam dejó una anarquía y gastó sin control.
La ironía del narcocorrido en honor a Telmo Castro es, en el mejor de los casos, trágica. La canción hace alarde de la habilidad criminal del excapitán del ejército de Ecuador, quien estaba en prisión por cargos de tráfico de drogas para el Cartel de Sinaloa.
“Pero no por mucho tiempo, la fiera van a encerrar”, concluye.
Pero en diciembre de 2019, el cuerpo de Castro fue hallado en su celda en Guayaquil, Ecuador; desnudo, atado de pies y manos, y con 15 puñaladas.
Para Ecuador, la muerte de uno de los narcos locales más notorios supuso el fin de una época. Pero para sus jefes mexicanos, la desaparición de Castro no afectará gravemente el boyante flujo de cocaína a través de Ecuador.
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Telmo Castro, también conocido como “El Capi”, dio sus primeros pasos en el hampa a comienzos de siglo, cuando estaba apostado con la inteligencia militar en la provincia selvática de Sucumbíos en la frontera noreste de Ecuador con Colombia.
Allí hizo contactos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según varias fuentes que trabajaron en las investigaciones sobre Castro y hablaron con InSight Crime con la condición de que se mantuviera su anonimato.
En esa época, las FARC hacían lo que el ejército ecuatoriano no lograba hacer: imponer orden en esa región fronteriza ingobernable. También estaban metiéndose más a fondo en el tráfico de cocaína. Moviéndose en ese mundo, Castro pronto entró en contacto con traficantes mexicanos del Cartel de Sinaloa, que habían estado comprando cocaína en el sur de Colombia, y exploraban formas de pasarla a Ecuador.
Para mediados de la década, los sinaloenses habían montado una extensa maquinaria de tráfico en el país, y Castro se hizo parte integral de su engranaje.
El hombre detrás de la red era Jorge Cifuentes, traficante colombiano que era lugarteniente de confianza del Cartel de Sinaloa, pero que posteriormente se convertiría en testigo estelar en el juicio contra el jefe del cartel, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Los investigadores describen cómo, desde su base en Quito, capital de Ecuador, Cifuentes construyó una red de proveedores y dueños de laboratorios de cocaína en la región fronteriza, y de redes de transporte ecuatoriano y despachadores, que enviaban cargas por mar y aire. Cifuentes también creó varias empresas en Ecuador como fachada para su negocio y para lavar las ganancias.
En su red, la tarea de Castro era recoger los cargamentos de droga en la región fronteriza y llevarlos a los puntos de despacho. Eso lo hacía en vehículos militares escoltados con personal del ejército, dicen los investigadores. Por este servicio cobraba US$100 por kilo, lo que le reportaba pagos hasta de US$600.000 por vez, según la declaración de Cifuentes en el juicio contra El Chapo, que fue publicada por AP.
La suerte le fue esquiva a Castro por primera vez en 2009, cuando lo detuvieron mientras escoltaba más de media tonelada de cocaína, según reportó BBC Mundo. En ese momento, ya no estaba en servicio activo con el ejército, pero lo detuvieron en un vehículo pintado de verde con insignias militares.
Castro fue condenado a dos años de prisión. Pero pronto quedaría libre, después de que la sentencia inicial se redujera a 20 meses y se le concediera libertad anticipada por haber cumplido el 49 por ciento de la pena, según una investigación de Plan V. El costo de su libertad fueron US$500.000 en sobornos pagados por los sinaloenses a jueces ecuatorianos, según las denuncias de Álex, hermano de Cifuentes en el juicio a El Chapo, reportadas por The New York Times
Poco después de su liberación, la red sinaloense en Ecuador comenzó a fragmentarse. Con las autoridades internacionales siguiendo el rastro a todo el clan narcotraficante de Cifuentes, Jorge Cifuentes salió de Ecuador y se refugió en Venezuela, donde eventualmente fue detenido en 2012, según reportó Univisión. Castro entonces dejó de ser un simple transportador y comenzó a comprar su cocaína y a organizar sus envíos en aviones ligeros que hacían vuelos clandestinos, cuentan los investigadores.
Pero sus mayores responsabilidades no solo le acarreaban mayores ganancias, sino también riesgos más grandes. Luego de que las autoridades confiscaran varios aviones de Castro cuando se preparaban para despegar cargados de cocaína, los mexicanos lo secuestraron y le exigieron que les pagara sus pérdidas, según los investigadores que hablaron con InSight Crime.
Castro fue liberado después de entregar varias propiedades a sus captores. Le perdonaron su deuda y volvió al trabajo, convirtiéndose en el traficante estrella de los sinaloenses usando la vía aérea. Pero en 2013, volvió a caer en manos de las autoridades.
Según un recuento del operativo en Plan V, un destacamento de vigilancia de la policía que vigilaba una pista clandestina vio primero que se acercaba un camión y dejaba combustible. Luego un avión Cessna aterrizó y dos mexicanos descendieron. Vieron cuando Castro apareció, habló con los mexicanos y se marchó. Poco después, llegó otro camión, pero al detectar la presencia de la policía dio la vuelta e intentó escapar, disparando hacia la policía para evitar que avanzaran. Los agentes obligaron al camión a detenerse y hallaron alrededor de media tonelada de cocaína en su interior.
Castro fue detenido un año después y sentenciado a diez años y ocho meses por narcotráfico. En 2017, le impusieron otros cinco años por lavado de dinero mediante una red de empresas de cartón y cuentas de testaferros, que contenía depósitos por más de US$1 millón.
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Los investigadores creen que Castro siguió coordinando la salida de narcoaviones desde su celda en la prisión. No cabe duda de que mantuvo cierta influencia en el hampa, pues pronto quedó nuevamente en libertad tras otro fallo judicial sospechoso.
En agosto de 2018, Castro fue liberado luego de cumplir el 40 por ciento de su sentencia, aun cuando ese beneficio solo se ofrece a reclusos en prisiones de mínima seguridad, no a quienes como Castro estaban internados en cárceles de máxima seguridad.
Al principio, la excarcelación de Castro pasó desapercibida. Pero luego de que se revelaran sus vínculos con el Cartel de Sinaloa en el juicio a El Chapo, los medios locales publicaron notas sobre su actual paradero y pronto fue arrestado nuevamente. Se abrió una investigación por corrupción contra la jueza que dictó su libertad, aunque medio año después ella aún continuaba en su cargo y fue señalada por algunos fallos controversiales, según reportó El Comercio.
Pero para los mexicanos y su flujo de cocaína, eso supuso poca diferencia. Cuando Castro regresó a la cárcel a iniciar el último capítulo de su vida, las operaciones de narcotráfico del Cartel de Sinaloa ya habían dejado de contar con él.
Ya no existe una red de operadores de Sinaloa establecida en Ecuador. En su lugar, como lo señalan los investigadores y como ha quedado claro tras los diversos casos, existen operaciones ágiles y de bajo perfil, organizadas por pequeñas células de mexicanos que entran al país, montan la logística de tráfico con estructuras locales, supervisan las operaciones y salen del país.
Usando este modelo de subcontratación, los mexicanos ya no necesitan una infraestructura criminal extensa o grandes redes, solo contactos. Esta división en células descentralizadas y la rotación de personal les permite mantener sus operaciones bajo el radar y estar por delante de las autoridades.
Castro está muerto y los capos para los que trabajaba, Jorge Cifuentes y El Chapo Guzmán, se encuentran tras las rejas. Ya no se cantarán narcocorridos para quienes los reemplazaron en Ecuador. Sin embargo, fuentes consultadas por InSight Crime coinciden en que es muy probable que el Cartel de Sinaloa esté moviendo más cocaína en el país que nunca antes.
Durante los primeros siete meses de gestión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, México pausó casi por completo las extradiciones de presuntos criminales a Estados Unidos, pues sólo entregó a dos personas reclamadas por las autoridades de ese país; sin embargo, a partir de julio de 2019, luego de una serie de reuniones entre funcionarios mexicanos y de la Casa Blanca, las extradiciones retomaron el ritmo que tenían en sexenios pasados y desde entonces van 38.
Y es que entre diciembre de 2018 y junio de 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a Estados Unidos a un promedio de 0.2 personas cada mes, muy por debajo de los 4.4 del expresidente Peña Nieto, los 8.4 de Felipe Calderón y los 1.8 de Vicente Fox.
Sin embargo, desde julio de 2019 el conteo creció a 5.2 casos por mes, de acuerdo con un análisis realizado porLa Razón, basado en los boletines de la dependencia; esto se encuentra más cerca de los 6.5 de Peña Nieto, 5.8 de Calderón y por encima de los 0.9 de Fox.
El dato.La entrega no es procedente cuando el reclamado haya sido objeto de absolución, haya prescrito el delito o se cometió dentro del ámbito de la jurisdicción mexicana, entre otras causas.
En los 14 meses y nueve días de la actual administración, México ha entregado a 40 presuntos criminales al país vecino del norte, 14 de ellos durante los primeros 40 días de 2020. Del total, 26 son acusados por delitos contra la salud y asociación delictuosa, es decir, por narcotráfico. El resto están relacionados con delitos sexuales, homicidios y allanamiento de morada.
Esta baja en las entregas de extraditables a EU al iniciar el sexenio no ocurrió en los tres sexenios pasados, en los que, por el contrario, la cifra creció; por ejemplo, en los primeros 14 meses de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, México pasó de 4.4 a 6.5 personas extraditadas a Estados Unidos cada mes, según datos de la la extinta Procuraduría General de la República (PGR) obtenidos vía Transparencia por La Razón.
Con Felipe Calderón Hinojosa la frecuencia de extraditados pasó de 7.1 a 8.4 extraditados en el mismo lapso; mientras que con Vicente Fox Quesada subió de 1.3 a 1.8 personas entregadas a EU cada mes.
El repunte registrado a la mitad de 2019 coincidió con los encuentros entre funcionarios de ambos países por temas migratorios, contrabando de armas, el cierre fronterizo y las negociaciones del T-MEC, aunque no se informó si en las reuniones celebradas se tocó el tema de las extradiciones.
A esto se suma una supuesta estrategia para combatir a los cárteles de la droga ejecutada por México, pero presuntamente empujada desde la Casa Blanca, de acuerdo con un reportaje publicado el viernes pasado por el diario estadounidense The Wall Street Journal, firmado por José de Córdoba, corresponsal de ese medio en la Ciudad de México, y Sadie Gurman.
De acuerdo con la investigación, el procurador General de Estados Unidos, William Barr, quien ha visitado México dos veces durante la actual administración para reunirse con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero; el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el propio Presidente López Obrador, entre otros funcionarios federales, recomendó al gobierno mexicano poner a la Secretaría de Marina (Semar) al frente de las operaciones contra los grupos del narcotráfico, esto a pesar que la estrategia de seguridad del Presidente estaba enfocada en combatir la pobreza.
“Estamos operando de nuevo; los objetivos que debemos perseguir han sido definidos”, cita el ese medio a un alto mando de la Semar, quien afirmó que tras la masacre en contra de los nueve miembros de las familias Lebaron y Langford, el gobierno encabezado por Donald Trump “encendió las alarmas ante el fracaso mexicano en contra de grupos criminales”.
La estrategia también está enfocada en eliminar los laboratorios de fentanilo, reforzar controles en puertos y aduanas, así como aumentar las extradiciones a Estados Unidos.
“Otro de los puntos que solicitó Estados Unidos a México fue que el Poder Judicial de la Federación (PJF) facilite el uso de información de llamadas telefónicas en juicios penales, lo que no sucede regularmente en los juicios mexicanos”, destaca la publicación.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró molesto por los cuestionamientos en torno al tema de feminicidio cuando se estaba anunciando la recuperación de 2 mil millones de pesos para labores del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
En conferencia de prensa, luego de anunciarse la entrega de los recursos recuperados por la FGR y de plantearse preguntas al Fiscal Alejandro Gertz Manero sobre otros temas, incluido el de feminicidio, López Obrador manifestó su inconformidad.
"No quiero que el tema sea nada más el feminicidio. Ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto. En los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa, este es el caso", expuso.
"Acaba de explicar el Fiscal exactamente lo opuesto a lo que se ha difundo y ha quedado completamente claro que nosotros vamos a proteger a las víctimas y, de manera especial, a la población vulnerable, a niños, mujeres, adultos, y que este es un Gobierno que procura la justicia, no vamos a hacer nunca nada en contra de los mexicanos, nunca, el asunto es que hay no un mal humor social, como había antes, ahora hay un buen humor social, donde están encorajados es en los grupos de poder que se sentían los dueños de México y que tenían mucha influencia en medios de comunicación convencionales, por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales".
López Obrador insistió en la importancia de informar sobre los recursos entregados al INDEP.
"Lo mas impotante, a ver pásame el cheque... esto es para que les produzca, respetuosamente, un poquito de comezón. Esto no se había visto, en un solo caso", dijo.
"Esto ya nos sirve para pagar los premios del avión presidencial y lo que obtengamos de la venta de los cachitos de la Lotería. Nos va a alcanzar sin ningún problema para equipos médicos".
Acto seguido, el Mandatario se disculpó por hablar del tema y con ello pretender quitar importancia al tema de los feminicidios.
"Ofrezco disculpa. Sí es importante lo del feminicidio, pero ya estoy viendo cómo va a ser esa la nota y no, porque fue una manipulación".
-¿Pero salió de legisladores de Morena (la propuesta de reforma sobre feminicidio)?, se le cuestionó.
"Haya salido de quién haya salido, pero le dan vuelo, si no tuviéramos esas mañaneras, nos tendrían arrinconados", respondió.
El tabasqueño alegó que hasta hace seis años, padecía de un cerco informativo que no le permitía informar, replicar o argumentar sus puntos de vista.
"Que no se malinterprete. No es censura, no se va a quitar a nadie su derecho de manifestarse, a nadie, porque también es que: 'yo sólo ejerzo mi derecho a ponerte en el banquillo de los acusados y tú te aguantas, te quedas callado, vas a protestar, pero con los dientes apretados, porque si no te acuso de que estás violando el derecho a la información'. No, democracia es diálogo de ida y de vuelta", expresó.
"Vengo a decirles que tenemos 2 mil millones de pesos para ayudar a la gente y me van a voltear el sentido de la conferencia, pues no me gusta esto".
La FGR afirma que el delito de feminicidio, tal como está tipificado en el Código Penal Federal, es complicado de judicializar debido a que impone requisitos que dificultan su comprobación, y por ello plantea que el delito sea considerado simplemente como homicidio.
Cuestionado sobre el tema, Gertz Manero reconoció que el fenómeno criminal se ha incrementado, por lo que se realizó un análisis y se encontró que en la tipicidad de ese delito había una serie de obstáculos que debían de superarse.
Lo que les dije a los senadores, afirmó, es que había una situación que había que cambiar, que ese delito debíamos hacerlo mucho más sencillo, para proteger a las mujeres.
Grupos feministas me dijeron que no entendían con claridad, y lo vamos a explicar cuantas veces sea necesario, aseguro.
Respecto a la información publicada sobre la propuesta, el Fiscal sostuvo que se emitió una explicación, pero en lugar de tomar esos datos, empezó la descalificación.
El delito, insistió, no está lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa, porque en los homicidios no tenemos ese momento y en los feminicidios sí.
A Gertz se le planteó en la conferencia si ha considerado renunciar.
"Qué curioso", contestó, "me han enfermado, me han renunciado, han puesto palabras en mi boca que no he dicho, parece que hay grupos a los que estoy molestando".
La Guardia Costera de Estados Unidos informó el lunes que llevó a San Diego un cargamento con más de 9 mil kilogramos de cocaína que decomisó de noviembre a enero en el este del océano Pacífico.
La cocaína fue incautada en ocho operativos en cuatro embarcaciones entre mediados de noviembre y mediados de enero.
La Guardia Costera publicó un video de reconocimiento aéreo que muestra barcos siendo perseguidos y abordados en el mar. Añadió que la campaña contra las organizaciones de narcotráfico involucra varias agencias estadounidenses, así como a la Armada.
