Durante los primeros siete meses de gestión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, México pausó casi por completo las extradiciones de presuntos criminales a Estados Unidos, pues sólo entregó a dos personas reclamadas por las autoridades de ese país; sin embargo, a partir de julio de 2019, luego de una serie de reuniones entre funcionarios mexicanos y de la Casa Blanca, las extradiciones retomaron el ritmo que tenían en sexenios pasados y desde entonces van 38.
Y es que entre diciembre de 2018 y junio de 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a Estados Unidos a un promedio de 0.2 personas cada mes, muy por debajo de los 4.4 del expresidente Peña Nieto, los 8.4 de Felipe Calderón y los 1.8 de Vicente Fox.
Sin embargo, desde julio de 2019 el conteo creció a 5.2 casos por mes, de acuerdo con un análisis realizado por La Razón, basado en los boletines de la dependencia; esto se encuentra más cerca de los 6.5 de Peña Nieto, 5.8 de Calderón y por encima de los 0.9 de Fox.
- El dato. La entrega no es procedente cuando el reclamado haya sido objeto de absolución, haya prescrito el delito o se cometió dentro del ámbito de la jurisdicción mexicana, entre otras causas.
En los 14 meses y nueve días de la actual administración, México ha entregado a 40 presuntos criminales al país vecino del norte, 14 de ellos durante los primeros 40 días de 2020. Del total, 26 son acusados por delitos contra la salud y asociación delictuosa, es decir, por narcotráfico. El resto están relacionados con delitos sexuales, homicidios y allanamiento de morada.
Esta baja en las entregas de extraditables a EU al iniciar el sexenio no ocurrió en los tres sexenios pasados, en los que, por el contrario, la cifra creció; por ejemplo, en los primeros 14 meses de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, México pasó de 4.4 a 6.5 personas extraditadas a Estados Unidos cada mes, según datos de la la extinta Procuraduría General de la República (PGR) obtenidos vía Transparencia por La Razón.
Con Felipe Calderón Hinojosa la frecuencia de extraditados pasó de 7.1 a 8.4 extraditados en el mismo lapso; mientras que con Vicente Fox Quesada subió de 1.3 a 1.8 personas entregadas a EU cada mes.
El repunte registrado a la mitad de 2019 coincidió con los encuentros entre funcionarios de ambos países por temas migratorios, contrabando de armas, el cierre fronterizo y las negociaciones del T-MEC, aunque no se informó si en las reuniones celebradas se tocó el tema de las extradiciones.
A esto se suma una supuesta estrategia para combatir a los cárteles de la droga ejecutada por México, pero presuntamente empujada desde la Casa Blanca, de acuerdo con un reportaje publicado el viernes pasado por el diario estadounidense The Wall Street Journal, firmado por José de Córdoba, corresponsal de ese medio en la Ciudad de México, y Sadie Gurman.
De acuerdo con la investigación, el procurador General de Estados Unidos, William Barr, quien ha visitado México dos veces durante la actual administración para reunirse con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero; el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el propio Presidente López Obrador, entre otros funcionarios federales, recomendó al gobierno mexicano poner a la Secretaría de Marina (Semar) al frente de las operaciones contra los grupos del narcotráfico, esto a pesar que la estrategia de seguridad del Presidente estaba enfocada en combatir la pobreza.
“Estamos operando de nuevo; los objetivos que debemos perseguir han sido definidos”, cita el ese medio a un alto mando de la Semar, quien afirmó que tras la masacre en contra de los nueve miembros de las familias Lebaron y Langford, el gobierno encabezado por Donald Trump “encendió las alarmas ante el fracaso mexicano en contra de grupos criminales”.
La estrategia también está enfocada en eliminar los laboratorios de fentanilo, reforzar controles en puertos y aduanas, así como aumentar las extradiciones a Estados Unidos.
“Otro de los puntos que solicitó Estados Unidos a México fue que el Poder Judicial de la Federación (PJF) facilite el uso de información de llamadas telefónicas en juicios penales, lo que no sucede regularmente en los juicios mexicanos”, destaca la publicación.
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