El PRI avanza dando tumbos hacia su cambio de dirigencia, programada para el 8 de septiembre. Inmerso en la crisis financiera más aguda de su historia, peor posicionado que nunca y acusado de inflar el padrón electoral para beneficiar a uno de los aspirantes, el futuro del nonagenario partido es incierto.
Atrás quedaron los años del derroche priista y de las fastuosas celebraciones para lucir músculo y convocar a sus millones de militantes y simpatizantes. Hoy, esa época dorada es sólo un recuerdo para el PRI, un partido sumamente mermado y al borde de la bancarrota.
La crisis financiera que arrastra y la ausencia de un padrón confiable eran insoslayables desde hacía meses. La noche del lunes 6, en la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, la dirigencia soltó la bomba: su padrón es de sólo 1 millón 300 afiliados y no 6 millones 605 mil 740, como reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014.
Peor aún, las arcas están vacías para solventar los gastos de este año –100 millones de pesos–, que incluyen comicios en seis estados, y otros 230 millones que, según el INE, costaría organizar la designación de sus nuevos dirigentes en septiembre próximo.
Esta realidad se conoció gracias a los puntos expuestos en el acuerdo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE envió al PRI, luego de que éste le solicitara organizar su elección interna.
Esa instancia detectó irregularidades en el padrón electoral de 2014, pues muchos antiguos militantes ya habían abandonado el partido. Y anunció que hasta enero de 2020 terminaría la revisión completa, y sólo entonces estaría en condiciones de organizar la elección interna del PRI.
También advirtió que si durante la implementación del programa de fiscalización se detectaban irregularidades en el padrón, la sanción por cada caso detectado sería de 51 mil 745 pesos.
En su solicitud al INE, el PRI reportó un crecimiento que según él podría llegar a 7 millones de ciudadanos, quienes presuntamente participarían en la votación abierta para elegir a la nueva dirigencia.
Con base en ese dato el INE calculó que se necesitaban 230 millones de pesos que el PRI debería saldar a más tardar a inicios de septiembre para que el instituto mandara imprimir las boletas, instalar 9 mil 400 mesas receptoras de votos, realizar los cómputos y tener listo el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Sin embargo, el INE advirtió de las dificultades financieras del PRI para cubrir esos gastos, pues de la ministración mensual de 67 millones 618 mil 338 pesos para mayo el partido sólo recibió 34 millones 853 mil 814 pesos derivados de la aplicación de multas y sanciones.
Esta cifra representa una disminución de casi 50% de las prerrogativas a las que tiene derecho el PRI y se aplicó durante medio año tras la derrota que sufrió en los comicios de 2018.
Así, tras conocer las condiciones del INE para la organización de la elección interna, los integrantes del Consejo Político Nacional, integrado por los expresidentes del partido y líderes de todas las entidades del país, decidieron por unanimidad cancelar el convenio.
Y en la sesión extraordinaria del lunes 6, la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, expuso ante los 380 consejeros congregados en el auditorio Plutarco Elías Calles:
“La autoridad electoral ha establecido las condiciones que, para decirlo con toda claridad, desde la perspectiva de esta dirigencia comprometerían irrevocablemente las finanzas del partido; peor aún, limitarían la participación de toda la militancia en nuestro proceso interno.”
Por unanimidad, los consejeros decidieron que el propio partido organice la elección de la nueva dirigencia… No obstante, el PRI atraviesa por la peor crisis financiera de su historia y carece de un padrón de militantes confiable que pone en entredicho el resultado la votación.
Padrón manipulado
El martes 7, un día después de la sesión del Consejo Político Nacional priista, Claudia Ruiz Massieu declaró que para que haya liderazgo la nueva dirigencia debe emerger de una competencia transparente, democrática, con reglas claras y piso parejo. Sin embargo, el problema del padrón ensombrece el panorama.
Según documentación interna del PRI a la que tuvo acceso el reportero, el número de militantes registrados ante el INE es de 6 millones 545 mil 923, aunque a principios de abril incluyó de manera inexplicable a 76 mil 649 nuevos miembros.
Lo que llama la atención es que el mayor número de nuevos priistas está en Coahuila (52 mil 145), Campeche (7 mil), Yucatán (11 mil 641) y Oaxaca (108 mil), entidades donde tiene más apoyo Alejandro Moreno Cárdenas –el actual mandatario de Campeche–, quien aspira a dirigir al PRI para los próximos cuatro años.
Sin la necesidad de contar con un padrón de afiliados como se los pidió el INE, en el PRI existe el temor de que en estos meses se infle aún más el número de militantes e intente manipularse la votación.
El gobernador de Campeche y el exrector de la UNAM José Narro Robles figuran como los aspirantes más fuertes de la contienda por la nueva dirigencia priista. Al primero lo apoyan los exgobernadores José Murat, Manuel Velasco y Rubén Moreira; con el segundo están Emilio Gamboa, algunos exdirigentes priistas y el senador Miguel Ángel Osorio Chong.
Ulises Ruiz, otro de los aspirantes, envió una carta a Ruiz Massieu en la que acusa a Moreno Cárdenas de estar detrás de un crecimiento ficticio en el padrón de militantes en los últimos meses.
Según el exgobernador de Oaxaca y operador electoral del PRI en la campaña presidencial de Roberto Madrazo en 2006 muchos militantes no aparecen en el padrón priista, mientras otros que no militan en el partido están registrados y otros más no cumplen con los requisitos que exige el INE y, por lo tanto, están en reserva y sujetos a refrendo.
Para él, es claro que el registro de militantes presenta deficiencias. De los 6.5 millones de registros sólo 1.3 millones cumplen con todos los requisitos y el resto se encuentra en proceso de refrendo.
Advierte que, al coincidir los trabajos de revisión del INE con los registros de militantes de todos los partidos con los preparatorios del proceso interno del PRI, es evidente que se dispararon las nuevas afiliaciones en Campeche, donde gobierna Moreno Cárdenas; en Coahuila, de donde es su coordinador Rubén Moreira –esposo de Carolina Viggiano, compañera de fórmula de Moreno Cárdenas–, y en Oaxaca, gobernada por Alejandro Murat, uno de los más cercanos amigos del campechano.
Para Ruiz “es evidente el burdo y grotesco despliegue de recursos públicos” en esas entidades y advierte que lo mismo podría estar sucediendo en algunas otras entidades.
Propone: “Toda esta manipulación del programa de afiliación y refrendo ha inutilizado las nuevas afiliaciones, por lo que no deben considerarse para el proceso interno. En cuanto al padrón priista, podría utilizarse el que se tenía hasta marzo, antes de la manipulación que ya señalamos. Pero si del análisis jurídico resultara que su uso pusiera en riesgo las finanzas del partido o la propia legalidad del proceso interno, se podría utilizar el padrón de 1.3 millones de priistas, más los refrendos que se realicen hasta la fecha que la dirigencia determine”.
Según Ruiz, el partido no debe temer al número de sufragios para la elección interna del próximo 8 de septiembre. Cualquiera que sea el número de votos que se obtenga, dice, siempre será mejor que el único voto que se ha utilizado para definir el rumbo en los últimos años, lo que llevó al partido a la derrota, “ofendió a la militancia y facilitó el camino al gobierno actual”.
Considera también que para tener un proceso ejemplar es necesario contar con reglas claras y que éstas se respeten; incluso propone la conformación de una comisión nacional y comisiones estatales que estén presididas por cuadros del partido de trayectoria ejemplar.
“Nuestro proceso interno –advierte– debe ser intachable, y sea cual sea el padrón que se decida utilizar, será necesario informar puntualmente a los priistas mediante una campaña intensa en prensa, radio y televisión, así como en redes sociales, sobre quienes integren el padrón para que vayan a las urnas sólo los que tengan derecho.”
Descalabro financiero
En 2018 el PRI fue el partido que más recursos recibió del INE –mil 689 millones de pesos– para actividades ordinarias y específicas. Ahora, tras la derrota del pasado 1 de julio, a partir de la cual bajó a tercera fuerza política nacional, los recursos que se le asignaron para este año son de 798 millones 894 mil pesos, que representa una merma de más de 891 millones.
Y aunque se desconoce la deuda que dejó la elección de 2018, en la cúpula del partido hay preocupación sobre cómo se van a cubrir los comicios para gobernador en Puebla y Baja California, para presidencias municipales en Aguascalientes y Durango, y para la renovación de los congresos en Quintana Roo y Tamaulipas.
Estimaciones internas indican que se requiere de 100 millones de pesos para cubrir los comicios en los seis estados en los cuales el PRI no tiene muchas esperanzas de ganar, según las últimas encuestas de Mitofsky.
Roy Campos, director de esa empresa, asegura que en Puebla, Baja California y Durango Morena tiene muchas posibilidades de ganarle al PAN, mientras que en Quintana Roo y Tamaulipas la contienda está más cerrada entre los dos partidos.
El PRI no registra posibilidades de ganar en ninguna elección de este año e incluso Roy Campos estima que apenas alcanzará un dígito, lo que representa un final negativo para Claudia Ruiz Massieu y un escenario complicado para quien llegue a la dirigencia priista.
Otro gasto que necesariamente tiene que hacer el PRI es el relativo al mantenimiento de la estructura nacional basada en los comités directivos de las 32 entidades. Cada uno gasta miles de pesos en el pago a sus empleados y el mantenimiento de sus instalaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México el PRI ha llegado a tener una nómina de 277 personas y, según datos de Transparencia, tenía un gasto anual de 340 millones de pesos.
El mantenimiento de todos los comités estatales del PRI se agravó con la derrota en los comicios del año pasado en ocho estados y en la Ciudad de México.
El partido llegó a sus 90 años inmerso en la crisis político electoral y con una precariedad económica que se refleja incluso en el proyecto de construcción de la biblioteca que albergará los documentos físicos y digitales de la historia del PRI. El edificio previsto para “resaltar el orgullo priista”, según lo anunció Claudia Ruiz Massieu, aún no tiene ni los cimientos.
Y aunque el PRI aclaró que no se usarán los recursos de las prerrogativas, sino sólo las aportaciones y donaciones, la negativa de los bancos a otorgarle un préstamo de 280 millones de pesos es muestra de la desconfianza que ahora sienten por el PRI.
Fuente.-
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