Al igual que el tema de la violencia y el aumento de homicidios en todo el país, la desaparición de personas es una de las heridas abiertas de México.
Este 10 de mayo, madres y familias de personas desaparecidas realizarán una marcha en la Ciudad de México. La han llamado “Marcha de la Dignidad Nacional. Madres buscando a sus hijos, hijas. Verdad y Justicia”.
Y es que una de las promesas recurrentes del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en tiempos de campaña, fue que se frenarían las desapariciones y se resolverían los casos que hasta la fecha están impunes.
No se trata solo de casos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Cifras de la propia Comisión Nacional de Búsqueda hablan de 40 mil 180 personas desaparecidas en México hasta abril de este año.
De acuerdo con declaraciones de Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el 1 de diciembre a la fecha —lo que lleva en funciones el gobierno del presidente López Obrador—, se han encontrado más de 100 fosas clandestinas, en estados como Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit
Defensores de derechos humanos ven mensajes contradictorios del gobierno federal. Por un lado, un reconocimiento sin precedentes de la magnitud de la tragedia de las desapariciones; por otro, una regresión con la estrategia de militarización.
En marzo pasado, el Gobierno federal echó a andar nuevamente el Sistema Nacional de Búsqueda, que fue instalado en la recta final del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en octubre del 2018.
Los principales retos que tiene frente a sí la administración del presidente López Obrador son burlar los vericuetos burocráticos en los estados y trazar una ruta que ayude a sistematizar la información que se tiene de las personas desaparecidas y otras bases de datos forenses; entre otros desafíos que deberá resolver.
Todo esto debe ocurrir ante una sociedad civil organizada, con colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos, que tienen puesta su última esperanza en los esfuerzos de la administración del presidenteLópez Obrador.
FUERA DE LA ESTRATEGIA Y DEL PND
A pesar de ser uno de los problemas más visibles de la crisis de inseguridad que padece México, las desapariciones —y otros delitos— no están consideradas como prioridades en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ni en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto a pesar de que los propios funcionarios del Gobierno federal —como Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana— han reconocido públicamente que el problema de la inseguridad es “estructural, crónico e histórico”
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que dicha Estrategia se compone de ocho objetivos generales: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; el pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos; y la regeneración ética de la sociedad.
También reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de paz; la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios; alcanzar la seguridad pública, seguridad nacional y paz.
Además, concentra nueve estrategias específicas: crear un nuevo modelo policial; lograr la prevención del delito; tener estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana; además de fijar nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad.
Aunado a estos se incluye tener estrategias para combatir delitos específicos: mercado ilícito de hidrocarburos; uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita; el robo de autotransporte y pasajeros en carreteras; el tráfico de armas; y busca agilizar los procedimientos de extinción de dominio.
Como se ve, no solo las desapariciones quedaron fuera de la propuesta de Estrategia Nacional del presidente López Obrador.
“Los tipos delictivos priorizados en la Estrategia Nacional tutelan bienes patrimoniales (nacionales y privados), y únicamente los relacionados con el tráfico de armas tutelan la seguridad pública.
“Cabe cuestionar por qué no se consideraron más delitos destinados a proteger la seguridad pública, y muy especialmente, delitos tipificados para la protección de bienes jurídicos fundamentales, tales como la vida, la libertad e integridad personal, y el libre desarrollo de la personalidad”, señaló el IBD en su análisis “Delitos patrimoniales priorizados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tomó en cuenta a las miles de personas desaparecidas que hay en el país ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en la Estrategia Nacional de Seguridad a pesar de las promesas que hizo en campaña
Algunos de los delitos graves que quedaron fuera de la Estrategia Nacional son el homicidio —a pesar de que el primer trimestre de este año ha sido el que ha presentado el mayor número de muertes por asesinato—; el feminicidio; las ejecuciones extrajudiciales; la desaparición forzada y la cometida por particulares; la tortura; el secuestro y la privación ilegal de la libertad; y la trata de personas; entre otros.
En el Plan Nacional de Desarrollo, las desapariciones tampoco merecieron un espacio como prioridad del país.
No se trata solo de ser contemplado en el documento. Organizaciones, activistas y miembros de la Asamblea Consultiva de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), han pedido que se ponga como una prioridad la necesidad de rediseñar todo el esquema de atención a quienes han sido víctimas de la violencia.
“Derivado de la reciente aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, afirmamos que la construcción de la Ley General de Víctimas fue un gran esfuerzo de las víctimas, los colectivos de familias y la sociedad civil; por lo tanto, la reingeniería requiere de un esfuerzo nuevamente en conjunto, sobre todo en concordancia con las metas y alcances recientemente presentados por el Ejecutivo Federal”, expusieron en un pronunciamiento público.
A PASO DE TORTUGA
La crisis de desapariciones en el país comenzó a partir del 2007, luego de la declaración de guerra al narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón.
En un análisis sobre el tema de desapariciones, el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que en los años anteriores, las investigaciones en curso por el delito de desaparición —en el fuero común— eran mínimas: en el año 2000 hubo 18; en el 2001, 13; en el 2002, 19; en el 2003, 16; en el 2004, 15; en el 2005, 47; y en el 2006, 89.
Ya para el 2007 el número comenzó a escalar: ese año se iniciaron ya 620 investigaciones. En el 2008 eran ya 800; en 2009, mil 372; en 2010, 3 mil 206; en 2011, 4 mil 64; en el 2012, 3 mil 288; en 2013, 3 mil 650; en 2014, 3 mil 790; en 2015, 3 mil 272; en 2016, 4 mil 525; en 2017, 5 mil 426.
Conforme empeoraba la crisis de desapariciones en México, organismos nacionales e internacionales emitieron recomendaciones para el país.
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), en 2009, emitiera su sentencia contra México por el caso del campo algodonero —la desaparición de tres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo de cultivo de algodón en Ciudad Juárez, Chihuahua— se mandató que México debía crear un registro de personas desaparecidas
En esta sentencia se estableció que el Estado mexicano debía crear una base de datos con información de todas las personas desaparecidas, a nivel nacional, así como información genética de familiares directos de estas personas; y muestras celulares de cuerpos no identificados.
La intención es que estos datos fueran cruzados por las autoridades para aumentar las posibilidades de resolver las investigaciones de desaparición y encontrar a las personas.
Fue entonces que nació el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; pero nunca pudieron consolidarse los otros componentes de datos para facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas.
En julio del 2015, la Delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó una serie de propuestas para crear un registro con información cruzada que ayudara a las autoridades a solucionar el problema de las desapariciones.
El CICR recomendó utilizar varias bases de datos de tres grandes registros. En primer lugar, el registro de personas desaparecidas, con datos como su nombre, sus características físicas y las circunstancias de su desaparición.
Un segundo gran registro de personas vivas, que incluiría información sobre personas que han sido detenidas o se encuentran en prisión, tanto a nivel local como federal, y cuyos datos deben ser accesibles a cualquier autoridad.
Además, este registro en particular ayudaría a combatir la desaparición forzada, al evitar que una persona detenida sea llevada por autoridades a un destino desconocido.
Dentro de este segundo rubro está también el registro de personas que se encuentran en hospitales, albergues o asilos; así como de personas deportadas de tres países, principalmente de Estados Unidos.
El tercer gran registro que debiera converger con las otras bases de datos es el de personas fallecidas. En él, deberían integrarse datos de cadáveres de personas desconocidas, pero con elementos que permitan su identificación —como genética, huellas dactilares y características físicas—, además de información exacta sobre el lugar de su inhumación.
A esta base de datos se debe sumar la de los cuerpos inhumados en los panteones, sobre todo en las fosas comunes —que deben estar reguladas y con datos exactos de antecedentes y destino de cada una de las personas enterradas en ellas—.
Asimismo, la Cruz Roja recomendó tener un control más estricto de los cuerpos que se entregan a las universidades y centros educativos para prácticas médicas, de tal manera que los cadáveres donados a estas instituciones estén controlados.
Han pasado varios años y ninguna de estas recomendaciones fue llevada a buen puerto. En la mayoría de los estados son inexistentes estos registros, hay un desorden en las fosas comunes y no se tienen elementos para poder colectar información genética de los familiares de los desaparecidos. Parece ser un problema sin fin.
Desde que el número de personas desaparecidas aumentó en el país, el gobierno ha recibido múltiples recomendaciones para combatir el problema, sin embargo, ninguna ha sido aplicada
En 2017, con la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas llegó a su fin.
Ahora, la responsabilidad de tener ese registro está en manos de la Comisión Nacional de Búsqueda, que apenas está arrancando sus trabajos.
ACUSAN DOBLE DISCURSO
Defensores de Derechos Humanos acusan que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no es claro en su discurso y sus acciones.
Por un lado, reconoce la gravedad del problema de las desapariciones en el país; pero por el otro impulsa una estrategia militar para combatir la inseguridad.
Para María del Mar Álvarez, defensora de Derechos Humanos y acompañante del colectivo Por Amor a Ellos y Ellas, el doble discurso del presidente López Obrador ha causado desesperanza entre las familias que buscan la verdad de lo que pasó con sus seres queridos desaparecidos, pues aunque se trata de una administración que sí escucha, también pone a los militares, los perpetradores, a encabezar las tareas de seguridad
“No es inocencia ni falta de conocimiento, porque se le dijo, él (López Obrador) estuvo en los foros de escucha con las víctimas, y él escuchó de voz de las familias el reproche a la estrategia de seguridad militarizada.
“Se lo han dicho incluso funcionarias internacionales, como Michelle Bachelet (Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos). Aquí de lo que se trata es de incumplimiento de compromisos que tuvo con las familias”, acusó Álvarez en entrevista.
Entre las familias y los colectivos, insiste, hay cierta decepción porque no todos los caminos de acción del gobierno apuntan hacia lo que defienden en sus discursos y posturas; sin embargo, mantienen abiertos los canales de diálogo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encargado del tema.
Jorge Verástegui, defensor de Derechos Humanos, lamentó que la desaparición de personas no esté considerada como prioridad en la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Lo que hemos visto de esta administración es que tiene poca claridad de la situación que está viviendo el país. Yo creo que tanto López Obrador como diferentes miembros de su gabinete lo han señalado de manera reiterada, que no se habían dado cuenta de las dimensiones del problema, pero yo creo que en este programa de combate a la inseguridad el que temas medulares no estén en la agenda, da malas señales.
“Porque sí hay un cambio discursivo en el reconocimiento de la problemática, eso sí; pero si esto no se traduce en acciones reales, sin que se les asigne el presupuesto necesario, que se haga una ruta de trabajo, que se empiecen a ver resultados completos, pues no tiene sentido el cambio discursivo”, criticó Verástegui.
Para el activista, el problema de las desapariciones es tan grave que no será resuelto en esta administración. Sin embargo, lo que sí se podría ver en este sexenio, considera, es que se marque un rumbo claro hacia la resolución de la crisis.
Para Silvano Cantú, director ejecutivo del Laboratorio de Innovación para la Paz, el gobierno de López Obrador puede enfrentar una crisis política si no hay una pronta solución al tema de las desapariciones
“Se entiende que con este nivel tan preliminar de la administración falten las piezas del rompecabezas; pero el gran problema es que el tema sí implica una bomba de tiempo, no tanto por lo avanzado de la Administración, sino por lo que viene de años atrás.
“Y el pretexto que se ha dado, por ejemplo, con el tema de Minatitlán y otros casos, de que hay una ‘herencia maldita’, pues ya no es un argumento que satisfaga a las víctimas. Las víctimas no tienen ninguna obligación de tolerar los cambios de administración como si resetearan el sufrimiento. Entonces ese sufrimiento se va acumulando y las instancias que ya existían no terminan de dar cauce a la atención y se ven rebasadas”, expuso Cantú en entrevista.
Además señaló que no es posible condenar los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en el nuevo gobierno, aunque sí se puede reclamar que no haya una intención clara de coordinar la estrategia hacia un mismo fin, que es la preocupación de los activistas.
Los activistas coinciden en que el tema de las desapariciones tardará años en resolverse; pero la crisis será interminable si desde ahora no se sientan las bases reales, no solo discursivas, para la transformación.
Los activistas que han exigido una solución a la crisis de desapariciones en México dicen que aunque el gobierno reconoce el problema, no ha tomado acciones concretas para resolverlo
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