AMNISTIA: SERIA CONSTITUCIONAL LLEGAR a un ACUERDO con el CRIMEN ORGANIZADO ? ...cuales son los alcances.

Recientemente, un aspirante a la presidencia de la República se pronunció sobre la posibilidad de otorgar amnistías a grupos del narcotráfico para alcanzar la paz en el país. La gran mayoría de esas críticas en su contra se han centrado en caricaturizar la idea sin realizar un análisis serio, o bien, en descartarla in limine por considerarla incompatible con el Estado de derecho.

Sin embargo, la idea de llegar a un acuerdo de paz con grupos de delincuencia organizada no nació con las afirmaciones de López Obrador, ni acabará con su campaña política. En nuestro contexto actual, resulta inminente debatir la posibilidad. Independientemente de si la apoyamos o no, el ejercicio de análisis alrededor de ella es necesario. Es por eso que quisiera aprovechar estas líneas para trazar algunas perspectivas sobre las implicaciones legales —y sobre todo constitucionales— de una transición a la paz a través de un pacto.

Quienes se oponen a la idea de una negociación con los carteles de la droga suelen argumentar que la ley “no se negocia, se aplica” o que “no se puede negociar con criminales”. Se tratan de posturas congruentes con la idea de un Estado de derecho que logra sus objetivos a través de una de sus armas más invaluables: el imperio de la ley. En ese sentido, es totalmente cierto: ante la comisión de un delito, corresponde aplicar una sanción —con todas las legalidades y garantías correspondientes—.

Pero supongamos que lo que vive México no es el día a día de un incipiente Estado de derecho, con sus respectivos retos y obstáculos, sino un conflicto armado interno. De ser así, las reglas pueden flexibilizarse, debido a que en ningún país el sistema de justicia penal está diseñado y en posibilidad para atender los crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurren de forma sistemática en un contexto de guerra.

¿Se encuentra México en una guerra, entendiendo “guerra” no como un superlativo con fines de catarsis o de sensacionalismo, sino como un concepto del derecho internacional?

Una posible respuesta parte del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo II), el cual define los conflictos armados internos como aquellos que cumplen con los siguientes elementos: i) que se desarrollen en el territorio de un país entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados; ii) que las partes del conflicto operen bajo la dirección de un mando responsable; iii) que ejerzan un control sobre una parte del territorio; y iv) que realicen operaciones militares sostenidas y concertadas.1

Bajo esta lógica, deberá identificarse si entre los carteles de la droga o entre éstos y el ejército, existen hostilidades sostenidas con todos los requisitos del artículo 1.1 del Protocolo II. Dicha tarea supera en demasía las posibilidades de este artículo. Pero supongamos que sí hay elementos para declarar que en México existe un conflicto armado interno conforme al derecho internacional entre algunos actores. De ser así, ya no hablaríamos de crímenes de la delincuencia común –al menos para efectos de los grupos que participarían en el conflicto armado- sino de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, en su caso.

¿Sería posible, bajo ese supuesto, otorgar amnistías? No existe ningún tratado de derecho internacional que prohíba esta posibilidad. Por el contrario, los acuerdos especiales establecidos en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra abren la posibilidad de llegar a acuerdos de paz entre los grupos en conflicto. Adoptarlos implica la disposición de ambas partes para ceder en determinados rubros a cambio de la transición a la paz. Además, la práctica sostenida en la comunidad internacional pareciera reconocer esa opción como consuetudinariamente válida.

En nuestro país no sería la primera vez que esto ocurre. Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996, fueron un precedente que incluyó amnistías absolutas para delitos contra el orden constitucional.

Por supuesto que en ningún conflicto todo delito puede ser sujeto de amnistía o concesión penal. Es ahí cuando debe plantearse las posibilidades a la luz del grado de participación en nuestro conflicto. Actualmente, muchas de las estructuras criminales no son monolíticas, sino que se conforman de distintos brazos o secciones: aquella que se encarga de los asuntos administrativos, la que se encarga de la distribución, la que hace lo propio con la venta y las que se encargan de las hostilidades (la parte armada), por mencionar algunas.

En este sentido, los delitos no violentos relacionados con droga son totalmente candidatos para una amnistía. Otorgar el perdón por ellos —que dicho sea de paso, a nivel mundial se cuestiona cada vez más que se consideren conductas socialmente reprochables— puede ser un precio proporcional con tal de alcanzar la paz en un país.

En el caso de los miembros que participan activamente en hostilidades, las reglas tendrían que ceñirse a los estándares internacionales. Podrían acordarse algunas concesiones en materia penal a cambio de desarme, desmovilización, reconocimiento de crímenes, verdad para las víctimas y reparación; pero siempre y cuando esto no implique una impunidad en sentido estricto. Nuevamente, estos son aspectos cuya necesaria profundización superan a estas líneas.

Lo anterior no significa en lo absoluto –como afirman algunas voces fuera de contexto- un diálogo como el que en su momento sostuvo el gobierno colombiano con Pablo Escobar. Esto es, un pacto a escondidas del escrutinio público, generado por las cúpulas del poder, sin ningún tipo de fiscalización, sin desmovilización, sin participación de las víctimas, con finalidades totalmente alejadas de la búsqueda de verdad, justicia y reparación, y permitiendo el debilitamiento de instituciones o la impunidad total a cambio de una paz política. Un acuerdo de paz debiera implicar precisamente todo lo contrario.

¿Es posible, entonces, esta opción desde el punto de vista constitucional? México no ha ratificado hasta la fecha el Protocolo II. No obstante, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado que distintos artículos de ese instrumento son normas de derecho internacional humanitario consuetudinario de obligatorio cumplimiento, independientemente del estado de firma o ratificación.2 Asimismo, México es parte de las Convenciones de Ginebra de 1949 y, por lo tanto, de su artículo 3 común que establece la posibilidad de acuerdos especiales.3

Asimismo, nuestro marco constitucional pareciera ser receptivo a la posibilidad de un acuerdo de paz. Como es sabido, el artículo 133 establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y “…todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

Debe destacarse que el artículo 133 se refiere a “tratados” de manera general. Si bien podría decirse que el objeto y fin de esa disposición era darle vigencia a los acuerdos realizados con otras naciones, la disposición deja la puerta abierta a una interpretación a cualquier tipo de acuerdo celebrado entre el Estado mexicano y cualquier sujeto de derecho internacional. Si bien pareciera ser un argumento un tanto aventurado —lo reconozco—, podría ser un punto de partida para explorar la viabilidad constitucional de un proceso de este tipo.

La posibilidad de un acuerdo de paz es siempre complicada. Y como ha sucedido en distintas latitudes incluye riesgos. No puede ser asumida ni desechada a la ligera. La paz no es el sonido celestino de arcángeles, sino una labor de parto que se vuelve más dolorosa conforme se acerca a su fin. Pero la paz tampoco es una opción: sino el último escalón evolutivo del sentido de supervivencia. Analizar en serio la opción de un acuerdo de paz nos obliga a recordar que el origen de esta violencia se encuentra en la ruptura del tejido, en la deshermandad que impide que nuestra sociedad se viva como unidad. Diversa en su interior, pero sobre un espacio común.

Aun si la conclusión fuese desechar por completo la posibilidad, el ejercicio de debate no es desdeñable. Sobre todo cuando nuestro presente nos pide a gritos pensar las cosas de forma diferente para tener resultados diferentes.

Autor.- Carlos Luis Escoffié Duarte. Consultor y litigante en materia de derechos humanos

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1 Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (1977),artículo 1.1.

2 Appeal by the International Committee of the Red Cross on the 20th anniversary of the adoption of the Additional Protocols of 1977, 31-10-1997 Article, International Review of the Red Cross, No. 320, by Cornelio Sommaruga. Disponible en formato digital en el portal del Comité Internacional de la Cruz Roja a través del enlace: http://bit.ly/2AWxs4Z. Véase también: Henckaerts, Jean-Marie y Doswald-Beck Louise; “El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, Volumen 1”, Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires 2007.

3 “Artículo 3 – Conflictos no internacionales. […] Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. […].” Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

Fuente.-

ANAYA PIDE "VOTO ULTIL" PARA FRENAR a AMLO,VOTO UTIL HA LLEVADO a GOBERNAR a "MUCHO INUTIL"...votarlo o botarlo.

El Historico VOTO UTIL.....
Cuando todos apostaron al cambio. 
Hacia la una de la tarde del domingo 2 de julio de 2000, los mensajes en los teléfonos anticipaban la victoria de Vicente Fox en las elecciones presidenciales. Muy pocos la habían visto venir. La imagen prevaleciente de Fox había quedado marcada en la clase política y en los medios de comunicación por lo que había sucedido el 23 de mayo, cuando en la casa de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas —que era de su madre— se reunieron con Francisco Labastida para definir los términos del primer debate presidencial que iba a ser el jueves siguiente. 

A Fox se le pasaron las copas de vino en la comida y llegó al encuentro con la cabeza ligeramente obnubilada. La negociación era pública y cuando tocaron el día del debate, Fox, conocido por rupestre, gritó ante la prensa: “¡Hoy, hoy, hoy!”. Esa tarde todo parecía una debacle. Sin embargo, cuando repitieron el grito en un mitin en el Ángel de la Independencia, Francisco Ortiz, su asesor en comunicación, tuvo una iluminación y lo convirtió en un llamado a la acción. La sociedad política no lo registró correctamente, como lo reflejaban las encuestas de preferencia electoral. Reforma le daba 20 puntos abajo frente a Labastida en vísperas del arranque de la campaña presidencial, y El Universal, 13. GEA-ISA inició con 17 puntos de superioridad de Labastida, y semanas antes de la elección traía a Fox punteando. Sólo María de las Heras y Rafael Giménez, que hacían las encuestas para el naciente Milenio Diario, colocaban arriba al panista. Milenio fue un ejemplo de lo que pasaba en esos años. El director general, Federico Arreola, recibió los resultados de la encuesta de Giménez y contra la opinión del cuerpo editorial, no quiso publicarla. Arreola contrató a Nielsen, cuyos datos le daban una ventaja a Labastida por 20 puntos. La noche de ese 2 de julio, Foxhabía obtenido un millón y medio de votos más que Labastida, en parte, dijeron sus asesores de la época, por el voto útil del PRD, donde alrededor de un millón de perredistas que votaron por sus diputados y senadores, no lo hicieron por Cárdenas, a quien no le veían posibilidades de ganar la elección, y se lo entregaron a Fox, un candidato más competitivo. Aquella fue una jornada histórica, al terminar 71 años de reinado priista y comenzar la alternancia. El voto útil tomó carta de identidad.

Todos contra Madrazo. 

La elección presidencial de 2006 era vista como la reivindicación del PRI para regresar a Los Pinos. Andrés Manuel López Obrador se presentaba por primera vez a una elección presidencial con una enorme fortaleza por la victimización que le regaló el presidente Vicente Fox, cuando quiso meterlo a la cárcel por un delito administrativo que alcanzaba fianza en 2005. Fox era altamente popular y quiso imponer a su secretario de Gobernación, Santiago Creel, como candidato, pero el trabajo ratonero de quien conocía bien al PAN, Felipe Calderón, le arrebató la candidatura. 

El PRI, como muchas otras veces, tenía una baraja amplia de candidatos, pero su líder Roberto Madrazo se empecinó en ser candidato, utilizando los recursos de la presidencia del partido para ese propósito. Los anticuerpos priistas emergieron y le enfrentaron como adversario al gobernador del estado de México, Arturo Montiel, quien experimentó la guerra sucia interna cuando de la oficina de Madrazo salieron a la televisión sus propiedades y fortunas. El rencor contra Madrazo aglutinaba a sus adversarios. La maestra Elba Esther Gordillo, quien como coordinadora de la bancada del PRI llegó a acuerdos con Fox, aprobados por Madrazo, quien después los desconoció y orilló a que renunciara al partido, mandó colocar en espectaculares en la Ciudad de México la leyenda: “Dale un madrazo a Madrazo”, y colocó como spot la frase: “¿Tú le crees a Madrazo? Yo, tampoco”. Gordillo buscó una alianza con López Obrador, pero él la desdeñó. Calderón, su segunda opción, la acogió de inmediato. Un millón de maestros ofrecía la maestra como la fortaleza de su alianza y para la elección pidió al magisterio: voten por quien quieran, pero nunca por Madrazo. En el norte votaron los maestros por Calderón y en el centro y sur, por LópezObrador. 

Los gobernadores priistas se sumaron a Calderónen repudio a Madrazo. El voto útil de las maquinarias estatales del PRI y de los maestros, enfrentados con Madrazo por imponer su candidatura y violentar las reglas de una competencia equitativa para todos, se fue para el panista. El 2 de julio de 2006, mismo domingo que seis años antes, Calderón logró 241 mil 934 votos más que LópezObrador, que significó el 0.56% de diferencia. Madrazo fue arrumbado al tercer lugar, con la más baja votación que haya tenido un candidato priista hasta hoy en día.

En busca del voto útil. 

Durante tres elecciones presidenciales el voto útil ha probado su potencia estratégica. Le dio un contundente mandato a Vicente Fox, le ayudó a Felipe Calderón a derrotar a Andrés Manuel López Obrador e impidió que éste alcanzara a Enrique Peña Nieto en 2012. Para la elección presidencial en 2018, el voto útil frente al líder histórico de la izquierda social iba a ser la solución. El problema es que esa estrategia no hablada se cruzó con Ricardo Anaya, candidato de una alianza entre el PAN y el PRD que nunca se cocinó bien entre las bases de ambos partidos. Para añadir complejidad al modelo, Anayadeclaró que en el PRI, todos los priistas, son corruptos y deben ir a la cárcel. Lo que generó es que los sectores duros del PAN se sintieran sin personalidad y entregaran apoyos a su enemigo histórico, López Obrador, por ser la opción viable que veían para evitar que el PRI repitiera en Los Pinos. 

Los perredistas, vacíos de ideología y sentido histórico, le negaron masivamente su apoyo y se han ido sumando a López Obrador. Los priistas, con quienes cogobernó el PAN desde los 80, lo ven como su principal enemigo, y al ir dejando en el camino a José Antonio Meade, han ido emigrando al campo de López Obrador. El candidato de Morena, que no cree en las alianzas ni en el voto útil, quien ha perdido elecciones por rechazar ese tipo de arquitectura electoral, ha ido cachando los votos de todos, gracias a Anayae indirectamente a la irreversible indignación contra el gobierno de Peña Nieto por ineficiencia, corrupción e impunidad. Tras el primer debate presidencial, la competencia se enfiló a una lucha parejera, entre López Obrador y Anaya, por lo que el aliancista comenzó a hablar de que el voto útil contra el de Morena, debe ser para él. En buen momento se le ocurrió rectificar el camino. Faltan poco más de dos meses para la elección y la reconstrucción de ese voto útil y el tejido de nuevas alianzas se antoja en este momento, porque no se sabe qué pasará la próxima semana, en un objetivo imposible de alcanzar.

Fuente.-@RivaPa

(Imagen/Internet/El Norte.com

EL "GRUPO de los BELICOS" del EJERCITO COMBATIA a NARCOS "ESTILO NARCO",LEVANTABA,TORTURABA,MATABA,ROBABA y DESAPARECIA...es por fortuna la excepción y no la regla.

La semana pasada, por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso de desaparición forzada ocurrido en México en diciembre de 2009 en perjuicio de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado, en el que están implicadas tropas del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. 

EL "PELOTON de la MUERTE": "MILITARES" DENUNCIAN a "CALDERON y al GENERAL GALVAN ante CORTE INTERNACIONAL" ...."Juicio" ventila la podredumbre en el combate al Narco.

La desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, y las represalias que han sufrido al menos una treintena de miembros de su familia tras denunciar la participación de personal del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue examinado por jueces de la Corte Interamericana presididos por Eduardo Vio Grossi, ante la imposibilidad de que, por razones de nacionalidad, el presidente del tribunal regional, el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, participe en el debate.

El caso se discutió en la Corte el jueves 26 y el viernes 27, después de que el Estado mexicano fuera omiso a las recomendaciones que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar con el paradero de las víctimas, sancionar a los responsables de la desaparición, así como “disponer de medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad, incluyendo acciones u omisiones de autoridades que hubieren obstaculizado la realización de diligencias de investigación”, así como tomar diligencias legislativas y administrativas para que “las autoridades de la justicia penal militar se abstengan de obstaculizar investigaciones en casos de desaparición forzada”, entre otras.

Ocho años después de esos hechos, la delegación del Estado mexicano, compuesta por 17 personas y encabezadas por el director de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Erasmo Lara, y la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, mantuvo la posición fijada por el Ejército, de que los hechos habrían sido perpetrados por miembros del crimen organizado disfrazados de militares.

En abril de 2010 fue la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) la instancia que asumió la investigación, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR), que tuvo conocimiento de los hechos casi de manera inmediata, declinara su competencia a favor de los uniformados. 

El 29 de diciembre de 2011, después de trabajar el caso, la PGJM archivó el asunto y lo retornó a la PGR, con el argumento de que “no existen pruebas de que el personal militar haya efectuado tales ilícitos (desaparición forzada), por lo que … no se infringió la disciplina militar y la ley. Sin embargo, de dichas conductas ilícitas es muy probable que se encuentren involucradas personas que se dedican a actividades del narcotráfico”.

Una versión insostenible

El Estado mexicano repite la misma versión ante el tribunal regional, aunque en 2014 la entonces Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) de la PGR, consignó ante un juzgado de distrito una averiguación previa solicitando un orden de aprehensión contra el coronel Élfego José Luján Ruiz –comandante del 35 Batallón de Infantería cuando ocurrieron los hechos–, a quien los familiares ubican como principal responsable de las desapariciones (Proceso 1747, 1809 y 1842).

El mismo día en que la UEBPD solicitó enjuiciar a Luján por “autoría mediata del delito de desaparición forzada”, en el juzgado séptimo de Distrito, con residencia en Ciudad Juárez, se rechazó la orden de aprehensión.

En su escrito de remisión a la Corte, en noviembre de 2016, la CIDH advirtió que la sentencia del juez séptimo la emitió en menos de 24 horas, pese a que el expediente presentado comprendía “más de once mil fojas, compuesto por XXII tomos y X anexos”.

El 27 de junio de 2014, en el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Distrito, se confirmó el sentido de la sentencia, pese a que en la apelación el agente del Ministerio Público de la federación que llevaba el caso, Víctor Cruz Martínez, advirtió fallas tan obvias como que el juez séptimo cambió el nombre de las víctimas: nombró Mitzy a Nitza Paola. 

Este semanario tuvo acceso al pliego de consignación y a la apelación, que integraron declaraciones ministeriales de militares, entre ellos el mismo inculpado, así como el general Pedro Lohmann Iturburu, quien fue comandante de destacamento de Palomas, en la frontera de Chihuahua con Estados Unidos.

La hermana de Nitza Paola, María de Jesús Alvarado Espinoza, identifica a Lohmann como un personaje que, durante los primeros días de búsqueda de sus familiares, ingresó con ella y su abogada, Luz Estela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), a las instalaciones del 35 Batallón de Infantería, y después al depósito donde se encontraba el vehículo del que Nitza y José Ángel fueron sacados por la fuerza por los militares.

En la audiencia, María de Jesús narró que Lohmann entrevistó delante de ellas a varios soldados, y que uno de ellos, Manuel Gutiérrez, reconoció el vehículo asegurado por elementos del 35 Batallón. 

Después de ese encuentro, recordó Alvarado Espinoza en la Corte, no volvió a tener contacto con Lohmann, quien fue removido de su cargo.

En la negativa de la orden de aprehensión, se da validez plena a la comparecencia ministerial del 18 de junio de 2013 de Lohmann, quien se plegó a la versión oficial, señalado que “recibió la orden del comandante de la XI Región Militar” de investigar el caso, recabando información de familiares y vecinos por lo que, expuso, “no es posible que la detención la hayan realizado los militares y supone que fue la delincuencia organizada porque los civiles vendían drogas”.

Al respecto el agente ministerial reprocha que “el juez de distrito se base en un informe de investigación realizado por un elemento militar, al cual no se le puede conceder valor probatorio, pues si bien constituye un indicio, ese no está corroborado por otros elementos de prueba, pues la investigación realizada por el mismo, no puede sustituir las facultades persecutorias del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar, pues no existe ningún fundamento para que el general Jens (sic) Pedro Lohmann Iturburu concluyera que no había responsabilidad de los elementos militares, pues en su caso esas facultades correspondía a la Procuraduría de Justicia Militar, o bien a un órgano de la Secretaría de la Defensa Nacional con facultades suficientes y establecidas en la normatividad”.

El grupo de Los Bélicos

En el pliego de consignación, el agente ministerial había considerado la declaración de Lohmann como parte de la estrategia de encubrimiento vinculada a la desaparición forzada.

En la consignación, el agente ministerial integró declaraciones del proceso que se siguió al coronel Luján Ruiz, primero en el fuero militar y después en el civil, por su participación en grado de encubrimiento en el asesinato e inhumación de dos desertores del Ejército.

Dicho caso fue iniciado en febrero de 2010 en el fuero militar, meses después de la desaparición de los Alvarado.

En la apelación, el agente ministerial destaca que de los testimonios militares se pudo advertir que Luján controlaba “un grupo intramuros (al interior de ese Batallón) denominado Los Bélicos, los cuales tenían como práctica común realizar entre otros, los actos delictivos siguientes: allanamientos a lo que ellos llamaban detenciones; robo de vehículos particulares, mismos que denominaban asegurados, los cuales pintaban de color verde militar con números de identificación apócrifos, que en ocasiones se quedaban en el tren de transportes del Batallón”.

Dicho grupo sería responsable también de “robo de pertenencias a los detenidos, homicidios, apropiación indebida de animales, armas, droga y vehículos, tortura, ejecuciones sumarias, incineración de vehículos utilizados, detenciones ilegales y ocultamiento de cadáveres mediante inhumación ilícita”.

Ese contexto, sumado a declaraciones de quien fuera el chofer de Luján, el sargento primero conductor Alberto Hernández de la Cruz, rendidas el 5 de febrero de 2010 ante el agente del Ministerio Público militar, entre otras, serían elementos suficientes para considerar la responsabilidad de Luján en la desaparición de los Alvarado.

En su declaración, Hernández de la Cruz, da una larga lista de robos de vehículos y detenciones ilegales, ordenadas por Luján al personal militar, y advierte que en el ejido Benito Juárez “se detuvo a una mujer inválida y a un hombre” por “personal militar que portaba uniforme con camuflaje de desierto y de selva, lo que provocó que el 35 Batallón y el 20 Regimiento de Caballería Motorizada (Ciudad Juárez) fueran intervenidos por el comandante de la guarnición militar de Palomas, Chihuahua, para indagar sobre el paradero de citados civiles”.

La mención es relevante: Nitza Paola padecía una parálisis de la mitad de su cuerpo, lo que se apegaría a la descripción del militar.

Hernández de la Cruz continuó narrando que el 13 de enero Luján, quien estaba en Parral, recibió instrucciones de presentarse en el 35 Batallón, a donde llegaría personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la V Zona Militar, así como Lohmann.

“Mientras viajaba de regreso al Batallón, el coronel Luján Ruiz recibió una llamada telefónica en uno de los cuatro teléfonos celulares que portaba, escuchando que lo alertaban sobre la presencia del comandante de la Guarnición de Palomas, percatándome que el coronel Luján Ruiz, con notoria preocupación preguntó: ‘¿y qué sabes de la basura que les ordené que sacaran?, ¿ya la tiraron?’, escuchando que le decían que sí”, según el documento consultado por Proceso.

En la apelación, el agente del Ministerio Público consideraba que el coronel Luján “no sólo tenía conocimiento de los actos delictivos que cometían los integrantes del grupo delictivo Los Bélicos, sino que participaba activamente en los mismos, con base y en claro aprovechamiento del puesto de mando que ocupaba en la escala jerárquica militar, de ahí que la conducta ahora atribuida (de­saparición forzada) sería sólo una mínima parte de los hechos que le son imputables”.

El libreto oficial 

A partir de la negación de la orden de aprehensión, la investigación se estancó, tanto que fue en la audiencia de la Corte Interamericana donde los familiares de las víctimas conocieron a Mariana Colín Ayala, agente ministerial a la que le fue asignado el caso Alvarado a partir del 17 de noviembre de 2016.

Más allá de la numeralia presentada por la funcionaria en la audiencia (mil 300 diligencias, 172 declaraciones ministeriales 474 solicitudes de información, 30 inspecciones ministeriales y 13 diligencias de prospección de búsqueda sin vida), lo que dejó claro en su intervención fue su apego al libreto de validación de la versión oficial sobre la imposibilidad de que miembros del 35 Batallón hayan participado en la detención y posterior desaparición de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado.

A los cuestionamientos de los jueces Patricio Pazmiño, Elizabeth Odio Benito y Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Cedehm, la funcionaria insistió en que representantes de la delegación de la PGR en Chihuahua, así como de la entonces Procuraduría General de Justicia de la entidad, durante los primeros días aseguraron a los familiares que los jóvenes habían sido detenidos por militares y que estaban en el 35 Batallón; en posteriores declaraciones se retractó, al igual que algunos militares que también habían confirmado la responsabilidad de Luján.

La agente ministerial se enredó cuando Fierro y el juez Pazmiño le pidieron explicaciones a su aseveración de que los funcionarios sólo habían “orientado a los familiares a ir a preguntar al 35 Batallón de Infantería y no afirmado que estuvieran ahí”, cuando se sabe que una detención en una instalación militar es ilegal.

Puntualizó que la hipótesis de que los autores de la desaparición habrían sido delincuentes vestidos de militares, se fundamenta en datos proporcionados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia que identifica como un “modus operandi para evadirse de la justicia”.

“¿Los delincuentes andan en las calles vestidos de militares, con vehículos y armados? Y las autoridades, ¿dónde están?”, interrogó Pazmiño; y Odio Benito atizó: “¿Cómo distinguir un uniforme real de uno apócrifo?”, al referirse al contexto de fuerte presencia militar en el estado, producto del Operativo Conjunto Chihuahua en el que se dieron los hechos. La funcionaria no respondió a los cuestionamientos.

En la etapa de alegatos, Pazmiño advirtió que la hipótesis para deslindar a los militares de los hechos que se les imputan tendría que estar sostenida en un alto número de decomisos y consignaciones, lo que puso nerviosos a los integrantes de la representación mexicana.

Con datos oficiales integrados en la respuesta del Estado a la Corte Interamericana, Pazmiño exhibió que de 2006 a diciembre de 2017, en el municipio de Buenaventura, donde desaparecieron los Alvarado, “sólo se registró una persona puesta a disposición”, a lo que un representante del Estado se aprestó a decir: “Sí, pero con cuatro uniformes, dos gorras y cartuchos calibre 38”. 

Fuente.-

RAPERO del C.J.N.G PUBLICÓ MENSAJE MACABRO ANTES de DISOLVER en ACIDO a ESTUDIANTES...armas y drogas eran lo suyo,ahora la carcel tambien

Christian Omar “N”, mejor conocido en Youtube como QBA, fuera quien disolvió en ácido a los estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco, se dio a conocer el escalofriante mensaje que publicó a través de su Facebook cuatro días antes de los hechos.

“Sientan su carma, si o no carnal, que se yeban un tiro de larga o lo avientan a un tambo con aguaaa jaaaa vamos a ver si aqui es lo mismoooo, vamos a causar terrorismo (sic)”, publicó junto con una imagen en la que se le ve acompañado de dos hombres que portan armas.

A través de su red social, se puede notar el gusto que QBA tenía por las armas, la violencia explicita y el uso de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades el joven soñaba con imitar el éxito de rapero estadounidense Eminem.

Fuente.-

CORREN a EMPLEADOS de PALACIO NACIONAL por PERMITIR que "ENCUERATRIZ" lo CONVIRTIERA en "PALACIO de LENCERIA"...que faltaron el respeto,dicen los que todos los dias nos faltan el respeto.

De la noche a la mañana, Katya Vega entró en el centro de la opinión pública luego de que fuera nombrada #LadyLencería tras publicarse una serie de fotos en ropa íntima dentro de la Capilla de la Emperatriz, en Palacio Nacional. 

Tal acto provocó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) despidió a los empleados responsables de la sesión fotográfica. 

Pero a todo esto, ¿quién es Katya Vega, la ahora famosa #LadyLencería?

Katya Vega es una modelo que aparece en el programa "La Cucharacha" conducido por Fabían Lavalle. Ahí, la joven aparece modelando fajas y soportes. 

El programa "La Cucharacha" tiene más de 23 mil 734 seguidores en Facebook, se trasmite en el canal 77 de Izzi y en WolrdTV. 

Además de Lavalle, otros conductores son Ana María Alvarado, Verónica Gallardo, María Luisa Valdés Doria.

#LadyLencería tiene en Instagram mil 610 seguidores y 120 publicaciones, sin embargo, su perfil es privado. 

Antes de dedicarse al modelaje, Katya Vega trabajó en restaurantes como hostess, oficio al que se dedicó a durante diez años.

Los horarios extremos en el restaurante provocaron que dejara dicho empleo.

En entrevista con ESTO, Katya Vega aseguró que entre sus planes está incursionar en la actuación y tener su propio calendario. 

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Al respecto, incluso, diversos medios aseguraron que las fotos de #LadyLencería en Palacio Nacional serían parte de dicho calendario.

FUENTE.-LaSillaRota

NIÑOS de la GENERACION PERDIDA,la NARCOGUERRA se los TRAGO,SICARIOS,HALCONES y TRAFICANTES...futuro truncado.

De la guerra contra el narcotráfico que emprendió el ex presidente Felipe Calderón en 2006, los niños y las niñas mexicanas no quedaron a salvo: a ellos la violencia también los engulló,es una generación que padece las consecuencias de la violencia, ya sea porque viven en la orfandad, porque fueron asesinados y desaparecidos o reclutados por el narco.

A unos los hizo huérfanos, víctimas de asesinato o desaparición. A otros el crimen los reclutó como "halcones" (vigilantes a sueldo) y distribuidores de droga al menudeo, a cambio a veces de algún juguete, una bicicleta o un pago miserable.

Incluso hubo alguno que recibió de los criminales entrenamiento y armas para matar.Como el caso muy conocido en México de "El Ponchis", un adolescente que tenía 14 años cuando lo aprehendieron por posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y participación en secuestros, torturas y homicidios.

Por ellos, aquel muchacho recibió una sanción de tres años en un centro de tratamiento de menores de Morelos, a donde llegó sin saber leer.

El suyo es el ejemplo más extremo y mejor documentado de lo que el crimen y la violencia han hecho en la vida de los niños y las niñas mexicanos, cuyas historias se pierden en las abundantes cifras de víctimas –muertos, desparecidos, desplazados– que ha dejado la violencia y la política de seguridad de dos gobiernos en México.

Entre los números aparecen a veces sus voces. Historias de niños que juegan a ser narcos o sicarios, los que marchan con sus familias en las caravanas de víctimas de desaparición y asesinato, los que sobreviven en la orfandad porque perdieron a un padre o una madre, o aquellos que murieron en medio de un enfrentamiento o por el "error" de un mal cálculo oficial en un ataque.

Víctimas de la impunidad

Es difícil seguir la pista de la violencia en la infancia en México. Pero algunas cifras ayudan a entender la profundidad de su huella.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), de 2006 a 2017 sumaron 11.000 los niños, niñas y adolescentes asesinados y 6.800 los desaparecidos en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.

A pesar de los números, la mayoría de los casos de violencia y crimen que involucran y tienen como víctimas a menores "pasan desapercibidos", afirma Juan Martín Pérez, de la Redim. A menos de que se trate de "casos gravísimos, muy duros, que logran indignar o movilizar a la población", dice.

Los ejemplos sobran. Desde 2006 se acumulan las historias de niños y niñas muertos en enfrentamientos o que, junto con sus familias, fueron víctimas de agresión por parte de criminales y aun de policías o fuerzas armadas.

Esos menores formaron parte del amplio grupo que el gobierno de Calderón llamó "víctimas colaterales".

La percepción de la violencia en los dibujos de niños.

La mayoría de esos casos ha quedado en la impunidad. Como lo evidencian las cifras de la Redim, que cita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con sus números, de cada 100 carpetas de investigación que involucran a algún niño o niña como víctima, sólo tres alcanzan sentencia condenatoria.

"El escenario es de mucha incertidumbre para niños, niñas y adolescentes en general", dice Juan Martín Pérez.

El Estigma

Su nombre es Edgar N. Jiménez. Pero desde 2010 todos lo conocieron como "El Ponchis" y de manera despectiva lo llamaron "El Niño Sicario" y lo expusieron en todos los medios.

Internado durante tres años en el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) de Morelos, salió en 2013 a la edad de 17 años, escoltado y con rumbo a Estados Unidos para garantizar su seguridad bajo la custodia de su madre, que había viajado a aquel país hacía 7 años, dejando solo a Edgar en México.

Por los días de su salida, una fuente de aquel centro informó que entre 2011 y 2013 al menos 12 jóvenes habían sido asesinados al volver a la calle, de modo que nadie en México podía garantizar que Edgar pudiera sobrevivir.

Edgar N. Jiménez “El Ponchis”, el niño que reclutado por el extinto Cártel de Pacífico Sur.

"El Ponchis" fue el primer caso conocido en México de un niño reclutado por el crimen para matar. El mismo reconoció haber matado a 5 personas obligado por Julio de Jesús Hernández Radilla, "El Negro", jefe del extinto cártel del Pacífico Sur y hoy en la cárcel por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia.

La Redim presentó su caso ante las Naciones Unidas como ejemplo de reclutamiento forzado de la infancia en México y en varias ocasiones denunció la estigmatización en su contra, que es parte de la violencia, dice Juan Martín.

"La sociedad en su conjunto se hace cómplice, no voluntaria, pero cómplice de estos patrones de justificación del Estado bajo la lógica de que son las personas jóvenes quienes son potencialmente delincuentes y potencialmente agresores cuando en realidad son las víctimas de reclutamiento forzado" dice.

Años después, cuando la ofensiva del gobierno federal no hizo más que multiplicar la violencia, los grupos armados y las justificaciones para armarse, apareció el caso de "La Kika" en Michoacán.

Esta vez se trataba de un adolescente que participaba en los grupos de autodefensa de la comunidad de Antúnez, municipio de Parácuaro. Aunque ofreció algunas entrevistas a medios, siempre pidió la reserva de su identidad por miedo a El Tucán, un líder criminal de la zona.

“La Kika”, el niño que huyó de los Caballeros Templarios para reclutarse en las autodefensas.

"La Kika" había sido reclutado a los 12 años por los Caballeros Templarios, que lo entrenaron como "puntero" o "halcón". A cambio recibía 1.500 pesos a la semana, maltratos y golpes que lo hicieron cambiar de bando en cuanto pudo para reclutarse el mismo en las autodefensas, los grupos que nacieron para defenderse del crimen (aunque después también fueron perseguidos por las autoridades).

"Por un Chiquihuitillo libre", decía la playera que usaba en sus patrullajes. Así se llamaba su pueblo, de donde salió apenas leyendo y donde quería regresar en cuanto pudiera dejar a un lado el fusil AR-15 que empuñaba en las fotografías.

Su historia, por supuesto, levantó la indignación en todos los ámbitos oficiales. Pero no más. Incluso líderes de las autodefensas negaron su participación y prometieron investigar el caso. Nada pasó.

Casos como estos se multiplicaron en todo el país. Periodistas como Lorenzo Encinas, de Monterrey, pudo documentar los casos de niños y jóvenes de colonias populares asentadas en la periferia de la capital de Nuevo León, que trabajaban para el narco, participaban en bloqueos y recibían a cambio cualquier cosa: una bicicleta para sus "rondines" como "halcones", en la mayoría de los casos.

Medidas gubernamentales insuficientes

En estos 12 años el gobierno federal ha dado pasos lentos y cortos en la atención de la infancia en México ante la violencia.

Los asesinatos vistos a través de los ojos de un niño.

En 2015 creó –muy tarde– El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, reformó la ley de justicia para adolescentes –que todavía no entra en vigor–, creó las procuradurías de defensa del menor y ha diseñado con gobiernos estatales políticas de prevención en lo que ha llamado "los polígonos" con alta incidencia delictiva. Se trata de zonas en municipios que presentan los más altos índices de violencia y donde ha intervenido con organizaciones de la sociedad civil. Los resultados para el caso de la infancia se desconocen.

Las autoridades mexicanas además restringieron durante mucho tiempo la prevención de la violencia al ámbito escolar con programas como Mochila Segura, que nació en 2001 en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, como medida para inhibir la entrada de armas en las escuelas.

Más tarde, el gobierno del panista Felipe Calderón lo integró a la estrategia del Programa Escuela Segura, que tenía como propósito "prevenir situaciones de riesgo que impactan la seguridad de la comunidad escolar".

Arrancó el 6 de febrero de 2007 en nueve entidades del país y un año después se extendió a todos los estados, pero cada uno aplicó el operativo de manera distinta. En Yucatán, un estado del sur con muy bajos índices de delincuencia y homicidios, los maestros fueron los responsables de revisar las mochilas. En cambio Chihuahua, uno de los estados más violentos del país, designó a elementos de la policía estatal.

La estrategia dejó de lado la evidencia de las cifras. En 2007 el Inegi reportó 1.002 muertes por homicidio de menores de 19 años y la cifra escaló a 1,057 en 2015. La mayoría de esos asesinatos ocurrieron en calles y casas, y poco a poco Mochila Segura quedó en el olvido.

Hasta enero de 2017 que el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, ordenó de nuevo su aplicación en todas las escuelas del país, como consecuencia de un hecho violento ocurrido en Monterrey, capital de Nuevo León.

Allí un estudiante de secundaria se disparó en la cabeza luego de herir con un arma a dos compañeros y su maestra, en el salón de clases de un colegio privado.

La escuela donde un estudiante de secundaria disparó contra su maestra y dos compañeros en 2017.

Las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de la infancia rechazaron siempre este programa por considerarlo una violación a la privacidad de los menores. Criticaban también que las autoridades trasladaran la discusión sobre el tráfico y uso de armas al ámbito de las escuelas.

A punto de concluir el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, los niños, niñas y adolescentes en el país son todavía protagonistas de las historias de violencia en México. Aunque cada día es menos la sorpresa y, a veces, la indignación.

"Tenemos un entorno lleno de violencia, donde el Estado ha fracasado para garantizar la integridad, la inseguridad y el patrimonio de sus habitantes, particularmente los niños, niñas y adolescente", dice Juan Martín, de la Redim.

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