Abogados respaldados por diversos grupos civiles y organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso del general Ricardo Martínez Perea.
La demanda, encausada contra el Estado Mexicano, acusa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por incumplir con procesos judiciales que debieron haberse subsanado hace años, durante el proceso penal en contra del militar, sentenciado en 2003 a 15 años de cárcel por la supuesta protección que le habría brindado al capo Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder del Cártel del Golfo.
El caso del general Martínez Perea fue llevado hace dos semanas a la CIDH por el abogado Víctor Alonso Tadeo Solano, jurista que ya ha litigado casos de militares acusados o procesados injustamente en el fuero castrense.
La denuncia va dirigida contra el Estado Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención interamericana prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belem do pará y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Se acusa también al Supremo Tribunal Militar, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de Justicia Militar, así como a los integrantes del Consejo de Guerra Ordinario que juzgó al general, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En su alegato de presentación el abogado Toledano aseguró que las instancias encargadas de impartir justicia al interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos no brindan una imparcialidad en la administración y procuración de Justicia, y además “no se respetan los estándares mínimos de la Garantías Judiciales, acceso a la justicia y al debido proceso pena”.
Al señalar las deficiencias en la administración de la justicia militar el abogado expuso que “bajo el argumento de la Figura del Acuartelamiento, la Policía Ministerial Militar realiza investigaciones para incriminar al personal militar de las Unidades Operativas en delitos contra el narcotráfico y violaciones de derechos Humanos”.
Esto sucede mediante la práctica recurrente de incomunicarlos, “torturándolos para que admitan su participación y responsabilidad de los hechos”.
El defensor afirma que esto sucede en forma sistemática, con el conocimiento de los funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, “para así justificar su actuar bélico ante la población y la Comunidad Internacional”.
En la primera audiencia para presentar el caso del general Martínez Perea, se advierte que las prácticas sistemáticas de tortura, aislamiento, actos denigrantes contra la integridad personal, por parte de la Policía Ministerial Militar, quedan en la impunidad por la protección de los altos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta situación es contraria al Derecho Internacional Penal, al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, señala la presentación ante la CIDH.
Acusado… por fax
El general Ricardo Martínez Perea era comandante del 21° Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a finales de 1999, cuando él y sus oficiales sobresalieron por los cuantiosos aseguramientos de dinero, inmuebles, autos y animales del Cártel del Golfo que entonces encabezaba Osiel Cárdenas Guillén.
Recién iniciado el gobierno de Vicente Fox en el 2000, las presiones externas por la falta de una estrategia y de acciones contundentes en el combate al narcotráfico se dejaron sentir en las áreas de seguridad. Las versiones sobre funcionarios y mandos policiales y militares vinculados con el narco presionaban al nuevo régimen que había echado al PRI del poder.
En Los Pinos se trazó una respuesta mediática que colocó al Ejército Mexicano en el ojo del huracán, pero al mismo tiempo garantizaba la intolerancia del nuevo régimen hacia la corrupción y hacia actos deshonestos dentro de las fuerzas armadas.
El general comandaba la unidad en la que estaban bajo sus órdenes el capitán Maya y el teniente Quevedo en la Guarnición de Nuevo Laredo. En esa zona operaba Gilberto García Mena, “El June”, uno de los hombres fuertes del cartel del Golfo que entonces dirigía Osiel Cárdenas Guillén.
Martínez Perea estaba cerca de pasar a retiro con su pensión completa cuando, en abril de 2001, fue detenido luego de ser convocado a las oficinas centrales de la Defensa Nacional.
El Teniente Quevedo y el Capitán Maya fueron interceptados en Nuevo Laredo y Matamoros por agentes de la Policía Judicial Federal Militar y trasladados a la Ciudad de México para iniciarles proceso por delitos contra la salud.
Las acusaciones contra el general fueron conocidas por la Procuraduría de Justicia Militar a través de un texto escrito a mano, enviado por fax desde una papelería cercana al Campo Militar Número Uno, con faltas de ortografía y en el que no se le mencionaba de manera directa.
El Consejo de Guerra Ordinario que lo sentenció a 15 años de prisión ocurrió en 2003, cuando él y sus oficiales llevaban dos años recluidos.
En marzo de ese año, Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, por tropas del Ejército Mexicano tras un enfrentamiento en el que hubo varios muertos.
El general Martínez Perea y coacusados estuvieron en la prisión del Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México, luego fueron trasladados a la prisión Militar de Mazatlán, Sinaloa, y después, en la parte final de sus condenas, a las Islas Marías.
Todos cumplieron sus sentencias. Fueron liberados en abril de 2016. Durante el proceso penal contra el general, sus abogados interpusieron numerosos recursos jurídicos para demostrar que las acusaciones en su contra eran infundadas, que no tenían sustento real alguno, eran invenciones de los agentes judiciales militares y del Ministerio Público Militar que las ratificaba y desechaba todos los alegatos y testigos solicitados por la defensa.
Entre los testigos que la justicia militar rehusó citar estaban el presidente Vicente Fox -en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas armadas-, a los ex secretarios de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre y Clemente Vega García, así como los comandantes de Región, Zona y Guarnición que conocieron la trayectoria de Martínez Perea y en su momento le reconocieron aseguramientos, cateos y logros en su paso por Nuevo Laredo.
El Ministerio Público Militar rechazó citar a más de una veintena de generales, coroneles y mayores y, por supuesto, al presidente Fox. Además de esa irregularidad y del constante retraso, rechazo y manipulación de pruebas, al general se le ha negado una y otra vez la resolución del Incidente de Reconocimiento de Inocencia, instrumento con el que la Sedena no solo estaría obligada a reconocer públicamente su error al condenar al general, ofrecerle una disculpa pública y resarcir de alguna manera el daño moral causado; también se vería obligada a pagarle los salarios caídos y las prestaciones monetarias que debió devengar durante los más de 15 años de prisión que purgó.
En 2015, los abogados del general interpusieron el recurso de Reconocimiento de Inocencia basados en un peritaje admitido por el juez de instrucción y que fue elaborado por el Capitán Primero de Justicia Militar y Criminalista (retirado) Fernando García, quien determinó que ninguna de las pruebas aportadas por el Ministerio Público Militar durante el proceso demostró indicios para relacionar al general Ricardo Martínez Perea con los hechos que se le imputaron y que lo llevaron a prisión por la supuesta protección brindada al narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén entre los años 2000 y 2001.
El estudio del capitán García revisa a detalle las primeras declaraciones del general y de sus coacusados –el capitán Pedro Maya Díaz y el teniente Antonio Quevedo Guerrero–, así como de otros soldados y sobre todo de los agentes de la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) que iniciaron la investigación y detuvieron al mando y a sus subalternos en Tamaulipas.
La acusación fue hecha en un mensaje anónimo enviado por fax a la Sedena, desde una papelería cercana a las instalaciones de la secretaría. En el mensaje se mencionaba a “un teniente de nombre Javier Antonio Quevedo Guerrero y otro soldado de nombre Pedro Mayo” (sic), quienes supuestamente tenían tratos con un Jony García, conocido narcotraficante de la región, según el texto.
En el fax nunca se mencionó el nombre del general Ricardo Martínez Perea, quien era el comandante y jefe de ambos militares.
Proceso penal militar indebido
En el documento presentado inicialmente ante la CIDH, el abogado Tadeo Solano señala que el actuar de la Fiscalía General de Justicia Militar, en la investigación de los delitos, que se deriva de los anónimos recibidos se deduce que las investigaciones que practican no se apegan al principio de la debida diligencia impactando al debido proceso penal y la igualdad ante la ley, “en consecuencia, trasgrede las normas al derecho internacional en Materia de los Derechos Humanos”.
El jurista recuerda un dato fundamental al inicio del caso contra el general: al anunciar su captura desde Colombia, el presidente Fox adelantaba, orgulloso de la operación de limpieza y anticorrupción que supuestamente iniciaba, que al militar se le sentenciaría a 15 años de cárcel por sus actos.
Esto significa que al general Martínez Perea le negaron desde el principio la presunción de inocencia y con ello se fue configurando una sentencia sin que se le hubiera iniciado juicio, advierte el abogado Tadeo Solano.
En consecuencia, la denuncia va dirigida contra el Estado Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención interamericana prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belem do pará y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El defensor del general Ricardo Martínez Perea indicó a Estado Mayor que aún no hay fecha para una nueva audiencia en la CIDH, en un caso que es apoyado también desde instancias europeas interesadas en la defensa de los derechos humanos.
Fuente.-Jorge Medellín
@JorgeMedellin95
(Imagen/Internet)
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