La historia de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada, que tenía su sede en Ojinaga durante la Operación Conjunta Chihuahua, es la síntesis de toda una serie de irregularidades contra algunos integrantes del ejército y contra varios civiles que fueron víctimas de torturas, desaparición forzada y asesinato durante el sexenio de Felipe Calderón.
A partir de esta primera entrega, el blog de Estado Mayor presentará un reportaje en tres partes basado en documentos y testimonios del caso que ya arrojó las primeras sentencias en firme contra un general y el comandante de la Compañía.
Por este caso el ex secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván ha tenido que recurrir a un decreto presidencial de 1976 para no declarar, y varios de los oficiales procesados han llevado sus peticiones de justicia ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya le dio entrada.
Abril del 2008, la Operación Conjunta Chihuahua entra en acción en los meses de mayor beligerancia entre los pistoleros del cartel de Sinaloa y los de Juárez. “Gente Nueva” con su infantería conocidos como “Artistas asesinos” —huestes de Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín “el Chapo” Guzmán—, contra “la Línea”, pistoleros de los Carrillo Fuentes aliados con pandillas como los “Aztecas”, se disputan los caminos y rutas de varias ciudades de la entidad encabezadas por las que pasan por Ciudad Juárez y Ojinaga, en la frontera.
En aquellos días en Ojinaga el tráfico de drogas había disminuido, en parte a la labor de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), compuesta por 220 soldados. En el año 2007 este grupo de militares al mando del teniente coronel Obdulio Jacinto Villegas, especializado en operaciones especiales, apoyado en su segundo de abordo, el mayor Alejandro Rodas Cobón, especialista en el manejo de información de inteligencia, había logrado mantener en niveles bajos el tráfico de estupefacientes con importantes cantidades de droga decomisada. Según registros castrenses mientras ambos trabajaron juntos, no se presentaron quejas ante organizaciones de derechos humanos por violaciones a garantías individuales.
Por resultados la tercera CINE fue felicitada por el comandante de la onceava región militar con sede en Torreón, quien en una junta de comandantes realizada en Chihuahua elogió a esa unidad por encima de la actuación de batallones y del regimiento de caballería de Ciudad Juárez, “que con mayores recursos humanos y materiales tuvieron escasos resultados en las operaciones”.
Poco después la Compañía pasaría de la gloria al infierno, cuando fue exhibida de manera pública por la secretaría de la Defensa Nacional como la unidad que “denigró a las fuerzas armadas” durante su actuación en la Operación Conjunta Chihuahua.
Esta historia comenzó cuando en abril del 2008 el general Guillermo Galván, entonces secretario de la Defensa del gobierno que encabezaba Felipe Calderón, mandó a Ojinaga al general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña como nuevo comandante de la guarnición militar en Ojinaga, y al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, como nuevo comandante de la tercera CINE en sustitución del teniente coronel Obdulio Jacinto Villegas. Ambos oficiales de Estado Mayor, por sus métodos de trabajo abrieron la puerta a violaciones y situaciones de inconformidad de la población civil quienes comenzaron a interponer un considerable número de quejas que llevó al año siguiente al encarcelamiento del general, el comandante y segundo comandante de la CINE, mas seis oficiales y 22 de tropa.
El general Moreno Aviña solía visitar todas las mañanas las instalaciones de la Compañía. Tenía reuniones con Juárez Ramírez donde daba instrucciones sobre la forma como debería ser conducidas las operaciones militares contra el narcotráfico. Existía la instrucción del comandante de la operación, el general José de Jesús Espitia Hernández entonces jefe de la quinta zona militar en Chihuahua, de lanzar el programa de denuncia ciudadana para que la gente avisara al ejército de manera anónima donde se presentaban algún tipo de delito e intentar actuar en flagrancia.
“El método en algunas ocasiones dio resultado, pero en otras fue utilizado por los mismos maleantes para incriminarse entre ellos, y por la población con motivos de venganzas personales entre vecinos, hecho que ocasionó molestias y posteriores denuncias al verse algunas personas afectadas por revisiones a vehículos, acordonamiento de calles y cateos a sus domicilios, al final de ese año 2008 la tercera CINE acumulaba más de 50 quejas ante la CNDH por abusos de autoridad y robos (ninguno por homicidio), la mayoría infundadas”, dice un escrito enviado por un grupo de procesados que expusieron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado.
Las quejas de narcos detenidos fueron alentadas y recabadas por el entonces alcalde panista de Ojianaga, César Carrasco Baeza (2007-2010), quien según los quejosos, defendió los intereses de los narcos con quienes mantenía relaciones personales. Existen testimonios de que su campaña fue financiada por Sergio Aranda Rodríguez, conocido por el alias de “la Chiva”, un individuo con quien guardaba amistad y se les veía públicamente durante su campaña. Aranda Rodríguez fue detenido por el ejército en marzo del 2009 en Ojinaga en posesión de 200 paquetes que contenían poco más de 97 kilos de marihuana, un fusil, cartuchos útiles y un vehículo. Las sospechas de la sombra del narco en su entorno crecieron desde aquella noche del 26 de septiembre del 2008, cuando su yerno Héctor Carrasco, casado con una de sus hijas, fue asesinado cuando circulaba como copiloto de una camioneta la cual fue atacada tiros por un comando armado en el centro de esta ciudad. Reportes policiacos señalaron que en las primeras horas la identidad de la víctima fue difícil de corroborar debido a que su cara quedó irreconocible por los disparos que recibió.
Otro método que implementó el general Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez, fue el empleo de informantes que habían pertenecido al grupo de pistoleros del cartel de Juárez autodenominados “la Línea”, quienes delataron a varios de sus compañeros y condujeron a soldados hacia depósitos de droga. “Como reacción a la persecución militar y a los aseguramientos, los narcos de Ojinaga asesinaron al soldado Isauro Pérez López y agredieron a la familia del cabo Guillermo Arce García, intentando el secuestro de su hijo sin perpetrarse”. El homicidio del militar sigue impune a la fecha, mientras a los familiares del soldado Isauro, originario de Puebla, ni siquiera le explicaron las causas del deceso.
Los narcos de Ojinaga al verse acorralados, se desplazaron a municipios cercanos como Camargo, Chihuahua, y Aldama desde donde continuaron con la logística del trasiego de droga. La tercera CINE detuvo con drogas y armas al principal jefe de la plaza de Ojinaga, Víctor Samuel Romo Jr. alias “Zamudio”, en compañía de cinco personas más. Fue enviado a prisión donde estuvo varios meses, al salir libre por decisión de un juez federal de la ciudad de Chihuahua, regresó y fue asesinado. Quienes quedaron al frente de la plaza de Ojinaga fueron Benjamín Valeriano Valles apodado “el Cachitas”, detenido en julio del 2012 por la policía federal en una casona de las Lomas de Chapultepec en el DF; y Mario Dionisio Rivera, alias “Marco Renteria”, uno de los operadores del narco en Camargo y la ciudad de Chihuahua.
Choque con el alcalde
La historia de la tercera CINE tomó otro curso a raíz de un altercado entre el alcalde de Ojinaga, César Carrasco Baeza, panista y primo del entonces gobernador de Chihuahua el priista José Reyes Baeza., y el teniente coronel Juárez Ramírez, comandante de la unidad.
El fin de semana del 25 de junio del 2009, el teniente coronel Juárez Ramírez circulaba en su auto particular por las calles de Ojianaga cuando policías municipales intentaron detenerlo, al parecer sin motivo alguno. Luego declararían que el militar conducía a exceso de velocidad. El oficial se negó a frenar, temía por su integridad física por la información que tenía de que todas las corporaciones policiacas estaban al servicio de “la Línea”, por lo que se refugió en el campo de futbol donde soldados de la compañía disputaban un partido y estaban escoltados por sus compañeros. Detrás del teniente coronel llegaron los policías, quienes la bajar de sus vehículos fueron desarmados por los soldados.
No tardó en aparecer el alcalde Carrasco Baeza, quien intervino a favor de sus policías. Se hizo de palabras con el militar, un soldado cortó cartucho al presidente municipal y le dijo que se retirara del lugar. El edil contestó que él no tenía ningún derecho para correrlo ya que era la máxima autoridad del municipio. El soldado dijo que ya lo sabía pero que no le importaba. Volviéndole a decir que se fuera. El alcalde Carrasco Baeza se retiró del lugar con sus policías, antes alcanzó a decir al teniente coronel Juárez Ramírez que ese “atropello” no iba a quedar impune, que se quejaría con su primo, José Reyes Baeza, gobernador del estado. Y que acudirían con el secretario de la Defensa y que él y sus soldados irían a la cárcel.
Tres días después del altercado, el teniente coronel Juárez Ramírez recibió una llamada telefónica del comandante de la XI región militar, el general Marco Antonio González Barreda, quien le ordenó disculparse con Carrasco Baeza. Algo que el jefe militar rechazó.
“Por estos hechos se dio el rompimiento definitivo entre autoridades civiles y militares en Ojianaga, distanciados de por sí por los antecedentes de involucramiento de Carrasco Baeza con el narco”, dice el escrito enviado a la CIDH.
A mediados del mes de julio del 2009 el gobernador Reyes Baeza y su primo, el alcalde de Ojinaga, visitaron en la ciudad de México al secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván, a quien le presentaron una queja por abuso contra el teniente coronel Juárez Ramírez además de acusar a soldados de la tercera CINE de cometer violaciones a los derechos humanos de los pobladores de esta ciudad fronteriza, con su supuesto consentimiento del general Moreño Aviña, comandante de la guarnición.
Un anónimo y a la cárcel
La mañana del 18 de agosto un numeroso grupo de agentes de la Policía Judicial Militar arribó a las instalaciones de la compañía en Ojinaga. Eran 14 ministerios públicos militares, apoyados por 30 soldados del 23 batallón de Chihuahua. Iban al mando del entonces coronel David Enrique Velarde Sigüenza, apoyado por el también coronel Sergio Hernández Cancino, por esos días jefe de la sección de averiguaciones previas de la procuraduría de justicia militar, y el mayor Carlos Alberto Rivera Medeles, jefe de la sección de aprehensiones de la Judicial Militar.
“El motivo era investigar los abusos denunciados por el gobernador Reyes Baeza, en la práctica ejecutar órdenes de aprehensión en contra del mayor número de militares por “haber cuestionado el poder civil”, para esos momentos en el aeropuerto internacional “Roberto Fierro Villalobos” de Chihuahua ya se encontraba un avión de la Fuerza Aérea C-130 de los llamados Hércules, traído ex profeso para trasladar a los detenidos a la presión militar de Mazatlán, Sinaloa”. Fue un despliegue de recursos que utilizó la secretaría de la Defensa Nacional para la “investigación”, captura y traslado a la cárcel de un general, dos jefes, seis oficiales y 22 efectivos de tropa.
Cuando llegó a Ojinaga el coronel Sigüenza nunca dijo a sus compañeros de la guarnición ni a los integrantes de la compañía el “motivo verdadero” de intervenir a toda la unidad en un intento por disimular que fue a petición del gobernador Reyes Baeza. La Judicial Militar fabricó un anónimo fechado el 15 de agosto del 2009, el cual supuestamente fue enviado a la corporación, y que apareció en el expediente un mes después de iniciada la investigación.
Un análisis de inteligencia sobre el anónimo, clave de la acusación, y las “declaraciones” ya escritas firmadas bajo tortura, fueron la base con el que se armó el caso contra la mayoría de los detenidos que poco o nada tenían que ver con la serie de irregularidades registradas en esos meses en el municipio.
Escrito con mayúsculas el anónimo dice:
“…SEÑOR GENERAL PROCURADOR LE MANDO ESTA SUPLICA, PORQUE LOS HABITANTES DE OJINAGA, CHIHUAHUA, VIVIMOS CON MUCHO MIEDO, NO ES POSIBLE, QUE SI EL H. EJERCITO MEXICANO ESTA COMBATIENDO A LOS MALEANTES, HAY UNA PERSONA MILITAR QUE TIENE UNA CAMIONETA QUE PINTO IGUALITA COMO LA DEL EJERCITO; EN ESA CAMIIONETA VAN Y HACEN SUS TROPELIAS EN CONTRA DE LA POBLACIÓN, YA NO SABEMOS A QUIEN ACUDIR, ELLOS MANCHAN AL EJÉRCITO, SIRVEN COMO SICARIOS A LOS MALEANTES DEL BANDO CONTRARIO, ELLOS TIENEN ARMAS ESCONDIDAS CON LOS QUE MATAN A LOS MALEANTES DEL BANDO CONTRARIO, LES SUPLICAMOS QUE NOS AYUDEN, GRACIAS DE PARTE DE LA GENTE HONRADA DE OJINAGA….”.
Según este anónimo, los militares “sirven como sicarios del bando contrario”, ¿Al bando contrario de quién?, se preguntan dos de los acusados.
“Tienen armas escondidas con las que matan a los maleantes del bando contrario”, si se mataba a los maleantes del bando contrario no era precisamente la “gente honrada de Ojinaga” la que tenía mucho miedo, sino los maleantes”.
Según la fiscalía militar el anónimo llegó el 15 de agosto del 2009 y en un tiempo record de 72 horas la Sedena movilizó desde la ciudad de México a Ojinaga a todo su equipo de “investigación”. ¿Podrían haber hecho eso cuando el soldado Isauro Pérez López fue asesinado cobardemente? La respuesta es no, por ese humilde soldado no tenía ni el poder económico, ni político de José Reyes Baeza ni del general Guillermo Galván”, dicen en su escrito.
Cómo se fabricó el “Pelotón de la Muerte”
El 18 de agosto del 2009, todos los militares que integraban la tercera compañía de infantería quedaron privados de su libertad casi un mes, hasta el 13 de septiembre, fecha emblemática para jefes y oficiales del ejército pues es el aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes.
Testigos de la detención ilegal fueron todo los soldados y oficiales quienes, durante el desahogo de pruebas, coincidieron en señalar, que los interrogatorios de la judicial militar fueron hechos con torturas con la finalidad de incriminarse unos con otros, amenazados fueron obligados a firmar documentos donde ya estaban escritas declaraciones las cuales ni siquiera se les permitió leerlas. Ahí quedaron escritas historias de torturas y desapariciones perpetradas por “El Pelotón de la muerte”, título que se inventaron para “venderlo en los medios de comunicación” el mayor Carlos Alberto Rivera Medeles, con el apoyo de los capitanes Héctor Raúl Salgado Urisotegui y Ernesto Román Rodríguez Morales, “trío de personales siniestros al servicio de la Judicial Militar desde hace más de 10 años que se dedican a la fabricación de expedientes según la vieja escuela de esa policía”, señalan en su escrito de queja.
Junto a la fabricación de pruebas, resaltó la actuación del coronel Sergio Hernández Calcino, que con sus 14 ministerios públicos completó la tarea de armar el expediente con supuestas declaraciones atribuidas a más de 50 testigos. Cada hoja con los supuestos testimonios fueron redactadas por los judiciales militares y completadas por los ministerios públicos, “donde abundan frases y aseveraciones estúpidas e incriminatorias como: “fueron todos menos yo”; “interrógalo y de preferencia mátalo”; “a ese pendejo ya lo traigo en la lista”; “si él se lo echó que él lo desaparezca”; “prefiero tener cómplices y no testigos”; “se escuchaban rumores de un famoso pelotón de la muerte que salía a hacer sus desmadres y regresaba”.
Obligados a firmar sin que fueran asistidos por abogados, a los detenidos se les impuso como defensores a los mismos que les fabricaron las pruebas e integraron el expediente.
Todas las declaraciones aparecen que fueron recabadas por el mayor de justicia militar Honorio Álvarez Félix, quien ha sido requerido para que aclare esa situación ante el juez durante más de siete años que lleva el caso, sin que se atienda la petición de comparecencia. La Sedena ha respondido que como ya pasó a retiro “no se le puede localizar”. Algo que resultaría falso ya que, aducen los quejosos, por medio del ISSFAM la dependencia sigue teniendo conocimiento de su paradero.
Los integrantes de la tercera compañía están acusados de torturas y del asesinato de tres civiles, Esau Samaniego Rey, José Heriberto Rojas Lemus y Erik Campos Valenzuela. Parar armar las tres historias, el mayor Rivera Medeles agregó “a las declaraciones de los inculpados” tres recortes de periódicos de Ojinaga donde aparecían las fotografías de Esau, José y Erik, donde se dice que se buscan y la fecha de su desaparición.
En las declaraciones redactadas por Rivera Medeles y su equipo, a Esau le apodan “el Cholo” o “el Azteca”, a José “el Michoacano” y a Erik, “el Campitos”. A partir de las fotos arman el entramado, donde los testigos narran cada quien los mismos hechos en días diferentes, con protagonistas diferentes que no coinciden entre si, de supuestos eventos que llevaron a la muerte de los tres civiles en el año 2008, Un año después narran a detalle los supuestos homicidios.
Del caso de Esau Samaniego Rey: la narración señala que todo ocurrió en junio del 2008 y que su cuerpo fue incinerado, el grupo de la judicial militar acudió al lugar en el desierto en donde recogieron los supuestos restos de Esau, el resultado del peritaje a cargo de dos forenses resultó que los restos corresponden a “uno o más animales mamíferos de mediano a gran tamaño”. Pese a ello los peritos concluyeron que Samaniego fue detenido por militares y privado de la vida.
Respecto al caso de José Heriberto Rojas Lemus, los testigos no coinciden ni en la fecha ni los protagonistas, inculpan a gente que estuvo en sitios diferentes al que señalan donde supuestamente se llevó a cabo la tortura y muerte. “Después de que el agente del ministerio público militar presentó los cargos por homicidio de Rojas Lemus, la Defensa Nacional paralelamente al auto de formal prisión a los inculpados, realizó un procedimiento administrativo, mientras el proceso insistió en que se privó de la vida al civil, en el resultado del procedimiento administrativo número 424/2010/CNDH/QM concluyó que Rojas Lemus no fue detenido por personal militar, algo completamente incongruente”. Los judiciales militares fueron a un sitio despoblado, donde recogieron los supuestos restos de Rojas Lemus, del peritaje se desprendió que “dado las condiciones de conservación en que se encuentran los indicios, específicamente de carbonización parcial o total, opinamos que es muy poco probable que se puedan realizar estudios de identificación genética en dichos huesos y fragmentos óseos”. Sin embargo la conclusión fue que integrantes de la 3ª Compañía detuvieron y torturaron y debido a ello Rojas Lemus murió, todo basado en testigos obligados a declarar.
El caso de Erik Campos Valenzuela, su esposa presentó una denuncia ante la CNDH donde señaló que el 6 de agosto del 2008, estaban en su domicilio en Ojinaga cuando llegaron militares y se lo llevaron y desde ese día no se ha vuelto a saber de él. Para atender su queja visitadores de la CNDH fueron a Ojinaga para entrevistarlo y ratificar la denuncia, la señora se desistió, no acudió y la comisión cerró el caso. En las declaraciones que les dieron a firmar, el relato señala que Campos Valenzuela fue detenido el 5 de agosto de 2008, cuando iba a bordo de un auto sobre la carreta que conduce al poblado de Manuel Benavides, Chihuahua. “¿Qué relación tiene el que supuestamente detuvo el ejército en su casa el 6 de agosto, con el detenido el día 5 sobre una carretera en su vehículo particular? En ambos casos se dice que era Erik Campos Valenzuela”, dicen en su queja.
Los militares procesados solicitaron a la PGR y a la fiscalía del estado de Chihuahua información respecto a denuncias por la supuesta detención y desaparición de esta personas, a lo que respondieron que no existen expedientes al respecto al menos hasta julio del 2011. En el caso de los supuestos restos, los peritajes concluyeron que “es poco probable que se puedan realizar estudios genéticos”. Por ello los acusados solicitaron se le realizaran los estudios de ADN, pero el juez décimo de distrito que lleva el caso en el ámbito federal, a donde fue enviado después de una resolución de la Corte de septiembre del 2012, negó la solicitud y pese a que desde esa fecha el caso salió del ámbito militar, la procuraduría castrense sigue resguardando los “restos óseos”.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
