Visitanos tambien en:

jueves, 1 de octubre de 2015

"VIOLENCIA e INSEGURIDAD" CUESTAN casi 227 MIL MILLONES de PESOS en MEXICO....mas lo que cuesta "combatirla"


El costo de la inseguridad y la violencia durante 2014 fue de 226.7 mil millones de pesos, cifra 6.3 por ciento mayor en comparación con 2013, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (Envipe) 2015.
Los resultados del estudio fueron presentados ayer, durante una conferencia, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por parte de Adrián Franco, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del organismo.
El estudio detalla que la Envipe 2014, con cifras correspondientes a 2013, arrojó como un costo de la inseguridad y la violencia la cantidad de al menos 213.1 mil millones de pesos.
La encuesta arrojó que durante el año pasado se cometieron 33.7 millones de delitos que afectaron directamente a 22.8 millones de personas.
Estas cifras representan un ligero incremento en comparación con el estudio anterior, cuando hubo 33.1 millones de delitos con un total de 22.5 millones de víctimas.
La encuesta consistió en la aplicación de 95 mil 651 cuestionarios directamente en domicilios, entre el 2 de marzo y el 24 de abril del presente año, en todo el país, a mayores de 18 años.
​“A partir de la Envipe se estiman 33.7 millones de delitos ocurridos durante 2014, asociados a 22.8 millones de víctimas, esto nos da una tasa de 1.5 delitos por víctima, que es una tasa igual a la estimada durante 2013.
“Respecto de los tipos de delito, sigue siendo el robo o asalto en la calle y en el transporte público el principal delito, aunque este delito tuvo una reducción en 2104 de 12 mil 244 por cada 100 mil a 11 mil 903 por cada 100 mil habitantes, es una reducción importante”, explicó Franco.
Entre otros resultados se destacó que el costo de la inseguridad en el país durante 2014, que incluye las afectaciones y pérdidas por actos delictivos, así como la inversión que se realiza en cuestiones de seguridad, fue de 226.7 mil millones de pesos.
“Esto es 1.27 del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivale a cinco mil 861 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Estos 226.7 mil millones de pesos se distribuyen 68% en pérdidas económicas a consecuencia del delito, 28% como gasto en medidas preventivas, lo que las personas gastan para protegerse del delito en su hogar o en la persona y 3.6 por ciento que es un gasto en consecuencia en la salud”, detalló Franco.
La Envipe 2015 estableció que en materia de delitos el robo en la calle o en el transporte público sigue siendo el que más afecta a la población, con 28.6% de los casos.
Extorsión recurrente
El segundo delitos más recurrente es la extorsión con 23.6% de los ocurridos el año pasado, pero se destacó que el pago de lo exigido a las víctimas bajó de 6.4 a 5.4% en el total de casos. El robo total o parcial de un vehículo ocupó el 11.7% de los casos, seguido del fraude con 10.2% y las amenazas con el 9.9%.
Franco explicó que de acuerdo con los resultados de la Envipe 2015 la cifra negra, la cantidad de delitos que no se denunciaron o por los que no se inició una averiguación previa, fue de 92.8% de los casos ocurridos.
El argumento de pérdida de tiempo ocupó 32.2% de los motivos que llevaron a una víctima a no presentar una denuncia, mientras que la desconfianza a las autoridades representó 16.8%.
Otro de los datos que la encuesta arrojó fue que por primera ocasión, en los cinco años que se viene realizando el estudio, se modificaron los conceptos que la población tiene hacia las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina-Armada de México (Semar).
El nivel de confianza de la población hacia la Semar pasó de 84.4% de los encuestados a 81.6; mientras que la Sedena pasó de 80.7% de aprobación a 77.6%.
En materia de hábitos de la población 67.9% de los encuestados dijo que en sus casas no se permite salir a la calle a menores de edad, y 64.8% dejó de usar joyas.
Calculan el costo de la corrupción en 62 mmdd
El creciente costo de la corrupción y la impunidad en México puede tener una etiqueta de 62.4 mil millones de dólares anuales, afirman especialistas.
Para la investigadora María Amparo Casar, la cifra señalada es más un promedio que un cálculo exacto.
Las estimaciones sobre el impacto de la corrupción oscilan entre 2 y 10% del Producto Interno Bruto, estimado en 2014 en alrededor de 1.3 millones de millones de dólares (unos 20 millones de millones de pesos al cambio actual).
“La media sería el cinco por ciento, es decir, 65 mil millones de dólares”, dijo Casar durante una conversación.
Esa cifra es mayor que el Producto Interno Bruto (PIB) de cualquier país centroamericano, Cuba o República Dominicana.
Y al margen de la etiqueta monetaria directa, están los costos en imagen, negocios y pérdidas por esas razones, subrayó Federico Reyes Heroles, presidente de la organización Transparencia Mexicana (capítulo del grupo Transparencia Internacional).
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), eso se traduce en 480 mil empleos menos al año o en que seis mil millones de pesos en impuestos dejan de llegar al fisco nacional, según el Centro de Investigaciones para el Desarrollo A.C. (CIDAC).
En términos sociales, estimaciones de Transparencia Mexicana afirman que los “pagos extraoficiales” pueden ir del 14 al 33% anual de los hogares mexicanos.
Un ejemplo mínimo, indica Reyes Heroles, una propina de 20 pesos semanales a un recolector de basura puede ser pequeña para una familia acomodada pero un costo real para dependientes del salario mínimo.
De acuerdo con el Institute for Economics and Peace, citado por Casar, hay además una correlación positiva entre la corrupción y los niveles de violencia.
El impacto parece no distinguir el costo de la corruptela asociada con el contrabando, la piratería o el narco.
Hay otros costos, precisó Casar. Por ejemplo, las encuestas marcan un sentimiento de insatisfacción con la democracia.
fuente.-

'CINCO MESES antes "SUPIERON que se " FUGARIA el CHAPO"...tenian "ALTA SEGURIDAD" de que lo haría.


Para los investigadores de la PGR, la pieza clave para la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán fue Celina Oseguera Parra, hasta hace unas semanas coordinadora general de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social de Gobernación, ya detenida.
Con un larguísimo currículum en el sistema penitenciario mexicano, conoció personalmente al líder del Cártel de Sinaloa cuando ambos coincidieron en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Él interno, ella directora.
Luego ella fue mandamás en las prisiones de máxima seguridad de Almoloya y Matamoros, y en 2001, cuando escaló a directora general de Prevención y Readaptación Social de Seguridad Pública Federal, El Chapo se pudo escapar por vez primera.
Luego bajó de nivel y se encargó sólo de las cárceles del DF. A los cuatro meses de que Guzmán Loera fue recapturado, Celina Oseguera regresó a las grandes ligas, otra vez a coordinar todos los penales de máxima seguridad. Un año después se fugó El Chapo por segunda ocasión.
La PGR sospecha que Oseguera aprovechó ese año para colocar en las posiciones estratégicas de Almoloya a gente de su confianza que, llegado el momento, le dieran al ChapoGuzmán lo único que necesitaba: tiempo.
De acuerdo con la averiguación previa, a la que he tenido acceso, el denominador común en el comportamiento de todos los encargados de mantener a El Chapo tras las rejas es que se tomaron las cosas con calma.
El que en ese momento era director general del Altiplano, por ejemplo, Valentín Cárdenas Lerma, también detenido, hace 15 años trabaja a la vera de Celina Oseguera. Desde febrero recibió reportes de que Joaquín Guzmán Loera planeaba una fuga. Según los peritajes a los sistemas de seguridad del penal a su cargo y los testimonios recogidos en la indagatoria, no redobló los blindajes a pesar de que sabía de las deficiencias:
Desde 2012 no sirve el sistema geofónico, que detecta intrusión subterránea. La noche de la fuga no funcionaban los sistemas electrónicos de seguridad de áreas perimetrales. Los sensores de escalamiento de malla Intellifiber, de microondas Intelliwave, los volumétricos de cable enterrado Perimetrax, los de movimiento con traza de trayectoria Dream Box y los de presencia de ductos y azoteas Piramid estaban instalados, pero desconectados del sistema central Starnet 1000. El brazalete de monitoreo del Chapo no servía. Y encima, al momento de la fuga, Valentín Cárdenas estaba ausente sin permiso.
El expediente deja el aroma de que para ser casualidades son muchas.
Una cadena de mando, que involucra a una veintena de funcionarios públicos, la mayoría de ellos detenidos, se aletargó —la sospecha es que intencionalmente— ante la fuga. La primera alerta se dio 18 minutos después del escape. Justo el tiempo que se estima empleó El Chapo para recorrer el túnel. Y aunque hubo llamadas y conversaciones entre celadores y jefes, el Código Rojo se activó dos horas y media más tarde.
Tiempo era lo único que necesitaba. Tiempo le dieron. ¿Por qué? Eso no está aún en la averiguación previa.
Continuará…
Fuente.-

"OJO CIUDADANO", "DENUNCIANDO pero también RECONOCIENDO a las FUERZAS ARMADAS"...las "instituciones" NO FALLAN,castigo a los que se "equivoquen".

Permítame presentarme colegas, soy periodista independiente desde hace décadas, por ello soy observador, crítico, conciente de los problemas del país, y veía como todo periodista la actuación del ejército con análisis, con dudas, con preocupación de las causas y consecuencias de su participación en tareas policiales.
Estuve en el homenaje cívico en Durango a las familias de los soldados que murieron en manos de grupos armados del crimen organizado. Me impactó profundamente.
Pensé que la opinión pública informada estaba en una de dos posturas: en posición adversa crítica al Ejército, que los señalaban como violadores de derechos humanos; o de acuerdo con su presencia en las poblaciones que han tenido violencia provocada por delincuentes y los soldados han dado orden y seguridad.
La embestida de Human Right Watch y otros órganos internacionales contra el Ejército y la Marina de México me hizo pensar que la sociedad mexicana tiene derecho a la verdad y debemos vigilar con objetividad lo que hacen las fuerzas armadas y evitar la superficialidad, la ingenuidad y el prejuicio.
Me reuní con dirigentes de organismos sociales del norte del país y les propuse crear un organismo de vigilancia social de lo que hacen las fuerzas armadas.
La participación de extranjeros a lo que han hecho las autoridades en relación a los crímenes recientes de Guerrero me interesó mucho y le propuse al Lic. José Antonio Ortega, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C que hiciera un estudio a fondo sobre lo que están diciendo esos expertos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La idea se plasmó en este nuevo instrumento de la sociedad civil:

Ojo Ciudadano de las Fuerzas Armadas por la Vinculación y vigilancia de la Ciudadanía a las Fuerzas Armadas

Ojo ciudadano tiene ventajas para la sociedad:
  1. Captar de parte de los ciudadanos los hechos negativos y positivos en relación con soldados y marinos
  2. Ser instancia para quejas y también para reconocimientos
  3. Exigencia social para que respeten los derechos humanos
  4. Contribuir a la seguridad jurídica de los soldados y marinos
  5. Apoyar lo que se haga para la seguridad humana de las comunidades
Rafael Herrera Piedra



Periodista independiente

"MILITARES RESULTAN ser DEFENSORES de un PAIS "ENSANGRENTADO por ELLOS MISMOS",afirma especialista.


17:47 Blanca: Voy a seguir comiendo, te mando mensaje cuando esté llegando
17:48 Jethro: Ok te espero.
18:46 Blanca: Ya estoy llegando. ¿On tas?
18:48 Jethro: Me acaba de detener la militar.
18:49 Blanca: ¿En dónde?
19:00 Blanca: Contestaaa
19:08 Blanca: Jethro ya me asustaste
Aquella fue la última conversación que mantuvo Jethro Ramsés Sánchez Santana con algún conocido, desapareció, dos meses después su cuerpo fue encontrado casi irreconocible, debido a la extrema tortura, estaba enterrado en un terreno baldío.
Las violaciones a los Derechos Humanos en México se han incrementado con la salida a las calles de las fuerzas armadas, quienes bajo la ‘excusa’ de realizar labores de seguridad pública los provocan en forma sistemática a lo largo y ancho del territorio nacional, lo anterior demostrado por organizaciones no gubernamentales y Juan Mendez, Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
“Poco o nada entendible es el hecho que una sociedad con más de 100 mil muertos y poco más de 30 mil desaparecidos, agradezcan a sus fuerzas armadas ‘abatir’ a un civil (delincuente o no), cuando de facto este solamente debe ser detenido, los hechos se sostienen por si solos, refiriéndonos puntualmente a las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en México miles de familias culparán primero al Ejército y Marina, que a los delincuentes, porque quienes mueren son civiles inocentes que han sido convertidos en falsos positivos, que demuestran que en México la muerte es gratuita”, comenta a este medio, la socióloga y especialista en militarismo de América Latina, Erica James.
La también investigadora social habla de un problema que ha sido provocado no por la estrategia de seguridad pública basada en la militarización, sino por la estrategia de empoderamiento de las fuerzas armadas, que valiéndose de ello han intimidado y aterrorizado a quien busque revelarse ante un régimen despótico y antidemocrático, usando muchas veces a civiles que posiblemente no estén relacionados con activismos sociales, pero funcionan como emblemas de la opresión a la que cualquiera puede estar sometido.
“El uso letal de la fuerza cada día es más brutal y frecuente; la negligencia es el papel principal de todas las autoridades encargadas de esclarecer una ejecución extrajudicial, porque lejos de dar justicia a las víctimas, bloquean cualquier acceso a ésta y jamás se sanciona a los responsables, por el contrario buscan e investigan ampliamente a los familiares y los amenazan y hostigan física y psicológicamente ya sea para que no denuncien o desistan de su denuncia.
Hoy cientos de familias han desafiado el miedo y la muerte y han salido a los campos baldíos, a las montañas, desiertos y bosques a excavar en busca de sus muertos, no van y los buscan en los contenedores de desechos, o en la superficie, porque esas muertes fueron del narco, en las entrañas de la tierra, donde hubiera podido ser un buen ‘escondite’, ahí habitan las ejecuciones extrajudiciales del gobierno, perpetradas por soldados y marinos, una realidad cruenta, aún para muchos defensores de unas fuerzas armadas idealizadas burdamente”, afirma James.
Daniel Ramos Alfaro, de 21 años de edad, se desempeñaba como capacitador del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el estado de Michoacán, por lo que desde hace cuatro años acudía a comunidades rurales para impartir educación básica. Durante los primeros dos años, se desempeñó como instructor con el propósito de obtener una beca para estudiar pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, después de transcurrir el tiempo necesario para la obtención de la beca (dos años), decidió continuar en el programa de forma voluntaria, siendo promovido a capacitador de nuevos instructores por su destacada labor como instructor.
Con motivo de sus labores como capacitador rural, el lunes 30 de septiembre de 2013, Daniel Ramos llegó a la comunidad de Betania -perteneciente al municipio de Uruapan, Michoacán- donde permaneció hasta el día 2 de octubre de ese año.
Irene Alcauter Saucedo (Instructora de CONAFE y última persona en tener contacto con Ramos), aseguró que el 2 de octubre alrededor de las 16 horas, el joven salió con destino al poblado de Nuevo San Martín, lugar en el que continuaría con sus actividades de capacitación, sitio al que nunca llegó.
Pero fue hasta el 5 de octubre que los habitantes de la comunidad informaron que no hubo comunicación con Ramos, para después darse a la tarea de búsqueda, fue en el camino que tomó para llegar a San Martín, aproximadamente cinco kilómetros adelante del poblado de Betania, fueron encontradas las pertenencias del joven y desde entonces no se tiene conocimiento alguno de su paradero.
A lo largo del proceso se dio a conocer que el joven mantuvo conversaciones con elementos del ejército quienes le exigían les entregara un permiso para ocupar las instalaciones de la escuela donde él daba clases. A esto se sumó los testimonios por parte de pobladores de Betania en los cuales señalaban que el joven  había sido levantado por elementos del Ejército, lo cual fue reafirmado por una trabajadora de CONAFE quien aseguró que “una cuadrilla de soldados se había llevado al joven”.
“Michoacán es sin duda uno de los peores lugares para vivir del planeta. Los civiles desaparecidos o asesinados extrajudicialmente responden al calificativo de narcotraficantes cuando es imposible ocultarlos, pero en cualquier caso las fuerzas armadas resultan ser los defensores de un país ensangrentado por ellos mismos. El combate al narcotráfico ha sido una vil pantomima, detenciones arbitrarias, levantones, asesinatos extrajudiciales, no solucionan nada, se sabe, porque muere un narco y 20 más surgen ese mismo día, el día que un gobierno toque las cuentas bancarias, el dinero con el que financia todos los negocios delictivos los cárteles, sabremos que sí hay un combate, y no una guerra contra los civiles ejecutados selectivamente”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO Alfonso Bareyra, especialista en historia militar y miembro de la organización Memoria Abierta, filial Argentina.
El especialista afirma que Michoacán es uno de los estados representativos del mal gobierno y de la animadversión de las fuerzas armadas en contra del pueblo. “En el sexenio pasado y este cada día en aumento se comprueba el abandono completo de los principios democráticos mediante la militarización de la sociedad, el rol otorgado a las Fuerzas Armadas y la creación de operativos cuyo fin es violar derechos humanos, son demostraciones de ese fin.
Hay que entender que no se trata de un combate en pro de un país, sino se comprueba el propósito de un gobierno autoritario que ha recurrido a este tipo de estrategias para solidificar su poder, uno que nació en el entredicho y crece fraudulento. Michoacán, pero también Guerrero, ambas ciudades usadas como carne de cañón, ahí la vida es tan peligrosa como mala que es más probable morir extrajudicialmente que en cama y en paz, lo que puede distinguir a Medio Oriente de México es que allá los conflictos bélicos son abiertos, nadie tiene caretas, aquí gobierno y fuerzas armadas engañan a unos, mientras se burlan de otros y ejecutan o desaparecen a los demás”.

EL "EX-ALCALDE de IGUALA REUNIA a "LIDER CRIMINAL" en su "OFICINA"... "casi" la regla en "TAMAULIPAS" y debería ser la excepción.


Unos días antes del ataque contra normalistas, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, recibió en su oficina del ayuntamiento a Gildardo López Astudillo, El Gil o Cabo Gil, para cerrar acuerdos criminales con la organización Guerreros Unidos.

En su declaración ministerial, el líder máximo de Guerreros Unidos (GU), Sidronio Casarrubias, afirmó que El Gil era el “encargado de realizar acuerdos con presidentes municipales”, entre ellos Abarca Velázquez.

En la versión pública de la PGR sobre los hechos de Iguala de septiembre del año pasado, un integrante de Guerreros Unidos cuyo nombre fue omitido afirmó que “sin recordar la fecha exacta, pero a principios de septiembre del 2014, me dijo que nos viéramos afuera del ayuntamiento de Iguala, a las 10 de la mañana, por lo que me trasladé al lugar y entramos a la oficina del presidente municipal, José Luis Abarca. Quiero aclarar que no era la primera ocasión que El Gil visitaba a José Luis Abarca, sin recordar fechas exactas ni cuántas ocasiones, ni me platicaban cuáles eran los temas que trataban”.

La PGR no ha podido vincular a Abarca con la desaparición de los 43 normalistas, y su consignación ha sido hasta ahora por el asesinato de Justino Carvajal Salgado, militante del PRD, ocurrido en el 2013, un año antes del ataque a los normalistas .

Sidronio Casarrubias, quien ofreció acompañar a la autoridad para esclarecer los hechos de Iguala, afirmó que antes de ser detenido, se “movía” en municipios donde había acuerdo de Guerreros Unidos con autoridades municipales, principalmente directores de Seguridad Pública.

“Si estuviera aquí a la vista reconocería directamente a José Luis Abarca y a su primo, Felipe Flores Vázquez (prófugo), arreglo que se concretó con base en la señora María de los Ángeles Pineda Villa (quien) sostiene la organización. El dinero lo bajan a través de (...) quien también es jefe de sicarios en Iguala, en el Estado de México y en Ixtapan de la Sal.

Agregó que el apoyo que les dan las policías municipales a los Guerreros Unidos “consiste en facilitarnos la seguridad, toda vez que el armamento de esa policía lo aportó la organización (GU), por lo que ese municipio lo usamos de paso, por ser un cruce obligado de Toluca, Estado de México, ya que del otro lado de Morelos es contrario a los Guerreros”.

Más adelante en su declaración, Casarrubias Salgado afirmó que el ya detenido Francisco Salgado Valladares, tercero al mando de la policía de Iguala, estaba al mismo nivel jerárquico que El Gil dentro de Guerreros Unidos.

“Toda la policía la tenía bajo las ordenes de la organización, siendo el líder que menciono, José Luis Abarca Velázquez, de quien sé que la persona que tiene el dinero es su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien a toda costa quería ser la nueva presidenta municipal de Iguala; su capital lo hizo de sus hermanos, así también sé que es la actual amante del gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y quien también fue financiado por estas personas”.

Uno de los policías de Iguala detenido declaró ante el Ministerio Público que el prófugo Felipe Flores “se dedicaba al tráfico de drogas, secuestro y homicidios”. Afirmó que cuando un oficial detenía a alguien de Guerreros Unidos, Felipe Flores llevaba a los policías a un taller mecánico donde los “tableaba” (golpeaba con tablas de madera).

Antes de fugarse de la autoridad, Felipe Flores hizo una breve declaración ministerial donde se dijo ajeno a los hechos ocurridos en Iguala bajo su jurisdicción de seguridad. Añadió que no sabía de lo ocurrido, dado que sus elementos habían sido detenidos.

En más, sobre las redes de complicidad de GU con autoridades municipales, el sicario Patricio Reyes Landa afirmó en su declaración que el ex alcalde de Cocula, el priísta César Miguel Peñaloza Santana, también formaba parte de la organización. “Varias veces El Cepillo (el sicario Felipe Rodríguez) me mandó con el presidente de Cocula”. Aseguró que Peñaloza “nos daba licencias con diferentes nombres”. Actualmente, César Miguel Peñaloza se encuentra libre, pues la PGR asegura que no tiene pruebas en su contra.

Ofrecieron millones a federales

Al ser detenida junto con su esposo, José Luis Abarca, el 4 de noviembre del 2014 en Iztapalapa, María de los Ángeles Pineda Villa ofreció a la Policía Federal medio millón de pesos y un automóvil de lujo a cambio de no ser detenidos.

Pineda Villa, quien se cubría la cabeza ante con una mascada color verde, “nos dijo que nos daba medio millón de pesos a cambio de que les permitiéramos retirarse del lugar y que no volveríamos a verlos, a lo que respondimos que su ofrecimiento constituía un delito (...) insistiendo que con ellos no había problema, que tenían el dinero suficiente, que incluso nos daban un vehículo Mercedes Benz, que lo tienen guardado en un corralón, sacando en esos momentos del interior de una bolsa de mano color café un fajo de billetes que ahora sabemos suma 23,790 pesos”.

Pineda Villa llevaba además consigo algunas tarjetas con siete números telefónicos; unas gafas marca Prada y un paraguas de la marca GAP.

Aunque se reservó su derecho a declarar, el ex perredista José Luis Abarca dijo que si bien lo relacionaban con Guerreros Unidos, “yo no tengo nada que ver, me están involucrando, pero yo no tengo nada que ver, no conozco a nadie y no deseo manifestar nada más”.

Fuente.-

"DELINCUENCIA ORGANIZADA es HIJA de la CORRUPCION POLITICA en MEXICO",afirma BUSCAGLIA.


México carece de una política de Estado para atender las decenas de miles de casos de desaparición forzada que hay en el país y para los que no hay legislación que proteja a víctimas ni a los potenciales testigos de los crímenes.
Así, planteó ayer en un foro el investigador Edgardo Buscaglia, en el país está prácticamente cancelada la posibilidad de que la información sobre los perpetradores fluya hacia las investigaciones y, con ella, se pueda establecer el paradero de las víctimas.
Buscaglia participó ayer vía skype en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, en el que insistió en que la Ley que se genere –en discusión en el Senado de la República– debe contar con programas integrales de protección a víctimas y a testigos; esto, dijo varias veces, para que puedan avanzar las indagatorias ahora detenidas por “el terror” que viven potenciales testigos.
Otro problema para la solución de los casos, agregó el experto en marco legal para el combate al crimen organizado, es el fuero constitucional del que gozan legisladores, Gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que, dijo Buscaglia, funciona como el sistema de protección política vigente durante la Colonia.
“Tenemos que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política, y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.
“Una de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”, agregó.
En su participación, Buscaglia también insistió en que las familias se organicen para tratar de llevar los casos ante la Corte Penal Internacional, en lugar de la Corte Interamericana, debido, dijo el académico, a que esta segunda instancia carece “de dientes” y no puede ni girar órdenes de detención contra probables responsables.
Las recomendaciones, sin embargo, fueron desairadas por cuatro servidores públicos que llegaron a la inauguración del foro realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y que, sin embargo, se fueron justo antes de que iniciara la ponencia de Buscaglia –conocido crítico de los “vacíos” del Estado mexicano ante el crimen organizado.
–¡Ya se fueron! –exclamaron desde su silla en el salón en el que se realizaba el foro algunas madres de víctimas mientras Buscaglia, a través de la pantalla, criticaba que los legisladores mexicanos dieran discursos en lugar de “llenar los vacíos legales”.
Se referían a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Sergio Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación; Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la misma Segob; y Jorge Aguilar Montaño, director general de Promoción de Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Desgraciadamente llegaron aquí la fauna de políticos, y en cuanto usted empezó a hablar, salieron volando, para no oír. Inmediatamente salieron y sólo llegaron para que nosotras pudiéramos escuchar su discurso, ya sabe”, dijo al micrófono Julia Alonso, integrante de la organización de familias de víctimas Ciencias Forenses, que busca generar un banco de datos sobre casos.
“Saben que les íbamos a decir todo lo que tienen que hacer”, dijo Teresa Vera, hermana de Minerva Vera –desaparecida en Oaxaca en 2006–, entrevistada por este medio al final de la ponencia. “Pero nosotros solicitamos que esté la autoridad presente, para que escuchen nuestras necesidades”, agregó la también integrante de la Plataforma de Víctimas de Desaparecidos de México.
La única funcionaria que regresó al término de la ponencia de Buscaglia, y para presentar sus datos, fue Peláez, que dijo haberse ausentado para atender “precisamente un caso”. En su exposición, la funcionaria planteó que –de los más de 26 mil casos de desaparición que, se estima, existen en el país– la dependencia a su cargo “acompaña” actualmente mil 348; es decir, un 5.1 por ciento.
“JUSTICIA INEXISTENTE”
Los servidores públicos tampoco escucharon las quejas de familiares que, a lo largo del foro, expusieron la total impunidad en la que se encuentran los casos y los diferentes obstáculos que enfrentan en las agencias del ministerio público.
Tita Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, participó como ponente y planteó que la inoperancia de las instituciones del país es tal que, a cinco años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenciara al Estado mexicano por la desaparición, en los años 70, de su padre Rosendo Radilla, la investigación sigue sin avances.
“Este caso ilustra claramente cómo se ha negado a las víctimas de la desaparición forzada el acceso a la justicia; asimismo, ha servido para demostrar que en nuestro país la justicia es inexistente, permitiéndonos tener acceso a los tribunales internacionales, porque pues aquí no están haciendo nada”, dijo Radilla.
“Pero, como decía el ponente, no tiene dientes la Comisión Interamericana, porque a cinco años de emitida la sentencia, no hay ninguna pista no hay nada en cuanto a la investigación”, agregó.
La impunidad e incluso la obstaculización de las indagatorias por parte de las autoridades, sobre todo la exigencia de esperar 72 horas para que inicien los trabajos de búsqueda, fueron los temas comunes planteados tanto por investigadores como por víctimas.
“Yo quiero denunciar a Juan Antonio Ferrer, director del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Capea), y a su equipo, porque quieren hacer el trabajo de coordinar la atención desde el escritorio”, dijo una madre de familia cuya hija se perdió en agosto en esta capital y que, por temor a represalias, pidió no revelar su identidad.
En el mes y medio que lleva buscando a su hija, agregó, ha sido ella quien ha tenido que recorrer el lugar de los hechos, rogado por pesquisas y oficios para poder revisar, ella, los videos de las cámaras de Seguridad Pública en la zona donde ocurrió el extravío. Videos que, por lo demás, explicó, eran inservibles y carecían de nitidez para poder hacer identificaciones.
“Se da uno cuenta de la falta de sensibilidad y capacidad téncica para investigar, la falta de voluntad, de diligencias, y de que, pese a que existen varias instancias en el Gobierno federal con funciones parecidas, no se coordinan”, dijo la madre de familia en entrevista con este medio.
Fuente.-

LOS "MEDIOS de CONFUSION"...la "TRANZA ,el NEGOCIO con los POLITICOS"...cuando les habla el dinero...se callan.


Es bien sabido que en México la transición a la democracia fracasó en el 2000 cuando por primera vez en su historia el PRI perdió el poder presidencial a manos del empresario Vicente Fox quien, en lugar de crear las condiciones para un ajuste de cuentas políticas, sociales, judiciales y de derechos humanos, pactó con los poderes fácticos, entre ellos las televisoras.
Este tema viene a colación por el reciente caso del conductor estrella de Televisa, Joaquín López-Dóriga, acusado de extorsión por la empresaria más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, y exhibido en su negocio de venta de espacios en sus programas de radio y televisión a figuras políticas y funcionarios, como lo reveló el excelente reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso de esta semana, titulado “Los negocios de López Dóriga. Cuando el micrófono tiene precio”.
López-Dóriga no es el único que ha hecho un gran negocio personal con el uso del espacio noticioso en diversos medios. No hace mucho en las redes sociales circularon copias escaneadas de contratos a nombre de la empresa Comunícalo SA de CV, presuntamente de Ricardo Alemán, por 2 millones 250 mil pesos y el gobierno del priista Eruviel Ávila. El pago era para aparecer en el programa del periodista titulado “La Báscula”, que se emitía en TV Mexiquense y que el columnista conducía en ese entonces hasta que le dieron un espacio en Televisa.
Hubo otra información parecida que causó polémica, se trataba de la lista de pago a varios conductores de noticias en 2012 y 2013 por parte del gobierno mexiquense para que hablaran bien de Enrique Peña Nieto. En dicha lista aparecía Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, Óscar Mario Beteta, Ricardo Rocha, Eduardo Ruiz Healy, Jorge Fernández, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha y Paola Rojas. Fue difundida en las redes con una riada de críticas a la ética y moral de cada uno de estos personajes de los medios de comunicación.
A pesar de que esta información fue desmentida y desdeñada por cada uno de los aludidos, en las redes sociales quedaron estigmatizados como parte de la prensa oficiosa que se ha enriquecido usufructuando sus espacios noticiosos o de análisis en diversas empresas privadas de comunicación que, a su vez, han sido beneficiadas por el gobierno federal a través contratos de publicidad o concesiones de espacios en el espectro público.
En el fondo de esta práctica lo que encontramos es que la mayor parte de las empresas de medios se han convertido en verdaderos poderes fácticos que actúan con toda impunidad en el marco de un gobierno acostumbrado a los pactos y alianzas con grupos de interés y de presión para mantener ciertos privilegios y ganancias particulares.
Las grandes empresas de los medios de comunicación nunca entraron en el proceso de transición a la democracia sino al revés, impidieron y obstaculizaron la apertura social y dejaron que algunos de sus “conductores estrella” hicieran sus propios negocios con distintos personajes del poder político, dando paso a una etapa negra del periodismo mexicano. Al final ambos se han beneficiado del negocio político creado detrás de los micrófonos.
Fuente.-
Twitter: @GilOlmos

Otra de la SHCP,ahora para "COMPRAR o VENDER " un "DOLAR" NCESITARAS IDENTIFICACION....a partir de ENERO.



Desde el próximo 1 de enero, a la hora de comprar y vender dólares, todos los usuarios de los centros cambiarios deberán mostrar una identificación oficial.

La identificación ya se pedía para cantidades arriba de 500 dólares, pero ahora será para cualquier monto. 

La decisión se da porque ahora los centros cambiarios podrán usar el sistema bancario para pagar sus impuestos y, para esto, Hacienda les pide imponer más controles a las operaciones de los usuarios. 

Este martes, el SAT publicó varias modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016, incluyendo una opción para que Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple puedan pagar sus contribuciones a través de cuentas bancarias de sus representantes legales.

Germán Castro, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD), dijo que esto representa la coronación de los esfuerzos realizados desde hace 18 años por este tipo de empresas para tener acceso a los servicios de los bancos.

Éstos típicamente les han puesto trabas, dijo, por considerarlas fuentes de riesgo.

Castro indicó que identificar las operaciones realizadas por los usuarios servirá para llevar un registro de las mismas en sus sistemas, que alertarán de posibles maniobras de lavado cuando se rebasen ciertos umbrales de frecuencia y monto de las transacciones. 
Fuente.-