La imagen no retrata una “incidencia” ni un simple episodio de delincuencia organizada: retrata un atentado. Un coche cargado de explosivos frente a una comandancia, fuego, vehículos calcinados, patrullas destruidas, viviendas alcanzadas y civiles heridos. En Ojocaliente, Zacatecas, el saldo preliminar es de seis civiles y una policía lesionados, además de daños en dos patrullas, 11 vehículos particulares y edificios cercanos.
México insiste en que aquí no hay terrorismo. Claro: sólo hay coches bomba frente a comandancias, familias corriendo entre las llamas, policías bajo ataque, negocios y casas destrozadas por la onda expansiva, y ciudadanos convertidos en daño colateral de una guerra que oficialmente no existe.
La fotografía de Ojocaliente no parece tomada en un país que presume “pacificación”; parece una postal de esos lugares que el mundo llama zonas de conflicto: un vehículo convertido en artefacto explosivo, una sede policial como objetivo, fuego iluminando la noche y civiles pagando la factura.
La diferencia, nos dirán desde el púlpito burocrático mañanero, es semántica: allá lo llaman terrorismo; aquí, delincuencia organizada. Como si el nombre que se le pone a la explosión pudiera apagarla.
Porque sí: el componente mexicano tiene nombre y negocio. No es una célula religiosa ni una guerrilla con manifiesto; es el narco, esa empresa criminal que trafica drogas, recluta sicarios, controla territorios, cobra derecho de piso y ahora también usa explosivos para disciplinar al Estado y aterrorizar a la población.
Pero cuando una organización usa violencia espectacular contra instituciones públicas y siembra miedo colectivo para imponer su poder, la discusión deja de ser lingüística. El terror está ahí, aunque el gobierno se tape los oídos con sus propias consignas.
Y el contraste es obsceno. Apenas se celebra que Zacatecas habría reducido drásticamente sus homicidios y que la entidad transita hacia una supuesta paz duradera, estalla un coche bomba frente a una comandancia municipal. Las autoridades pueden exhibir porcentajes, nuevas patrullas, cámaras, arcos de vigilancia y boletines triunfalistas; pero un artefacto explosivo colocado a las puertas de la policía exhibe algo más elemental: el Estado sigue llegando tarde, reaccionando después de la detonación y llamando “controlada” a una escena que ya dejó heridos, ruinas y miedo.
La estrategia podrá presumir reducción de homicidios —un indicador importante, sin duda—, pero no puede confundirse una baja estadística con la pacificación. Pacificar no es contar menos cadáveres al cierre del mes; es impedir que el crimen tenga capacidad de atacar una comandancia en pleno centro urbano, de usar automóviles como bombas y de convertir a ciudadanos comunes en víctimas de una demostración de fuerza.
En México, la negación se ha vuelto parte de la política de seguridad: se niega la palabra para no reconocer la magnitud. Se evita “terrorismo” porque implica aceptar que ya no se enfrenta solamente a bandas dedicadas al negocio ilícito, sino a estructuras armadas capaces de desafiar al Estado mediante miedo público, explosivos y control territorial. Se administra el lenguaje para no administrar el fracaso.
Ojocaliente deja una lección brutal: no hay paz donde un coche bomba puede estacionarse frente a la policía. Hay una tregua precaria, un espejismo estadístico y una autoridad que, entre conferencias y comunicados, sigue confundiendo la ausencia momentánea de balaceras con la presencia real del Estado.
Con información: PROCESO/ ABCNOTICIAS/
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