En Tamaulipas, la procuracion y administarcion de la justicia no tiene los ojos vendados; más bien le apagan el switch a propósito para que nadie vea quién negocia libertades a cambio de chismes políticos. Rómulo Garza Martínez, mejor conocido hoy como el Preso 868 del CEDES de Ciudad Victoria, acaba de plantarle una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) que deja a la administración de Américo Villarreal Anaya y a la Fiscalía Anticorrupción del estado muy mals paradas.
Con copia directa para el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson —por si faltaba público internacional—, el ex-secretario de Bienestar Social de la era cabecista narra una trama donde el Código Penal se usa como papel de baño y las carpetas de investigación se cotizan en el mercado negro. Carpetas que no tocan a la esposa del mandatario,tambien acusada.
El «Buen Fin» de la Fiscalía Anticorrupción
La historia arranca en plena campaña electoral de 2024, cuando Garza buscaba la alcaldía de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Según la denuncia, un conocido suyo llamado Rubén Salas Rodríguez le llamó para avisarle que su compadre y un tal José Manzano —operadores de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, entonces encabezada por Raúl Ramírez Castañeda— le tenían una carpeta lista por compras de despensas durante la pandemia.
Pero como en Tamaulipas todo es negociable, le ofrecieron un menú de precios digno de venta nocturna:
Paquete VIP ($1,500,000 pesos): Carpetazo inmediato y aquí no pasó nada.
Paquete Intermedio ($1,000,000 pesos): Judicializan el asunto, pero el juez hace como que no ve nada y no lo vinculan a proceso.
Paquete Económico ($600,000 pesos): Lo vinculan, pero se va a su casa a firmar cada mes como si nada.
Rómulo les dijo que ni tenía el dinero —recordándoles que un secuestro en 2010 lo dejó en la lona— ni había cometido delito alguno. Como no hubo moche, el 17 de enero de 2025, mientras despachaba tranquilamente su carrito de elotes en la vía pública de Ciudad Valles, le cayeron agentes sin identificarse, sin orden a la vista y sin oficio de colaboración entre estados. De vender elotes con chile del que pica, pasó directo a una celda de 1.5 por 2.5 metros en Ciudad Victoria.
La justicia de las despensas y los candados
Ya encerrado, la maquinaria judicial de Tamaulipas demostró una creatividad envidiable: le fueron sacando carpetas de investigación por entregas (CP/87/2024, CP/380/2025 y CP/504/2025), todas por el mismo cuento de las despensas del COVID-19.
Jueces como Martha Patricia Rodríguez Salinas y Santiago Espinoza Camacho lo vincularon a proceso una y otra vez bajo el argumento de que «la pandemia solo duró unos días», ignorando los decretos federales y estatales que permitían adjudicaciones directas durante toda la emergencia sanitaria.
Mientras tanto, el «humanismo» penitenciario brillaba por su ausencia:
- Seis meses encerrado con cadena y candado en la puerta, teniendo que gritar hasta tres horas para que un guardia se dignara a abrirle para ir al baño.
- Cero luz del sol, calor infernal multiplicado por bloques de vidrio en la pared y una colchoneta en el suelo.
- Ni siquiera le permitieron despedirse de su madre cuando falleció en agosto de 2025.
El apagón, el cubículo y los tres millones de premio
Lo mejor del guion ocurrió una noche de julio de 2026. Pasadas las siete de la noche, se fue la luz en el penal. Un guardia con lámpara en mano sacó al Preso 868 de su celda y lo llevó a un cubículo totalmente a oscuras. Ahí, dos voces anónimas entre las sombras le soltaron la sopa sin rodeos: sabían que era inocente, sabían que las carpetas eran fabricadas y que el PAN y Francisco García Cabeza de Vaca lo habían dejado abandonado.
La oferta sobre la mesa fue tan cínica que da risa: firmar una declaración inventada contra Cabeza de Vaca. A cambio, en una semana salía libre, le cerraban todas las carpetas antes de que acabara el sexenio de Américo Villarreal y, por si fuera poco, le daban un «premio» de 3 millones de pesos.
Cuando Rómulo respondió que no tenía pruebas para inventarle delitos a nadie, la voz en la oscuridad le soltó la joya de la corona del sistema penal tamaulipeco: «No ocupamos que compruebes, a ti no te han comprobado nada y aquí estás, solo firmas dichos y te vas y con premio». Al negarse, le advirtieron que regresarían en unos meses a ver si el encierro ya lo había «ablandado». Al volver a su celda, el propio guardia le confirmó que el apagón no fue falla eléctrica, sino instrucción directa para que los visitantes no fueran vistos.
El desmentido que confirma el delito
Tras hacerse público el escándalo en la columna de Lourdes Mendoza en octubre de 2026, el Consejero Jurídico del Gobierno de Tamaulipas, Marco Antonio García Barrientos, salió en El Universal a negar todo, defendiendo la pulcritud de los jueces y justificando las condiciones de la cárcel. El pequeño detalle que se le olvidó al funcionario es que, ante una denuncia de tortura y coacción, la ley obliga al Estado a investigar de inmediato y dar vista al Ministerio Público, no a publicar desplegados de relaciones públicas.
Hoy la pelota está en la cancha de la FGR (y en el escritorio de la Embajada de EE. UU.). El Preso 868 pide que se investigue por tortura psicológica y tratos crueles a Raúl Hernández Chavarría (extitular de la UIF estatal), a los operadores de la Fiscalía Anticorrupción, a los jueces de consigna y hasta al propio gobernador Américo Villarreal, demostrando que en Tamaulipas, cuando no pueden doblar a un exfuncionario a billetazos, intentan quebrarlo a oscuras y a base de candados.
Con informacion: @IGCabezaDeVaca/medios
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