La “austeridad republicana” sigue entregando episodios, y esta vez viene con expediente fiscal, empresa tabasqueña y una cuenta que supera los 834 millones de pesos. Pero conviene llamar las cosas por su nombre jurídico: Hacienda pidió a la FGR ejercer acción penal contra los dueños de Portacelis Gas and Oil por presuntos delitos fiscales y terminó por exhibir la certeza en el cerco de sospechas de los amigos del círculo familiar del poder e hijo del expresidente Andres Manuel Lopez Obrador.
La cuarta transformación prometió barrer la corrupción de arriba hacia abajo; al parecer, primero había que abrirle una cuenta, constituirle una sociedad mercantil y enseñarle a moverse por las aduanas.
Ahora resulta que Portacelis Gas and Oil, empresa tabasqueña relacionada con Juan Carlos de la Cruz Murillo —administrador y hombre de confianza de Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán— enfrenta una solicitud de acción penal promovida por Hacienda ante la FGR. La presunción: operaciones de huachicol fiscal que habrían provocado un daño superior a los 834 millones de pesos. Nada mal para quienes vendieron la moral pública como si fuera producto de primera necesidad.
Porque una cosa es hablar de “transformación” en la mañanera y otra muy distinta es que el combustible entre al país con la discreción de un elefante atravesando una sala: sin pagar lo que corresponde y dejando al erario con el tanque vacío.
Los diputados opositores no están inventando la rueda ni descubriendo el fuego: están señalando que, si Hacienda ya pidió acción penal, no estamos ante un chisme de sobremesa, sino ante un expediente que obliga a la Fiscalía a explicar a quién investiga, por qué investiga y, sobre todo, hasta dónde se atreverá a investigar. Gibrán Ramírez sostiene que el caso muestra que el SAT conocía desde hace meses una red operada desde Tabasco y conectada, según sus señalamientos, con el entorno de Olán. Marcelo Torres, del PAN, va más lejos: lo presenta como evidencia de tráfico de influencias y de una maquinaria de contrabando protegida por la cercanía al poder.
Y ahí está el detalle incómodo: cuando el apellido no es López, la justicia suele llegar con sirenas, cateos, filtraciones y conferencias de prensa. Pero cuando las rutas conducen hacia la sala familiar del antiguo régimen que juró ser distinto, la maquinaria judicial parece convertirse en oficina de objetos perdidos: recibe el asunto, lo archiva entre papeles y pregunta si alguien vio al responsable.
No se trata de declarar culpable a nadie desde una columna ni de sustituir a un juez con adjetivos. Se trata de recordar que la presunción de inocencia no equivale a presunción de blindaje. Si hay una indagatoria fiscal, una solicitud de acción penal y vínculos empresariales documentados alrededor de personajes cercanos a “Andy”, la FGR no puede conformarse con capturar a dos o tres empleados sacrificables para la foto. Tendrá que seguir la ruta del dinero, las operaciones aduanales, las empresas, los contratos y las relaciones de poder.
Porque si el expediente termina únicamente con “ejecutivos de paja” pagando la factura, quedará la sospecha de que la austeridad no era una política pública, sino un modelo de negocios: menos presupuesto para hospitales, menos recursos para infraestructura, menos Estado para los ciudadanos… y más margen para los amigos que supuestamente sólo estaban haciendo empresa.
La pregunta no es si la Fiscalía puede investigar: debe hacerlo. La pregunta es si se atreverá a subir la escalera completa o si, como tantas veces, decidirá que la justicia mexicana llega hasta donde empieza el parentesco, la amistad o la conveniencia política.
En México, el huachicol fiscal no siempre huele a gasolina: a veces huele a poder, a compadrazgo y a impunidad premium. Y cuando el expediente se acerca a la familia presidencial, la “transformación” suele transformarse, milagrosamente, en cortina de humo.
Con información: ELNORTE/
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