México ya no sólo decomisa fusiles, camionetas blindadas y bodegas del narco: ahora también anda cazando drones, porque al crimen organizado le dio por actualizarse mientras el Estado sigue llenando formularios.
El narco mexicano decidió que la violencia también merece innovación tecnológica. Y así, entre vigilancia, envío de pequeñas dosis de droga y la posibilidad de lanzar explosivos, los drones se han convertido en el nuevo juguete bélico de las organizaciones criminales.
De acuerdo con registros de la Sedena y la Guardia Nacional, entre 2019 y el 6 de junio de 2026 fueron asegurados 234 drones en el país. La cifra, aclara la propia Defensa, todavía puede moverse cuando el Centro Federal de Inteligencia Criminal termine de validarla; porque hasta para contar los aparatos del narco hay burocracia.
El gran despegue ocurrió en 2025. Entre 2019 y 2024 los decomisos se mantuvieron relativamente modestos —el máximo fue de 15 equipos en 2023—, pero el año pasado las fuerzas federales retiraron de circulación 139 drones: 111 mediante la Sedena y 28 por la Guardia Nacional. Es decir, más de 11 veces los 12 asegurados en 2024 y casi 60% de todos los casos registrados desde 2019.
Y 2026 no pinta precisamente como año de calma: en apenas medio año ya van 46 drones decomisados, casi cuatro veces el total asegurado durante todo 2024. La industria criminal, pues, parece tener mejor ritmo de crecimiento que varias dependencias públicas.
Sinaloa encabeza la tabla con 63 drones asegurados; le siguen Michoacán, con 53, y Tamaulipas, con 36. Entre los tres estados concentran 65% de los casos registrados desde 2018. Después aparecen Chihuahua y Veracruz, con 12 cada uno; Guanajuato, con ocho; Baja California y Guerrero, con seis; y Querétaro, con cinco.
En Sinaloa, los operativos más notorios ocurrieron en Badiraguato y Culiacán. Sólo en Badiraguato se aseguraron 14 drones en octubre de 2025 y otros 11 en noviembre. En Michoacán, los decomisos se concentraron en Apatzingán, Tepalcatepec, Aguililla, Cotija y Buenavista: municipios donde la disputa criminal tiene rato operando en modo guerra. En Tamaulipas, Reynosa destacó por un operativo de octubre de 2025 que dejó 18 drones asegurados en un solo día.
Ante ese panorama, el Ejército mexicano busca ahora apoyo tecnológico de Estados Unidos. El 11 de agosto, el general Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército, se reunió con el secretario del Ejército estadounidense, Patrick Driscoll. Ambos firmaron una Declaración de Intención —sin carácter vinculante, porque comprometerse de verdad siempre parece opcional— para facilitar a México el acceso a sistemas aéreos no tripulados y equipos para detectar y neutralizar drones.
La cooperación militar entre ambos países existe desde 2016 y contempla encuentros periódicos para intercambiar experiencias, coordinación y diálogo. El nuevo acuerdo permitiría a la Sedena entrar al mercado digital estadounidense para comprar Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS).
No es que México apenas descubra el problema. En septiembre de 2021, la Sedena firmó un contrato por 5 millones 487 mil 356.80 pesos con Soluciones Tecnológicas y Protección Aeroespacial para adquirir un sistema antidrones Dronelander K32, presuntamente destinado a Palacio Nacional. El equipo puede interferir y supervisar señales en seis frecuencias —433 MHz, 900 MHz, 1227.60 MHz, 1543 MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz—, además de conectarse a sistemas de monitoreo y resguardarse en un gabinete hermético. Todo para que los drones no se acerquen demasiado al poder, aunque en buena parte del país ya sobrevuelen comunidades sin que nadie los detenga.
El uso criminal de estos aparatos no es una amenaza de ciencia ficción: sirven para vigilar a fuerzas de seguridad y poblaciones, mover droga en pequeñas cantidades y, en zonas particularmente disputadas, lanzar explosivos. Hace unos meses, habitantes de Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, Guerrero, denunciaron ataques con armas de fuego y drones presuntamente usados por un grupo criminal.
Entre los señalados aparece Los Ardillos, organización con presencia histórica en Guerrero, relacionada por autoridades, pobladores y organizaciones civiles con narcotráfico, extorsión, secuestro, minería ilegal y control de economías locales. Porque en México el crimen organizado no sólo administra territorios: también diversifica servicios y, ahora, presume flota aérea.
Con información: ELECONOMISTA/
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