En Nuevo León, la democracia no sólo se vota: se factura. Para la elección de 2027, los partidos políticos se repartirán 572 millones de pesos del dinero público estatal. Es decir, 52 por ciento más que en 2021, cuando también estaba en juego la Gubernatura. Porque, al parecer, la inflación más puntual y eficiente de este país no es la de la canasta básica: es la del negocio electoral.
Mientras el ciudadano hace malabares para pagar luz, transporte, renta, gasolina, colegiaturas y el “impuesto” invisible de sobrevivir en una ciudad cada vez más cara, los partidos ya tienen garantizada su transferencia millonaria. No necesitan vender ideas, convencer ciudadanos ni demostrar resultados: basta con existir, conservar el registro y sentarse a esperar que el presupuesto les caiga como maná burocrático.
Movimiento Ciudadano encabezaría la repartición con 142.9 millones de pesos: 95.3 millones para su operación ordinaria y 47.6 millones para campañas. Morena recibiría 116.8 millones y el PAN 114.1 millones. El PRI, aunque electoralmente lleva años administrando su propia decadencia, tendría 85.3 millones. El Verde, PT, VidaNL, PAZ y Somos también pasarán por caja. Aquí nadie se queda sin tajada; hasta los partidos que apenas aparecen en el radar político reciben su oxígeno financiero pagado por todos.
Y cuidado: esos 572 millones son sólo para los partidos. No incluyen el costo de organizar la elección, mantener funcionando al Instituto Estatal Electoral, instalar casillas, pagar personal, producir materiales, fiscalizar campañas ni operar toda la maquinaria electoral. Tampoco incluyen la elección federal de 2027, que correrá por cuenta del INE. Es decir, el ciudadano financiará por separado la campaña local, la campaña federal, los árbitros locales, los árbitros federales y, seguramente, la inevitable colección de espectaculares, jingles insoportables, brigadas acarreando gente y candidatos jurando que ahora sí vienen a servir.
La justificación oficial será la de siempre: “así lo establece la ley”. Una frase muy cómoda para convertir el saqueo legalizado en trámite administrativo. La ley fija fórmulas, porcentajes y bolsas presupuestales; pero ninguna fórmula responde la pregunta elemental: ¿qué recibe el ciudadano a cambio de tanto dinero?
Porque no se trata solamente de cuánto se les entrega, sino de qué hacen con ello. Los partidos gastan millones en propaganda, asesores, operadores territoriales, oficinas, consultorías, eventos y estructuras cuyo principal propósito parece ser sobrevivir hasta la próxima elección. Y cuando llega la hora de rendir cuentas, la transparencia se vuelve tan borrosa como una lona vieja colgada en un puente peatonal.
Más grave aún: el dinero público es apenas la parte visible del iceberg. Como advierte el consultor Mentor Tijerina, el financiamiento privado a partidos y candidatos puede ser mucho mayor, y una parte importante de ese gasto no se fiscaliza realmente. Ahí está el verdadero pantano: campañas que formalmente respetan topes, pero que en la práctica se inflan con operadores, publicidad disfrazada, movilización electoral, estructuras paralelas y apoyos que nadie termina de explicar.
En otras palabras: al ciudadano le cobran una democracia premium, pero le entregan un servicio de segunda. Paga 572 millones para que los partidos compitan, y luego debe resignarse a ver cómo muchos de ellos rebasan topes, simulan gastos, esconden aportaciones y convierten la elección en una subasta de clientelas.
No es democracia cara porque cueste organizar elecciones. Es democracia barata porque se ha degradado al punto de que los partidos exigen dinero público como si fuera una pensión vitalicia, pero ofrecen candidaturas recicladas, campañas huecas y promesas de temporada. La democracia cuesta, sí; lo que sale carísimo es mantener una partidocracia que cobra como corporativo y responde como franquicia en quiebra.
Con información: ELNORTE/
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